CE - 012333000201800621011SENTENCIA20230124103141

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 68001-23-33-000-2018-00621-01 (2414-2022)

Demandante : Luz Marina Pedroza Plata y Álvaro Miguel Nieves

Guerrero

Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Tema : Reconocimiento de pensión de sobre vivientes de soldado regular muerto en misión del servicio

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control 1. Los señores Luz Marina Pedroza Plata y Álvaro Miguel Nieves Guerrero, a través de apoderado, ocurren ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 6262 de 2014, por la

contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 6262 de 2014, por la cual el Ejército Nacional le negó a la parte demandante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicitó con ocasión del fallecimiento de su hijo.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada (i) conceder y pagar la pensión de sobrevivientes a la parte demandante, por la muerte de su hijo, «[…] con retroactividad y la respectiva indexación de la condena»; y (ii) se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA; por último, se condene en costas procesales.

1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.2

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1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la parte accionante que el señor Óscar Eduardo Nieves Pedroza (q. e. p. d.) «[…] inició la prestación del servicio militar obligatorio […] el día seis (06) de abril de dos mil diez (2010)» (sic).

Eduardo Nieves Pedroza (q. e. p. d.) «[…] inició la prestación del servicio militar obligatorio […] el día seis (06) de abril de dos mil diez (2010)» (sic).

Que el 19 de mayo de 2010 falleció el mencionado señor, por lo que , en condición de padres del causante, deprecaron de la accionada «el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente s […]» (sic), negada a través del acto acusado.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto . Cita como normas violadas por el acto administrativo acusado los artículos 2, 13 y 48 de la Constitución Política, los Decretos 1790 de 2000 y 4433 de 2004 y la Ley 48 de 1993.

Aduce que la entidad «[…] omitió valorar el hecho de que el joven [Ó]SCAR EDUARDO NIEVES PEDROZA falleció en misión del servicio […], situación que de haberse considerado a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 Superior, había conducido a una decisión diferente, es decir, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes […], en razón a que la restricción contenida en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004 no es óbice para que se sustente un tratamiento diferenciado que atente contra la prestación pensiona l de sobreviviente de los beneficiarios de la persona vinculada a las fuerzas militares por razón de la prestación del servicio militar obligatorio, cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que, ha quedado desprovisto de los medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas» (sic).

finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que, ha quedado desprovisto de los medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas» (sic).

1.2 Contestación de la demanda . La accionada, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y se pronunció frente a los hechos en el sentido de que son ciertos; y expresó que «mal haría la Administración […] entrar a hacer un reconocimiento pensional, a quien legalmente no tiene requisitos para acceder al mismo, cualquiera que sea la norma que se pretenda aplicar, como erróneamente lo sostienen los demandantes; ello atendiendo que la fecha de la ocurrencia del deceso, y la imputación de la misma; no le dan el derecho a percibir una pensión de sobrevivencia […]» (sic).

1.3 Providencia apelada. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 9 de junio de 2021, accedió a las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] la sentencia de unificación CE-SUJSII-010-2018 del 12 de abril de 2018 fijó las reglas jurisprudenciales para el3

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reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente en los casos de muerte del soldado que fallezca simplemente en actividad, según las cuales, el

Guerrero contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente en los casos de muerte del soldado que fallezca simplemente en actividad, según las cuales, el régimen aplicable es el contemplado en la Ley 100 de 1993 para quienes fallezcan durante su vigencia. Por lo anterior, la Sala acoge la postura reseñada porque en ella se privilegia la aplicación de los principios de favorabilidad, y de igualdad, así como el derecho a la seguridad social, cuáles fueron los institutos jurídicos que fundaron la sentencia de unificación […]» (sic).

Que «[…] el joven [Ó]SCAR EDUARDO NIEVES PEDROZA estuvo vinculado al Ejército Nacional por un (01) mes y trece (13) días, lo que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 352 de 1997 implica que estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares. […]. También se probó el vínculo de parentesco de los señores [Á]LVARO MIGUEL NIEVES GUERRERO y LUZ MARINA PEDROZA PLATA con [Ó]SCAR EDUARDO NIEVES PEDROZA, pues como se acotó, son sus padres. Y, finalmente, se encuentra probado que aquel contribuía con el soporte económico de su familia, en tanto dependían de sus ingresos para su subsistencia. De lo anterior se concluye que los señores [Á]LVARO MIGUEL NIEVES GUERRERO y LUZ MARINA PEDROZA PLATA tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993; régimen que debe aplicarse en su integridad» (sic).

NIEVES GUERRERO y LUZ MARINA PEDROZA PLATA tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993; régimen que debe aplicarse en su integridad» (sic).

Concluye que «[…] resulta procedente ordenar el descuento de los valores reconocidos mediante la Resolución N° 105909 del 31 de agosto 2010 por concepto de compensación por muerte a favor de los señores [Á]LVARO MIGUEL NIEVES GUERRERO y LUZ MARINA PEDROZA PLATA en los términos del Decreto 2728 de 1968 y pagados por la entidad demandada, debidamente indexados, ante la incompatibilidad de esa prestación con la pensión de sobreviviente. Se advierte que, si el valor de la compensación por muerte supera el monto del retroactivo pensional que se cause, deberá realizarse un acuerdo de pago con los señores [Á]LVARO MIGUEL NIEVES GUERRERO y LUZ MARINA PEDROZA PLATA que, cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital».

1.4 Recurso de apelación . La demandada, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] [p]ara la fecha del deceso del soldado NIEVES PEDROZA (q.e.p.d), se encontraba vigente; la ley 447 de 1998, Norma que […] no contempla la posibilidad del reconocim iento pensional por la muerte del ex soldado, como quiera que el deceso no devino4

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Luz Marina Pedroza Plata y Álvaro Miguel Nieves

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de las causas, que el mismo artículo cita para que el derecho surja; pues la muerte del ex soldado fue imputada en misión del servicio; distinto a la imputación que de acuerdo a la ley 447 de 1998, daría lugar al reconocimiento; si bien cuando se encontraba prestando el servicio, la misma no fue ni en combate, ni por acción directa de enemigo, ni en el restablecimiento de orden público, hecho que hizo inviable el reconocimiento prestacional pretendido por el actor» (sic).

Afirma que «[t]ampoco es viable aplicar el D. 1211 de 1990 y menos aún pensar en que por favorabilidad se pueda acceder a la pensión con sustento en la Ley 100 de 1993; cuando el tiempo que este duró en la institución fue de (1 mes y 13 días) hechos que dan cuenta de la improcedencia de la aplicación de una u otra norma; y en ese orden se deben negar las pretensiones de la demanda» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue concedido mediante proveído de 17 de junio de 2021 y admitido por esta Corporación a través de auto de 12 de agosto de 2022, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA 2; y en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la demandada presentó escrito de alegatos de conclusión y el correspondiente agente del Ministerio

auto de 12 de agosto de 2022, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA 2; y en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la demandada presentó escrito de alegatos de conclusión y el correspondiente agente del Ministerio Público rindió concepto.

2.1 Entidad demandada. Por intermedio de apoderada, itera lo expresado en el memorial de alzada.

2.2 Mini sterio Público. El señor procurador tercero delegado ante esta Corporación, quien funge como representante del Ministerio Público dentro de este proceso, es del criterio que se confirme el fallo impugnado , por cuanto «[…] se encuentra en el plenario de pruebas el informativo administrativo por muerte No. 02 del Batallón A.D.A. No. 2 Nueva Granada que calificó la muerte del soldado como en misión del servicio; el registro civil de nacimiento del soldado [Ó]scar Eduardo Nieve s Pedroza (q.e.p.d), donde consta que los demandantes son sus padres y el registro civil de defunción donde indica que falleció el 19 de mayo de 2010. En cuanto al requisito de la dependencia económica […] se encuentra como soporte a ello la declaración ju ramentada No. 5043 de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Barrancabermeja del 3 de junio de 2010 en la que se manifestó: “..Igualmente manifestamos que

2 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.5

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nuestro hijo convivía bajo el mismo techo junto con nosotros y sus hermanos e igualmente manifestamos que dependíamos económica y totalmente de nuestro hijo [Ó]SCAR EDUARDO NIEVES PEDROZA (Q.E.P.D.) en todo lo relacionado con la subsistencia humana”. En la misma declaración informaron que el soldado fallecido era soltero, no convivía en unión marital de hecho con nadie, no contrajo matrimonio por la legislación civil, ni por lo católico ni por ningún otro credo y no tenía hijos con derecho. Siendo así se cumplen todos los presupuestos para que se acceda a las pretensiones de la demanda y sea reconocida pensión de sobrevivientes a los demandantes en calidad de padres del soldado [Ó]scar Eduardo Nieves Pedroza (q.e.p.d), acogiendo los principios de favorabilidad y de igualdad, y el régimen a aplicar en este caso es el previsto en la Ley 100 de 1993, tenie ndo en cuenta que el fallecimiento ocurrió durante su vigencia».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación 3, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la parte demandante le asiste o no

Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación 3, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la parte demandante le asiste o no el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por la muerte en misión del servicio de su hijo ocurrida el 19 de mayo de 2010, en condición de soldado regular del Ejército Nacional, en atención al régimen especial previsto en la Ley 447 de 1998 o al general contenido en la Ley 100 de 1993, según lo concluido por el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Como bien lo ha dicho esta subsección4, la muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la

3 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, « El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella». 4 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.6

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persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.

De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación , supervisión y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La Ley 100 de 1993, «[p] or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», reguló lo concerniente a la pensión de sobrevivientes:

Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del gru po familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; […]

Tal disposición fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 20035, en el sentido de indicar que accederían a la pensión por muerte «[l] os miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento».

Por otro lado, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, preceptuó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer orden, al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, en segundo, a los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25, y, en tercero, a falta de estos, a los padres del causante, así como los requisitos que deben acreditar unos y otros para tener derecho al beneficio prestacional, así:

5 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales ».7

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Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma te mporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubies e un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la e sposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan8

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Luz Marina Pedroza Plata y Álvaro Miguel Nieves

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las condiciones de invalidez. Para determinar cua ndo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993[6];

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este[7];

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.

De lo anterior se colige que con el régimen general de pensiones, los beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca tendrán derecho a la mencionada pensión de sobrevivientes siempre que aquel hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, si esta se produjo con anterioridad a la modificación introducida por la referida Ley 797 de 2003, que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero durante los tres años precedentes al deceso.

Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció

que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero durante los tres años precedentes al deceso.

Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció excepciones en cuanto al personal que sería cobijado por esta, en los siguientes términos:

El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

[…] (destaca la Sala).

De igual modo, en lo referent e a la aplicación de las disposiciones contenidas en la mencionada normativa (Ley 100 de 1993), prescribió:

Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho

6 Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencias C -1094 de 2003,

M. P. Jaime Córdoba Triviño, y C-066 2016, M. P. Alejandro Linares Cantillo, respectivamente. 7 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C -111 de 2006, M. P.

Rodrigo Escobar Gil.9

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a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

En este orden de ideas, la regulación con sagrada en la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable a los miembros de las fuerzas militares, entre otros servidores, por cuanto expresamente su artículo 279 los excl uyó del sistema general de seguridad social. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el artículo 288 ibidem, tales servidores públicos se podrían acoger a los mandatos allí contenidos, en atención al principio de favorabilidad.

Por otro lado, el artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993 preceptúa que «[e]l sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1.º de abril de 1994 », por lo que las únicas situaciones jurídicas que pueden ser decididas, en virtud de ese régimen pensional bajo el aludido principio de favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.

Asimismo, en atención a que, como se dejó anotado, los miembros de las fuerzas militares gozan de un régimen especial de pensiones, re sulta pertinente evocar lo dispuesto por el Decreto 2728 de 1968 (artículo 8), «[p]or el cual se modifica

militares gozan de un régimen especial de pensiones, re sulta pertinente evocar lo dispuesto por el Decreto 2728 de 1968 (artículo 8), «[p]or el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares», que preceptúa que el soldado o grumete en servicio activo que fallezca en combate o por acción directa del enemigo, en conflicto internacional o manteniendo el orden público será ascendido de manera póstuma y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de 48 meses de haberes correspondientes al grado póstumo y al doble de cesantías; si muere por accidente en misión del servicio a 36 meses de sueldo básico; y si su deceso es por causas diferentes, el pago será de 24 meses de sueldo básico8.

Por su parte, el capítulo V del Decreto 1211 de 1990 determinó las prestaciones por causa de muerte en misión del servicio a las que tendrían derecho los

8 «Artículo 8º. El Soldado o Grum ete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Ma rinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis

grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero. A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero».10

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oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y sus beneficiarios. Al respecto, el artículo 190 de esa normativa establece:

Muerte en misión del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, ocurrida por actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios, en el orden establecido en el presente Decreto tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes al grado del causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Estatuto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

correspondientes al grado del causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Estatuto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual ser[á] liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Frente al tema, se tiene, además, que la Ley 447 de 1998, «[p]or la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones», en su artículo 1º dispuso:

Artículo 1º. Muerte en combate. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden públic