CE - 012333000202300283011SENTENCIASENTENCIA20230427152255

Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

Demandado: Cámara de Representantes Radicación: 05001-23-33-000-2023-00283-01

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 05001-23-33-000-2023-00283-01

Demandante: HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ

Demandado: CÁMARA DE REPRESENTANTES

Tema: Requisito de procedibilidad del agotamiento previo de la constitución en renuencia – para prescindir su exigibilidad se debe sustentar y acreditar que el perjuicio irremediable cumple las características concurrentes de: inminencia, urgencia, gravedad e impostergable–.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia de 10 de marzo de 2023. En la providencia mencionada, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia denegó por improcedente la solicitud de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La pretensión de cumplimiento

El 27 de febrero de 2023, e n ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de

solicitud de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La pretensión de cumplimiento

El 27 de febrero de 2023, e n ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Hernán Darío Cadavid Márquez 1 demandó a la Cámara de Representantes de Colombia . En el escrito radicado por medio electrónico 2, pretendió el obedecimiento del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congr eso (LOC) –5.ª de 19923–, y solicitó lo siguiente:

Que se exhorte de manera urgente e inminente al Presidente de la C amara de Representantes el señor DAVID RICARDO RACERO MAYORCA para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la ley 5 de 1992, es decir, la facultad de apelar las decisiones de los Presidentes ante la respectiva Corporación Legislativa, convoque inmediatamente a la Plenaria de la Cámara de Representantes para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto el 16 de febrero de 2023 contra la decisión de efectuar el Reparto del Proyecto de Ley No. 339 de 2023 Cámara “Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se

1 Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia 2022-2026. 2 Según la documental que se en cuentra en el índice 2 del aplicativo SAMAI, en el trámite del presente asunto en segunda instancia. 3 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes».Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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dictan otras disposiciones” a la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes[4].

2. Hechos

En el documento contentivo de la solicitud de cumplimiento , el demandante elaboró un acápite denominado «HECHOS». La Sala resume los supuestos fácticos a continuación:

El representante a la Cámara , Hernán Darío Cadavid Márquez manifestó que el Gobierno nacional radicó el 13 de febrero de 2023, ante la corporación legislativa, el proyecto de ley nro. 339 de 2023 ; «[p]or medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones». Seguidamente, indicó que e n un tuit5 del día 16 siguiente, el presidente de esa célula legislativa, David Ricardo Racero Mayorca informó a la comunidad que el trámite a impartir al asunto sería el de ley ordinaria y ante l a Comisión Séptima Constitucional Permanente.

A su turno, el 16 de febrero de 2023, e l demandante y otros congresistas 6 apelaron la «decisión» del presidente de la Cámara, de acuerdo c on las previsiones del artículo 44 de la LOC7, para que «inmediatamente» ante8 «la respectiva Corporación Legislativa» se resolviera sobre el reparto del proyecto de ley. En el recurso de alzada que se aportó con la demanda, los recurrentes

previsiones del artículo 44 de la LOC7, para que «inmediatamente» ante8 «la respectiva Corporación Legislativa» se resolviera sobre el reparto del proyecto de ley. En el recurso de alzada que se aportó con la demanda, los recurrentes explicaron que al asunto se le debió impartir el trámite de ley estatutaria y cursar ante la Comisión Primera Constitucional Permanente, porque su articulado afecta principios estrechamente relacionados con el derecho fundamental a la salud9.

Según el accionante indicó, el representante David Ricardo Racero Mayorca negó «darle trámite del recurso de apelación», el 20 de febrero de 2023. Con la solicitud de cumplimiento aportó la comunicación mencionada.

3. Razones del posible incumplimiento

El actor consideró desatendido el artículo 44 de la LOC, porque la plenaria de la Cámara de Representantes debió resolver el recurso de apelación en cuanto a la

4 La transcripción se realiza tal cual, incluso con posibles errores del accionante. 5 Mensaje digital de la cuenta del congresista a través de su red social de Twitter®. 6 Paloma Valencia Laserna , Humberto d e la Calle, Jonathan Pulido Hernández, David Luna, Catherine Juvinao y Carlos Fernando Motoa. 7 «Decisiones presidenciales. Las decisiones de los Presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva Corporación Legislativa». 8 Según se observa de la disposición transcrita l as palabras citadas en corchetes se encuentran unidas por la preposición «ante» que, según el Dle. significa: «… 1. prep. frente a (‖ enfrente de). ||2. prep. En presencia de …».

unidas por la preposición «ante» que, según el Dle. significa: «… 1. prep. frente a (‖ enfrente de). ||2. prep. En presencia de …». 9 En la demanda fue citado el siguiente enlace digital: https://www.dejusticia.org/column/reforma-ala-salud-y-ley-estatutaria/ (Dejusticia. «Reforma a la salud y ley estatutaria» Uprimny Yepes. 25-022023). Asimismo, fue aportado el escrito contentivo del recurso de apelación en el cual se anexó una tabla con las disposiciones del proyecto de ley, que se tramita en el Co ngreso de la República de Colombia, y las razones por las cuales afecta principios del derecho a la salud.Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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decisión del presidente de esa célula legislativa , frente al reparto y curso del proyecto de ley nro. 339 de 2023 a la Comisión Séptima Constitucional Permanente. En ese sentido , expresó que lo anterior no ocurrió, como da cuenta la comunicación de 20 de febrero de 2023. En su criterio, la respectiva corporación legislativa es a quien le corresponde definir «cuál es el trámite que le da al proyecto de ley so pena de incumplir un mandato de ley claro y expreso ( DONDE EL LEGISLADOR NO DISTIN GUE NO LE ES DABLE HACERLO AL INTERPRETE Art. 25 Código Civil)».

proyecto de ley so pena de incumplir un mandato de ley claro y expreso ( DONDE EL LEGISLADOR NO DISTIN GUE NO LE ES DABLE HACERLO AL INTERPRETE Art. 25 Código Civil)».

Por otra parte, en el documento contentivo de la demanda de cumplimiento, el demandante elaboró un acápit e denominado « PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/PERJUICIO IRREMEDIABLE Y SOLI CITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA». Manifestó que prescindió del requisito de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 y que acudió directamente a l a jurisdicción ante la existencia de un perjuicio irremediable que invocó, bajo las mismas razones , en las que sustentó la solicitud de decreto de medidas cautelares de urgencia, según el artículo 234 de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA). Para justificar la premura de su proceder, expresó lo siguiente:

• «[e]l inminente peligro de que la voz y la posición jurídica y política de congresistas de diferentes colectividades sufra un perjuicio irremediable»;

• «para que no se vea anulado el derecho fundamental a la participación y a la oposición política»;

• los motivos por los cuales debe tramitarse como ley estatutaria al proyecto 339 de 2023 no «es una posición caprichosa de un solo congresista o de un solo partido de oposición », sino de varías colectividades políticas del país. En ese sentido, se aludió que la reforma propuesta por el Gobierno nacional afecta elementos esenciales del derecho fundamental a la salud ; por tanto, el debate

partido de oposición », sino de varías colectividades políticas del país. En ese sentido, se aludió que la reforma propuesta por el Gobierno nacional afecta elementos esenciales del derecho fundamental a la salud ; por tanto, el debate democrático de su aprobación debe ser adelantado por el trámite de ley estatutaria que reúne los siguientes presupuestos:

1. Tramitarse en un periodo de sesiones ordinarias y no extraordinarias con mensaje de urgencia como se pretende realizar.

1. Que tenga que tramitarse en 8 debates legislativos iniciando por la comisión constitucional primera de la camara de representantes y n o únicamente en 4 debates.

1. Que se apruebe a través de mayoría calificadas y no mayorías simples.

1. Que antes de su aprobación tenga un control previo de constitucionalidad por parte del interprete autorizado de la Constitución (Corte Constitucional).

• «esta reforma a la salud pretende ser aprobada en menos de 2 semanas, antes de que inicien las sesiones ordinarias del Congreso de la Republica a través deDemandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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un mensaje de urgencia anulando el pleno de garantías a diferentes voces del Congreso de la República»[10].

4. Admisión de la demanda

En auto de 27 de febrero de 2023 , el magistrado ponente del Tribunal

un mensaje de urgencia anulando el pleno de garantías a diferentes voces del Congreso de la República»[10].

4. Admisión de la demanda

En auto de 27 de febrero de 2023 , el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda. Igualmente, en dicha providencia la autoridad judicial o rdenó la notificación de lo decidido a l d emandante, a l presidente de la Cámara de Representantes y al presidente del Senado de la República.

4. Informe

La j efe de la división jurídica de la Cámara de Representantes se opuso a la prosperidad de la demanda. Mencionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado11 ha indicado que se deben cumplir varios requisitos para la procedencia de este me canismo y que, a su juicio, no se acreditan en el presente asunto . Consideró que el actor propone un debate de carácter interpretativo de la disposición invocada y cuestionar el contenido del articulado del proyecto de ley nro. 339 de 2023 . En ese sentido, alegó que el medio de control de cumplimiento no fue previsto para esas finalidades, que la discusión que se plantea sería pasible de dirimir al interior del ágora parlamentario y, en todo caso, en la acción pública de inconstitucionalidad.

No obstante, la profesional del derecho explicó que el presidente de la Cámara de representantes no vulneró garantías fundamentales ni desatendió el artículo 44 de la LOC, por el contrario, indicó que la interpretación del representante de la disposición no es la acertada . A simismo, dijo que, en el comunicado de 20 de

representantes no vulneró garantías fundamentales ni desatendió el artículo 44 de la LOC, por el contrario, indicó que la interpretación del representante de la disposición no es la acertada . A simismo, dijo que, en el comunicado de 20 de febrero de 2023, «nunca se hizo una negativa como lo expone el accionante, sino que la presidencia se c iñó a lo ordenado en le Ley 3 de 1992, considerando que es la norma especial que regula la materia»[12].

En la contestación se reiteró que la apelación devino en improcedente, en síntesis, porque fue interpuest a antes de la actuación de reparto del proye cto de ley: acaecida el «17 de febrero de 2023». Asimismo, que se aclaró que el presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente también recurrió con igual fundamento jurídico al citado por el actor, pero, este sí, fue radicado con posterioridad a la fecha del reparto reprochado. Entonces, como el objeto de la discrepancia conllevaba un conflicto de competencias entre las comisiones y el trámite a impartir , se dio aplicación a las reglas de competencia y procedimiento

10 Las transcripciones se realizan tal cual, incluso con posibles errores del accionante. 11 En la contestación se citó « Consejo de Estado Sección Qu inta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12 de mayo de 2016. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicación número: 25000-23-41-000-2016-00207-01(ACU)». 12 Las transcripciones se realizan tal cual, incluso con posibles errores en la contestación.Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

Demandado: Cámara de Representantes

número: 25000-23-41-000-2016-00207-01(ACU)». 12 Las transcripciones se realizan tal cual, incluso con posibles errores en la contestación.Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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establecido en los artículo s 2 .º y 3.º de la Ley 3.ª de 1992 13, que, según se precisó, permit en decidir de plano el asunto , por cuanto son especiales y preferentes al artículo 44 de la Ley 5.ª de 1992.

De acuerdo con lo anterior, iteró que los siete congresistas que presiden las comisiones permanentes fueron convocados para resolver el conflicto . En esa oportunidad, los presidentes determinaron14 que el artículo 151 del proyecto de ley nro. 339 de 2023 otorga facultades extraordinarias al señor presidente de la República y, en cons ecuencia, de acuerdo con el procedimiento y competencias previstas en la Ley 3.ª de 1992, el asunto fue repartido a la Comisión Séptima Constitucional Permanente para que se adelantara su trámite como ley ordinaria.

A su vez, la jefe jurídica de la entidad controvirtió el criterio del representante actor en cuanto al carácter imperativo e inobjetable de la disposición que invocó . Sostuvo que , erradamente, se pretende hacer extensible a todo tipo de decisión presidencial el recurso de apelación ; señaló que dicha interpretación daría lugar a

en cuanto al carácter imperativo e inobjetable de la disposición que invocó . Sostuvo que , erradamente, se pretende hacer extensible a todo tipo de decisión presidencial el recurso de apelación ; señaló que dicha interpretación daría lugar a que cualquier actuación sea recurrida ante la respectiva Cámara , como el simple hecho de dirigir la plenaria, escenario que dejaría sin sentido el ejercicio de las funciones presidenciales.

Finalmente, precisó que el a rtículo invocado se refiere a la apelación de las decisiones presidenciales que se adopten en el desarrollo de las plenarias, pues, precisamente, ese es el significado que el artículo 44 ejusdem al indicar «… inmediatamente ante la respectiva Corporación Legislativa», apartado que permite encontrar su alcance, al delimitar el contexto en el que se aplica . Es decir, explicó que no todas las disposiciones de los presidentes son recurribles como las actuaciones administrativas de trámite, como el reparto de lo s p royectos de ley ante las comisiones de la corporación.

5. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo de 10 de marzo de 2023, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia denegó por improcedente la solicitud de cumplimiento. Como cuestión previa, en primer lugar, en cuanto a l requisito de constitución en renuencia, la sentencia indicó lo siguiente:

En el escrito del accionante se relaciona un acápite denominado «PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/PERJUICIO IRREMEDIABLE Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA». […] allí se justifica el incumplimiento del requisito de procedibilidad dispuesto

«PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/PERJUICIO IRREMEDIABLE Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA». […] allí se justifica el incumplimiento del requisito de procedibilidad dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1.997 en la causación de un perjuicio irremediable, consistente en el trámite de una ley estatutaria

13 «Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones». 14 En la respuesta se indicó que cinco presidentes apoyaron la decisión, uno se abstuvo y otro no participó.Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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según el procedimiento de ley ordinaria [15]. Sobre este aspecto, el Despacho del Magistrado ponente estuvo de acuerdo y por ello se admitió la demanda.

Segundamente, el a quo señaló que la redacción del accionante fue contradictoria y que las medidas cautelares no son aplicables a los trámites de la acción de cumplimiento porque «… el legislador no previó esta posibilidad por la naturaleza y finalidad de la acción»16. A su vez, explicó que, si bien el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 dispone que en lo no regulado se aplicarán las normas del CPACA, dicha remisión es posible en cuanto a disposiciones compatibles: que no es el caso del régimen cautelar.

de 1997 dispone que en lo no regulado se aplicarán las normas del CPACA, dicha remisión es posible en cuanto a disposiciones compatibles: que no es el caso del régimen cautelar.

En cuanto al caso concreto , el Tribunal indicó que el presidente de la Cáma ra de Representantes es el competente para realizar el reparto de los proyectos de ley, decisión que debe orientarse por el principio de especialidad según la temática del proyecto17. En cuanto al obedecimiento del artículo 44 de la Ley 5 de 1992, señaló que l os sujetos procesales identifica ron dos interpretaciones razonables de la disposición. No obstante, sostuvo que este medio judicial no es el me canismo idóneo para determinar su interpretación válida18; Por tanto, no se cumplía con el requisito fundamenta l: que el mandato imperativo del legislador sea tan claro, expreso y exigible, que no exista lugar a duda sobre la obligatoriedad de su aplicación. En ese sentido, concluyó lo siguiente:

En síntesis, no compete a esta Sala, ni por medio de esta acción, de finir la interpretación válida de una norma, pretensión que subyace a la solicitud de cumplimiento del mandato legal. Ambas partes presentaron interpretaciones razonables del artículo 44 de la Ley 5 de 1.992, unas aisladas y otras en conjunto con demás reg las; sin embargo, ambas admiten lógica y sensatez. De allí que el mandato no sea claro, expreso, exigible.

6. Impugnación

El representante a l a Cámara accionante impugnó el fallo de la primera instancia; solicitó la revocatoria y que se acceda a su pret ensión. En el confuso escrito se

6. Impugnación

El representante a l a Cámara accionante impugnó el fallo de la primera instancia; solicitó la revocatoria y que se acceda a su pret ensión. En el confuso escrito se sostuvo que el Tribunal tuvo como fundamento , para denegar su pedimento , la interpretación de la demandada en cuanto al artículo 44 de la Ley 5.ª de 1992 . En ese sentido, se alegó que «… en contra del argumento establecido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, l a ley 5 no establece cuáles decisiones que toma el

15 En este punto de la provid encia, el Tribunal trascribió el contenido del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. 16 El juez de primera instancia citó un aparte de la siguiente providencia: «… Sección Quinta del Consejo de Estado en Sentencia del 21 de agosto de 2014, con radicación 25000-23-41-000-201400637-01 y ponencia del Magistrado Alberto Yepes Barreiro». 17 El a quo expuso las previsiones de los artículos 43.5 y 144 de le Ley 5ª de 1992 y 2.º de la Ley 3 de 1992. 18 En la decisión recurrida se acudió a las consideraciones de las si guientes providencias: «CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 2 de octubre de 2003. Exp. 25000 -2324-000-2003-1071-01(ACU). C.P. Darío Quiñones Pinilla || Sentencia del 7 de febrero de 2001 (ACU-3151-1) de la Sección Primera…».Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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(ACU-3151-1) de la Sección Primera…».Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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Presidente de la Cámara de Representantes son apelables, si las que se toman en sesiones ordinarias o las que se toman en sesiones extraordinarias. El artículo 44 establece simplemente que las decisiones son apelables ante la respectiva Corporación Legislativa».

Asimismo, reprochó que el a quo no sustentó si la apelación solo es procedente respecto de las decisiones tomadas por el presidente de la corporación durante las sesiones plenarias o que proceda contra todas . Al respecto, el representante manifestó que el Tribunal «… se limita a presentar su propia interpretación frente al artículo. Es precisamente frente a esta situación que se presenta la siguiente critica:

De conformidad con el principio general de interpretación jurídica “ DONDE LA LEY NO DISTINGUE NO LE ES DADO AL INTERPRETE HACERLO ”, no puede el Tribunal Administrativo de Antioquia fijar esta interpretación y en consecuencia aplicarla, cuando la ley es clara y no distingue si se trata de decisiones tomadas en sesiones ordinarias o extraordinarias.

Se recuerda que el artículo 25 del Código Civil establece que la interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, corresponde al legislador. Recordando que este artículo fue declarado condicionalmente exequible en la Sentencia C -820 de 2006, en el sentido de entender que la

se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, corresponde al legislador. Recordando que este artículo fue declarado condicionalmente exequible en la Sentencia C -820 de 2006, en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general. Es decir, los únicos autorizados para realizar la interpretación de una ley oscura es el Legislador, y la Honorable Corte Constitucional. En ese orden de ideas, los Jueces no están autorizados para fijar interpretaciones de artículos oscuros, y, por lo tanto, debe dar aplicación estricta a lo que establece la ley, que para el caso que nos ocupa, es el artículo 44 de la Ley 5 de 1992 que no distingue qué tipo de decisiones del presidente de la Cámara de Representantes son apelables.

Permitir dar aplicación a la interpretación que hace el Tribunal Administrativo de Antioquia alteraría el principio de seguridad jurídica y la voluntad del legislador.

Por otra parte, el impugnante indicó que el Tribunal dio prevalencia a la interpretación más restrictiva, que se sustenta en la autonomía del presidente de la corporación en detrimento del derecho fundamental de oposición y el principio de la deliberación democrática [Ley 1909 de 2018]. Reprochó que lo anterior cobra relevancia si se tien e e n cuenta que se deb e definir el adecuado trámite de un proyecto de ley tan importante para el país. A su juicio, «[e]s falso decir que existe una norma especial toda vez que la Ley 5 no distingue a qué recurso de apelación se le debe dar trámite y a cuá les no, o si están en sesiones ordinarias o en plenaria […] es menester aplicar una interpretación sistémica del ordenamiento

una norma especial toda vez que la Ley 5 no distingue a qué recurso de apelación se le debe dar trámite y a cuá les no, o si están en sesiones ordinarias o en plenaria […] es menester aplicar una interpretación sistémica del ordenamiento jurídico. El artículo 44 de la ley 5 de 1992 es claro, y quien ha querido cambiar la interpretación es el Tribunal Administrativo de Antioquia».Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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Finalmente, el accionante expresó que « … aún cuando se admitiera que la norma permite 2 interpretaciones, el interprete no puede aplicar la interpretación más restrictiva de derechos fundamentales, en este caso, más restrictiva del derecho a la oposición y del derecho a la deliberación en el seno del Congreso exigiéndole al presidente darle curso de apelación»[19, y trascribió lo siguiente:

“En este sentido, cada una de sus cláusulas debe interpretarse en armonía con las restantes disposici ones jurídicas, en atención a principios como el principio de interpretación conforme a la Constitución (C.P. art5. 4) o el principio de primacía de los derechos (C.P. art. 5). Ante una norma ambigua, cuya interpretación razonable admita, cuando menos, dos sentidos diversos, el principio de interpretación conforme ordena al interprete que seleccione aquella interpretación que se adecue de mejor manera a las disposiciones constitucionales. Pero puede ocurrir que una

admita, cuando menos, dos sentidos diversos, el principio de interpretación conforme ordena al interprete que seleccione aquella interpretación que se adecue de mejor manera a las disposiciones constitucionales. Pero puede ocurrir que una de las dos interpretaciones origine una no rma inconstitucional. En este caso debe abrirse un juicio constitucional contra la norma ambigua, al cabo del cual procederá una decisión de exequibilidad condicionada a la expulsión del extremo inconstitucional de la disposición demandada, del ordenamiento jurídico. Ahora bien, cuando una norma, aparentemente, admite una interpretación que pugna, de manera radical y evidente, con las disposiciones constitucionales, pero sin embargo no se trata de la interpretación natural y obvia, la más razonable o la única posible, debe señalarse que la mencionada interpretación es jurídicamente improcedente ”. (Énfasis fuera del texto original)[20].

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 10 de marzo de 2023 de la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunal es Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problema jurídico a resolver

para conocer de «… las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunal es Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 10 de marzo de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes problemas jurídicos a resolver:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en renuencia al presidente de la Cámara de Representantes respecto del artículo 44

19 Las transcripciones se realizan tal cual, incluso con posibles errores del impugnante. 20 En el escrito de impugnación no se indicó cuál era la fuente del apartado transcrito.Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez

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de la Ley 5.ª de 1992 , de conformidad con lo previsto en e l artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

En caso de encontrarse acreditado lo anterior, ¿en el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción y (ii) requisito de procedibilidad de la renuencia.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo21 para que toda persona pueda «… acudir ante la

requisito de procedibilidad de la renuencia.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo21 para que toda persona pueda «… acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «… cuando el cumplirlo