CE - 012333000202300023011SENTENCIASENTENCIA20230413171423

Radicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante LAURA CAROLINA GÓMEZ MARTÍNEZ

Demandado CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BUCARAMANGA Y OTROS Temas Acción de tutela. Estabilidad laboral reforzada. Desvinculación mujer embarazada nombrada en provisionalidad. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga y por la señora Laura Carolina Gómez Martínez contra la sentencia de 7 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que dispuso lo siguiente: «Primero. Amparar la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad de la señora Laura Carolina Gómez Martínez y en consecuencia, Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga que reconozca y pague de manera ininterrumpida los aportes al sistema de salud correspondientes al período de gestación posterior a la terminación de su vínculo laboral y hasta tres meses (3)

reconozca y pague de manera ininterrumpida los aportes al sistema de salud correspondientes al período de gestación posterior a la terminación de su vínculo laboral y hasta tres meses (3) después del parto, con el fin de que se garantice a futuro el reconocimiento de la licencia de maternidad que le asiste, y los servicios de salud que requiera, de conformidad con la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de diciembre de 2022 1, la señora Laura Carolina Gómez Martínez instauró acción de tutela, en nombre propio y en representación de su hijo por nacer, contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la seguridad social y a la igualdad, así como los derechos de su hijo.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) «PRIMERO: Se ordene en un termino no superior de 48 horas el reintegro inmediato de la suscrita al cargo que ocupaba.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura o a la entidad encargada se me cancelen oportunamente, sin solucion de continuidad los salarios y prestaciones sociales a que tengo derecho, al igual que la seguridad social hasta cuando lo señale la Ley».

1 Índice 2.Radicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 1º de diciembre de 2020, la accionante fue nombrada en provisionalidad en el cargo de escribiente nominado en el Juzgado Segundo de Familia de San Gil, gracias a que el titular del cargo solicitó licencia. 2.2. El 5 de julio de 2022, se aceptó la renuncia de quien fungía en propieda d en el cargo de escribiente nominado ; la accionante siguió ejerciéndolo en provisionalidad. Ese mismo día la vacante fue comunicada al Consejo Superior de la Judicatura. 2.3. El 29 de agosto de 2022, la tutelante le informó a la juez que preside el despacho judicial que se encontraba en estado de embarazo y ese día se le comunicó tal situación a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga. El 30 de agosto de 2022, la tutelante le informó de esto al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. 2.4. El 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo de Familia de San Gil recibió concepto favorable emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sobre la solicitud de traslado del abogado Sergio Alfonso Prada Velandia, para el cargo de escribiente nominado que ocupaba la accionante. 2.5. Mediante Resolución Nro. 0019 del 12 de octubre de 2022, la juez que preside el Juzgado Segundo de Familia de San Gil nombró en propiedad en el cargo

2.5. Mediante Resolución Nro. 0019 del 12 de octubre de 2022, la juez que preside el Juzgado Segundo de Familia de San Gil nombró en propiedad en el cargo de escribiente nominado a quien solicitó el traslado. En tal acto administrativo contrastó la hoja de vida de aquel con la del primer integrante de la lista de elegibles para proveer el cargo de escribiente nominado formulada mediante acuerdo CSJSAA22 -286 del 13 de septiembre de 2022. Producto de ese ejercicio comparativo, la juez concluyó que quien contaba con más experiencia y méritos para el cargo era el señor Sergio Alfonso Prada Velandia. El 25 de octubre de 2022, tal decisión le fue comunicada a la tutelante, a través del Oficio Nro. 00397. 2.6. El 28 de noviembre de 2022, quien fue nombrado solicitó prórroga e indicó que podría posesionarse desde el 5 de diciembre de 2022. 2.7. El 5 de diciembre de 2022, el señor Sergio Alfonso Prada Velandia se posesionó en el cargo de escribiente nominado del Juzga do Segundo de Familia de San Gil y, consecuentemente, la accionante fue desvinculada de este.

3. Fundamentos de la acción La tutelante aseguró que es madre cabeza de familia y que su desvinculación implica tanto la falta de acceso a los servicios de seguridad social para ella, para su hijo de 7 años y para el que está por nacer a finales de marzo o principios de abril de 2023, como la imposibilidad de contar con un salario que le permita sufragar las necesidades mínimas vitales de su familia.

La accionante reconoció que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el

de 2023, como la imposibilidad de contar con un salario que le permita sufragar las necesidades mínimas vitales de su familia. La accionante reconoció que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el empleado de carrera cuenta con estabilidad laboral, mi entras que la del nombradoRadicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en provisionalidad es distinta. Sin embargo, sostuvo que no podía desconocerse la protección especial, derivada de la Constitución Política, a la que tienen derecho tanto la mujer en estado en embarazo, como el niño que está por nacer o el recién nacido. Esa protección comprende a la totalidad de las madres «por lo que no puede haber exclusiones derivadas de la particularidad de la relación laboral» y por ende todas las mujeres en estado de embarazo son sujetos de especial protección constitucional. A su juicio, entonces, «la estabilidad laboral del empleado de carrera designado en propiedad no puede convertirse, por si (sic) solo, en argumento suficiente para suprimir la proteccion (sic) constitucional a las madres». Añadió que d esde la Sentencia T -494 de 2000 la Corte Constitucional reconoció que «la mujer embarazada tiene un derecho constitucional y ba estabilida laboral reforzada, pues una de las manifestaciones mas claras de discriminacion secual ha sido, y sigue siendo, el de spido injustificado de las mujeres qye se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenomeno puede implicar

ha sido, y sigue siendo, el de spido injustificado de las mujeres qye se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenomeno puede implicar para las empresas. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, como consecuencia del principio de igualdad, la mujer embarazada goza del derecho fundamental a no ser desvinculada de su empleo por esta razón» (sic para toda la cita). Con base en lo anterior, la tutelante resaltó que las servidoras de la Rama Judicial también so n titulares de tal derecho, independientemente de si se encuentran nombradas en propiedad o en provisionalidad. A su vez, llamó la atención que desde la Sentencia C-470 de 1997 la Corte Constitucional sostuvo que cuando se produce el despido de una trabaja dora, dentro de los periodos legalmente amparados de maternidad y lactancia, sin autorización previa del funcionario competente, el despido es ineficaz. A esta protección, sostuvo, se le denomina fuero de maternidad. Se refirió a instrumentos internacionales y varias sentencias de la Corte Constitucional que consagran una protección especial para la mujer en estado en embarazo y para el recién nacido. Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente: «el reintegro al cargo el cual venia desempeñando y que fui desvinculada estando dentro del periodo protegido por la Ley y la Jurisprudencia como estabilidad laboral reforzada o fuero de la maternidad. Se me siga cotizando y cancelando sin interrupcion la segurida d social a fin de poder contar con los servicios medicos durante y despues del parto; ademas de la cancelacion de mi licencia de maternidad por la entidad

cancelando sin interrupcion la segurida d social a fin de poder contar con los servicios medicos durante y despues del parto; ademas de la cancelacion de mi licencia de maternidad por la entidad encargada tal como lo señala la Ley y la Jurisprudencia de conformidad con lo preceptuado en las sentencias T-245/07, T-173/05, T-885/03 de la Corte Constitucional» (sic para toda la cita).

4. Trámite e intervenciones 4.1. En auto de 19 de diciembre de 2022, el despacho al que inicialmente se le repartió el asunto perteneciente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga asumió el conocimiento de la tutela interpuesta por Laura Carolina Gómez Martínez contra el Cons ejo Seccional de la Judicatura de Santander; vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga (Santander), a la Secretaría General de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, al señor Sergio Alfonso Parada Velandia y al Juzgado Segundo de Familia de San Gil; y negó la medida provisional solicitada. 4.2. Mediante auto de 24 de enero de 2023, la mencionada autoridad judicial sostuvo que carecía de competencia para resolver la tutela, con fundamen to en lo dispuesto en el numeral 8 2 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021. En

2 Decreto 333 de 2021. Artículo 1. Numeral 8: “ Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el

2 Decreto 333 de 2021. Artículo 1. Numeral 8: “ Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.Radicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia, dispuso enviar el expediente al Tribunal Administrativo de Santander. 4.3. Tras la remisión de la tutela al Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto de 26 de enero de 2023, se avocó conocimiento de la acción de tutela interpuesta y se dispuso efectuar las notificaciones pertinentes. 4.4. El señor Sergio Alfonso Prada Velandia , quien solicitó el traslado y fue nombrado en el cargo de escribiente que ocupaba la accionante, manifestó que se posesionó el 5 de diciembre de 2022 y sostuvo que en 32 años de servicio es la primera vez que solicita un traslado. Por último, afirmó que de su parte no existe responsabilidad alguna frente a la situación de la accionante ni sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales. Motivo por el cual solicitó negar la tutela, en lo que a él respecta. 4.5. La juez que preside el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil explicó que efectuó el nombramiento del cargo en vacancia, con conocimiento del estado de embarazo de la tutelante, con fundamento en la sentencia

respecta. 4.5. La juez que preside el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil explicó que efectuó el nombramiento del cargo en vacancia, con conocimiento del estado de embarazo de la tutelante, con fundamento en la sentencia STC14559-2021 del 29 de octubre de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, y en otros precedentes anteriores. Según e stos: «la jurisprudencia constitucional ha reconocido que cuando la finalización del vínculo laboral de una mujer embarazada obedece a que el cargo que aquella ejercía en provisionalidad es ocupado por una persona en propiedad, no puede considerarse configurada la vulneración de sus garantías fundamentales, toda vez que tal situación constituye una causal objetiva para la desvinculación, y de ningún modo puede traducirse en discriminación por su condición». Por último, manifestó que el reintegro no procede porque la persona nombrada en el cargo ostenta un derecho de acuerdo al artículo 134 de la Ley 270 de

1996. Asimismo, indicó que la razón de la desvinculación de la accionante no fue su estado de embarazo, sino el traslado solicitado. Y aseguró, sobre la solicitud de que se le cancelen salarios y prestaciones sociales y seguridad social, que en los precedentes jurisprudenciales solo se les ha ordenado a las direcciones seccionales efectuar las acciones pertinentes para garantizar los aportes al sistema de seguridad social de la embarazada. 4.6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander informó que en el mes de agosto de 2022 publicó en su micrositio web la opción de sede del cargo en vacancia definitiva de escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo de

4.6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander informó que en el mes de agosto de 2022 publicó en su micrositio web la opción de sede del cargo en vacancia definitiva de escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil. E indicó que es una obligación legal de los consejos seccionales de la judicatura publicar las sedes en vacancia definitiva que se presenten en su respectivo territorio, con el fin de que los integrantes de los registros de elegibles vigentes opten y los servidores judiciales que deseen solicitar un traslado lo presenten. A su vez, indicó que el servidor judicial Sergio Alfonso Prada Velandia solicitó se le diera concepto favorable para su traslado a ese despacho judicial. En virtud de lo anterior, mediante Oficio CSJSAO22-832 del 28 de septiembre de 2022, se otorgó conce pto favorable para el traslado del servidor judicial; decisión comunicada al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, en la misma fecha.Radicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, afirmó que cuando en una sede con vacancia definitiva se presenta una solicitud de estabilidad laboral reforzada, la decisión final sobre el nombramiento en propiedad corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora. Así lo dispuso la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en la Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022. También informó que no conoció la solicitud de estabilidad laboral reforzada

nominadora. Así lo dispuso la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en la Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022. También informó que no conoció la solicitud de estabilidad laboral reforzada presentada por la accionante, debido a que esta fue enviada a un correo electrónico erróneo, y por lo tanto no fue posible remitirla al nominador, para que dentro de sus competencias se pronunciara. Por último, solicitó se declare la improcedencia de la presente acción constitucional en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, pues de su parte no existe vulneración a ningún derecho funda mental de la accionante. 4.7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga (Santander) manifestó que el 4 de diciembre de 2022 finalizó el vínculo legal de la accionante con la Rama Judicial. Por ende, sostuvo que no funge como empleador de aquella y que efectuó último aporte al Sistema de Seguridad Social de la accionante en el mes de diciembre de 2022, por los 4 días laborados en ese mes. Y agregó que dado que la tutelante ya no se encuentra vinculada con la Rama Judicial no hay lugar a reconocer salarios, prestaciones sociales, emolumentos o cualquier otro concepto que genere erogación económica a cargo del Presupuesto General de la Nación. De otra parte, informó que, conforme fue informado por el Área de Talento Humano de la Seccional, al 12 de enero de 2023 la accionante no ha presentado solicitud de liquidación definitiva. Motivo por el cual no se ha efectuado liquidación definitiva del contrato por finalización de vínculo laboral.

Humano de la Seccional, al 12 de enero de 2023 la accionante no ha presentado solicitud de liquidación definitiva. Motivo por el cual no se ha efectuado liquidación definitiva del contrato por finalización de vínculo laboral. También consideró que en el caso no existe un perjuicio irremediable, debido a que la actora está en edad productiva y cuenta con una profesión de carácter liberal la cual puede ejercer de forma independiente. Finalmente, afirmó que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, debido a que el retiro no se produjo como consecuencia de su estado de embarazo, sino que obedeció «al nombramiento y posesión en propiedad del aspirante que ocupaba un lugar en la lista de elegibles». Y por esa razón, manifestó que no hay lugar al reintegro y pago de salarios o prestaciones sociales. Solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela interpuesta.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia del 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander amparó la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad de la tutelante.

En primer lugar, explicó que se cumplieron los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, de inmediatez y de subsidiariedad. Por lo cual consideró que la tutela interpuesta era procedente.Radicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En segundo lugar, sobre el fondo del asunto, aseguró que la accionante goza de

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En segundo lugar, sobre el fondo del asunto, aseguró que la accionante goza de una estabilidad laboral reforzada, derivada de su estado de embarazo, tal como lo dispone la Sentencia SU-975 de 2018. Seguido, manifestó que existió una omisión por parte de la señora juez Segunda Promiscuo de Familia de San Gil al no haber ofrecido trámite para definir la solicitud de estabilidad laboral reforzada de la accionante. Al respecto, explicó que en la Circular CJC22 -22, que estable ce las directrices sobre solicitudes de estabilidad laboral reforzada, la Unidad de Carrera Judicial aclaró que: «la decisión final sobre nombramiento en propiedad en cada despacho corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora, así como también definir sobre las solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los empleados en provisionalidad». En el caso, sin embargo, la nominadora no emitió pronunciamiento ni profirió un acto administrativo motivado en el que le otorgara el fuero de pro tección estabilidad laboral reforzada por encontrarse en estado de embarazo a la accionante, pese a que le fue informado el estado de embarazo. Sin embargo, afirmó que como el empleado en carrera que solicitó el traslado se posesionó en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil no es posible ordenar retrotraer esta actuación, pues de hacerlo se vulnerarían los derechos de carrera que ostenta el señor Sergio Alfonso Prada Velandia. Aun así, aseguró que debe otorgarse una medida de protección afirma tiva para la

ordenar retrotraer esta actuación, pues de hacerlo se vulnerarían los derechos de carrera que ostenta el señor Sergio Alfonso Prada Velandia. Aun así, aseguró que debe otorgarse una medida de protección afirma tiva para la protección al fuero de maternidad que ostenta la accionante. Por ende, se remitió a las reglas fijadas en la Sentencia SU-070 de 2013, en la que se dispuso lo siguiente: «Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, se aplicarán las siguientes reglas: (i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii) si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia». Así, con fundamento en esa sentencia, aseguró que la pretensión de reintegro no está llamada a prosperar porque las causas de desvinculación de la accionante son legítimas, por tratarse de un cargo ocupado en provisionalidad.

Así, con fundamento en esa sentencia, aseguró que la pretensión de reintegro no está llamada a prosperar porque las causas de desvinculación de la accionante son legítimas, por tratarse de un cargo ocupado en provisionalidad. Sin embargo, como medida de protección, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Dirección Ejecuti va de Administración Judicial Bucaramanga lo siguiente: «que, reconozca a la actora de manera retroactiva a ininterrumpida, los aportes al sistema de salud correspondientes al período de gestación posterior a la terminación de su vínculo laboral y hasta tres meses (3) meses después del parto, con el fin de garantizar a futuro el reconocimiento y disfrute de la licencia de maternidad que le asiste y los servicios de salud que requiera ella y su nasciturus».

6. Impugnaciones 6.1. La Dirección Ejecutiva Secci onal de Administración Judicial de Bucaramanga (Santander) impugnó la sentencia de primera instancia,Radicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co porque consideró que la orden impuesta excede las cargas administrativas y presupuestales de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y contravienen las reglas jurisprudenciales sentadas por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-70 de 2013 para los casos de estabilidad laboral de mujeres embarazada que ocupan cargos en provisionalidad. Sostuvo que el retiro del servicio de la accionante obedeció única y

sentadas por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-70 de 2013 para los casos de estabilidad laboral de mujeres embarazada que ocupan cargos en provisionalidad. Sostuvo que el retiro del servicio de la accionante obedeció única y exclusivamente a la provisión del cargo mediante el sistema de carrera por parte de su autoridad nominadora y que, consecuentemente, su estado de embarazo no fue el motivo de la desvincul ación. A su vez, reiteró que, justamente, al no contar un vínculo legal y reglamentario con la Rama Judicial, es imposible el pago de salarios, prestaciones sociales y emolumentos por cualquier otro concepto. Por lo anterior, solicitó que se revoqué la de cisión de primera instancia. Sin embargo, en caso de mantener el amparo, subsidiariamente pidió que la orden se ajuste a los lineamientos unificados de la jurisprudencia, es decir que esta se limite a «pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad », lo cual se traduce únicamente a efectuar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud hasta el momento del parto. E indicó que así lo estipula el artículo 2.2.3.2.1 Decreto 1427 de 2022, que regula las condiciones para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Agregó que «en caso de una eventual condena, se impartan órdenes también a la EPS SANITAS y a la accionante (...) Es decir, que una vez la accionante obtenga el certificado de licencia de maternidad (...) solicite direc tamente a la EPS SANITAS el pago de la prestación económica, y que dicha EPS, una vez valide los documentos, efectué dicho pago única y

licencia de maternidad (...) solicite direc tamente a la EPS SANITAS el pago de la prestación económica, y que dicha EPS, una vez valide los documentos, efectué dicho pago única y exclusivamente a la cuenta que especifique la señoras Gómez Martínez, sin que se giren dineros o se requiera el pago de la misma a esta entidad, al no fungir como empleador suyo». 6.2. La accionante impugnó la decisión de primera instancia por varios motivos. En primer lugar, sostuvo que la decisión de la juez que preside el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil de de svincularla aun conociendo su estado de embarazo vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la seguridad social, a la igualdad y los derechos de orden superior de su hijo que está por nacer. Al respecto, explicó que su nominadora no expidió acto administrativo en el cual resolviera su solicitud de estabilidad laboral reforzada, pese a que en la Circular CJC22 -2 del 10 de febrero de 2022 el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que «la decisión final sobre el nombramiento en propiedad en cada despacho corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora así como también definir sobre las solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los empleados en provisionalidad ». En segundo lugar, subrayó que el nombrami ento del señor Sergio Alfonso Prada Velandia, en el cargo de escribiente, obedece a un traslado, más no al nombramiento del primero opcionado de la lista de elegibles. En consecuencia, aquel gozaba de un empleo del cual obtenía sus recursos económicos, nombrado en propiedad. En ese sentido, el hecho de condicionar o suspender por un término determinado su posesión no le habría ocasionado ninguna lesión a sus

aquel gozaba de un empleo del cual obtenía sus recursos económicos, nombrado en propiedad. En ese sentido, el hecho de condicionar o suspender por un término determinado su posesión no le habría ocasionado ninguna lesión a sus derechos fundamentales o perjuicio irremediable alguno. En cambio, suRadicado: 68001-23-33-000-2023-00023-01

Demandante: Laura Carolina Gómez Martínez

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desvinculación sí implicó la violación a sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, entre otros. Por ende, sostuvo que la sentencia STC14559-2021 del 29 de octubre de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, mencionada por la nominadora, no era aplicable al caso. Resaltó que es madre cabeza de familia, pues en la actualidad es responsable de su hijo de 7 años, que una vez culmine su estado de gestación es difícil acceder a un puesto de trabajo y que se ha visto afectada por los perjuicios económicos ocasionados desde el 5 de diciembre de 2022, día en el que fue desvinculada del cargo. En tercer lugar, se refirió a jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual la estabilidad laboral del empleado de carrera no es un argumento suficiente para suprimir la protección constitucional a la mujer embarazada, ya que el fuero a la maternidad opera con independencia del tipo de relación laboral. E indicó que esa protección también cobija a las servidoras de la Rama Judicial. Aseveró que la trabajadora embarazada tiene derecho a no ser

que el fuero a la maternidad opera con independencia del tipo de relación laboral. E indicó que esa protección también cobija a las servidoras de la Rama Judicial. Aseveró que la trabajadora embarazada tiene derecho a no ser retirada del puesto de trabajo dentro de los períodos legalmente amparados de maternidad y lactancia, salvo autorización del funcionario competente, y que en caso de efectuar el despido este es ineficaz. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se revoque la orden impartida en primera instancia y que en su lugar resuelva lo siguiente: «2. (...) que se ORDENE al Consejo Seccional de la Judicatura que le comunique a la Dirección Ejecutiva de la Administració n Judicial que cancele a la accionante LAURA CAROLINA GOMEZ MARTINEZ, el valor correspondiente a los salarios dejados de percibir desde el momento en que fui desvinculada, esto es, desde el 05 de diciembre de 2022 hasta cuando se produzca el parto y demás prestaciones de ley a que haya lugar.

3. Que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa, que dentro del término de 48 horas le comunique a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial que de inmediato me cancele las cotiz aciones a la Seguridad Social desde el momento de mi desvinculación, esto es, del 05 de diciembre de 2022 hasta cuando expire el término de la licencia de maternidad.

4. Que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa que una vez finalizado el correspondiente pago de salarios y prestaciones sociales se proceda a realizar la respectiv