CE - 012333000201900283011SENTENCIA20230531165124

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2019-00283-01

Referencia: Acción Popular – Fallo

Actora: RUTH GALEANO OBANDO

TESIS: LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS AL TALUD DEL BARRIO 20 DE

JULIO DE MANIZALES SE ENCUENTRAN EN RIESGO, POR LO QUE

DEBEN EFECTUARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU

MITIGACIÓN, CUYA RESPONSABLIDAD RECAE EN EL MUNICIPIO.

LA COMUNIDAD ES CORRESPONSABLE EN GENERACIÓN DEL

RIESGO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADO S: A LA

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A UNA

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA

SALUBRIDAD PÚBLICA, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE

DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN DE

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS

RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA

ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD

DE VIDA DE LOS HABITANTES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE MANIZALES1 contra la sentencia de 26 de

DE VIDA DE LOS HABITANTES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE MANIZALES1 contra la sentencia de 26 de

1 En adelante el Municipio.2

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noviembre de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas2.

I.- ANTECEDENTES

I.1La Demanda

La señora RUTH GALEANO OBANDO, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó demanda ante el Tribunal contra el MUNICIPIO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CALDASCORPOCALDAS4, la UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE MANIZALES y la EMPRESA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. , tendiente a que se protegieran los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

2 En adelante el Tribunal.

edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

2 En adelante el Tribunal. 3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 4 En adelante CORPOCALDAS.3

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I.2. Hechos Indicó que su residencia est aba ubicada en la calle 19 núm. 29-36 del barrio 20 de julio del MUNICIPIO, sector que es habitado por numerosas personas cuyas viviendas colindan con un tal ud de alta pendiente.

Informó que el 10 de octubre de 2018, luego de presentarse fuertes lluvias, se produjo un deslizamiento de tierra en el mencionado talud que afectó su vivienda y, en consecuencia, el cuerpo de bomberos de la ciudad solicitó desaloja r de forma preventiva la zona para evitar mayores afectaciones.

Aseguró que luego de un tiempo la comunidad regresó a sus viviendas pese a que las autoridades competentes no adelanta ron ninguna acción frente al deslizamiento, motivo por el que estimó que se ponía en riesgo su vida, salud e integridad, así como la de todos los habitantes del sector.

viviendas pese a que las autoridades competentes no adelanta ron ninguna acción frente al deslizamiento, motivo por el que estimó que se ponía en riesgo su vida, salud e integridad, así como la de todos los habitantes del sector.

Puso de presente que por intermedio de la PERSONERÍA DE MANIZALES, mediante escrito de 11 de marzo de 2019, requirió al MUNICIPIO para que retirara el material y ejecutara las obras de mitigación necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las4

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personas. E n respuesta, la Secretaría de Obras Públicas del ente territorial en Oficio de 22 de marzo de 2019 aseguró que incluiría las intervenciones necesarias para mejorar la estabilidad del terreno en su inventario de necesidades para inversiones futuras en materia de mitigación del riesgo o posibles convenios con CORPOCALDAS, todo lo cual estaría sujeto al orden de prioridades y a la disponibilidad presupuestal con la que se contara.

Manifestó que en el anterior escrito se enfatizó que en el sector se requería de la intervención conjunta en cuanto a obras y actuaciones de mitigación del riesgo de acuerdo con lo dicho por CORPOCALDAS en el oficio GED 51614 -2018 comunicación 2018 -IUE-00025993; y que la zona problemática correspondía a un talud de fuerte pendiente

de mitigación del riesgo de acuerdo con lo dicho por CORPOCALDAS en el oficio GED 51614 -2018 comunicación 2018 -IUE-00025993; y que la zona problemática correspondía a un talud de fuerte pendiente con viviendas en la parte alta y baja, pastos , rastrojos y algunos árboles hacía la parte media, aunado a que las viviendas no contaban con canales y bajantes para el manejo de aguas lluvias.

Concluyó que lo anterior demostraba la falta de control urbanístico en la zona, lo que provocó la inestabilidad del terreno y, por ende, el temor de los habitantes de que en cualquier momento se presentara una tragedia, pese a lo cual las autoridades competentes no habían adelantado acciones para mitigar el riesgo.5

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I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo expuesto es que solicitamos del despacho judicial, que mediante sentencia se sirva declarar que se encuentran expuestos, vulnerados y en alto riesgo los derechos colectivos y del medio ambiente, en cuanto tienen que ver con la prevención de desastres técnicamente previsibles, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a construcciones técnicas en que se de prevalencia a la calidad de vida de los ciudadanos, el goce del espacio público y la

desastres técnicamente previsibles, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a construcciones técnicas en que se de prevalencia a la calidad de vida de los ciudadanos, el goce del espacio público y la utilización de defensa de los bienes de uso público, por lo cual se servirá ordenar a los accionados:

Adoptar las medidas administrativas, jurídicas, presupuestales, técnicas e institucionales necesarias a fin que:

1. Realizar el retiro del material suelto dispuesto contra la parte posterior de las viviendas afectadas.

2. Proceder al estudio diseño e implementación de las obras de mitigación del riesgo que permitan la estabilización del talud que amenaza riesgo de desprendimiento sobre los inmuebles que junto a mi vivienda se encuentran ubicados en la parte inferior del mismo, de modo tal que se evite el incremento de la erosión del terreno con la ocurrencia de nuevos eventos lluviosos, así como hecho que se prevenga el desprendimiento de nuevos bloques de suelo sobre nuestros predios.

3. Instruir e implementar en los propietarios de los predios afectados, efectuar la instalación de canales y bajantes, conectando dichas aguas a los sistemas hidráulicos de la zona.

4. Realizar monitoreos constantes al sector objeto de esta acción constitucional.

5. Una vez se terminen las intervenciones, se repare la malla vial afectada para garantizar a nuestro grupo humano y la protección y garantía de sus derechos.6

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garantía de sus derechos.6

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6. Las demás acciones que sean necesarias y prioritarias para garantizar a nuestro grupo humano y la protección y garantía de sus derechos.

7. Por tratarse de una acción en nombre de nuestra comunidad donde no se persigue ningún tipo de indemnización o compensación, solicitamos que los gastos que ocasione el trámite del presente juicio se atiendan con cargo al Fondo de Acciones Populares y de Grupo manejado por la Defensoría del Pueblo […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. argumentó que las redes de acueducto y alcantarillado que administraba en el Barrio 20 de julio estaban en buen estado de funcionamiento y no eran la causa del proceso de inestabilidad en dicha zona.

Propuso las siguientes excepciones:

- «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA» .

Adujo que dentro de su objeto social y deberes legales no estaba el manejo de aguas lluvias ni de escorrentía, así como tampoco de laderas para la prevenció n y atención de emergencias y desastres, ya que esta competencia estaba en cabeza de las autoridades ambientales y territoriales, de acuerdo con la Ley 99 de 22 de7

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ya que esta competencia estaba en cabeza de las autoridades ambientales y territoriales, de acuerdo con la Ley 99 de 22 de7

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diciembre de 19935 y el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 20016.

Manifestó que la pretensión de la parte accionante de reparar la malla vial afectada no era de su resorte , ya que no estaba dentro de su objeto social y no era la responsable de las necesidades viales de la ciudad, lo cual es de competencia del ente territorial.

• «INEXISTENCIA DE DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS POR PARTE DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.». Aseguró que no ha vulnerado los derechos colectivos de los accionante s, pues el competente para atender lo solicitado era el MUNICIPIO en coordinación con la autoridad ambiental, conforme las leyes 715 y

99.

Expresó que de acuerdo c on el informe técnico de 30 de julio de 2019, realizado por los ingenieros Luis Felipe Castaño y Viviana Andrea Fernández, las redes de acueducto y alcantarillado no eran la

5 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y s e dictan otras

5 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y s e dictan otras disposiciones. 6 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Po lítica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.8

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causa de la inestabilidad alegada por la accionante, pues se encontraban en buen estado de funcionamiento y no presentaban fisuras ni obstrucciones , por lo que estimó que no vulneró los derechos colectivos alegados y, además, ha actuado con diligencia y cumplido con todos sus deberes legales.

• «INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL». Argumentó que no tenía responsabilidad en los hechos expuestos por la demandante, razón por la que cualquier imputación carecía de fundamento o argumento técnico.

Expuso que, en su caso, no se configuraban los presupuestos de la responsabilidad previstos en el artículo 2341 del Código Civil, teniendo en cuenta que no perjudicó a terceros con culpa.

técnico.

Expuso que, en su caso, no se configuraban los presupuestos de la responsabilidad previstos en el artículo 2341 del Código Civil, teniendo en cuenta que no perjudicó a terceros con culpa.

- «DECLARATORIA OFICIOSA DE MEDIOS DE DEFENSA».

Afirmó que conforme a lo dispuesto en el artícu lo 282 del Código General del Proceso -CGP, en aquellos casos en que se encontraran probados los hechos que constituían una excepción o un medio de defensa del demandado, debían ser declarados oficiosamente en la sentencia.9

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I.4.2.- El MUNICIPIO propuso como argumentos de defensa, las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS». Adujo que en el presente caso no se identificaron los derechos colectivos presuntamente afectados y que lo pretendido por la accionante era una obligación que le competía a los dueños de los predios, motivo por el que eran ellos quienes debían ejecutar las obras y evitar poner en riesgo a los habitantes del sector.

• «OBLIGACIONES DE UN TERCERO». Afirmó que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obras Municipal y lo previsto en los artículos 2350 del Código Civil y 2 ° y siguientes de la Ley 1523 de

• «OBLIGACIONES DE UN TERCERO». Afirmó que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obras Municipal y lo previsto en los artículos 2350 del Código Civil y 2 ° y siguientes de la Ley 1523 de 24 de abril de 20127, las mejoras y demás acciones para la protección de viviendas les correspondían a sus dueños.

• «PRETENSIONES CONTRARIAS A DERECHO». Sostuvo que no podía ejecutar lo pretendido por la actora porque se trata de obligaciones de particulares; y que la pretensión de mantenimiento de la malla vial era inviable pues no se trataba de una vía.

7 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.10

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• «EXCEPCIÓN GENÉRICA». Solicitó decretar de oficio cualquier excepción que resultara probada en el proceso.

I.4.3.- CORPOCALDAS se refirió al Oficio 2019 -II-00020041 suscrito por la Subdirección de Infraestructura Ambiental, con ocasión de las visitas efectuadas a la zona objeto de la presente acción, del cual destacó las siguientes apreciaciones técnicas del lugar: i) pendiente fuerte del talud; ii) ocurrencia de eventos

ocasión de las visitas efectuadas a la zona objeto de la presente acción, del cual destacó las siguientes apreciaciones técnicas del lugar: i) pendiente fuerte del talud; ii) ocurrencia de eventos pluviales de intensidad y duración importantes; iii) escurrimiento de agua por el talud por ausencia de obras de man ejo de aguas lluvia; iv) aporte de aguas lluvia provenientes de algunas viviendas de la parte alta del talud y; v) dado el tipo de suelo, es susceptible de erosionar y desestabilizarse.

Aseguró que la zona afectada estaba catalogada en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT del MUNICIPIO como de amenaza media, baja y muy baja , y que el proceder de los dueños de los predios era determinante, pues las viviendas localizadas en la corona de la ladera no contaban con una adecuada canalización de aguas lluvia, por lo que se generaba el vertimiento directo sobre la ladera, circunstancia que favorecía la concentración y escurrimiento e infiltración de agua al suelo.11

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Propuso las siguientes excepciones:

- «LA COMPETENCIA PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE

DESASTRES SE ENCUENTRA EN CABEZA DE LA ALCALDÍA DE

MANIZALES, NO DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS

Propuso las siguientes excepciones:

- «LA COMPETENCIA PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE

DESASTRES SE ENCUENTRA EN CABEZA DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES, NO DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIOANLES». Expuso que de acuerdo con la Ley 1523 y la jurisprudencia del Consejo de Estado 8, las gobernaciones y las alcaldías son las responsables primarias del funcionamiento del sistema de gestión del riesgo y su conducción.

Manifestó que, en consecuencia, el MUNICIPIO debía propender por la implementación de la política, conocimiento, reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción p or medio de las actividades y obras necesarias para el efecto.

- «CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN

MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE

CORPOCALDAS. CORPORACIONES AUTÓNOMAS SON

SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RESGO EN

8 Para el efecto, se refirió a la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente radicado con el número 66001-23-33000-2014-00459-01.12

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MATERIA DE S OSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MUNICIPIO Y

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MATERIA DE S OSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MUNICIPIO Y

GOBERNACIONES TIENE N RESPONSABILIDAD PRIMARIA».

Mencionó que según la Ley 1523 , las Corporaciones Autónomas Regionales, en materia de gestión de desastres , sirven de apoyo a las entidades territoriales, que son las principales obligadas y responsables en dicha materia.

Afirmó que su apoyo subsidiario refería al conocimiento en la gestión del riesgo del MUNICIPIO, pero que no lo eximía de su papel principal en la implementación de procesos de gestión del riesgo.

Puso de presente que, en virtud de la mencionada competencia, dio respuesta a los habitantes del sector que le solicitaron un concepto, cuyas conclusiones fueron remitidas al ente territorial.

• «COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN MATERIA VIAL, QUE ABSTRAE LA COMPETENCIA DE CORPOCALDAS». Explicó que con fundamento en los artículos 12, 16, 19 y 20 de la Ley 105 de 30 de diciembre de 19939, en

9 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.13

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Actora: RUTH GALEANO OBANDO

planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.13

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concordancia con los artículos 74 y 76 de la Ley 715, carec ía de competencias en materia de construcción, man tenimiento y obras complementarias de vías , ya que le correspond ía, en el nivel nacional, al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, y en vías locales o vecinales, a las entidades territoriales.

• «CORRESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EN EL APORTE DE SOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CASO BAJO ESTUDIO». Manifestó que la comunidad presuntamente afectada debía instalar los canales y bajantes de sus viviendas, los cuales tenían que contar con las adecuadas conexiones para no continuar saturando el terreno con la mala disposición de las aguas lluvias de las viviendas al talud, en virtud de los principios de autoconservación y precaución señalados en la Ley 1523 ; de modo que, exigirle al Estado la ejecución de dichas conexiones implicaba trasladarle su conducta negligente, obviando que los propietarios debían ejecutar las mejoras necesarias de sus inmuebles.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2019 , la cual se declaró fallida por inasistencia de la14

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2019 , la cual se declaró fallida por inasistencia de la14

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actora, amén de que la parte demandada no presentó formula conciliatoria.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal en sentencia de 26 de noviembre de 2021 accedió a las súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

Tras referirse al problema jurídico, al alcance de los derechos invocados, a los hechos probados y al caso concreto , consideró que en la calle 19ª con carrera 29 del Barrio 20 de julio del MUNICIPIO hay un talud, colindante con los patios de las viviendas de la zona, que se deslizó, por lo que fue necesaria la evacuación preventiva y temporal de los habitantes.

Respecto de las causas del desplazamiento, adujo que fueron las lluvias, la concentración de aguas de escorrentía superficial y subsuperficial y el inadecuado manejo de aguas tanto en la ladera como en algunas viviendas ubicadas en la base y en la corona del talud.15

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como en algunas viviendas ubicadas en la base y en la corona del talud.15

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Señaló que el POT catalogó la zona como de tratamiento geotécnico y con riesgo de amenaza media – alta por remoción en masa, motivo por el que los habitantes de las viviendas de la parte alta y baja del talud estaban en riesgo, en atención a que no habían adoptado medidas para evitar un nuevo deslizamiento que podría ocurrir por causas naturales y/o antrópicas.

Aseguró que era necesaria la ejecución de una obra civil de contención que no fue realizada, razón por la que estaba acreditada la violación al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres y, por ende, había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

Precisó, en cuanto a la entidad responsable de la vulneración, que conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 715 y al artículo 14 de la Ley 1523, el MUNICIPIO era el encargado de ejecutar la obra de contención del talud, pese a que correspond ía a un terreno en el que estaban ubicados tres predios privados, ya que lo pretendido era la protección de la vida y bienes de los moradores del sector y la entidad territorial permitió o toleró la construcción de las viviendas en un sector de riesgo medio – alto.16

en el que estaban ubicados tres predios privados, ya que lo pretendido era la protección de la vida y bienes de los moradores del sector y la entidad territorial permitió o toleró la construcción de las viviendas en un sector de riesgo medio – alto.16

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Consideró que , sumado a la falta de control urbanístico , el ente territorial no ejerció sus competencias como autoridad de policía, lo que desencadenó en la incorrecta conducción de las aguas que agravó la inestabilidad del talud y, por tanto, era su deber adelantar las acciones legales pertinentes para exigir a los propietarios de las viviendas que no contaban con sistema de conducción de aguas lluvia su instalación.

Afirmó que el ente territorial, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, debía estar atent o ante cualquier manifestación de inestabilidad que presentara el talud para adelantar las respectivas medidas de prevención hasta que culminaran las obras que se requerían.

Señaló que no había lugar a imponerle ninguna orden a AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. ya que se demostró que las redes que operaban en el sector estaban funcionando correctamente. Respecto de CORPOCALDAS indicó que acreditó haber cumplido con la asesoría técnica al MUNICIPIO mediante la emisión de los conceptos sobre la obra idónea y necesaria a acometer en el talud.

operaban en el sector estaban funcionando correctamente. Respecto de CORPOCALDAS indicó que acreditó haber cumplido con la asesoría técnica al MUNICIPIO mediante la emisión de los conceptos sobre la obra idónea y necesaria a acometer en el talud.

En virtud de lo anterior, profirió las siguientes órdenes:17

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“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE MANIZALES vulnera el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Municipio de Manizales a través del s eñor Alcalde, que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, inicie las gestiones presupuestales y contractuales para la construcción de la o bra de mitigación del riesgo sobre el talud ubicado en el Barrio 20 de Julio

del sector de la calle 19 A con carrera 29. La obra deberá estar terminada a más tardar al vencimiento de los seis (6) meses siguientes al primer plazo acá indicado.

Así mismo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, deberá dar inicio a las actuaciones legales pertinentes como autoridad de policía para exigir a los propietarios de las viviendas que carecen de sistemas de conducción de aguas lluvias, la instalación de éstos.

de esta sentencia, deberá dar inicio a las actuaciones legales pertinentes como autoridad de policía para exigir a los propietarios de las viviendas que carecen de sistemas de conducción de aguas lluvias, la instalación de éstos.

También SE ORDENA al MUNICIPIO DE MANIZALES a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, estar siempre atento a cualquier manifestación de inestabilidad que presente el talud para que proceda a realizar o ejecutar medidas de prevención hasta tanto se culminen las obras.

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta providencia, el cual estará integrado por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas a través de su magistrada pon ente -quien lo presidirá -; por el Personero Municipal de Manizales y por el Director de Corpocaldas o su delegado, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes se reunirán por convocatoria de quien lo preside o a petición de cualquiera de sus integrantes, y harán seguimiento a lo ordenado e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

CUARTO: SE ORDENA la publicación de la parte resolutiva de la presente sentencia en un diario de amplia circulación nacion al a cargo del Municipio de Manizales. Hecho lo anterior deberá enviar constancia de la publicación con destino al expediente.

QUINTO: Para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por la Secretaría del Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente fallo a la Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo […]”.18

por la Secretaría del Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente fallo a la Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo […]”.18

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III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El MUNICIPIO arguyó que no amenazó los derechos colectivos al acceso a lo s servicios públicos y a la seguridad y prevención de desastres, como se advertía de los testimonios recaudados en la audiencia de pruebas, en los que se indicó que se evidenció el correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado y que el deslizamiento s e trató de unos 5 metros de longitud de desprendimiento de capa vegetal producto de tierra acumulada que saturó el suelo de los predios privados y provocó el deslizamiento.

Afirmó que la parte actora tenía la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus pretensiones, conforme lo establecido en el artículo 30 de la Ley 472, pero que no lo hizo, pues no acreditó los hechos, acciones u omisiones que constituyeron la causa de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos y, aun así, el fallo resultó le adverso, razón por la que, a su juicio, la acción popular en el asunto sub examine era improcedente de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 472.

así, el fallo resultó le adverso, razón por la que, a su juicio, la acción popular en el asunto sub examine era improcedente de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 472.

Estimó que, con fundamento en los hechos, pretensiones y pruebas, lo que la actor a pretendía era la protección de un interés como19

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2019-00283-01

Actora: RUTH GALEANO OBANDO

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propietario privado y no la protección de intereses y/o derechos colectivos de la comunidad, pues busca la limpieza de su lote que estaba deteriorado por el mal manejo de aguas llu