CE - 012333000201800556011SENTENCIAFALLO20230531100316

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1 y municipio de

Manizales

Temas: Sanción moratoria por reliquidación de cesantías definitivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante, quien actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia pr oferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La demanda

Pretensiones2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Proced imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Álvaro Merchán Correa formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que

consagrado en el artículo 138 del Código de Proced imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Álvaro Merchán Correa formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 467 del 20 de junio de 2018 , mediante la cual la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, negó el pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó : i) condenar a las entidades demandadas a reconocer y pagar l a indemnización por la mora en el pago de sus cesantías definitivas, dispuesta en la las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago,

1 En adelante Fomag. 2 Ver expediente digital visible a índice 2 de la plataforma Samai.2

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contados desde los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de la prestación, hasta cuando se hizo efectivo el pago de la totalidad de las cesantías definitivas; ii) indexar las sumas adeudadas tomando como base la variación del IPC desde la fecha en que se efectuó el pago de la prestación y, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso; iii) disponer el pago de intereses moratorios ; y iv) condenar en costas

variación del IPC desde la fecha en que se efectuó el pago de la prestación y, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso; iii) disponer el pago de intereses moratorios ; y iv) condenar en costas a las demandadas.

Hechos3:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística y, en ella, se le asignó a aquél la competencia pa ra pagar las cesantías de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

El 10 de marzo de 2017 , el señor Álvaro Merchán Correa, en su calidad de docente, solicitó ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Pr estaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

Por medio de Resolución 505 del 31 de mayo de 2017, se le reconocieron las cesantías definitivas teniendo como factores salariales el sueldo mensual, las primas de navidad y vacaciones.

Las referidas cesantías fueron pagadas a l demandante el 4 de septiembre de 2017, por intermedio de la entidad bancaria BBVA.

Mediante Decreto 1545 de 2013, la prima de servicios a favor de los docentes se consagró como factor salarial para efectos de la liquidación de cesantías.

En el mismo sentido, el Decreto 1566 de 2014 estableció que la bonificación por servicios a favor de los maestros constituiría factor salarial para todos los efectos legales.

En el mismo sentido, el Decreto 1566 de 2014 estableció que la bonificación por servicios a favor de los maestros constituiría factor salarial para todos los efectos legales.

El 7 de diciembre de 2017, el libelista al advertir que no le había sido pagada la totalidad de las cesantías al término de la relación laboral, elevó petición tendiente a que se reajustaran las cesantías definitivas mediante la inclusión de la prima de servicios y de la bonificación p or servicios como factores salariales determinantes del salario base de liquidación. Adicionalmente pidió el reconocimiento de la sanción moratoria desde los 70 días siguientes a la radicación de la petición inicial de las cesantías definitivas, hasta cuan do fuere realizado el pago total de la prestación por medio del citado ajuste.

3 Ídem.3

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa

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El 20 de junio de 2018, a través de Resolución 467, las cesantías definitivas fueron reajustadas teniendo en cuenta la prima de servicios y la bonificación por servicios, y se negó el reconocimiento de la sanción moratoria solicitada, no obstante haber aceptado el no pago total de las cesantías al término de la relación laboral.

El 10 de marzo de 2017 , se efectuó la solicitud de cesantías definitivas, por lo que el plazo para c ancelarlas finaliz ó el 27 de junio de la mencionada

relación laboral.

El 10 de marzo de 2017 , se efectuó la solicitud de cesantías definitivas, por lo que el plazo para c ancelarlas finaliz ó el 27 de junio de la mencionada anualidad, transcurriendo hasta la fecha en la cual fue realizado el pago total de la prestación (20 de junio de 2018) un total de 464 días de mora.

Normas violadas y concepto de la violación

Se cita como normas violadas los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989 ; 1° y 2 de la Ley 244 de 1995; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo que l a prima de servicios constituye fact or salarial para efectos de calcular la base de liquidación de las cesantías, en tal sentido al no haberse tenido en cuenta en el reconocimiento inicial de la prestación, la suma reconocida a través del primer acto administrativo constituyó pago parcial.

Los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, establecen los términos para el reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas, fijando como sanción por el incumplimiento de los plazos , un día de salario por día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la prestación.

Respecto de los pagos incompletos o inconformidades en los montos reconocidos, son igualmente merecedores de la sanción por mora, pues si bien existió un pronunciamiento expreso sobre las cesantías y un desembolso, aquel debe considerarse parcial , en la medida en que no se incluyeron todos los

reconocidos, son igualmente merecedores de la sanción por mora, pues si bien existió un pronunciamiento expreso sobre las cesantías y un desembolso, aquel debe considerarse parcial , en la medida en que no se incluyeron todos los factores, por lo que se configura la hipótesis de pago en monto inferior al que se tenía derecho, tipificado en la jurisprudencia 4 bajo el «literal d) Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.».

Se encuentra probado que, mediante un acto deliberado de las entidades demandadas, se excluyeron como factores salariales determinantes en el quantum de las cesa ntías, la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, configurando la hipótesis de sanción bajo el reconocimiento de un valor menor.

A pesar de que la parte interesada no aludió de forma específica la causal de nulidad de los actos admi nistrativos demandados, del escrito del concepto de

4 Para tal fin citó apartes de la sentencia del 27 de marzo de 2007 de la Sala Plena del Consejo de Estado.4

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co violación y acorde con el artículo 137 del CPACA, se advierte que es por violación de las normas en que debía fundarse.

Contestación de la demanda

www.consejodeestado.gov.co violación y acorde con el artículo 137 del CPACA, se advierte que es por violación de las normas en que debía fundarse.

Contestación de la demanda

El municipio de Manizales 5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas, conforme a los siguientes argumentos:

Con fundamento en lo previsto en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, se presentó una delegación de «funciones meramente operativas » en las entidades territoriales y sus secretar ías de educación en materia de reconocimiento de prestaciones sociales de los docentes estatales, pero conservando el Fomag y la Fiduprevisora S.A., ésta última como administradora de sus recursos, la toma de decisiones, relacionadas con la aprobación y liquidación de las prestaciones económicas a su cargo.

Si bien la entidad empleadora del demandante es el ente territorial , dicha entidad no tiene a cargo el reconoc imiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de la docente, por tal motivo, el término de 15 días otorgado por la Ley 1071 de 2006, para la expedición de l acto administrativo que reconozca la prestación, y 45 días para el desembolso, no le es aplicable al municipio , pues se insiste, dicha función le atañe al Fomag y la administradora de sus recursos.

En ese orden de ideas, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al municipio de Manizales en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías a cargo del Fomag y Fiduprevisora S.A.; y genérica o innominada.

causa por pasiva; inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al municipio de Manizales en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías a cargo del Fomag y Fiduprevisora S.A.; y genérica o innominada.

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 6, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, acorde con lo que se expone a continuación:

La sanción moratoria se causa cuando por negligencia el empleador no consiga las cesantías dentro de los términos legales establecidos , circunstancia que no ocurre en el caso en concreto, pues claramente en el libelo introductor, la demandante solicita dicha indem nización por haberse producido un reajuste de la prestación al incluirse en la liquidación la prima servicios, lo cual nada tiene que ver con el pago oportuno de las cesantías.

Los derechos laborales de la demandante se encuentran debidamente satisfechos y en consecuencia no puede atribuirse responsabilidad al fondo, en la medida en que el reconocimiento y pago de cesantías del libelista se realizó en debida forma , siendo in viable el pago de una sanción moratoria que no se causó y de cual no se encuentra sustento legal.

5 Ídem. 6 Ídem.5

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, formuló los medios exceptivos de inexistencia de la obligación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, formuló los medios exceptivos de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido; y genérica o innominada.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia anticipada proferida el 29 de mayo de 20207, denegó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

Observado el material probatorio allegado al plenario, es claro que no está siendo demandado el acto inicial que otorgó las cesantías, lo que existió fue una solicitud de reajuste de esta prestación, que se resolvió por la administración a favor del docente, aun cuando el acto de reconocimiento inicial se encontraba en firme, no porque al respecto no se interpusieron recursos, sino porque no se demandó ant e la jurisdicción, a pesar que se consideraba que estaban mal liquidadas, por no incluir en la base la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados.

En este sentido, el pago inoportuno de la diferencia originada en la reliquidación, de que fueron objeto las cesantías definitivas reconocidas, no otorga el derecho a la sanción moratoria pretendida en el sub lite, pues ello no implica q ue la prestación se hubiese pagado en forma inoportuna, ni se enmarca dentro de presupuestos que la norma regula.

El recurso de apelación

La parte demandante8 interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera i nstancia para en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

La parte demandante8 interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera i nstancia para en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

El Consejo de Estado al realizar el estudio de los artículos 1° y 2 de la Ley 244 de 1995, así como 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, en sentencia del 27 de marzo de 20079, señaló claramente que una de las hipótesis para la procedencia de la sanción mo ratoria, es que existe pronunciamiento expreso por parte de la administración en relación con las cesantías y el pago, pero el interesado no está de acuerdo con el monto liquidado, tal como ocurrió en el presente asunto.

Se demostró que mediante un acto d eliberado de las entidades demandadas, se excluyeron como factores salariales determinantes en el quantum de las cesantías, la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, configurando la hipótesis de sanción bajo el reconocimiento de un v alor menor, indemnización que debe ser impuesta desde el momento en que debió efectuase el desembolso de las cesantías definitivas.

7 Ídem. 8 Ídem. 9 Radicado: 76001-23-31-000-200-02513-01.6

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa

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Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El a quo despachó desfavorablemente las pretensiones sin tener en cuenta que: a) la suma reconocida corresponde al legítimo ejercicio de un derecho; b) la solicitud de reajuste fue presentada cuando aún no habían transcurrido los 3 años de la desvinculación del servicio; c) a partir del 19 de julio de 2013 se creó la prima de servicios como factor salarial a favor de los docentes, sin embargo, inicialmente, fue desconocida por las demandadas; y d) dicha actuación no resulta válida dentro de un Estado Social de Derecho.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de P restaciones Sociales del Magisterio 10 sostuvo que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 regulan el pago de las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío a los servidores públicos a nivel general, por lo que no es posible concluir que dicha normativa se aplique concluir que la misma sea aplicable de manera directa a los docentes afiliados al Fomag.

Asimismo, insistió en que, si el legislador no contempló la sanción moratoria por el pago tardío de la diferencia que pueda resultar en un ajuste o revis ión a la liquidación del acto en firme que liquidó la prestación, dicha indemnización no puede aplicarse, so pena de ir en contravía del principio de legalidad y el de tipicidad.

El municipio de Manizales11 solicitó confirmar la sentencia de primera instan cia,

puede aplicarse, so pena de ir en contravía del principio de legalidad y el de tipicidad.

El municipio de Manizales11 solicitó confirmar la sentencia de primera instan cia, pues acorde con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que el legislador no previó dentro de los supuestos de hecho que generan la sanción moratoria, el pago tardío de reajustes de las cesantías reconocidas.

Concepto del ministerio público12.

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, luego de efectuar una sinopsis de lo discurrido en el proceso y analizar el marco normativo que regula la sanción moratoria, solicitó confirmar la decisión apelada, teniendo en cuenta las disposiciones que rigen dicha indemnización y la posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado al respecto, señalando claramente que la sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías no procede respecto de las diferencias de va lor que se originen por causa de un incremento salarial tardío y la consecuente reliquidación de la prestación.

La Sala decide, previas las siguientes

Consideraciones

10 Índices 15 y 16 de la plataforma Samai. 11 Índices 17, ídem. 12 Índice 18, ídem.7

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Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Problema jurídico

Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Problema jurídico

La Sala debe establecer si la diferencia surgida por la reliquidac ión de las cesantías ordenada a favor del demandante, genera la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio; en caso afirmativo, determinar la reclamación de esa sanción fue oportuna o está afectada por el fenómeno de la prescripción y fijar los lineamientos para su pago.

La sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales o definitivas

La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su cancelación; asimismo reiteró los parámetros respecto de los cuales se entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:

«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantí as, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes

correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reco nocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.». (Subrayas propias).

De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté

De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté incompleta el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente indicado.8

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Demandante: Álvaro Merchán Correa

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Así, (i) el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el dese mbolso de las cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del acto administrativo que lo dispuso , y desde ese instante, la administración tiene el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

En efecto, la Sala Plena de est a Corporación13 sostuvo que la administración cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la

En efecto, la Sala Plena de est a Corporación13 sostuvo que la administración cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar des de la ejecutoria del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se radicó. Así lo interpretó la Sala al indicar que:

«Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los c uales se causará la sanción moratoria (…).

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria […]» (Resalta la Sala).

La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de unificación el 18 de julio de 2018 14, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías surge a partir de su notificación en los términos dispu estos por el CPACA, como se indica a continuación:

«100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el contenido de su acto administrativo, esto e s, para notificarlo, no pueden computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el

13 Consejo de Es tado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de

2007. Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 7300123-33-000-2014-00580-01(4961-15).9

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

Demandante: Álvaro Merchán Correa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la decisión15, y que además es la circunstancia que refleja el deber d e la entidad de informarla a su destinatario.

101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo exige de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la administración que son conocidas por las personas lla madas a su cumplimiento o afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el cómputo de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta o se causa por el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el em pleador para notificar el acto expreso que reconoce la mencionada prestación.

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurr a su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados . […]». (Resaltado del texto original).

De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la

verifica la notificación en los estrictos términos señalados . […]». (Resaltado del texto original).

De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la administración), es el v encimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías parciales o definitivas, lo que determina el momento en que se causa la sanción moratoria y, en esa misma me dida, la instancia en donde surge el derecho a su reclamación.

Sin embargo, y en procura de analizar los diferentes supuestos que pueden presentarse en la expedición y notificación del acto administrativo que reconoce y ordena el pago del auxilio de cesan tías, la sentencia en comentó sentó jurisprudencia en los siguientes aspectos:

«3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere ; la sanción moratoria corr e 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que r econoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecuto ria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 16 para que la entidad intentara notificarlo

verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecuto ria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 16 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 má s para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos ca sos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notif ique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»

15 Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados. 16 Artículos 68 y 69 CPACA.10

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00556-01 (4039-2021)

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Conforme a lo anterior, para esta Sección es claro que el segundo escenario

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Conforme a lo anterior, para esta Sección es claro que el segundo escenario respecto del cual se verifica