CE - 012333000202300169011SENTENCIA20231020181509

Radicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

Demandante: Uriel Arnobio Potosí Valdez y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

Demandante: URIEL ARNOBIO POTOSÍ VALDEZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Temas: Derecho fundamental al debido proceso . Contra providencia que avocó conocimiento de investigación por trashumancia electoral. Falta de cumplimiento de requisitos generales .

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 13 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional presentada por

providencia del 13 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional presentada por el abogado AMADEO CER ÓN CHICANGANA, en contra del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Uriel Arnobio Potos í Valdez y otros1, por medio de apoderado judicial y el señor Amadeo Cerón Chicangana como agente oficioso 2, interpusieron acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la participación política. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«- Tutelar los derechos constitucionales a la participación política (elegir y ser elegido) Art. 40 y al debido proceso Art. 29 de la Constitución Política Colombiana, amenazados por el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil.

1 Uriel Arnobio Potos í Valdez, Rodolfo Fernando Romo Romero, Jos é Elvio L ópez Obando, Luis Antonio Tintinago Mambuscay, Harold Alexis Hurtado Monta ño, Salomón Domínguez Guerrero, Mayer Sirley Cotacio, Jes ús Antonio Caicedo

Valencia, Jorge Enrique Aldana, Soraida Alegr ía Rodríguez, Cristian Nore ña Rincón, Wilder L ópez Navarro, Olbein Mej ía Quintero, Andrés Eliécer Santacruz Matabajoy, Rafael Dindicué Mesa, Jeison Andrés Mestizo, Juan Manuel Guerrero Tombé, Ismael Camayo, Agripina Aguirre Arboleda, Juan Pablo Giraldo, Mirsa Olivia Su árez, Carmen Viviana Pa lenque Riascos, Miguel Ángel González. 2 De las personas que inscribieron sus c édulas en los periodos comprendidos entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, para las elecciones al Congreso de la Rep ública; del 14 de en ero 2022 al 29 marzo de 2022, para presidente y vicepresidente de la República y del que actualmente se encuentra en curso desde el 29 de octubre de 2022 y que se llevará a cabo hasta el 29 de agosto de 2023.Radicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

Demandante: Uriel Arnobio Potosí Valdez y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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• Nulitar el proceso que avoc ó conocimiento el Consejo Nacional Electoral mediante auto del 24 de julio de 2023, teniendo en cuenta que no se decretaron todas las pruebas

• Nulitar el proceso que avoc ó conocimiento el Consejo Nacional Electoral mediante auto del 24 de julio de 2023, teniendo en cuenta que no se decretaron todas las pruebas necesarias para desvirtuar la presunción de residencia de los ciudadanos y acreditar que los ciudadanos (I) no son moradores del respectivo municipio, (II) no tienen asiento regular en el mismo, (III) no ejercen allí su profesión u oficio y (IV) tampoco poseen negocio o empleo en la entidad territorial.

• Como consecuencia de lo anterior ordénese al Consejo Nacional Electoral, decretar, practicar y valorar las pruebas solicitadas en la presente acción de tutela:

(…)». (se transcribe con posibles errores)

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La parte actora sostuvo que las comunidades del Cañón del Micay del municipio del Tambo – Cauca, en su mayoría, están integradas por campesinos que subsisten en precarias condiciones socioeconómicas como consecuencia del abandono estatal y la ausencia de participación política, sumado a las difíciles condiciones geográficas y el orden público, fenómenos que, aduce, afectan a los campesinos residentes.

Indicó que organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola – COCCAM y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, incentivaron el proceso de registro de cédulas de los residentes en la región del Cañón del Micay, con el fin de participar en las elecciones entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, para las

cédulas de los residentes en la región del Cañón del Micay, con el fin de participar en las elecciones entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, para las elecciones al Congreso de la República y del 14 de enero 2022 al 29 marzo de 2022, para Presidente y Vicepresidente de la República y las elecciones territoriales del 29 de octubre del año de 2023, bien sea en la condición de electores o candidatos.

Señaló que e l 16 de agosto de 2023, el Registrador Nacional “en abierto desconocimiento de la realidad social y comunitaria de los residentes d e esta región, estigmatizó públicamente la actividad en comento, al expresar que, las 5.600 personas inscritas en el municipio de El Tambo – Cauca, correspondían a un incremento del 226%, lo cual podría tratarse de acciones de grupos armados al margen de la Ley”.

Que e l Consejo Nacional Electoral , en auto del 24 de julio de 2023, inici ó investigación por trashumancia electoral .

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la investigación por trashumancia electoral está “orientado a dejar sin efectos la supuesta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio de El Tambo Cauca”, indicó que en ese trámite se decretó el cruce de información de diferentes bases de datos estatales y que contra esa decisión no procede recurso alguno.

Afirmó que las pruebas decretadas en el referido proceso serían conducentes, pertinentes y útiles en municipios o territorios en los que se tenga información de la comunidad en archivos o programas del Estado, como el SISBEN, ADRES, DPS,

alguno.

Afirmó que las pruebas decretadas en el referido proceso serían conducentes, pertinentes y útiles en municipios o territorios en los que se tenga información de la comunidad en archivos o programas del Estado, como el SISBEN, ADRES, DPS, CENSO ELECTORAL 2019, ANI, sin embargo, dijo que el material probatorioRadicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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decretado no es útil en el municipio de El Tambo, por su realidad geográfica y social, caracterizada po r la ausencia del Estado, toda vez que la mayoría de las personas no son beneficiarias de los citados ni han participado “posiblemente” en recientes procesos electorales.

Dijo que, “la amenaza al derecho de participación político de los tutelantes y de la comunidad del Cañón del Micay constituye una afectación grave a la participación política de estas poblaciones, cuando lo que predica el constitucionalismo colombiano con el Acto Legislativo 1 de 2023 es el acceso a la justicia material de estas poblaciones en materia económica, social, cultural y política, pregonándose una justicia distributiva con una visión integral que permita su inserción en condiciones de igualdad como al resto de la sociedad colombiana”.

acceso a la justicia material de estas poblaciones en materia económica, social, cultural y política, pregonándose una justicia distributiva con una visión integral que permita su inserción en condiciones de igualdad como al resto de la sociedad colombiana”.

Sostuvo que, “las entidades accionadas desconocen los esfuerzos realizados por los ciudadanos y la comunidad por la posible exclusión de un número significativo de cédulas que serán objeto de exclusión del censo electoral, imposibilitando la participación política. También la autoridad no tiene en cuenta fenómenos como doble registro de cédulas, nuevos residentes registrados con ocasión a las actividades económicas desarrolladas en la región, personas que cumplieron la mayoría de edad que tienen derecho de sufragio, personas desmovilizadas que inscribieron sus cédulas, entre otras que provocaron el aumento de inscripciones”.

Agregó que existe amenaza o peligro de vulneración al derecho a la participación política porque el Consejo Nacional Electoral pretende desvirtuar la presunción de residencia electoral de los ciudadanos, sin asumir la carga probatoria que permita dar por establecido de manera concurrente y simultánea: (i) que el presunto trashumante no es morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no ejerce all í su profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o empleo.

Hizo transcripción de los artículos 40 y 29 Constitucionales y del Acto Legislativo 01 de 2023.

4. Trámite Previo

El Tribunal Administrativo del Cauca, en auto del 1 de septiembre de 2023, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Cauca, en auto del 1 de septiembre de 2023, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

5. Oposición

La Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que la decisión contenida en el auto del 24 de julio de 2023, mediante la cual se avoc ó conocimiento e inició la investigación que puede anular la inscripción de las cédulas de ciudadanía de la parte actora por trashumancia, es de competencia excl usiva del Consejo Nacional Electoral , la cual puede ser consultada en el enlace: https://www.registraduria.gov.co/Cauca -3895.html.

Explicó que el Consejo Nacional Electoral es la autoridad de la Organización Electoral facultada para el procedimiento administrativo especial breve y sumario conocido comúnmente como “ trashumancia electoral”, trámite en el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene injerencia algun a.

Preciso que l a Registraduría Municipal de El Tambo – Cauca únicamente fijó en lugar público de su despacho copia del auto del 24 de julio de 2023 mediante elRadicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

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cual el CNE avocó conocimiento e inició el procedimiento para verificar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía que hubiere podido ocurrir en el municipio de El Tambo – Cauca, tal como consta en acta a las 8:00 am del día 2 de agosto de 2023, el que se desfijó el 8 de agosto de 2023.

Indicó que e l referido procedimiento, encaminado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas, fue regulado por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 2857 del 30 de octubre de 2018, actualmente vigente, mediante la cual, se impartieron directrices claras y precisas para la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que, en concordancia con los términos prescritos en el artículo séptimo de la misma Resolución, los accionantes tenían hasta el 5 de agosto de 2023 para presentar o solicitar la práctica de pruebas dentro del procedimiento adelantado por el Consejo Nacional Electoral.

Agregó que, con el ánimo de facilitar la coordinación interinstitucional y de permitir un efectivo y opo rtuno control por parte del Consejo Nacional Electoral , el Grupo Técnico de la Dirección de Censo Electoral, realizar á los cruces de la información decretados por el magistrado sustanciador en el auto admisorio, conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 2857 de 2018. Asimismo, pondrá a

decretados por el magistrado sustanciador en el auto admisorio, conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 2857 de 2018. Asimismo, pondrá a disposición de esa corporación, durante el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía y en forma permanente: (i) la base de datos de inscritos en el respectivo distrito o municipio; (i) el Archivo Nacional de Identificación ANI; (iii) el potencial de inscritos; (iv) los d atos históricos del censo electoral y, (v) la información adicional que se requiera . Igualmente, dijo que informará oportunamente sobre las alertas derivadas del comportamiento atípico en la inscripción de cédulas de ciudadanía tomando como base el comparativo de los censos poblacional y electoral, con su respectivo mapa de riesgo.

Que, en ese sentido, l a resolución que profiera el Consejo Nacional Electoral , tendiente a dejar sin efecto la inscripción de la cédula de ciudadanía cuando obtenga prueba de la inscripción irregular, será susceptible del recurso de reposición, la cual debe notificarse de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011 y, que, d e interponerse recurso de reposición contra la resolución, este debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la desfijación que realizará el registrador correspondiente, de la parte resolutiva del acto administrativo objeto de discusión, al tenor de lo dispuesto en el artículo décimo segundo de la Resolución 2857 de 2018, para que sea resuelto y atendido por el Consejo Nacional Electoral por medio de las rutas establecidas para tal fin.

El Consejo Nacional Electoral se opuso a la prosperidad de las pretensiones de

segundo de la Resolución 2857 de 2018, para que sea resuelto y atendido por el Consejo Nacional Electoral por medio de las rutas establecidas para tal fin.

El Consejo Nacional Electoral se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción de tutela, toda vez que se no se presentó por parte de la entidad vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

Aseveró que la inscripción irregular de cédulas conocido popularmente como el trasteo de votos o trashumancia electoral se encuentra ligada a la residencia, pues, en un factor que influye potencialmente para determinar su configuración o no, ya que, en últimas, el objetivo principal con ello es incidir a favor de ciertos candidatos.

Precisó que , la ley incluy ó un mecanismo preventivo de naturaleza policiva que permite, con celeridad, que el Consejo Nacional Electoral deje sin efectos la inscripción para votar que hiciere un ciudadano en un muni cipio distinto al de su residencia, distinto al procedimiento administrativo ordinario, toda vez que lo calificóRadicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

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como breve y sumario, lo que , aduce, tiene sentido, en razón a que el Consejo

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como breve y sumario, lo que , aduce, tiene sentido, en razón a que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar la real voluntad del electora do residente en un determinado municipio, sin que medie la injerencia de ciudadanos foráneos, lo que se debe materializar previo a las elecciones, dada la frecuencia de ocurrencia del fenómeno de la trashumancia electoral.

Indicó que el procedimiento por medio del cual el Consejo Nacional Electoral decidió acerca de la validez de la inscripción de cédulas en el municipio de El Tambo – Cauca para las elecciones territoriales a celebrarse en el presente año por eventuales violaciones a lo previsto en el artículo 316 de la Constitución Política, es de naturaleza policiva y, por ello, no le son aplicables las normas contenidas en el procedimiento administrativo ordinario, tal como lo dispone el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Lo anterior, porque de surtirse el procedimiento ordinario contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las decisiones solo cobrarían firmeza mucho tiempo después de la fecha de las elecciones, lo que haría ineficaz la previsión legal antes comentada.

Expuso que el primer mecanismo de notificación que se efectúa a los particulares se surte de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del CPACA. Sin embargo, no es el único medio de publicidad del singular procedimiento administrativo, por el contrario, el artículo 11 de la Resolución 2857 de 2018 es claro en señalar que las decisiones que se adopten como consecuencia del mismo, deberán ser también

no es el único medio de publicidad del singular procedimiento administrativo, por el contrario, el artículo 11 de la Resolución 2857 de 2018 es claro en señalar que las decisiones que se adopten como consecuencia del mismo, deberán ser también publicadas en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral y se debe fijar un aviso con copia de la parte resolutiva por el término de cinco días calendario en la correspondiente Registraduría del Estado Civil, para garantizar así los mecanismos administrativos de defensa para controvertir lo inicialmente decidido por el Consejo Nacional Electoral.

Por lo tanto, el censo electoral, que se ve afectado tanto por el acto de inscripción de cédulas de ciudadanía para votar, como por el acto que deja sin efectos tal inscripción, es un registro público y como tal los actos relacionados con el mismo, por lo que no existe vulneración del derecho fundamental al debido proceso con tal medida.

Explicó que el acto administrativo es el resultado de una investigación administrativa, basada en el procedimiento al cual deben ceñirse las investigaciones administrativas por presunta inscripción irregular de cédulas y que, en tal sentido, el Consejo Nacional Electoral procedió a contrastar la información suministrada por el accionante en el momento de la inscripción de su cédula en el municipio de El Tambo – Cauca con la contenida, entre otras, en las bases de datos de ADRES, del Agencia Nacional para la superación de l a Pobreza Extrema

(ANSPE) y del SISBEN.

Informó que esa prueba no arrojó algún resultado positivo de que el mismo tuviera relación material de residencia electoral, con lo que se desvirtuó la presunción legal de la manifestación de residir en el lugar donde se adelanta este trámite y, que, en

Informó que esa prueba no arrojó algún resultado positivo de que el mismo tuviera relación material de residencia electoral, con lo que se desvirtuó la presunción legal de la manifestación de residir en el lugar donde se adelanta este trámite y, que, en consecuencia, se aplicó el correctivo que la ley prevé para estos eventos, cual es dejar sin efecto la inscripción de la cédula de ciudadanía realizada en dicho municipio.Radicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

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Conforme a lo anterior, dijo que, con la decisión tomada mediante el auto del 24 de julio de 2023 , el Consejo Nacional Electoral no n egó el derecho a elegir y ser elegido, toda vez que, los actores podrán ejercer el derecho en el municipio donde se encuentra inscrito al censo electoral en la elección anterior, en el que podrá ejercer su derecho al voto.

Adicionalmente, indicó que l a Resolución 2857 de 2018 , contempla que los actos emitidos en virtud de la trashumanc ia electoral pueden ser recurridos por los particulares, quienes en desarrollo de ese trámite pueden controvertir los fundamentos probatorios en que se sustentó la decisión inicial, lo que puede llevar a una reincorporación al censo electoral del municipio correspondiente.

particulares, quienes en desarrollo de ese trámite pueden controvertir los fundamentos probatorios en que se sustentó la decisión inicial, lo que puede llevar a una reincorporación al censo electoral del municipio correspondiente.

Al respecto, mencionó que, las decisiones tomadas dentro del procedimiento breve y sumario sobre la declaratoria sin efectos de la inscripción de cédulas, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de diciembre de 1998, señaló lo siguiente:

“(...) Este acto administrativo es una decisión de Policía Administrativa de aplicación inmediata, en los términos del artículo primero del Código Contencioso Administrativo cuyo fin es: “evitar o remediar una perturbación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas” y como resulta de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, donde se señala que “sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante un procedimiento BREVE Y SUMARIO se compruebe que el inscrito no residen en el municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción”, lo anterior es aplicable, aun cuando contra esta providencia procediera por la vía gubernativa, un recurso de reposición (...)”.

En lo demás, destacó que para efecto de adoptar la decisión se lleva a cabo un procedimiento garantista, en el que se dispone el despliegue de toda una actividad probatoria que incluye, en primer término, el cruce de bases de datos relacionadas con el Sisbén y los regímenes de seguridad social en salud, etc., con la relación de cédulas denunciadas o inscritas, de las cuales es posible establecer si figuran como residentes en determinado municipio.

con el Sisbén y los regímenes de seguridad social en salud, etc., con la relación de cédulas denunciadas o inscritas, de las cuales es posible establecer si figuran como residentes en determinado municipio.

Con base en lo anterior, sost uvo que el Consejo Nacional Electoral no vulner ó, ni puso en peligro los derechos fundamentales a elegir y ser elegido ni al debido proceso de los demandantes.

6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 13 de septiembre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, porque la decisión de investigación de trashumancia electoral fue debidamente sustentada en la información de las bases de datos, igualmente, concluyó que la decisión fue puesta en conocimiento mediante la fijación en lista realizada por la Registraduría Municipal del El Tambo y, porque, de conformidad con la Resolución 2857 de 2018, los accionantes y ciudadanos interesados en el proceso de trashumancia, tenían tres días desde la publicación del aviso para presentar y solicitar la práctica de pruebas, circunstancia que no está acreditado que hubiera r ealizado el apoderado de la parte actora.Radicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

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7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual, señaló que, si bien es cierto que reposa en el expediente nota de publicación y fijación de aviso del auto del día 24 de julio de 2023, el mismo no indicó los términos, recursos o las actuaciones que podrían interponer los ciudadanos directamente afectados en este proceso administrativo, que, en su contenido se advierte que no era procedente recurso alguno, lo que, considera, genera confusión para los ciudadanos afectados en sus derechos fundamentales de participación política y debido proceso.

Dijo que, a pesar de que el inciso 5 del artículo séptimo de la Resolución 2857 de 2018, establece que desde la publicación del aviso y hasta los tres días siguientes, los ciudadanos relacionados en la actuación podrán presentar y solicitar la práctica de pruebas, no fue publicada lista alguna que permitiera conocer a los ciudadanos del municipio de El Tambo, si sus inscripciones serían o no investigadas dentro del proceso adelantado por el CNE.

Que, en el aviso no se indicó a los residentes del municipio que contaban con 3 días a partir de su publicación para solicitar las pruebas que consideraran pertinentes; situación que como ya se mencionó no tuvo en cuenta la realidad social de la población a la cual iba dirigida.

Agregó que, debido a que no fue publicado el listado de ciudadanos que eventualmente podrían ser afectados, quienes además no fueron notificados

de la población a la cual iba dirigida.

Agregó que, debido a que no fue publicado el listado de ciudadanos que eventualmente podrían ser afectados, quienes además no fueron notificados personalmente, no les fueron precisados los recursos, términos o actuaciones que podrían interponer, con ello se evidencia que existió vulneración al debido proceso, lo que les impidió ejercer el derecho de contradicción en esa actuación administrativa, pues al no tener conocimiento de la instancia en la cual podrían solicitar las pruebas o si quiera conocer si su inscripción era objeto de investigación, no podrían participar dentro del proceso que estaba adelantando el CNE.

Mencionó que la investigación dentro del proceso de trashumancia se dio por el registro de cédulas inscritas desde el 13 de marzo de 2012, es decir , cuando ya han transcurrido más de 10 años y se han realizado votaciones para congreso, presidencia, vicepresidencia, sin embargo , que es cuando se van a realizar las votaciones territoriales para alcaldía, concejo, asambleas, entre otras , que de manera arbitraria el Registrador Nacional solicit ó una investigación al Consejo Nacional Electoral, tan solo tres meses antes de las elecciones departamentales.

A su juicio, es evidente que existe una vulneración a los derechos fundamentales y que también existe una inminente vulneración al principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, pues no se tuvo en cuenta la realidad social de la población del municipio de El Tambo, especialmente, de los habitantes del Ca ñón del Micay, quienes son ciudadanos colombianos que en su inmensa mayoría integran el sector social del campesinado, que están en condiciones de exclusión social caracterizadas por la escaza escolaridad , como también por la

del Ca ñón del Micay, quienes son ciudadanos colombianos que en su inmensa mayoría integran el sector social del campesinado, que están en condiciones de exclusión social caracterizadas por la escaza escolaridad , como también por la ausencia de las políticas sociales el estado, que hoy intentan remediar con la participación en los procesos electorales locales y regionales a fin de convertirse en actores propositivos para coadyuvar en el mejoramiento de sus condiciones de vida, lo que se impediría con estas actuaciones que denotan un trato injusto por parte del estado colombiano.Radicado: 19001-23-33-000-2023-00169-01

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Dijo que, si no fue presentada petición ante el Consejo Nacional Electoral, es por la inminente vulneración del derecho de participación política de la población del municipio de