CE - 012333000201800409011SENTENCIA20230217110644

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Progecol SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTA0DO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Procesos y Gestión Ecológica - Progecol SAS

Demandado: DIAN

Temas: IVA. 2013. Impuestos descontables . Prueba de la existencia de las operaciones de venta. Sanciones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 03 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió (f. 458):

Primero: Declarar la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión 052 412016000043 del 02 de diciembre de 2016, del impuesto sobre las ventas del período 5, año gravable 2013, y de la resolución 052362017000005 del 07 de diciembre de 2017 que resolvió el recurso de reconsideración, para modificar el monto de la sanción por no enviar información, regulada en el literal a) del artículo 651

052362017000005 del 07 de diciembre de 2017 que resolvió el recurso de reconsideración, para modificar el monto de la sanción por no enviar información, regulada en el literal a) del artículo 651 del ET, y reconocerla en $33.197.690, en lugar de los $76.738.000 determinados en los actos administrativos mencionados.

Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda, acorde con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

Tercero: Sin condenar en costas y agencias en derecho.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 052412016000043, del 02 de diciembre de 2016 (ff. 343 a 356 vto.), la Administración modificó la declaración del impuesto sobre las ventas (IVA) de la actora, correspondiente al 5.º bimestre del 2013, para rechazar parte de los impuestos descontables por compras y servicios , e imponer sanciones por inexactitud y no enviar información . La decisión fue modificada por la Resolución nro. 052362017000005, del 07 de diciembre de 2017 (ff. 360 a 375), que desató el recurso de reconsideración, únicamente para disminuir el monto de la sanción por inexactitud en aplicación del principio de favorabilidad.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoRadicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Progecol SAS

el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoRadicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Progecol SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (f. 3):

Primera. - Sean declaradas nulas las resoluciones, la primera, proferida por el jefe de la división de gestión de liquidación de la seccional de impuestos de Cali, liquidación oficial impuesto sobre las ventas-revisión No. 052412016000043, correspondiente al periodo 5 año 2013 de fecha 2016/12/02 y el segundo proferido por la división de gestión jurídica de la dirección seccional de impuestos de Cali, resolución recurso de reconsideración que modifi ca No. 052362017000005 de fecha 2017/12/07, por medio de las cuales se modificó la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA del periodo 5 del año gravable 2013.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, solicito que se declare la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre las ventas presentado en fecha 2013/11/26 por medio del formulario No. 3009607167318 y adhesivo No. 91000209168998 y se deje sin efectos la sanción por no informar del artículo 651 del Estatuto Tributario, impuesta en la liquidación oficial de revisión y la sanción por inexactitud del artículo 647 del ET, modificada con ocasión de la resolución del recurso de reconsideración que modifica.

3. Condenar en costas.

inexactitud del artículo 647 del ET, modificada con ocasión de la resolución del recurso de reconsideración que modifica.

3. Condenar en costas.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 29, 83, 95, 228, 338 y 363 de la Constitución; 251 del CPC (Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970); 623, 639, 657, 648, 651, 744, 745, 746 y 778 del ET; 137 Y 138 del CPACA, y 243 al 243 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) , bajo el siguiente concepto de violación (ff. 4 a 31):

Manifestó que la Administración transgredió las garantías fundamentales al debido proceso y la buena fe , al desconocer los efectos tributarios de las operaciones comerciales que realizó con un proveedor, por el supuesto incumplimiento de las obligaciones del tercero; también porque se abstuvo de practicar la inspección tributaria pedida y restó valor probatorio a los documentos que aportó como sustento de los conceptos glosados (i.e. facturas de venta y recibos de caja) . Por ello, aseguró que l a decisión demandada carecía de sustento probatorio y debió resolverse a su favor de conformidad con el artículo 745 ibidem. Agregó que, los hechos económicos cuestionados no podían desvirtuarse a partir de indicios; y que no era exigible que los acreditara con otros medios de prueba (i.e. tiquetes de registro de báscula, formatos de control de ingreso, y comprobantes de egreso ), pues, dichos documentos no se

acreditara con otros medios de prueba (i.e. tiquetes de registro de báscula, formatos de control de ingreso, y comprobantes de egreso ), pues, dichos documentos no se suscribieron en el marco del negocio jurídico revisado. Como soporte de las glosas formuladas, anexó a la demanda el reporte de medios magnéticos, en el que informó las operaciones realizadas con el tercero. Por todo lo anterior , alegó que los actos demandados estuvieron falsamente motivados e infringieron las normas en que debían fundarse.

De fondo, reprochó el desconocimiento de los impuestos descontables glosados , pues, según afirmó, se originaron en operaciones reales que efectuó luego de verificar la idoneidad legal de su proveedor.

De otra parte, discutió la sanción por no enviar información, alegando que entregó de forma oportuna la información requerida . Y pidió revocar la sanción por inexactitud ya que no se probó la realización de la conducta típica.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 387 a 417), para lo cual desestimó los cargos de transgresión de las garantías fundamentales invocadas y de falsa motivación, pues, según planteó, los actos demandados se sustentaron en hechos probados y en las normas en que debieron fundarse. Agregó que en el procedimientoRadicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

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Demandante: Progecol SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 debatido, procuró el recaudo y valoración de diversos medios de prueba para verificar la realidad de los hechos económicos cuestionados, sin que los mismos acreditaran dicha realidad de las operaciones comerciales que manifestó realizar la actora. En ese sentido, arguyó que no se presentó el vacío probatorio alegado. Puntualizó que, si bien los rubros debatidos estaban soportados en facturas, la renuencia a entregar la información requerida impidió verificar las operacion es de compra que reportó como origen del impuesto descontable rechazado. De otra parte , afirmó que se abstuvo de practicar la inspección tributaria pedida, ya que había surti do la diligencia en otro procedimiento administrativo cuyas pruebas trasladó al sub lite; y también, porque advirtió que la actora no contaba con los documentos solicitados (i.e. tiquetes de registro de báscula, formato de control de ingresos de mercancía y comprobantes d e egreso) . Con relación a los documentos que aportó la actora con la demanda, afirmó que, en la información electrónica reportada, no se relacionó las operaciones de compra con el proveedor cuestionado.

Con base en las consideraciones antes expuestas , señaló que el rechazo de los conceptos glosados se fundó en indicios sobre la inexistencia de las operaciones revisadas, que se justificaron por la ausencia de los soportes requeridos y por las inconsistencias halladas en los medios de prueba recaudados. Así, afirmó que , si bien

revisadas, que se justificaron por la ausencia de los soportes requeridos y por las inconsistencias halladas en los medios de prueba recaudados. Así, afirmó que , si bien las transacciones estaba n soportadas documentalmente, correspondían a operaciones simuladas. Por último, aseveró que no se desvirtuaron los argumentos que originaron la imposición de las sanciones censuradas.

Sentencia apelada

El Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados a fin de reducir la sanción por no enviar información conforme con el artículo 651 del ET, y se abstuvo de condenar en costas (ff. 451 a 458 ). En concreto, juzgó que los actos estaban debidamente motivados, pues fueron el resultado de los hechos probados por la Administración en el plenario. De fondo, consideró que, si bien la actora acreditó las operaciones de compra con facturas de venta (artículo 771-2 ibidem), la renuencia a entregar l os documentos requeridos impidió la verificación de los hechos económicos que originaron los rubros cuestionados. Precisó que tanto las visitas de verificación como los medios de prueba practicados por la Administración , indicaron que no se realizaron las ope raciones de compra declaradas; por la misma razón, consideró que era innecesaria la práctica de la inspección tributaria pedida y descartó la aplicación del artículo 745 del ET. En definitiva, confirmó el rechazo de los impuestos descontables glosados, pu es la inexistencia tanto de registros contables, como de soportes internos y externos, le permitieron concluir que fueron inexistentes las operaciones constitutivas de los impuestos descontables.

confirmó el rechazo de los impuestos descontables glosados, pu es la inexistencia tanto de registros contables, como de soportes internos y externos, le permitieron concluir que fueron inexistentes las operaciones constitutivas de los impuestos descontables.

Dada la inexistencia de las operaciones que respaldaban los impuestos descontables rechazados, juzgó que existió una conducta típica y confirmó la sanción por inexactitud. Finalmente, fijó la sanción por no informar de conformidad con los criterios establecidos por esta Sección en la sentencia 2019CE-SUJ-4-010, del 14 de noviembre de 2019 (exp. 22185, CP: Julio Roberto Piza) , con base en el valor de la información omisa que encontró acreditado.

Recurso de apelación

El extr emo activo apeló la decisión del a quo (ff. 463 a 468 vto. ). Insistió en que la demandada vulneró las garantías fundamentales al debido proceso y la buena fe, al desconocer los efectos tributarios de las compras que manifestó realizar con su proveedor; en el marco de lo cual adujo que no era responsable por el incumplimiento deRadicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 las obligaciones tributarias a cargo del tercero , a quien conminó a su oportuno cumplimiento. Asimismo, reiteró que la Administración restó valor probatorio a los

www.consejodeestado.gov.co 4 las obligaciones tributarias a cargo del tercero , a quien conminó a su oportuno cumplimiento. Asimismo, reiteró que la Administración restó valor probatorio a los documentos con los que acreditó la realidad de las operaciones cuestionadas (i.e. facturas y recibos de caja), aun cuando los presentó de forma tempestiva y conforme con las prescripciones del artículo 617 del ET. También, aseguró que, contrario a lo afirmado por la demandada , sí reportó a su proveedor en la información presentada en medios magnéticos, hecho que no fue valorado. De otra parte, insistió en que, por la naturaleza del negocio celebrado con el tercero, no se suscribieron los documentos requeridos por la demandada ( i.e. tiquete de registro de b áscula, formato de control de ingreso de la mercancía y los comprobantes de egreso o pagos). Por último, discutió las sanciones por inexactitud y por no enviar información, ya que no se probó la realización de la conducta típica.

Pronunciamientos sobre el recurso1

La demandada se pronunció reiterando los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales (índice 182). La demandante y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos demandados atendiendo a los cargos de apelación planteados por la actora contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos demandados sin dictar condena en costas. Así, corresponde establecer si los me dios de prueba allegados acreditan la realidad de

cargos de apelación planteados por la actora contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos demandados sin dictar condena en costas. Así, corresponde establecer si los me dios de prueba allegados acreditan la realidad de las operaciones que originaron los impuestos descontables rechazados en los actos acusados; en función de lo anterior, se decidirá sobre la sanci ón por inexactitud. Por último, se juzgará la sanción por no enviar información impuesta por la autoridad de impuestos.

2Conforme con esa fijación del litigio, corresponde estudiar el primer problema jurídico planteado. En concreto, la demandante alega una violación al debido proceso y la buena fe, pues en su cri terio, la Administración desconoció los impuestos descontables originados en las operaciones de compra con uno de sus proveedores, habida cuenta del incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo del tercero. Asimismo, afirma que, en el plenario demostró la realidad de las transacciones cuestionadas, mediante las facturas de venta y recibos de caja que aportó en su momento; al respecto, reprocha que, siendo estos los medios de prueba idóneos, se les restara valor probatorio a partir de indicios construidos por el incumplimiento del tercero y por la ausencia de documentos que no se suscribieron por la naturaleza del negocio jurídico celebrado (i.e. tiquete de registro de báscula, formato de control de ingreso de la mercancía y los co mprobantes de egreso o pagos) . Además, señaló que la demandada se abstuvo de practicar la inspección tributar ia solicitada, diligencia en la que se hubiese podido verificar

de egreso o pagos) . Además, señaló que la demandada se abstuvo de practicar la inspección tributar ia solicitada, diligencia en la que se hubiese podido verificar directamente la realidad de las glosas formuladas. En la misma línea, asegura que contrario a lo afirmado por la demandada, sí reportó a su proveedor en la información presentada en medios magnéticos, hecho que no fue valorado en el sub examine. En el otro extremo, la Administración defiende el rechazo de las glosas , porque aunque estaban soportados en facturas, al verificar la realidad de las compras que originaron los impuestos descontables cuestionados, encontró indicios sobre la simulación de tales

1 El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue presentado con posterioridad a la reforma introducida al CPACA por la Ley 2080 de 2021, es decir, después del 25 de enero de 2021. 2 Del historial de actuaciones registradas en el aplicativo informático SAMAI. Las siguientes menciones a «índices» están referidas al mismo repositorio.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 operaciones (i.e. inexistencia de documentos requeridos, incumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor, ausencia de reporte en medios magnéticos, inconsistencia en los documentos del plenario), posición que avaló el a quo, al comprobar la ausencia de los documentos requeridos por la Administración, y al observar supuestas irregularidades entre los medios de prueba que aportó la demandante.

inconsistencia en los documentos del plenario), posición que avaló el a quo, al comprobar la ausencia de los documentos requeridos por la Administración, y al observar supuestas irregularidades entre los medios de prueba que aportó la demandante.

De acuerdo con las anteriores alegaciones, se observa que el problema jurídico planteado por las partes se limita a un debate probatorio. En consecuencia, le corresponde a la Sala determinar si los medios de prueba del sub lite acreditan la realidad de las operaciones cuestionadas y, por lo tanto, la procedencia de los impuestos descontables en disputa.

2.1Para decidir la controversia, en lo pertinente la Sala reiterará el criterio expuesto en la sentencia del 10 de noviembre de 2022 (exp. 26829, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), que decidió un asunto de similares características al que convoca la litis bajo estudio, entre las mismas partes y respecto de las mismas operaciones, pero en relación con la declaración del impuesto sobre la r enta para la equidad CREE del año gravable 2013.

2.2Sobre el asunto debatido, esta Sección 3 ha precisado que p ara corroborar la existencia o inexistencia de las operaciones cuestionadas, la Administración puede practicar los distintos medios de prueba previstos en las leyes tributarias , o en el CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012), en cuanto estos sean compatibles con aquellos, según lo señala el artículo 742 del ET, ya que ninguna norma del ordenamiento tributario fija los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia de dichas operaciones, de ahí que su demostración se enmarque en la regla general de libertad

tributario fija los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia de dichas operaciones, de ahí que su demostración se enmarque en la regla general de libertad probatoria consagrada en el artículo 165 del CGP. De tal forma que, la eficacia probatoria de los medios probatorios aportados para ese fin dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse » (artículo 743 del ET), que s ería, en el presente caso, la existencia o realidad de las operaciones de compra en cuestión , situación en la que los indicios adquieren preponderancia, dado que, si la operación económica es inexistente, por obvias razones no habrá evidencia directa de ese tipo de afirmación indefinid a (i.e. inexistencia). De modo que, la inexistencia o simulación de operaciones económicas debe ser acreditada mediante la prueba de otros hechos a partir de los cuales, por inferencia lógica, estas se colijan. Bajo esta premisa, el hecho base debe estar acreditado en el proceso con otros medios de prueba y el hecho indicado debe tener la aptitud de demostrar el hecho desconocido mediante un proceso de inferencia lógica4.

2.3Ahora bien, la Sala también ha precisado que, en virtud del principio general de la carga de la prueba consagrado en el artículo 167 CGP, corresponde al sujeto pasivo demostrar los aspectos negativos de la base imponible (pasivos, costos, gastos, impuestos descontables, compras), pues es quien los invoca a su favor. Así, en virtud del sistema de autoliquidación tributaria, en aquellos casos en los que medie un despliegue probatorio cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en

sistema de autoliquidación tributaria, en aquellos casos en los que medie un despliegue probatorio cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en la declaración, el llamado a comprobarlos es el sujeto pasivo o declarante para lo cual puede acudir a todos los medios probatorios previstos « en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos» (artículo 742 del ET). En ese contexto, l e corresponde a la actora acreditar la realidad de las operaciones o desvirtuar probatoriamente los indicios de la Administración.

3 Sentencia del 11 de mayo de 2017 (exp. 21373, CP: Milton Chaves García); del 05 de marzo de 2018 (exp. 21783, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y del 25 de abril de 2018 y del 07 de octubre de 2021 (exp. 21088 y 23149, CP: Julio Roberto Piza). 4 Sentencias del 19 de febrero de 2020 y del 05 de agosto de 2021, exps. 23296 y 22478, CP: Julio Roberto Piza).Radicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Progecol SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 2.4Antes de resolver esa cuestión, la Sala pone de presente que el análisis probatorio incluirá también los documentos aportados con el escrito de la demanda, pues, en criterio de esta Sección5, las reglas de oportunidad probatoria habilitan al obligado tributario para

incluirá también los documentos aportados con el escrito de la demanda, pues, en criterio de esta Sección5, las reglas de oportunidad probatoria habilitan al obligado tributario para presentar, en sede jurisdiccional, evidencias novedosas respecto de lo discutido en la vía administrativa.

2.5Delimitado el marco jurídico aplicable al sub examine, la Sala pasa a estudiar las pruebas del plenario, a fin de determinar la realidad de las operaciones económicas cuestionadas y, de esa forma, verificar la procedencia de los impuestos descontables glosados. Al respecto, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

(i) En la declaración del impuesto sobre las ventas debatida, la actora registró como «impuestos descontables por compras a la tarifa general» el monto de $179. 626.000, y en el renglón «total de impuestos descontables» la suma de $181.784.000 (f. 16 caa), de los cuales, la Administración desconoció $106.233.000, los cuales se originaron compras supuestamente realizadas con uno de sus proveedores por $663.953.791 y durante los meses de septiembre y octubre del 2013 (f. 55 caa).

(ii) En lo concerniente a las glosas apeladas, la Administración requirió a la actora para que remitiera información documental y contable sobre las operaciones comerciales que realizó con el referido proveedor (ff. 20 y 21 caa). Al respecto, le solicitó que allegara, entre otros datos, la relación detallada y los soportes de las compras que realizó con el tercero en comento; identificando, respecto de cada transacción, las facturas, registros contables, tiquete oficial de báscula junto con la factura de transporte de las mercancías,

entre otros datos, la relación detallada y los soportes de las compras que realizó con el tercero en comento; identificando, respecto de cada transacción, las facturas, registros contables, tiquete oficial de báscula junto con la factura de transporte de las mercancías, comprobantes de egreso y el extracto de la cuenta bancaria que soportara el pago a favor del beneficiario.

(iii) En respuesta a lo anterior, mediante escrito radicado el 26 de enero de 2016, la demandante manifestó que «por el volumen de los documentos soportes de contabilidad que respaldan las transacciones correspondientes al 2013 consistente en facturas de compra y tiquetes de bascula con el beneficiario (…) nos acogemos al Decreto 019 de 2012 de la ley anti tramites (..)» (f. 23 caa), con lo cual, se limitó a entregar una copia del balance por cuentas y del movimiento auxiliar de las cuentas (ff. 24 a 75 caa).

(iv) El 28 de septiembre de 2014, la Dian realizó visita al proveedor c uestionado, en la dirección informada en el RUT, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones formales del impuesto sobre la renta del año 2013, diligencia que no se surtió ya que no se logró ubicar al sujeto.

(v) Debido a la ausencia de respuesta y ubicación del proveedor, como también ante la imposibilidad de verificar la realidad de las operaciones comerciales declaradas por la actora, la Administración profirió el requerimiento especial, en el que propuso rechazar impuestos descontables en cuantía de $106.233.000 de los renglones 68 «impuestos descontables por compras a la tarifa general», 71 «total impuesto pagado o facturado»,

impuestos descontables en cuantía de $106.233.000 de los renglones 68 «impuestos descontables por compras a la tarifa general», 71 «total impuesto pagado o facturado», y 77 «total impuestos descontables» (ff. 95 a 101 caa).

(vi) En respuesta al acto preparatorio (ff. 108 a 121 caa) , la contribuyente se opuso al rechazo de las glosas , asegurando que las operaciones de compra con el proveedor fueron reales, para lo cual , solicitó la práctica de una inspección tributaria y aportó los siguientes documentos:

5 Sentencias del 06 de agosto de 2015 y del 04 abril de 2019 (exps. 20130 y 22331, CP: Jorge Octavio Ramírez) y del 13 de octubre de 2016 (exp. 22165, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).Radicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Progecol SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 (a) Resolución de facturación nro. 50000339265, del 23 de mayo de 2013 (f. 127 caa), en la que la Dian autorizó al proveedor la numeración de facturas o documentos equivalentes desde el número 5001 al 20000, por una vigencia de dos años.

(b) Resolución de facturación nro. 50000355173, del 27 de diciembre de 2013 (f. 151 caa), en la que la Dian autorizó al proveedor la numeración de facturas o

años.

(b) Resolución de facturación nro. 50000355173, del 27 de diciembre de 2013 (f. 151 caa), en la que la Dian autorizó al proveedor la numeración de facturas o documentos equivalentes desde el número 20001 al 40000, por una vigencia de dos años.

(c) Resolución de facturación nro. 50000348335 del 24 de septiembre de 2013 (f. 152 caa), en la que la Dian autorizó al proveedor la numeración de facturas o documentos equivalentes desde el número 1 al 3000, por una vigencia de dos años.

(d) Resolución de facturación nro. 50000333268, del 22 de febrero de 2013 (f. 154 caa), en la que la Dian autorizó al proveedor la numeración de facturas o documentos equivalentes desde el número 1 al 5000, por una vigencia de dos años.

(e) Relación de las facturas expedidas por el proveedor durante septiembre y octubre de 2013, por un total de compras de $663.953.791 (ff. 155 a 168 caa)

(f) Copia de las facturas de compra de «cartón corrugado » expedidas por el proveedor durante los meses de septiembre y octubre de 2013, por un total $663.953.791 (ff. 170 a 942 caa).

(g) Tiquetes de báscula, expedidas con nombres de diversos terceros (ff. 944 a 3779 caa).

(h) Relación detallada de entradas al almacén (ff. 3781 a 4090 caa), en la que no se registra las compras realizadas al proveedor cuestionado.

caa).

(h) Relación detallada de entradas al almacén (ff. 3781 a 4090 caa), en la que no se registra las compras realizadas al proveedor cuestionado.

(vii) Mediante la liquidación oficial de revisión (ff. 4091 a 4104 caa), la demandada cuestionó el valor probatorio de los medios de prueba aportados por la apelante, y concluyó que las operaciones informadas eran inexistentes. Puntualmente, señaló que las facturas aportadas obedecieron únicamente a una realidad documental pues se trató de operaciones simuladas. Por ello, presentó como indicios: la imposibilidad de ubicar al primer proveedor, lo cual le impidió verificar su contabilidad, soportes, medios de pago, proceso de compras, instalaciones ; la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; la ausencia de trazabilidad en el proceso de compras de materiales y registro en las entradas de almacén de las compras efectuadas; la renuencia de la actora de entregar los tiquetes de registro de báscula, formato de control de ingreso de la mercancía y los comprobantes de egreso o pagos.

(viii) Con ocasión del recurso de reconsideración (ff. 4107 a 4118 caa), la actora reiteró su oposición a las glosas formuladas, pues, según afirmó, los medios de prueba del plenario bastaron para acreditar la realidad de las operaciones cuestionadas. Para sustentar sus alegatos, aportó nuevamente los documentos expedidos por el proveedor, donde certifica el pago de las facturas expedidas durante septiembre y octubre del año 2013 (ff. 4127 a 4177 caa).

sustentar sus alegatos, aportó nuevamente los documentos expedidos por el proveedor, donde certifica el pago de las facturas expedidas durante septiembre y octubre del año 2013 (ff. 4127 a 4177 caa).

(ix) Con la resolución que desató el recurso de reconsideración (ff. 4185 a 4200 caa), la Administración confirmó las glosas formuladas.Radicado: 76001-23-33-000-2018-00409-01 (26321)

Demandante: Progecol SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 (x) En el escrito de la demanda, la actora insistió en que entregó los medios de pruebas idóneos para acreditar la realidad de las operaciones cuestionadas. Aportó nuevamente facturas de venta y un CD con la supuesta información reportada en medios magnéticos.

2.6A la luz de los hechos probados y del derecho aplicable al sub lite, la Sala destaca que la Administración cuestionó las operaciones de compra registradas en la contabilidad de la actora, que se encontraban soportadas en las facturas de venta expedidas por su proveedor, cuyos requisitos formales no fueron objeto de debate. Sobre el particular, la Sala advierte que la demandada discute la realidad de las supuestas operaciones realizadas por la actora con uno de sus proveedores , ya que , no pudo verificar directamente el desarro