CE - 012333000201900470011SENTENCIA20230414141920

Radicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Demandada: DIAN

Temas: CREE. 2015. Declaración de corrección. Ingresos recibidos para

terceros. Costos. Deducciones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de febrero de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo d el Huila, que resolvió (índice 2 de Samai)1:

Primero: Negar las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.005, del 29 de mayo de 2018, la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) correspondiente al año gravable 2015 a cargo de la actora. En concreto, aumentó

demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) correspondiente al año gravable 2015 a cargo de la actora. En concreto, aumentó ingresos brutos, disminuyó costos y deducciones, impuso sanción por inexactitud y disminuyó el saldo a favor (índice 2 de Samai ). Luego, mediante declaración de corrección, la actora se allanó parcialmente a l desconocimiento de costos e incrementó el monto de l anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente (f. 483 caa). La liquidación oficial fue modificada por la Resolución nro. 900.001, del 05 de junio de 2019 (índice 2 de Samai) respecto de una parte de la adición de ingresos brutos; y, no se aceptó la corrección provocada que presentó la contribuyente.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2 de Samai):

1 Del repositorio informático Samai.Radicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 a) Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.005 , del 29 de mayo de

www.consejodeestado.gov.co 2 a) Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.005 , del 29 de mayo de 2018, (…) por medio de la cual se modificó la liquidación privada de Centrogral del impuesto sobre la renta para la equidadCREE del año gravable 2015.

b) Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 900.001, del 05 de junio de 2019, notificada el 04 de julio de 2019, (…) mediante la cual se decide el recurso de reconsideración presentado en contra de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.005, del 29 de mayo de 2018.

c) Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que Centrogral presentó en debida forma su declaración de impuesto sobre la renta para la equidad-CREEdel año 2015, por lo que la misma se encuentra en firme, no habiendo lugar a la determinación de un mayor impuesto, así como tampoco a la imposición de sanción por inexactitud alguna a su cargo.

A los anteriores efectos , invocó como vulnerados los artículos 83, 95.9, 363 de la Constitución; 2142 del CC (Código Civil , Ley 84 de 1873); 1262 del CCo (Código de Comercio, Decreto 410 de 1971); 107, a 713, 742, 647 y 683 del ET; y 193 y 197.5 de la Ley 1607 de 2012, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):

La demandante consideró que su contraparte debió aceptar la declaración de corrección presentada con ocasión de la liquidación oficial, porque cumplía los requisitos del artículo

Ley 1607 de 2012, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):

La demandante consideró que su contraparte debió aceptar la declaración de corrección presentada con ocasión de la liquidación oficial, porque cumplía los requisitos del artículo 713 del ET . Al respecto, explicó que al allanarse parcialmente al desconocimiento de costos se alteró la base imponible del impuesto, sobre la cual también se calculaba el anticipo del 100% de la sobretasa para el año gravable siguiente, de manera que podía ajustar ese renglón incrementando el monto de dich o anticipo aun cuando no hubiese sido glosado, conforme con la sentencia del 21 de febrero de 2019 (exp. 21366, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).

Frente a una parte de los ingresos adicionados, explicó que era distribuidora autorizada de unos herbicidas que adquiría de la sociedad Compañía Agrícola, los cuales se vendían a unos almacenes, quienes suscribían con tal compañía proveedora unos acuerdos de programas de incentivos denominados «plan diamante», en los que por cumplimiento de cierto volumen de compras trimestrales o anuales recibían unos descuentos que ella les transmitía en su condición de distribuidora de los productos cubiertos con el plan de incentivos, de manera que los ingresos que le pretendía adicionar la Administración , correspondían a ingresos percibidos para terceros , conforme fueron registrados como pasivos, lo que se acompasaba con las notas crédito que expidió para reconocer esos descuentos a los almacenes con convenios en el programa de incentivos . Agregó que, su contraparte omitió valorar los acuerdos referidos y los soportes internos y externos que daban cuenta de que fueron ingresos para terceros , de manera que no podía

descuentos a los almacenes con convenios en el programa de incentivos . Agregó que, su contraparte omitió valorar los acuerdos referidos y los soportes internos y externos que daban cuenta de que fueron ingresos para terceros , de manera que no podía sustentarse la adición de esos ingresos en el cruce de información que hizo la autoridad de su contabilidad , con la información en medios magnéticos que reportó la compañía proveedora otorgante de los incentivos a los clientes finales por su conducto, en su calidad de distribuidora autorizada.

Respecto de la otra porción de ingresos adicionados por la autoridad, expuso que correspondían al IVA pagado , y que fue incluido como mayor valor del gasto por una sociedad con la que adelantó unas operaciones, lo cual se demostraba con la corrección de la información en medios magnéticos de esa compañía y las facturas de venta aportadas con el recurso de reconsideración, no obstante lo cual, tales pruebas no fueron analizados por la autoridad tributaria , por lo que el acto que desató el recurso estuvo falsamente motivado y era improcedente la adición de ingresos.

En relación con los costos, argument ó que los incurridos a través de la sociedad que importó bienes por cuenta suya, fueron realizados en virtud de un contrato de mandato que suscribió en calidad de mandante, y estaban acreditados con la certificación que leRadicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 expidió su mandataria, su contabilidad, la información en medios magnéticos y el contrato

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 expidió su mandataria, su contabilidad, la información en medios magnéticos y el contrato de mandato que allegó ; medios de prueba que también señala no fueron valorados por la demandada.

En relación con las deducciones, expuso que el rechazo de una parte de ellas, se originó en un error en la información exógena de la sociedad Grupo Gral SAS, que reportó una operación que no se llevó a cabo , consistente en haberle reintegrado unos costos y gastos, lo que le significó a la demandante el rechazo de gastos deducibles. Par acreditar esto, aportó copia de la corrección de la información en medios magnéticos de dicha sociedad y una declaración juramentada del representante legal de esa compañía en la que aceptaba el error en la información en medios magnéticos. Respecto de la otra parte de las expensas rechazadas, explicó que el gasto objetado se originó en el pago de la indemnización por la terminación anticipada de un contrato de prestación de servicios contables que celebró y que su valor era deducible teniendo en cuenta que cumplía con las exigencias del artículo 107 del ET, pues su pago hacía parte de las costumbres mercantiles y los servicios contratados eran indispensables para su funcionamiento. Finalmente, afirmó que la sanción por inexactitud era improcedente , y que en todo caso existió error sobre el derecho aplicable.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2 de Samai). Insistió en que la actora en su declaración de corrección no podía alterar el valor declarado como

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2 de Samai). Insistió en que la actora en su declaración de corrección no podía alterar el valor declarado como anticipo de la sobretasa del año gravable siguiente, porque no fue glosado.

Frente a los ingresos adicionados, aseguró que la demandante no demostró que fueron para terceros ni que la otra porción de ingresos adicionados haya correspondido a la inclusión del IVA pagado como mayor valor del gasto que informó otra sociedad.

En lo concerniente a los costos rechazados, aseguró que el tribunal no podía valorar el contrato de mandato que aportó la demandante en vía judicial pues no fue allegado en sede administrativa . Respecto de las deducciones rechazadas, señaló que la contribuyente no probó la existencia del error en la información en medios magnéticos que presentó una sociedad con la que adelantó transacciones, relativo al registro de operaciones de unas notas crédito de esa sociedad por reintegro de costos y gastos , y que la declaración juramentada del representante legal de dicha compañía no debía analizarse, en la medida en que no fue allegada en la actuación administrativa. Sobre la otra porción de deducciones rechazadas relacionadas con el pago de una indemnización, señaló que durante la discusión administrativa la demandante no aportó el contrato de prestación de servicios contables cuya terminación anticipada originó el gasto que pretendía deducir y que solo había allegado el contrato de transacción con el que finalizó el negocio jurídico referido; sin perjuicio de ello, invocó la sentencia del 19 de agosto de

pretendía deducir y que solo había allegado el contrato de transacción con el que finalizó el negocio jurídico referido; sin perjuicio de ello, invocó la sentencia del 19 de agosto de 2010 (exp 16988, CP: William Giraldo Giraldo), según la cual el pago de indemnizaciones no era obligatorio para el desarrollo del objeto social.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 2 de Samai). Consideró que la corrección provocada era inválida porque la actora modificó el anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente sin que la Administración lo hubiese cuestionado, en contra del artículo 713 del ET. Precisó que la demandante podía allegar pruebas nuevas en sede judicial, tal como lo había señalado esta corporación en sentencia del 16 de septiembre de 2010 (exp. 17101, CP: William Giraldo Giraldo) y, bajo ese entendido, determinó queRadicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 los acuerdos de incentivos estuvieron vigentes desde el 01 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015 , de manera que juzgó que no podía establecerse qué parte de la suma adicionada como ingreso correspondía a los incentivos presuntamente trasladados durante el período gravable revisado (i.e. 2015); además, determinó que solo una de las facturas aportadas relacionaba una liquidación de incentivo por valor de $9.400.000 y, en todo caso, la demandante no demostró que se había trasladado

trasladados durante el período gravable revisado (i.e. 2015); además, determinó que solo una de las facturas aportadas relacionaba una liquidación de incentivo por valor de $9.400.000 y, en todo caso, la demandante no demostró que se había trasladado efectivamente al cliente final. En relación con la parte restante de los ingresos adicionados por la Administración, estableció que los balances de la sociedad que incluyó el IVA pagado como mayor valor del gasto no constituían medios de prueba válidos porque presentaban errores y que las facturas que aportó no estaban suscritas po r contador o revisor fiscal.

Sobre el desconocimiento de los costos derivados de la ejecución de un contrato de mandato, advirtió que diferían los valores reportados en las facturas y en los certificados de revisor fiscal aportados por la mandataria y que no correspondían a la totalidad de los costos rechazados, de ahí que estableció que la demandante no determinó con certeza el monto del costo. En relación con el rechazo de las deducciones señaló que, la actora no allegó evidencias para desvirtuar el rechazo de las deducciones que, según su dicho, se originó en un error en el reporte de la información en medios magnéticos por parte de la sociedad con la que adelantó operaciones y, respecto de la porción restante de las expensas rechazadas, y que correspondían al pago de una indemnización originada en la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios contables, juzgó que, de conformidad con la sentencia 2020CE-SUJ-4-005, del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), el gasto no era determinante para el aumento

conformidad con la sentencia 2020CE-SUJ-4-005, del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), el gasto no era determinante para el aumento de la renta del extremo activo, comoquiera que se dedicaba a la venta y compra de productos agrícolas. Por último, aseguró que había lugar a la sanción por inexactitud impuesta, la cual fue fijada por los actos acusados en el equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar por impuesto y el saldo a favor rechazado.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de l tribunal (índice 2 de Samai ). En primer lugar, sostuvo que la Resolución nro. 87 del 03 de enero de 2020, resolvió a su favor el recurso interpuesto contra la liquidación oficial que modificó su declaración de renta correspondiente a l año gravable 2015 y que, al recaer sobre glosas similares al sub examine, constituía precedente administrativo que debía acatarse en esta instancia. Por otra parte, persistió en qu e su corrección provocada era válida , en tanto que podía modificar los renglones cuyos resultados se deriv aban de las glosas aceptadas, de acuerdo con la sentencia del 20 de agosto de 2020 (exp. 22306, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).

Afirmó que el a quo no valoró los medios de convicción que aportó y solicitó que fueran analizados como lo hizo la Administración en el acto que invoc ó como precedente administrativo. En concreto, e xpuso que el pago de las bonificaciones se realizaba mediante notas crédito a favor de los clientes finales y que había acreditado el registro

analizados como lo hizo la Administración en el acto que invoc ó como precedente administrativo. En concreto, e xpuso que el pago de las bonificaciones se realizaba mediante notas crédito a favor de los clientes finales y que había acreditado el registro como ingresos recibidos para terceros, por lo que estos no debieron adicionarse.

Indicó que el tribunal pasó por alto el contrato de mandato que celebró y que los certificados expedidos por el re visor fiscal de la mandataria cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 777 del ET, lo cual acreditaba los costos rechazados. Precisó que, para demostrar la procedencia de una parte de sus deducciones, aportó la corrección de la información en medios magnéticos de la sociedad que reportó una operación de la que se derivaban notas crédito (reintegro de costos y gastos) , y que allegó una declaraciónRadicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 juramentada del representante legal de esa compañía en donde reconocía el error. Y, frente al desconocimiento de la deducción originada en el pago de la indemnización por terminación anticipada de un contrato de prestación de servicios contables, manifestó que, en virtud de la sentencia 2020CE-SUJ-4-005, del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), la relación de causalidad d el gasto cuestionado con su actividad no estaba determinada por la obtención de ingresos ni por su objeto social ; además, señaló que la prestación

21329, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), la relación de causalidad d el gasto cuestionado con su actividad no estaba determinada por la obtención de ingresos ni por su objeto social ; además, señaló que la prestación de servicios contables era indispensable para ejecutar su objeto social, aún más teniendo en cuenta que su contabilidad es necesaria para calcular los tributos. Asimismo, explicó que tenía que pagar la indemnización cuestionada pues debía cumplir sus obligaciones para realizar su objeto social.

Por lo anterior, reiteró que no procedía la sanción por inexactitud impuesta y , seguidamente, invocó la causal exculpatoria de error sobre el derecho aplicable.

Se pone de presente que la actora n o cuestionó la adición de los ingresos, en la parte proveniente de la información exógena reportada por un tercero, con el que había desarrollado operaciones, lo que según la demanda, obedeció a un error de ese tercero, al reportar dentro de la operación el IVA pagado como un mayor valor del gasto.

Pronunciamientos finales

La demandada insistió en la invalidez de la corrección provocada y aseguró que el tribunal valoró todos los medios de convicción que obraban en el expediente (índice 11 de Samai). La demandante y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación formulados por la demanda nte, en calidad de apelante única, contra la sentencia de l tribunal que negó las pretensiones de la demanda. En concreto, corresponde definir si a pesar de que la autoridad no glosó el anticipo del impuesto discutido, la actora podía en

tribunal que negó las pretensiones de la demanda. En concreto, corresponde definir si a pesar de que la autoridad no glosó el anticipo del impuesto discutido, la actora podía en su declaración de corrección , presentada en la oportunidad del artículo 713 del ET , incrementar ese anticipo del 100% de la sobretasa al impuesto CREE, como resultado del allanamiento parcial a una parte de los costos rechazados.

Seguidamente se juzgará si el tribunal valoró los medios de convicción que aportó la demandante, en función de lo cual se determinará: (i) si los ingresos adicionados por la Administración en cuantía de $252.608.320, correspondían a ingresos percibidos para terceros, derivados del traslado de incentivos de la sociedad Compañía Agrícola SAS; (ii) si procedían los costos en cuantía de $342.194.000, los que aduce la actora incurridos en desarrollo de un contrato de mandato , en el que actuó como mandante; (iii) si las deducciones por valor de $30.974.408 eran procedentes, en tanto su rechazo provino de un error en la información exógena de un tercero que reportó haber realizado con ella una operación que no existió , de la que se derivaron notas crédito por un presunto reintegro de costos y gastos a su favor; (iv) si era deducible la indemnización por la terminación anticipada de l contrato de prestación de servicios contables en cuantía de $56.881.877, por cumplir las exigencias de necesidad y de relación de causalidad con la actividad productora de renta y, por último , ( v) la procedencia de la sanción por inexactitud.Radicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

actividad productora de renta y, por último , ( v) la procedencia de la sanción por inexactitud.Radicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 2Previo a abordar el análisis de los asuntos antes señalados, debe advertir la Sala que no se pronunciará sobre la Resolución 087 , del 03 de enero de 2020, invocada por la apelante como precedente administrativo, proferido en otra actuación administrativa adelantada en su contra por el impuesto sobre la renta del mismo período gravable 2015, con glosas similares , en razón a que el despacho sustanciador negó , mediante auto admisorio del recurso de apelación del 08 de octubre de 2021, la solicitud de incorporar como prueba la copia de la señalada resolución, por no cumplirse los supuestos del artículo 212 del CPACA , de modo que esa providencia se encuentra e jecutoriada. En todo caso, se precisa señalar que el precedente administrativo no es vinculante para esta jurisdicción, acorde con lo previsto en el artículo 230 constitucional.

3Tras lo anterior, partirá la Sala de revisar la validez de la declaración de corrección provocada presentada por la actora, quien sostiene que la aceptación parcial del rechazo de costos implicaba la alteración de la base sobre la cual se determinaba el anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente, de suerte que era procedente ajustarlo, aunque no hubiere sido glosado por la Administración, en apoyo de lo c ual, invoca la

de costos implicaba la alteración de la base sobre la cual se determinaba el anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente, de suerte que era procedente ajustarlo, aunque no hubiere sido glosado por la Administración, en apoyo de lo c ual, invoca la sentencia del 20 de agosto de 2020, exp. 22306, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez. En contraste, la Administración y el a quo coinciden en que la corrección provocada era inválida porque se varió uno de los renglones que no fue objeto de glosa en la liquidación oficial de revisión.

Bajo tal contexto, le corresponde a la Sala definir si con ocasión de la presentación del recurso de reconsideración, la demandante podía corregir el anticipo, pese a no haber sido objetado por la autoridad tributaria, en tanto se derivaba de la aceptación parcial de una de las glosas propuestas.

3.1Con miras a desatar la litis, partirá la Sala de reiterar el criterio definido por esta judicatura2 en el sentido de que en las correcciones provocadas por la Administración, con ocasión a un requerimiento especial o una liquidación oficial de revisión, el contribuyente carece de libertad para configurar el contenido de la declaración, como cuando presenta correcciones voluntarias, de manera que, las modificaciones deben contraerse a las glosas propuestas en el acto oficial, so pena de invalidar la corrección . Esto salvo que, la modificación a otro renglón de la declaración surja como consecuencia de la aceptación total o parcial de la glosa propuesta o determinada.

Entonces, si en la corrección se modifican renglones distintos a los glosados por la autoridad, debe analizarse si tal variación se deriva de la glosa propuesta (sentencias del

Entonces, si en la corrección se modifican renglones distintos a los glosados por la autoridad, debe analizarse si tal variación se deriva de la glosa propuesta (sentencias del 29 de abril de 2021 y del 02 de diciembre de 2021 , exps. 20745 y 23832, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez y Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

3.2Para el caso sometido a análisis, se encuentra probado que el 30 de junio de 2016, la demandante corrigió voluntariamente la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) correspondiente al año gravable 2015, en la cual registró $15.463.000 como valor del anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente (f. 33 caa1), que fue modificada por la Administración, mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.005, del 29 de mayo de 2018, aumentando los ingresos brutos, disminuyendo costos y deducciones e imponiendo sanción por inexactitud (índice 2 de Samai).

Con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración contra el anterior acto, la demandante corrigió su declaración , aceptando parcialmente el desconocimiento de costos en la suma de $5.350.031 y aumentando el impuesto (CREE), la sobretasa y el

2 Consejo de Estado, Sentencias del 21 de febrero de 2019, exp. 21366, C.P. Julio Roberto Piza; del 14 de mayo de

2020, exp. 22851, C.P. Milton Chaves García; y del del 20 de agosto de 2020, exp. 22306, CP: Julio Roberto PizaRadicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 valor del anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente, este último que correspondía al 100% de la sobretasa al CREE (f. 483 caa3). Esta corrección no fue aceptada por la Administración debido a que la actora modificó el anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente pese a no haber sido objetado por el acto de determinación oficial.

3.3Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1739 de 2014, vigente para la época de los hechos, la sobretasa a título de l CREE estaba sujeta a un anticipo del 100% de su valor, el cual debía calcularse s obre la base gravable del impuesto CREE para el año gravable inmediatamente anterior. Atendida la dinámica de este anticipo, en la declaración del año gravable 2015 debía liq uidarse el anticipo correspondiente al año 2016, aplicando a la base del impuesto CREE allí determinada, la tarifa prevista en la ley para este último año , a estos efectos, determinaba el Decreto 2243 del 2015, en su artículo 21: «Para calcular dicho anticipo, el contribuyente debe tomar la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) del año gravable 2015 y aplicar la

artículo 21: «Para calcular dicho anticipo, el contribuyente debe tomar la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) del año gravable 2015 y aplicar la tarifa prevista en la tabla del artículo 22, literal b), de la Ley 1739 de 2014 para el año gravable 2016».

Considerado lo anterior, cualquier modificación de la base imponible, afectaba indefectiblemente la liquidación del anticipo de la sobretasa del año siguiente. Entonces, como en virtud del allanamiento parcial al rechazo de costos , se aumentó la base gravable del impuesto, base de liquidación del anticipo para el siguiente año, la modificación de este (para aumentarlo), surgía consecuencialmente, condiciones en las cuales, procede reconocer la validez de la corrección provocada que fue presentada por la actora.

4Tras lo anterior, procede la Sala a dirimir los demás cuestionamientos de la apelante en relación con las modificaciones efectuadas a su liquidación privada , todos ellos fundados en que el tribunal omitió valorar las evidencias que aportó para desvirtuar las glosas relativas a la adición de ingresos, rechazo de costos y deducciones, que derivaron en un mayor impuesto a cargo y el rechazo del saldo a favor declarado.

A efectos de atender el estudio probatorio que reclama la parte actora, se evaluarán las glosas en el orden ya señalado.

4.1En particular, la Administración adicionó ingresos por valor de $2 52.608.320, que según afirma la demandante, corresponden a ingresos percibidos para terceros , según el acuerdo comercial en el que fungía como distribuidora autorizada de los productos de Compañía Agrícola SAS, sociedad que les otorgaba a los clientes finales unas

según afirma la demandante, corresponden a ingresos percibidos para terceros , según el acuerdo comercial en el que fungía como distribuidora autorizada de los productos de Compañía Agrícola SAS, sociedad que les otorgaba a los clientes finales unas bonificaciones por volumen de compras trimestrales y anuales , los cuales eran trasladados por intermedio de la demandante mediante notas crédito, que explica haber registrado contablemente como ingresos recibidos para terceros.

Se advierte que, aunque la Administración había adicionado también ingresos por valor de $443.590, esto no fue objeto de apelación, de manera que Sala no se pronunciará sobre esa glosa.

4.2En relación con la adición de ingresos por valor de $252.608.320 , la apelante sostiene que demostró la celebración del programa de incentivos , denominado «plan diamante», que la sociedad Compañía Agrícola otorgaba a los almacenes conveniados por volumen de compras trimestrales o anuales de herbicidas y que se reconocían por conducto de la actora , en su calidad de distribuidora autorizada de esos productos. A estos efectos, la actora aportó la copia de algun os de esos acuerdos celebrados, juntoRadicado: 41001-23-33-000-2019-00470-01 (25843)

Demandante: Centrogral SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 con las notas crédito con las cuales instrumentalizó los acuerdos y señaló que el registro se efectuó en el pasivo como un ingreso recibido para terceros -cuenta 280515-.

www.consejodeestado.gov.co 8 con las notas crédito con las cuales instrumentalizó los acuerdos y señaló que el registro se efectuó en el pasivo como un ingreso recibido para terceros -cuenta 280515-.

El a quo juzgó que, en virtud de la vigencia de los acuerdos de bonificaciones aportado por la demandante (i.e. 01 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015 ) no podía establecerse qué parte de la suma adicionada como ingreso correspondía a los incentivos supuestamente trasladados durante el per íodo