CE - 012333000201700359011SENTENCIA20231023095454

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

Demandante: Pear Solutions S.A.S.

Demandada: Departamento del Quindío Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – REQUISITOS / Se requiere, además de un desbalance grave, sustancial, anormal del equilibrio prestacional, la comprobación de una causa extraordinaria, sobreviniente, imprevisible e inimputable a las partes / RIESGO C AMBIARIO / potencial variación económica derivada de las fluctuaciones de la tasa de cambio / GESTIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL PREVISIBLE / Deberes de las partes frente a las circunstancias que pueden afectar el equilibrio contractual; el demandante a cargo del riesgo, no lo gestionó.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la sociedad demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribu nal Administrativo del Quindío que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La controversia versa en torno a la reclamación de compensación por desequilibrio contractual, derivado de la variación de la TRM 1, en el marco de un negocio estat al

Quindío que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La controversia versa en torno a la reclamación de compensación por desequilibrio contractual, derivado de la variación de la TRM 1, en el marco de un negocio estat al donde el demandante vendió al ente territorial demandado, tabletas y tableros digitales destinados a diferentes instituciones públicas.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión antes indicada, adoptada el 15 de marzo de 2018, por la cual se decidió la demanda presentada por la sociedad Pear Solutions S.A.S. (en adelante el contratista, la parte actora o la demandante), en contra del departamento del Quindío (la entidad pública, el contratante o el demandado), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación:

1 La tasa de cambio representativa del mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera, corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos de América; se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

Demandante: Pear Solutions S.A.S.

Demandada: Departamento del Quindío Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

2 Pretensiones

2. Como principales, la sociedad demandante solicitó declarar que: (i) entre ésta y el demandado se celebró el contrato 13 del 10 de abril de 2015, cuyo objeto consistió

2 Pretensiones

2. Como principales, la sociedad demandante solicitó declarar que: (i) entre ésta y el demandado se celebró el contrato 13 del 10 de abril de 2015, cuyo objeto consistió en la “adquisición de herramientas tecnológicas (tabletas y tableros) para mejorar la calidad educativa del Departamento (sic) del Quindío ”2; (ii) el demandante cumplió con las obligaciones derivadas del citado contrato estatal; y, (iii) se presentó un desequilibrio económico del contrato en detrimento del contratista; además, (iv) requirió la liquidación judicial del negocio jurídico.

3. Como pretensiones consecuenciales y de condena, pidió ordenar al demandado pagar a su favor, incluyendo tales valores en la liquidación del contrato: (i) la suma de $1.060’673.207, para compensar el desequilibrio económico que se presentó durante la ejecu ción del contrato; (ii) los intereses moratorios a la máxima tasa certificada por la Superintendencia Financiera sobre las sumas declaradas como debidas por el desequilibrio económico, hasta la fecha efectiva de pago; y, (iii) la condena al demandado al pago de las costas y agencias en derecho3.

Hechos

4. Antecedido por los análisis de los estudios previos y definición de la necesidad, el 16 de enero de 2015, el departamento del Quindío publicó en el Portal Único de Contratación el proyecto de pliego de condiciones para la “ adquisición de herramientas tecnológicas (tabletas y tableros) para mejorar la calidad educativa en la población del departamento del Quindío ”, para lo cual, recurrió a la modalidad de selección abreviada por subasta inversa presencial.

herramientas tecnológicas (tabletas y tableros) para mejorar la calidad educativa en la población del departamento del Quindío ”, para lo cual, recurrió a la modalidad de selección abreviada por subasta inversa presencial.

5. El 27 de febrero de 2015 el demandado publicó el pliego de condiciones definitivo, el 12 de marzo de 2015 cerró el proceso de selección y el 20 de marzo de ese año evaluó las propuestas, entre ellas, la suya; finalmente, el 27 de marzo de 2015, en audiencia, el comité evaluador recomendó seleccionar al demandante, en función de su oferta (por valor de $8.222’672.947). Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución 559 del 27 de marzo de 2015, se adjudicó a favor del demandante el contrato por el valor ofertado.

6. El 10 de abril de 2015, demandante y demandado firmaron el contrato donde aquél se comprometió a entregar a éste tableros y tabletas digitales en las cantidades, plazos, puestas en marcha y capacitaciones pactadas. El valor total del contrato sería pagado, un 30% como anticipo, y un 70% a la entrega de la totalidad de los bienes acordados. El plazo de ejecución fue establecido en 60 días calendario.

7. El 6 de mayo de 2015 comenzó la ejecución del contrato y en acta se fijó el 5 de julio de 2 015 como fecha de finalización. El 29 de mayo de 2015, el demandado transfirió a la fiducia constituida para el manejo del anticipo, el 30% del valor del contrato conforme a lo pactado.

2 Folio 2 c. 1.

transfirió a la fiducia constituida para el manejo del anticipo, el 30% del valor del contrato conforme a lo pactado.

2 Folio 2 c. 1. 3 Folios 1 y 2 c. 1.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

Demandante: Pear Solutions S.A.S.

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3

8. El contrato fue suspendido del 3 de julio al 7 de julio de 2015, mientras se resolvía la petición de prórroga del plazo de ejecución propuesta por el demandante, sustentada en: (i) la imposibilidad de brindar las capacitaciones de manejo de los tableros digitales al personal docente, debido a la temporada de vacaciones y, (ii) problemas que adujo respecto al desembarque, revisión, embalaje e instalación de los bienes. El 8 de julio de 2015 se pactó la prórroga del contrato -modificación contractual 01 del 9 de julio - hasta el 31 de ese mes y año, con fundamento en las anteriores consideraciones.

9. El 31 de julio de 2015 se amplió el plazo del contrato por 10 días másmodificación contractual 02 de ese mismo díahasta el 10 de agosto, de nuevo, con base en las dificultades expuestas por el contratista relacionadas con demoras en el trámite de nacionalización de los bienes a entregar.

10. El 6 de agosto de 2015 las partes decidieron suspender el contrato hasta el 12 de agosto, para que el demandante evaluara la posibilidad de adicionar el contrato

trámite de nacionalización de los bienes a entregar.

10. El 6 de agosto de 2015 las partes decidieron suspender el contrato hasta el 12 de agosto, para que el demandante evaluara la posibilidad de adicionar el contrato en el sentido de agregar b ienes y su correlativo precio. El 19 de agosto siguiente suscribieron la adición 01 pactando que el contratista entregaría 5102 tabletas más a cambio de un único pago, después del recibo a satisfacción, de $2.699’985.889, en un plazo de 45 días; ese mismo día finalizó “ la suspensión ” y se reanudó la ejecución del contrato.

11. El 8 de septiembre de 2015 el demandante remitió un oficio al demandado indicando una variación abrupta del dólar durante el término de ejecución del negocio jurídico, que ya acumulaba u n aumento del 22%, por lo que solicitó la revisión del equilibrio contractual, petición frente a la cual la entidad contratante solicitó facturas y manifiestos de aduana para atender el requerimiento.

12. El 17 de septiembre de 2015, el demandado pagó el valor pendiente del contrato inicial (70%), previo informe de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor designado por la contratante.

13. El 29 de septiembre de 2015 y para efectos de cumplir con la adición 01, el demandante solicitó la extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2015, en atención a problemas del proveedor para la consecución de elementos electrónicos.

14. El 1 de octubre de 2015 las partes suspendieron el contrato hasta el 7 de octubre, para evaluar la petición de revisión económica del negocio y el 8 de octubre,

electrónicos.

14. El 1 de octubre de 2015 las partes suspendieron el contrato hasta el 7 de octubre, para evaluar la petición de revisión económica del negocio y el 8 de octubre, acordaron prorrogar el contrato por 15 días. Posteriormente, el demandante expresó que la prórroga era insuficiente, por lo que el 23 de octubre de 2015 las partes firmaron la prórroga 05 y definieron un término de 14 días adicionales.

15. Sin indicarse el día exacto, se dijo que el demandado negó la solicitud de compensación, comoquiera que no encontró desequilibrio económico de las prestaciones pactadas. El 2 de diciembre siguiente el demandante reiteró su petición de revisión de la economía del negocio, para lo cual hizo una explicación detalladaExpediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

Demandante: Pear Solutions S.A.S.

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4 de las razones financieras que lo justificaban; no obstante, el 24 de diciembre de 2015, el demandado reiteró su postura, en el sentido de negar la solicitud recibida.

16. Debido a la falta de reajuste contractual, el demandante no pudo cancelar las facturas de venta 4608 y 4652 de software y empaque a sus proveedores, cuyo valor conjunto es de $1.086’327.495, incluidos los intereses moratorios a 31 de diciembre de 2015.

17. El 28 de enero de 2016, el demandante requirió al demandado para que liquidara

conjunto es de $1.086’327.495, incluidos los intereses moratorios a 31 de diciembre de 2015.

17. El 28 de enero de 2016, el demandante requirió al demandado para que liquidara el contrato, por lo que, en febrero siguiente, éste remitió un acta donde las partes se declaraban a paz y salvo, sin reconocer el desequilibrio económico que se presentó.

Ese mismo mes, el demandante remitió oficio por el cual informaba que cumplió las obligaciones pactadas en el contrato, su adición y prórrogas, haciendo constar que el demandado no se hallaba a paz y salvo, comoquiera que no había solventado el desequilibrio que presentó el contrato, oficio que fue reiterado el 27 de mayo de 2016, sin respuesta4.

18. El demandante precisó que su reclamo no recae sobre las prestaciones definidas en la adición del 19 de agosto de 2015, sino en aquellas ejecutadas en los términos del contrato inicial, pues entre la adjudicación del contrato (27 de marzo de 2015) y el primer y segundo pago (25 de mayo y 17 de septiembre de 2015), la TRM varió de forma abrupta e incidió directamente en la justicia económica del negocio jurídico – tuvo un aumento de $437–, impactando la adquisición de los bienes a entregar por el demandante y que se efectuaba en dólares.

19. Señaló que resulta procedente la compensación económica deprecada, porque, la variación de la divisa fue una condición prevista como rie sgo altamente posible y asumido por el demandado de forma clara en el pliego de condiciones. Indicó que fue una condición que salió de los márgenes esperables y la tendencia histórica que

la variación de la divisa fue una condición prevista como rie sgo altamente posible y asumido por el demandado de forma clara en el pliego de condiciones. Indicó que fue una condición que salió de los márgenes esperables y la tendencia histórica que el actor previó, lo que supuso recibir “ $1.060’673.207 menos de lo e sperado” y, por ende, “dejó de percibir la utilidad esperada, teniendo como parámetro una utilidad de 4.08% sobre el contrato”5.

Contestación de la demanda

20. El demandado reconoció el vínculo contractual con el demandante y las diferentes prórrogas y adiciones que tuvo el acuerdo de voluntades; sin embargo, hizo varias precisiones con base en las cuales se opuso a las pretensiones, esencialmente, con base en la excepción que denominó inexistencia de condiciones de desequilibrio contractual.

21. Explicó que el contrato era uno de compraventa y aunque se pactó un plazo de 60 días para la entrega total de los bienes adquiridos, ello no implicaba que fuera de ejecución sucesiva; si bien el plazo se suspendió y extendió en varias oportunidades, ello se hizo a petición y por causa imputable al demandante (demora en la

4 Folios 3 a 12 c. 1. 5 Folios 13 a 43 c. 1.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

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5 nacionalización, el traslado, embalaje y despacho de los bienes), de manera que no

Demandada: Departamento del Quindío Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

5 nacionalización, el traslado, embalaje y despacho de los bienes), de manera que no resulta viable que adujera la sup uesta alteración de las condiciones económicas durante las prórrogas que por conducta suya, se consintieron.

22. Explicó que al momento de negociar las condiciones de la adición del contrato, que agregó bienes a comprar y estableció un precio por ellos, las partes pactaron un precio por ítem de acuerdo con la variación del dólar que para ese momento se registraba (los artículos pasaron de $445.400 a $529.201.47), pero aclaró que la definición de ese precio en la adición no era extensible al dispuesto en el co ntrato inicial, pues este estuvo definido a partir del análisis del mercado, la presentación de las propuestas y las observaciones realizadas.

23. Finalmente, explicó que las condiciones de selección fueron claras en señalar que el contrato sería pagado en pesos colombianos, sin relación o dependencia cambiaria, cuestión que no fue objeto de observación u oposición del demandante, quien por el contrario, presentó su oferta y aceptó el componente de moneda corriente, aunque los bienes o servicios fueran de or igen extranjero y requirieran su importación, condiciones que eran de su conocimiento y frente a las cuales expresó su voluntad férrea de contratar, así como de cumplir los plazos y condiciones definidas en el pliego de condiciones6.

Alegatos en primera instancia

24. Agotado el período probatorio 7, el demandado expresó iterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en la oposición a las pretensiones8.

Alegatos en primera instancia

24. Agotado el período probatorio 7, el demandado expresó iterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en la oposición a las pretensiones8.

25. El demandante expuso que la economía del contrato no estuvo determinada por las prórrogas pactadas, pues incluso de no haberse ampliado el plazo inicial, igualmente se hubiera alterado el equilibrio financiero; añadió que la fluctuación de la divisa en los términos acaecidos desbordó la noción de riesgo previsible, y finalmente, que tan pronto se conocieron las afectaciones al contrato por esa variación, cumplió con el deber de probidad y buena fe informándolas a tiempo y haciendo las respectivas salvedades, razones todas estas que, en su parecer, justificaban la procedencia de las pretensiones9.

6 Folios 102 a 130 c. 1. 7 En audiencia inicial del 26 de agosto de 2015 (folios 402 a 408, c. 1), el Magistrado Ponente decretó como pruebas todos los documentos que fueron aportados por la parte actora con su demanda: (i) contratos 2009/09, 2009/10 y 2009 /11, otrosíes, actas parciales de obra y cuadros de intereses causados en cada uno de esos contratos desde el 31 de enero de 2010 (folios 41 a 360, c. 1); (ii) ordenó que se oficie al Distrito para que allegara los expedientes administrativos de los contratos. Se allegó la información en medio magnético (folio 418, c.1); y (iii) Requirió a la Fiduprevisora para que remita copia de las constancias de pago que se hicieron a VALORCON

los expedientes administrativos de los contratos. Se allegó la información en medio magnético (folio 418, c.1); y (iii) Requirió a la Fiduprevisora para que remita copia de las constancias de pago que se hicieron a VALORCON por concepto de los referidos contratos. La información se allegó en medio ma gnético (folio 414, c. 1). A través de auto del 23 de agosto de 2016, de oficio el Tribunal requirió al Distrito para que, “ en casos de existir en sus archivos”, remitiera al proceso las copias de las actas de avance y de entrega de obra de los contratos 2009/09, 2009/10 y 2009/11, las actas de liquidación parcial y/o definitiva de los mismos, así como las respectivas facturas de cobro. La documentación se allegó en medio magnético (no se encuentran actas de liquidación) (folios 462 a 471, c. 1). 8 Folios 640 a 643 c. 3. 9 Folios 644 a 663 c. 3.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

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6

26. El Ministerio Público no se pronunció.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

27. El Tribunal Administrativo del Quindío negó el restablecimiento deprecado y accedió a las demás pretensiones10.

(i) El Tribunal a quo luego de exponer el marco conceptual y legal del restablecimiento judicial de la ecuación económica del contrato, mencionó que la variación del dólar era un riesgo previsible para el demandante. Estimó que el

(i) El Tribunal a quo luego de exponer el marco conceptual y legal del restablecimiento judicial de la ecuación económica del contrato, mencionó que la variación del dólar era un riesgo previsible para el demandante. Estimó que el demandante no reclamó la compensación como tam poco hizo constar salvedad sobre el particular de forma oportuna, con lo cual contravino los postulados de la buena fe, toda vez que en las prórrogas que solicitó y en la adición al contrato que suscribió, no avisó al demandado sobre la variación del dólar aducida como tampoco el supuesto impacto que generó en las condiciones negociales del contrato.

28. Tras efectuar los cálculos pertinentes, procedió a liquidar el contrato, considerando que las partes se encontraban a paz y salvo.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

29. El demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con

fundamento en los siguientes argumentos:

(i) Las prórrogas celebradas, a pesar de que fueron a petición suya, se produjeron por causas imprevisibles y ajenas a su responsabilidad, toda vez que el término de vacancia profesoral, motivo de la primera prórroga, no fue informada en el pliego de condiciones, como tampoco se anexó resolución alguna que las definiera, además, era una carga excesiva exigir al contratista qu e las buscara y tuviera noticia de su contenido antes de presentar su propuesta; agregó que el cambio de puerto de recibo de los bienes enajenados, fundamento de la segunda prórroga, se produjo por el paro camionero que bloqueó el transporte de 500.000 toneladas de mercancía, así como por el cierre temporal de un tramo vial que comunicaba a Buenaventura con el interior

camionero que bloqueó el transporte de 500.000 toneladas de mercancía, así como por el cierre temporal de un tramo vial que comunicaba a Buenaventura con el interior del país.

(ii) El desequilibrio económico del contrato no se produjo por la extensión del plazo de ejecución que pactaron las partes, ya que la real causa fue el alza súbita del dólar por lo que, aún sin las prórrogas contractuales, el desbalance contractual habría acaecido, tal como se derivaba del dictamen pericial practicado y las declaraciones testimoniales recaudadas.

(iii) La evidencia demuestra que sí avisó e hizo oportunamente las reclamaciones respectivas por la injusticia financiera del contrato, y explicó que no hizo ningún pronunciamiento ni comunicación al respecto en las prórrogas que se celebraron, comoquiera que para esa época el desequ ilibrio no se había presentado, sólo fue

10 Folios 693 y 694 c. principal.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

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7 desde el 17 de septiembre de 2015, cuando el ente demandado pagó el 70% restante, que se configuró el citado desbalance; afirmó que no de otro modo se explicaba que al momento de decidir sobre la adición contractual propuesta por el demandado, tuvo que efectuar un estudio que permitiera determinar el precio de los bienes a adicionar para poder concretar el acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta la sobrevenida alza del dólar, que no mantenía una uniformidad suficie nte

demandado, tuvo que efectuar un estudio que permitiera determinar el precio de los bienes a adicionar para poder concretar el acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta la sobrevenida alza del dólar, que no mantenía una uniformidad suficie nte para ser prevista de forma definitiva11.

Alegatos de segunda instancia

30. El demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación12 y el demandado se pronunció de forma extemporánea; por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

31. Atendiendo a los fundamentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala establecer si la variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante, quien la advirtió oportunamente a su cocontratante.

Caso concreto

32. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equi valencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que, si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, deben adoptarse las medidas necesarias para su restablecimiento. Como lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, la equivalencia de las prestaciones pactadas puede verse afectada por factores externos a las partes, como ocurre con las aleas que se gobiernan por la teoría de la imprevisión, así como por causas at ribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su autoridad.

puede verse afectada por factores externos a las partes, como ocurre con las aleas que se gobiernan por la teoría de la imprevisión, así como por causas at ribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su autoridad. Adicionalmente, el restablecimiento del equilibrio del contrato solo es procedente respecto de causas que no deriven de la conducta antijurídica del extremo contratante13 y en la medida que la afectación sea real, grave y significativa.

33. Por tanto, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas, imprevisibles no imputables a las partes (teoría de la imprevisión), o se presenta

11 Folios 698 a 718 c. principal. 12 Folios 739 a 743 c. principal. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Exp. 50.907; sentencia del 16 de diciembre de 2020. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Exp. 47997; sentencia del 22 de octubre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Exp. 55541.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

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8 como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la

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8 como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración (hecho del príncipe), cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada.

34. En términos generales, para que se configure este evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato con el consecuente reconocimiento económico a favor del contratista, se requiere acreditar que: (i) con posterioridad a la celebración del contrato, se presentó un hecho ajeno o exógeno a las partes, o no conocido, es decir, no atribuible a ninguna de ellas; (ii) esa nueva circunstancia fue imprevista o imprevisible, esto es, que no pudo ser razonablemente predecible por las partes; y,

(iii) el hecho alteró de manera anormal y grave la ecuación financiera del contrato, haciendo mucho más gravosa su ejecución, sin imposibilitar su continuación.

35. Precisado lo anterior, la Sala anticipa que el fallo de instancia será confirmado, comoquiera que la variación de la TRM bajo el contrato objeto de controversia: (a) fue un riesgo previsible para el demandante, cuyas consecuencias debía soportar; y

(ii) no causó una afectación grave en la economía del contrato.

36. Debe tenerse en cuenta que la pretensión de compensación por reequilibrio económico sólo recae sobre las obligaciones pactadas de forma primigenia el 10 de

(ii) no causó una afectación grave en la economía del contrato.

36. Debe tenerse en cuenta que la pretensión de compensación por reequilibrio económico sólo recae sobre las obligaciones pactadas de forma primigenia el 10 de abril de 2015, tal como precisó el demandante desde la demanda, de modo que el análisis de la Sala sólo comprenderá tal escenario, sin alcanz ar las modificaciones contractuales ulteriores que sobrevinieron por común acuerdo entre las partes, pactadas en la adición 01 del 19 de agosto de 2015.

La variación de la TRM fue un riesgo previsible al demandante

37. Revisado el trasegar pre y contractual del negocio 13 de 2015, se evidencia que, desde el principio, esto es desde el mismo proyecto de pliego de condiciones, el departamento demandado estableció que el precio por las tabletas y tableros digitales que vendrían a constituir el objeto del contra to sería pagado en pesos colombianos, de hecho, definió de forma clara que los recursos disponibles para soportar el pago de la contraprestación a recibir por el contratista sería de $8.323’350.000 “ pesos moneda corriente ”, condición que no era ajena para el demandante, comoquiera que la oferta que presentó con la finalidad de ser elegido, refleja que aceptaba esos términos, se comprometía a cumplirlos, e incluso, que renunciaba a “ cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial”, teniendo en cuenta que “ con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada”14.

38. En el pliego de condiciones no se definió si los bienes debían ser adquiridos en

todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada”14.

38. En el pliego de condiciones no se definió si los bienes debían ser adquiridos en el país o no, pero de su lectura se puede extraer que era posible que fueran importados, teniendo en cuenta que como requisito para los proponentes se exigía la certificación de calidad de distribuidor y/o comercializador autorizado en

14 Prueba 6.Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)

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9 Colombia15; igualmente, el formato de oferta adjunto al pliego de condiciones, contenía una casilla en la que se informaba si el origen de los bienes era extranjero o no16, formato en el cual el demandante indicó que su propuesta era de bienes que se consideraban no nacionales.

39. Esta condición implicaba que Pear Solutions S.A.S., previo a la presentación de su oferta, debía efectuar un análisis económico y financiero de cara a su ofrecimiento, toda vez que pretendía adquirir y entregar bienes que al ser de origen no nacional podían ser negociados en divisas distintas al peso colombiano, como en efecto ocurrió en este caso, en el que los bienes fueron negociados por el demandante en dólares, exponiéndose a un riesgo cambiario17.

40. La condición inflacionaria de la economía colombiana es un hecho conocido para todo aquel que comercia bienes importados, según informa el dictamen de Heritage Financial Advisor S.A.S 18, por lo que riesgos como el cambiario constituyen una

40. La condición inflacionaria de la economía colombiana es un hecho conocido para todo aquel que comercia bienes importados, según informa el dictamen de Heritage Financial Advisor S.A.S 18, por lo que riesgos como el cambiario constituyen una

15 “4.4 CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO EN COLOMBIA. El proponente deberá adjuntar con su propue