CE - 012333000201601814011SENTENCIA20231013093819

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Título
CE - 012333000201601814011SENTENCIA20231013093819
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , veintiuno (21 ) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 76 001 -23 -33 -000 -2016 -01814 -01 (2990 -2018)

Demandante: María Deysi Álvarez Gaitán Demandado: Departamento del Valle del Cauca Temas: Sanción moratoria derivada de la reliquidación de cesantías definitivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 13 de marzo de 2018 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 1, negó las pretensiones de la demanda instaurada en contra del departamento del Valle del Cauca y se abstuvo de conden ar en costas a la demandante.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2. La señora María Deysi Álvarez Gaitán , por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

2.1. La demanda 2.

2. La señora María Deysi Álvarez Gaitán , por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

CPACA , solicitó lo siguiente:

(i) La nulidad del Oficio 0100 -025 SA DE 224641 de 2 de agosto de 2016 , dictad o por el secretario de gestión humana y desarrollo organizacional del departamento del Valle del Cauca, por el que se

1 Con ponencia del magistrado Eduardo Antonio Lubo Barros . 2 f. 19 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

Dem andante: María Deysi Álvarez Gaitán

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 le negó su solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.

(ii) Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada: a reconocerle y pagarle la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006 ; indexar la s suma s reconocida s conforme al IPC; dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 189, 192 y 195 d e la Ley 1437 de 2011 y finalmente condenar en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.

cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 189, 192 y 195 d e la Ley 1437 de 2011 y finalmente condenar en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.

2.1.1. Supuestos fácticos.

3. Como sustento de las pretensiones se indicó lo siguiente:

4. La señora María Deysi Álvarez Gaitán solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas el 4 de abril de 2013 .

5. Mediante la Resolución 0462 de 27 de mayo de 2013 , la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de la s cesantías por valor de $44028.584 . Estas le fueron canceladas el 18 de junio de 2013.

6. Luego, mediante Resolución 0267 de 12 de abril de 2016 la entidad ordenó el pago total de las cesantías definitivas de la accionante por la inclusión de la bonificación por servicios prestados como factor salarial. Le fueron canceladas el 10 de junio de ese año.

7. Desde la fecha de radicación de la solicitud (4 de abril de 2013) a la fecha de pago (10 de junio de 2016) transcurrieron más de 3 años con lo que se incurrió en la sanción moratoria establecida en el artículo 5 .° de la Ley 1071 de 2006.

8. A través de escrito de 1 .° de julio de 2016 solicitó ante la accionada el pago de la sanc ión moratoria, pero esta la fue negada a través del Oficio 0100 -025 SADE 224641 de 2 de agosto de 2016, suscrito por el secretario de gestión humana y desarrollo

accionada el pago de la sanc ión moratoria, pero esta la fue negada a través del Oficio 0100 -025 SADE 224641 de 2 de agosto de 2016, suscrito por el secretario de gestión humana y desarrollo organizacional del departamento del Valle del Cauca .Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

Dem andante: María Deysi Álvarez Gaitán

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 2.1.2. Normas violadas y concepto de violación.

9. Según la demanda se desconocieron los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 25, 53 y 209 de la Constitución Política; 44 del CPACA y las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

10 . En el concepto de violación se indicó que la entidad accionada incurrió en violación directa de la ley, por cuanto se encuentra acreditado el perjuicio reclamado, comoquiera que la entidad demandada al no pagar dentro del término legal las cesantías liquidadas con todos los factores salariales correspondientes vulneró sus derechos laborales que son irrenunci ables.

11 . Por ende debe accederse al reconocimiento de la sanción moratoria establecid a en la s Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, norma s de aplicación obligatoria a su caso, pues, la accionante contaba con el derecho a que las cesantías se le pag uen en la

moratoria establecid a en la s Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, norma s de aplicación obligatoria a su caso, pues, la accionante contaba con el derecho a que las cesantías se le pag uen en la oportunidad que señala la ley, lo cual en su caso no ocurrió toda vez que solo se le cancelaron las cesantías definitivas en forma total hasta el 10 de junio de 2016.

2.2. Contestación 3.

12. El departamento del Valle del Cauca , a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y al respecto indicó que la sanción moratoria no opera de forma automática, sino que deben analizarse las particularidades de cada caso . Por ello, en eventos como cuando el empleador omite el pago total de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones o los paga pero en cantidades insuficientes, no se genera l a sanción moratoria , cuando existen razones atendibles o no hay interés en defraudar los legítimos intereses del servidor público , es decir, cuando se actúa acorde a derecho y de buena fe.

13. Propuso las siguientes excepciones « pago de lo no debido», «falta de legitimación en la causa por pasiva» y «prescripción».

2.3. La sentencia de primera instancia 4.

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 13 de marzo de 2018 en la cual negó las pretensiones de la

3 Ff. 4 3 y s.s. 4 Ff. 67 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

Dem andante: María Deysi Álvarez Gaitán

4 Ff. 67 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 demanda y se abstuvo de imponer condena en costas a la accionante.

15. Para arribar a tal decisión estimó que no es dable reconocer la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 comoquiera que se generaron dos actuaciones administrativas distintas, siendo una de ellas la referente a l reconocimiento de las cesantías definitivas y otra la actuación administrativa de la reliquidación de dicha acreencia laboral.

16. Esto porque el 4 de abril de 2013 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y por ello mediante Resolución 0462 de 27 de mayo de 2013 le fueron reconocidas por la entidad y pagadas el 18 de julio de 2013 por valor de $44028.584. En ese caso la entidad no incurrió en mora pues desde el 5 de abril de 2013 la administración tenía 70 días para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, por ello la ad ministración tenía hasta el 25 de abril de 2013 para emitir e l acto administrativo de reconocimiento, pero lo hizo hasta el 27 de mayo de 2013 y tenía hasta el 18 de julio de 2013 para efectuar el

la ad ministración tenía hasta el 25 de abril de 2013 para emitir e l acto administrativo de reconocimiento, pero lo hizo hasta el 27 de mayo de 2013 y tenía hasta el 18 de julio de 2013 para efectuar el pago . En consecuencia, no se configuró la sanción por mora, al estar probado que el pago se realizó dentro de los 70 días siguientes a la radicación de la solicitud.

17. En cuanto actuación de reliquidación del auxilio de cesantías definitivas dijo que éste se realizó tres años después , a través de la Resolución 0267 de 16 de abril de 2016 y fueron canceladas el 10 de junio de 2016.

18. Aclaró que no se encontraba de acuerdo con la tesis de la actora según la cual, como se reliquidaron las cesantías por la inclusión de la bonificación como factor salarial, se tiene que el pago ordenado en la Resolución 0462 de 2013 sólo se trata de un pago parcial y como se pag aron en forma total las cesantías el 10 de junio de 2016, se ocasionó la sanción moratoria desde el 4 de abril de 2013.

19. Estimó que esa tesis era errónea pues son dos actuaciones administrativas independientes y en la segunda la entidad analizó la base salarial para ordenar el reconocimiento del derecho, y en el caso no existe prueba de la petición elevada por la demandante donde haya solicitado a la administración la inclusión de alg ún factor salarial para reliquidar sus cesantías definitivas. Tampoco se advierte que interpuso recursos contra el acto administrativo 0462Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

factor salarial para reliquidar sus cesantías definitivas. Tampoco se advierte que interpuso recursos contra el acto administrativo 0462Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

Dem andante: María Deysi Álvarez Gaitán

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 de 2013, ni tampoco elevó una petición en ese sentido, ni fue debatida la reliquidación de las cesantías en sede judicial.

20. Por tanto, para contar la sanción por mora derivada de la reliquidación de cesantía definitiva por la inclusión de la bonificación, estimó que se contaría desde que profirió el acto administrativo de reliquidación , es decir, la Resolución 0267 de l 12 de abril de 2016 . P or ende, como el valor allí contenido $11179.403 fue cancelado el 10 de junio de 2016 no se incurrió en mora pues fue dentro de los 45 días siguientes a cuando se produjo el reconocimiento.

2.4. Recurso de apelación 5.

21. La parte demandante solicitó revocar la sentencia y en su lugar, reconocer y ordenar el pago íntegro de la sanción moratoria,

para esto indicó, en síntesis, lo siguiente:

22. La demandante radicó su documentación para el pago de sus cesantías el 4 de abril de 2013 con todos los documentos exigidos por la Ley; y que éstas se le cancelaron parcialmente mediante

para esto indicó, en síntesis, lo siguiente:

22. La demandante radicó su documentación para el pago de sus cesantías el 4 de abril de 2013 con todos los documentos exigidos por la Ley; y que éstas se le cancelaron parcialmente mediante Resolución 0462 de 2013, quedando por fuera un factor, como es la bon ificación por servicios prestados que le fue reconocido por Resolución 2152 de 23 de octubre de 2014.

23. Posteriormente la administración mediante la Resolución 0267 de l 12 de abril de 2016 reconoció el pago total de las cesantías definitivas a la accionante, que fueron canceladas el 10 de junio de

2016.

24. En la Resolución 0267 de l 12 de abril de 2016 sí se indicó qu e la accionante elevó solicitud de reconocimiento de las cesantías de finitivas y en virtud de ello es que se profirió el acto administrativo.

25. El a quo negó la solicitud de los antecedentes administrativos con base en que ya habían sido aportados por la entidad, sin embargo, estos fueron allegados de forma incompleta , por lo que la decisión de primera instancia se tomó sin sustento probatorio y por ello en segunda instancia se deben solicitar los antecedentes administrativos señalados.

5 ff. 74 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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Dem andante: María Deysi Álvarez Gaitán

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 2.5. Alegatos de segunda instancia.

26. Tanto las partes como el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación guardaron silencio en esta etapa procesal como da cuenta el informe secretaria l que obra a folio 95.

27. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir, previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

28. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 ( CPACA ).

29. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 6 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

30 . En el presente caso, la demandante es apelante única, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección A se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problema jurídico

31 . De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, le corresponde a la Sala

en el escrito de apelación.

3.2. Problema jurídico

31 . De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, le corresponde a la Sala

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 determinar si a la demandante le asiste derecho a la sanción moratoria derivada de la reliquidación de la s cesantías definitivas

Bogotá D.C. – Colombia 7 determinar si a la demandante le asiste derecho a la sanción moratoria derivada de la reliquidación de la s cesantías definitivas reconocida a su favor en la Resolución 0462 de l 27 de mayo de 2013 , dictada por la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de l departamento del Valle del Cauca .

32 . Para resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales y definitivas (ii) análisis del caso concreto.

3.3. Aclaración previa.

33. En el escrito de apelación el demandante solicitó que se decrete como prueba los antecedentes administrativos donde se evidencie la fecha de la radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas .

34. Al respecto, es menester señalar que la solicitud de pruebas en segunda instancia es de carácter excepcional , dado que es la primera instancia la oportunidad idónea en la cual las partes pueden efectuar todo tipo de peticiones en materia de pruebas, donde debe surtirse íntegramente el debate probatorio, para que el Juez Administrativo las tenga en cuenta y poste riormente las valore.

35. En ese sentido, el decreto se encuentra sujeto a la satisfacción de alguno de los requisitos de procedibilidad que establece taxativamente el artículo 212 del CPACA, aplicable al caso y previo a la modifica ción de la Ley 2080 de 2021 , dispuso :

«Artículo 212.Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el j uez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e

a la modifica ción de la Ley 2080 de 2021 , dispuso :

«Artículo 212.Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el j uez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ej ecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dej aron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ej ecutoria del auto que las decreta.

Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles».

36. Así las cosas, la admisibilidad del recaudo de pruebas en segunda instancia está sometido a satisfacer los requerimientos generales de toda prueba, a saber: pertinencia, conducencia y utilidad, señalados en el artículo 168 del Código General del Proceso (CGP), y por otro, s e debe acreditar que la prueba se circunscribe a alguno de los supuestos de procedencia del artículo 212 del CPACA.

37. Por tanto, como en este caso los antecedentes administrativos fueron allegados por parte de la entidad como se aprecia en el

circunscribe a alguno de los supuestos de procedencia del artículo 212 del CPACA.

37. Por tanto, como en este caso los antecedentes administrativos fueron allegados por parte de la entidad como se aprecia en el cuaderno segundo del expediente, y, según los actos de reconocimiento de las cesantías se extrae la fecha de radicación de la solicitud elevada por la accionante, no es procedente la solicitud probatoria , razón por la cual está debe rechazars e.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial 7

3. 4.2. La sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías definitivas y parciales.

38 . Las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de las cesantías definitivas y parciales y establecieron las sanciones en caso de incumplimiento.

39 . La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones», señaló el procedimiento para la liquidación y pago

7 Marco normativo y jurisprudencia analizado en sentencia de 17 de noviembre de 2022, dentro del proceso 76001 23 33 000 2016 00329 01 (0333 -2021).Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2.° reguló la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el p ago efectivo de las mismas, así:

«Parágrafo . - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, par a lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».

40. Posteriormente a través de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006 , se adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, a efectos de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» . Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la

a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» . Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los términos de los artículos 4.° y 5.°:

«Artículo 4°. Términos . Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada

público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pa go de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imp utable a este.»Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

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41 . Esta Corporación en sentencia de unificación CE -SUJ -SII -0122018 del 18 de julio del 2018 8 respecto a la exigibilidad de la sanción moratoria con ocasión al pago tardío de las cesantías definitivas o parciales, estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación ( acto ficto o expreso, oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas jurisprudenciales 9:

reconocimiento de la prestación ( acto ficto o expreso, oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas jurisprudenciales 9:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas: i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que c orresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

  1. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 10 para que la entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a

para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste . En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria. iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto».

8 Radicación 73001 -23 -33 -000 -2014 -00580 -01(4961 -15).

9 La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivaso lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”. 10 Artículo 69 CPACA.Nulidad y Restablecim iento del Derecho

vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”. 10 Artículo 69 CPACA.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 76 001233300020160181401 (2990 -2018)

Dem andante: María Deysi Álvarez Gaitán

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 42 . Por último, también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consej o de Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produj o el retiro del servicio del servidor púb lico; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consej o de Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto

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