CE - 012333000202000535011SENTENCIA20231018121417

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 470012333000202000535 01 (67824)

Demandante: JOSÉ FRANCISCO PICÓN HERRERA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por ejecución extrajudicial. Ley 1437 de 2011. Vigencia de la acción. Caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad. Se confirma sentencia que declaró la caducidad del medio de control.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 1 8 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró la caducidad del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 12 de mayo de 2006, falleció Israel Picón Javela como consecuencia de disparos de arma de fuego efectuados por miembros del Ejército Nacional , quienes presentaron a la víctima como un delincuente muerto en combate . Mediante providencia del 30 de abril de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación condenó a los militares “que participaron en el hecho por los delitos de homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario, en concurso

providencia del 30 de abril de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación condenó a los militares “que participaron en el hecho por los delitos de homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público” , decisión que posteriormente fue confirmada a través de sentencia del 16 de abril de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Magdalena. Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable a título de falla del servicio de la muerte de Israel Picón Javela, pues su deceso obedeció a un caso de ejecución extrajudicial.2

Radicación: 470012333000202000535 01 (67824)

Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 29 de julio de 2020 1, José Francisco Picón Herrera , Amelia Picón Javela, Auris Esther Picón Javela, José de los Santos Javela y Rosanna Aicardi Palacio en nombre propio, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacio nal – Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de la muerte de Israel Picón Javela.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, a José Francisco Picón Herrera, Amelia Picón Javela, Auris Esther Picón Javela, José de los Santos Javela 200 SMLMV y

demandada a pagar, por perjuicios morales, a José Francisco Picón Herrera, Amelia Picón Javela, Auris Esther Picón Javela, José de los Santos Javela 200 SMLMV y a Rosanna Aicardi Palacio , 100 SMLMV; “por daño a la vida de relación” , 100 SMLMV a José Francisco Picón Herrera, 50 SMLMV a Amelia Picón Javela , Auris Esther Picón Javela y José de los Santos Javela y 25 SMLMV a Rosanna Aicardi Palacio; “por perjuicio extrapatrimonial causado como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor Israel Picón Javela por violación a los derechos fundamentales”, 100 SMLMV a José Francisco Picón Herrera, 50 SMLMV a Amelia Picón Javela, Auris Esther Picón Javela y José de los Santos Javela y 25 SMLMV a Rosanna Aicardi Palacio; por “perjuicio inmaterial” 100 SMLMV a José Francisco Picón Herrera, 50 SMLMV a Amelia Picón Javela, Auris Esther Picón Javela y José de los Santos Javela y 25 SMLMV a Rosanna Aicardi Palacio; y, “ por reparación integral y medida de satisfacción” ordenar a la parte demanda da pedir disculpas públicas.

En apoyo de las pretensiones, la parte dem andante afirma que el 12 de mayo de 2006 Israel Picón Javela , quien padecía una enfermedad mental por “meningoencefalitis y trauma cráneo encefálico”, salió en horas de la noche de su residencia y “empezó a caminar por el monte entre Aracataca y Fundación, al llegar al sitio conocido como Macaraquilla, al pasar por una Unidad del Batallón de

residencia y “empezó a caminar por el monte entre Aracataca y Fundación, al llegar al sitio conocido como Macaraquilla, al pasar por una Unidad del Batallón de Infantería No. 5 general José María Córdova, de manera inexplicable y brutalmente los militares empezaron a di spararle hasta promulgarle la muerte, mostrando ante los superiores un falso positivo”.

1 Archivo 4 y 9, Samai expediente digital.3

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Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

Refiere que Israel Picón Javela fue trasladado sin signos vitales a medicina legal del municipio de Fundación, en donde le fue practicada la necropsia que arrojó como conclusión que la causa de muerte fue por disparo de arma de fuego. No obstante, afirmó que se demostró que la víctima no realizó disparo alguno , pues el dictamen de residuo de disparo en mano fue negativo.

Manifiesta que, mediante sentencia del 30 de abril de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación condenó a los militares “que participaron en el hecho por los delitos de homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público”; decisión que posteriormente fue confirmada a través de sentencia del 16 de abril de 2018 , proferida por el Tribunal Superior del Magdalena.

Los demandantes consideran qu e la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Israel Picón Javela , pues uniformados de esa institución dispararon en su contra sin existir o mediar una

Los demandantes consideran qu e la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Israel Picón Javela , pues uniformados de esa institución dispararon en su contra sin existir o mediar una agresión por su parte , para presentarlo como un delincuente dado de baja en combate, lo cual devela la falla del servicio de la entidad demandada.

Textualmente señalan en el libelo introductorio que la entidad demandada es patrimonialmente responsable, porque: “del análisis de los hechos fácticos podemos colegir sin mayor esfuerzo racional que el Ejército no obró de manera razonal, ya que nunca existió un comando guerrillero que quería sorprender al Ejército, pero al ver las consecuencias y darle de baja a un ciudadano de bien lo presentan ante los superiores como un supuesto guerrillero que quería emboscar al Ejército. Ninguna de estas dos cualidades podemos predicarla de la conducta desplegada por la parte demandada en la ocurrencia de los hechos dañinos que causaron la muerte al señor Picón, por la mera imprudencia del Ejército de Colombia, quien debió tener la precaución al momento de disparar injustamente en la humanidad de un civil”.

2. Contestación

El 23 de octubre de 2020 2-3, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2 Archivo 12, Samai expediente digital. Por auto del 10 de agosto de 2020 el Tribunal Administrativo del Magdalena inadmitió la demanda y ordenó a la parte demandante adjuntar certificación de la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría General de la Nación

del Magdalena inadmitió la demanda y ordenó a la parte demandante adjuntar certificación de la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría General de la Nación 3 Archivo 15, Samai expediente digital.4

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Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional4 señaló que no estaba probado el daño, por lo que no podía efectuarse el análisis de la imputación, pues estaba proscrito todo concepto de daño hipotético o eventual. Asimismo, propuso las excepciones de caducidad del medio de control y la innominada. Textualmente indicó:

“Igualmente dentro de la presente acción se tiene que no se vislumbra el lleno de los requisitos formales tendientes a demostrar el daño, lo que claramente impide la prosperidad de las indemnizaciones pretendidas. La jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, ha establecido que para haya lugar a la indemnización se deben reunir los siguientes requisitos: que el daño sea cierto, que esté debidamente demostrado y suficientemente cuantificado. Vale la pena aclarar que el daño para ser indemnizable exige entre otros requisitos, el denominado de certeza, relacionado con la realidad de su existencia, en consecuencia, se opone a cualquier concepto de daño hipotético o eventual.

(…) En consecuencia el señor Juez y acatando la sentencia de unificación aplicable al caso concreto deberá tener en cuenta que: 1. El término para demandar con ocasión de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro

(…) En consecuencia el señor Juez y acatando la sentencia de unificación aplicable al caso concreto deberá tener en cuenta que: 1. El término para demandar con ocasión de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, es el establecido por el legislador; 2. El mencionado plazo debe computarse a partir de la fecha en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, excepto en el caso de la desaparición forzada que tiene una regulación legal expresa.

(…) Como vemos señor Juez en el presente asunto la parte demandante constituida por José Francisco Picón Herrera supo de la muerte de su familiar desde el m ismo 12 de mayo de 2006, insisto en resaltar que según la jurisprudencia del Consejo de Estado el concepto de Lesa Humanidad atenúa la caducidad de la acción contencioso administrativa mas no la desaparece de la vida jurídica y como ya manifesté desde un p rincipio la afirmación lanzada por el apoderado demandante en el presente caso de que no se configura la caducidad de la acción porque se trata de un delito de Lesa Humanidad, dicha teoría del accionante se aparta radicalmente de los antecedentes jurisprudenciales.”

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de mayo de 2021 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El extremo activo 6 indicó que el medio de control de reparación directa no

El 7 de mayo de 2021 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El extremo activo 6 indicó que el medio de control de reparación directa no estaba caducado por tratarse de un caso de ejecución extrajudicial y , por lo tanto, de lesa hum anidad, añadiendo que en el caso de autos la caducidad debía

4 Archivo 19, Samai expediente digital. 5 Archivo 25, Samai expediente digital. Mediante auto del 7 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió dar aplicación “a la figura de la sentencia anticipada, conforme a lo establecido en el numeral 3° del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, para pronunciarse sobre la caducidad” y ordenó “correr traslado a las partes para alegar de conclusión dentro de los 10 día s siguientes a la notificación de esta providencia, término dentro del cual también podrá presentar concepto el Ministerio Público, si a bien lo tiene”. 6 Archivo 23, Samai expediente digital.5

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Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

contabilizarse desde la fecha en que se profirió la sentencia penal que condenó a los militares por la muerte de Israel Picón Javela.

En efecto, indicó textualmente que “la sentencia penal se dio a fecha de 16 de abril de 2018, desde ese instante es que se cuenta la caducidad de los dos años sin que ello implique que se pueda acudir con anterioridad a la justicia contenciosa, la que

En efecto, indicó textualmente que “la sentencia penal se dio a fecha de 16 de abril de 2018, desde ese instante es que se cuenta la caducidad de los dos años sin que ello implique que se pueda acudir con anterioridad a la justicia contenciosa, la que a partir de las diversas pruebas puede llegar al convencimiento sobre la realidad de los hechos alegados por los agentes del Estado. Es decir, a partir de la teoría del descubrimiento del d año, los dos años de caducidad del medio de control de reparación directa debe comenzar a correr al día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que así lo determine. Así, para hacer razonable el término de caducidad en los mal llamados “falsos positivos ”, ejecuciones extrajudiciales o técnicamente homicidios en persona protegida, este solo podría contarse, cuando la autoridad penal declare que el Estado desconoció su deber de garante e involucró al personal civil en las hostilidades, al señalarlos como m iembros de grupos armados, cuando en realidad no lo eran. Es decir, cuando el Estado mismo, a través de la justicia penal, declare que se dio la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

3.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional7 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y resaltó que el medio de control estaba caducado porque los demandantes conocieron de la injerencia del Estado cuando falleció Israel Picón Javela.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia “anticipada” del 13 de febrero de 2020 8, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la caducidad del medio de control de

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia “anticipada” del 13 de febrero de 2020 8, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, al constatar que la parte demandante tuvo conocimiento de la “injerencia o participación del Estado” desde el 27 de mayo de 2006, cuando el padre de la víctima, José Francisco Picón Herrera , presentó la denuncia por el fallecimiento de su hijo ante el Juzgado 19 de Instrucción Penal Militar.

En este sentido, el fallo señaló: (…) De lo relacionado, el Tribunal puede concluir sin lugar a equívocos que el núcleo familiar de la víctima (Israel Picón Javela)

7 Archivo 27, Samai expediente digital. 8 Archivo 30, Samai expediente digital.6

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Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

advirtió de la injerencia o la participación del Estado o de agentes estatales en los hechos objeto de controversia judicial, desde hace mucho tiempo. De los elementos probatorios obrantes en el expediente, se acredita que el señor José Francisco Picón Herrera fue quien presentó la denuncia por la muerte de su hijo ante el Juzgado 19 de Instrucción Penal Militar y que en declaració n de fecha 27 de mayo de 2006 (16 días después del insuceso) señaló ante la autoridad competente que tal circunstancia la ocasionó el Ejército Nacional. Incluso, no puede pasar por alto el Tribunal que el 11 de diciembre de 2006 por orden del Juzgado 19 de Instrucción

tal circunstancia la ocasionó el Ejército Nacional. Incluso, no puede pasar por alto el Tribunal que el 11 de diciembre de 2006 por orden del Juzgado 19 de Instrucción Penal Militar, se efectuó la inscripción de la muerte del señor Israel Picón Javela en el registro civil de defunción. Adicionalmente, del contenido del contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 21 de junio de 2009 se infiere también que los demandantes para la época asumían que el daño era imputable al Estado, pues pretendían constituirse en parte civil en el proceso penal para obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que les fueron ocasionados por la muerte violenta de Israel Picón Javela. (…) Finalmente, resalta el Tribunal que el apoderado judicial de la parte demandante manifestó que en el año 2012 presentó solicitud de conciliación extrajudicial con citación de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional ante la Procuraduría Delegada en Asuntos Administrativos y que el día 25 de septiembre fue fijada fecha para la respectiva audiencia, la cual se declaró fallida. No obstante lo anterior, decidió presentarla nuevamente - se acredita en el proceso que fue el 29 de noviembre de 2019 - luego de haber sido confirmado el fallo penal por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Así las cosas, al haberse presentado la demanda solo hasta el 27 de julio de 2020, se infiere que la pretensión de reparación directa no fue promovida dentro del término legal. Tal como se expuso en líneas anteriores, en el expediente hay diferentes medios probatorios a partir de los cuales el Tribunal da cuenta que los interesados contaban con elementos para infer ir que el Estado estuvo involucrado y era llamado a

como se expuso en líneas anteriores, en el expediente hay diferentes medios probatorios a partir de los cuales el Tribunal da cuenta que los interesados contaban con elementos para infer ir que el Estado estuvo involucrado y era llamado a responder patrimonialmente en los sucesos que se narran en la demanda presentada desde el año 2006, con posterioridad, a la muerte del señor Israel Picón Javela. En asunto sub - judice, no se advierte que sea susceptible de uso o empleo la regla de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto a que el término pertinente no era aplicable por la ocurrencia de situaciones que impedían materialmente el ejercicio del derecho de acción, máxime cuando se probó que algunos de los demandantes en el año 2009 otorgaron poder al mismo profesional del derecho que promovió el medio de control de reparación directa, para presentar una demanda civil dentro del proceso penal y con ello exigir el reconocimiento y pago de los perjuicios causados. Incluso, en el año 2012 presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, pero decidieron esperar las resultas del fallo penal.”7

Radicación: 470012333000202000535 01 (67824)

Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

El Tribunal Administrativo del Magdalena no condenó en costas a la parte demandante porque no encontró acreditada su causación.

5. Recurso de apelación

El 21 de octubre de 20219, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 18 de noviembre de 2021 10 y admitido el 17 de enero de 202211.

5.1. La parte actora12 indicó que el medio de control de reparación directa no estaba

cual fue concedido el 18 de noviembre de 2021 10 y admitido el 17 de enero de 202211.

5.1. La parte actora12 indicó que el medio de control de reparación directa no estaba caducado, pues el fallo penal de segunda instancia que condenó a los militares que participaron en el homicidio de Israel Picón Javela fue proferido el 16 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo d el Magdalena, siendo desde esa fecha que debía contabilizarse el término para demandar. Textualmente, la parte demandante sostuvo: “el fallo penal fue el 16 de abril de 2018, en ese instante es que se cuenta la caducidad de los dos años sin que ello implique que se pueda acudir con anterioridad a la justicia contenciosa, la que a partir de las diversas pruebas puede llegar al convencimiento sobre la realidad de los hechos alegados por los agentes del Estado. Es decir, a partir de la teoría del descubrimiento del daño, los dos años de caducidad del medio de control de reparación directa debe comenzar a correr al día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que así lo determine”.

Adicionalmente, sostuvo que por tratarse el asunto bajo estudio de una g rave violación a los derechos humanos debía considerarse en virtud del principio “pro actione” ser más laxo en la aplicación del término de caducidad.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron 13 ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 14, modificado por el artículo 67 de la Ley

9 Archivo 32, Samai expediente digital.

del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 14, modificado por el artículo 67 de la Ley

9 Archivo 32, Samai expediente digital. 10 Archivo 34, Samai expediente digital. 11 Archivos 40 y 41, Samai expediente digital. 12 Archivo 32, Samai expediente digital. 13 Archivo 45, Samai expediente digital. 14 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”8

Radicación: 470012333000202000535 01 (67824)

Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia15.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga

sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación16, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 5, 157 y 247 del CPCA.

2. Medio de control procedente

La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14017 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por una acción imputable al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa o si, por el contrario, al tratarse de un presunto delito de lesa humanidad, el término de vigencia del mencionado medio de control no es exigible como requisito para la admisión de la demanda.

15 Samai, índice 8. 16 La pretensión mayo es de 900 SMLMV por concepto de perjuicios morales, lo cual es superior a 500 SMLMV ($438.901.000) del año en que ésta se presentó (2020).

15 Samai, índice 8. 16 La pretensión mayo es de 900 SMLMV por concepto de perjuicios morales, lo cual es superior a 500 SMLMV ($438.901.000) del año en que ésta se presentó (2020). 17 “Artículo 140. Reparación directa . En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operació n administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]”9

Radicación: 470012333000202000535 01 (67824)

Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción y la caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, ap untando a la protección del interés general 18, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

protección del interés general 18, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dich as oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 19, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende c omo límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede s er condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos10

Radicación: 470012333000202000535 01 (67824)

Demandante: Amelia Rosa Picón Javela y otros

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la prim era de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

La caducidad, en la prim era de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de activ idad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 201222, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA 23; así como las disposiciones del CGP 24, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados25.

20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una s anción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las