CE - 012333000202300323011SENTENCIA20231012145750

Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 13001-23-33-000-2023-00323-01

Demandante: ALEJANDRA JUDITH SALOM CALLEJAS

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela de fondo – derecho de petición – temeridad. Se revoca fallo de primera instancia y, en su lugar, se niega el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 6 de septiembre de 2023, por la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró que existió temeridad en el pre sente asunto y, en consecuencia , negó la solicitud de tutela presentada por la actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Alejandra Judith Salom Callejas, en nombre propio, presentó acción de

negó la solicitud de tutela presentada por la actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Alejandra Judith Salom Callejas, en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra la Procuraduría General de la N ación, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición.

La mencionada garantía constitucional la estimó vulnerada por la autoridad en mención, con ocasión de la falta de r espuesta a la petición de 29 de agosto de 2022, mediante la c ual solicitó el «traslado de la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, solicitando además autorización para realizar mi trabajo con funciones en Cartagena».

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Con el fin de garantizar restablecer mi derecho fundamental de petición, respetuosamente solicito al Juez de la República, el ordenar a la procuradora

General Margarita Cabello Blanco localizada en la Carrera 5 No. 15 -80 Bogotá. Teléfono 6015878750 que en el término máximo de (48) Cuarenta y Ocho Horas, contado a partir de la Notificación del fallo de primera instan cia, proceda a resolver

1 Mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2023.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

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Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de fondo el Derecho de Petición de traslado de Alejandra Judith Salom Calle jas de la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras a la Procuraduría Delegada Ambiental con funciones en Cartagena.

SEGUNDA: En subsidio d e lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la República, el ordenar todo lo que el despac ho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mi derecho fundamental de Petición2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al expediente , se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relev antes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La parte actora c omentó que el 29 de agosto de 202 2 le remitió un correo a su jefe, el p rocurador delegado para Asuntos de Restitución de Tierras 3, a través de la cual solicitó (i) el traslado a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y (ii) la autorización para realizar su trabajo en Cartagena (Bolívar).

Alegó que su jefe no dio traslado de su petición a la procuradora general de la Nación, por lo que hasta la fecha la mencionada autoridad no ha resuelto de fondo su requerimiento.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La actora consideró que la procuradora general de la Nación vulneró su derecho

Nación, por lo que hasta la fecha la mencionada autoridad no ha resuelto de fondo su requerimiento.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La actora consideró que la procuradora general de la Nación vulneró su derecho fundamental de petición, toda vez qu e no ha contestado su soli citud de traslado, con lo cual se des conoce el artículo 23 de la Constitución Política, así como el 7 y el 14 de la Ley 1437 de 2011.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 23 de agosto de 2023 , el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la solicitud de ampar o y ordenó notificar a la procuradora general de la Nación , como a utoridad accionada. Así mismo, vinculó a los p rocuradores delegados para Asuntos de Restitución de Tierras y para Asuntos Ambientales y Agraria.

Luego, mediante auto de 30 de agosto de 2023, el a quo requirió lo siguiente:

• A la Procuraduría General de la Nación para que remitiera «el acto administrativo por medio del cual se encuentra el procedimiento para el traslado de empleados por especialidad; asimismo, deberá remitir el expediente administrativo de la señora Alejandra Judith Salom Callejas, donde se encuentren las solicitudes presentadas por la misma, para su traslado».

• Al Tribunal Superior de Cartagena – Sala Civil – Familia, para que remitiera copia digital del expediente de acción de tutela con radicado 13 001-31-10-0042023-00159-00/01.

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

copia digital del expediente de acción de tutela con radicado 13 001-31-10-0042023-00159-00/01.

2 Trascripción literal del original con posibles errores. 3 La actora indicó que es el señor German Daniel Robles.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se present aron los siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Procuraduría General de la Nación

La apoderada de la entidad solicitó que se dec lare la improceden cia de la acción constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

En primer lugar, puso de presente los informes rendidos por la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 2 para la Restitución de Tierras y la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación , relacionados con los hech os relatados en el escrito de tutela.

Luego, informó sobre la existencia de otra acción de tutela en contra de la entidad por hechos similares a los que ahora se estudian, que en primera instancia fue tramitada por el Tribunal Superior de Cartagena y en segunda, por la Corte Suprema de Justicia que, mediante sentencia de 2 de agosto de 2023 negó e l amparo invocado.

tramitada por el Tribunal Superior de Cartagena y en segunda, por la Corte Suprema de Justicia que, mediante sentencia de 2 de agosto de 2023 negó e l amparo invocado.

En segundo lugar , explicó que el mecanismo de am paro se torna improcedente por cu anto la accionante dejó transcurrir un año para invocar la protección del derecho de petición, pues su solicitud data de 29 de agosto de 2022 y fue elevada ante su jefe inmediato y no ante la procuradora general de la Nación , sin justificar el por qué de su inactividad . Máxime cuando existe una acción de tutela previa donde se analizó lo relacionado con las múltiples peticiones elevadas por ella.

En tercer lugar, determinó que todas las solicitudes radicadas por la accionante relacionadas con su reubicación en la ciudad de Cartagena y su cambio de dependencia han sido atendidas de fondo , diferente es que la tutelante no se encuentre conforme con la decisión desfavorable a sus pretensiones. Y en cuanto a la solicitud de 29 d e agosto de 2022 , puso de presente que su jefe inmediato manifestó que dio respuesta a dicho petitorio de manera verbal mediante comunicación telefónica.

De otro lado, señaló lo siguiente:

En armonía con las consideraciones anteriores, podría decirse que en el presente caso se presenta un abuso del derecho de petición por la parte actora, como quiera que ha quedado probado suficientemente, que la señora Salom Callejas ha elevado las mismas solicitudes de manera reiterativa, por diferentes medios, dirigido a diferentes funcionarios, pero todas en el mismo sentido, esto es, obtener un cambio de Delegada y asignación de funciones en la ciudad de Cartagena.

las mismas solicitudes de manera reiterativa, por diferentes medios, dirigido a diferentes funcionarios, pero todas en el mismo sentido, esto es, obtener un cambio de Delegada y asignación de funciones en la ciudad de Cartagena.

1.6.2. Alejandra Judith Salom Callejas

A través de sendos memoriales remitidos al trámite constitucional, la actora informó, entre otras cosas, lo siguiente:Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Que con «las pruebas allegadas por ser conducentes, pertinentes y útiles, no se adicionará otra prueba más».

• Que la entidad acciona da pretende inducir en error con el escrito de contestación al hacer creer que su petición ya fue resuelta.

• Que lo que pretende con su solicitud de traslado es que se le permita trabajar en la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, en las mismas condiciones en las que se encontraba desde el 19 de diciembre de 2019, es decir, ubicada en Cartagena.

• Que los documentos aportados por la Procuraduría General de la Nación hacen referencia a la solicitud de trabajo con funciones en Cartagena para la Dele gada de Restitución de Tierras, solicitud en la que también insist ió y que fue contestada por el secretario de manera formal y no de fondo.

• Que la procuradora general de la Nación no se ha pronunciado sobre su solicitud de traslado.

de Restitución de Tierras, solicitud en la que también insist ió y que fue contestada por el secretario de manera formal y no de fondo.

• Que la procuradora general de la Nación no se ha pronunciado sobre su solicitud de traslado.

• Que en su anterior a cción de tutela la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del Tribunal Superior de Cartagena que amparó sus derechos.

• Que la entidad accionada le abrió un pro ceso discipl inario por el presunto abandono del cargo.

• Que ninguno de los documentos que aportó la apoderada de la entidad resuelve su petición y que este es el motivo de la presente acción constitucional.

1.6.3. Procurador 130 Judicial II Administrativo de Cartagena

El ministerio público rindió concepto en el que se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se ha causado detrimento de los derechos de la actora y, en consecuencia, solicitó que se declare la improced encia del mecanismo de amparo.

Al respecto, acotó que no se cumple con el requisito de inmediatez, comoq uiera que la tutelante ha tenido respuestas, incluso con posterioridad a la petición de 29 de agosto de 2022.

Así mismo, explicó que ocurre lo mismo con el requisito de subsidiariedad, puesto que el Decreto 806 de 2022, a través del cual la parte accionante fue reubicada en Bogotá, no ha sido cuestionado a través de los medios de defensa judicial c on los que se cuenta.

Finalmente, destacó que no es posible realizar nuevo pronunciamiento judicial respecto de la solicitud de traslado y reubicación que depreca la tutelante,

que se cuenta.

Finalmente, destacó que no es posible realizar nuevo pronunciamiento judicial respecto de la solicitud de traslado y reubicación que depreca la tutelante, teniendo en cuenta que eso ya fue resuelto en segunda instancia mediante sentencia de 2 de agosto de 2023 , proferida por la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado 13001-31-10-004-2023-00159-00/01.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.4. Tribunal Superior de Cartagena

Esta corporación allegó el expediente de acción de tutela con radicado 13001 -3110-004-2023-00159-00/01.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 6 de septiembre de 2023 , el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró que existió temeridad en el pre sente asunto y, en consecuencia, negó la solicitud de tutela presentada por la actora.

Al respecto, precisó que la accionante había presentado previamente una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, con identidad de objeto y causa a la presentada en esta oportunidad, dado que pretendía que se ampararan diferentes derechos fundamentales, como lo es el de petición, con el propósito de obtener el traslado de la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de

causa a la presentada en esta oportunidad, dado que pretendía que se ampararan diferentes derechos fundamentales, como lo es el de petición, con el propósito de obtener el traslado de la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.

En ese sentido, consideró lo siguiente:

33. En otras palabras, la Sala considera que en lo relativo al derecho de petición de 29 de agosto de 2022, objeto de la presente acción constitucional, ya fue estudiado, decidido en sede de tutela por parte de un tribunal y la Corte Suprema de Justicia; además, de encontrarse pendiente de revisión por la Corte Constitucional desde el 24 de agosto de 2023.

Explicó que ese proceso correspondió a la Sala Civil del Tribu nal Superi or d e Cartagena y a la Corte Suprema de Justicia , corporaciones que profirieron sus decisiones en las sentencias de 14 de junio y 2 de agosto de 2023, respectivamente.

Además, indicó que la actora no i nformó sobre la existencia de un hecho sobreviniente que permitiera nuevamente estudiar de fondo la causa.

Por lo tanto, concluyó que «se encuentran acreditados los elementos que conducen a declaratoria de haber operado la temeridad en la causa, en atención a que las sentencias aludidas, no alcanzó instanci a de exclusión o de decisión de la Corte Constitucional en sede de revisión».

1.8. Impugnación

Mediante escrito env iado el 8 de septiembre de 2023 4, la actora impugnó la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

Corte Constitucional en sede de revisión».

1.8. Impugnación

Mediante escrito env iado el 8 de septiembre de 2023 4, la actora impugnó la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar, precisó que, contrario a lo manifestado en el fallo, no ha actuado dolosamente, dado que la esencia de su anterior tutela no f ue la ausencia de respuesta a la petición de 29 d e agosto de 2022 , que presentó ante su jefe, el procurador delegado de Restitución de Tierras.

4 La impugnación se presentó dentro del término esta blecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de pri mera instancia se notificó el 8 de septiembre de 2023, mientras el escrito de impugnación fue presentado en la misma fecha y sustentado el 11 siguiente.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que su primer a acción de tutela se sustentó en el abuso del ius variandi, toda vez que la procuradora general de la Nación profirió el Decreto 0806 de 15 de julio de 2022, a través del cual ordenó su traslado a la Procuraduría Delegada de Restitución de Tierras , sin tener en cuenta sus condiciones de vida personal, de salud, económicas y familiares.

julio de 2022, a través del cual ordenó su traslado a la Procuraduría Delegada de Restitución de Tierras , sin tener en cuenta sus condiciones de vida personal, de salud, económicas y familiares.

Alegó que la accionada no ha contestado su solicitud de 29 de agosto de 2022, la cual se debe diferenciar de aquellas que datan de 15 y 22 de julio de 2022.

En tal sentido, contextualizó que: (i) en el escrito de 2 2 de julio de 2022 solicitó su traslado a Cartagena para continuar su labor en la Procuraduría Delegada de Restitución de Tierras , dado que no es posible desempeñarse en Bogotá, porque tiene a su c uidado a su mad re de 85 años , y (ii) el de 1 5 de julio de 20 22 era el recurso que interpuso contra el Decreto 0806 de la misma fecha , mientras que en la petición de 29 de agosto de 2022 pidió el traslado de la Procuraduría Delegada de Restitución de Tierras a la Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria.

Manifestó que las contestaci ones aportadas por la Procuraduría Genera l de la Nación son meramente formales y no de fondo y son aquellas que se pronunciaban respecto de su escrito de 22 de julio de 2022 y no el de 29 de agosto de 2022.

Dispuso que sí hay un hecho nuevo en el presente caso, esto es, la apertura del proceso disciplinario radicado IUS -E-2023-245474-IUC-D-2023-2922557, con fundamento en el presunto abandono de su cargo. Más concretamente, consideró

proceso disciplinario radicado IUS -E-2023-245474-IUC-D-2023-2922557, con fundamento en el presunto abandono de su cargo. Más concretamente, consideró que «[…] no hay temeridad cuando a tr avés de la acción de tutela, se pretende la protección de un derecho fundamental que la accionada no contestó. Téngase en cuenta que la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso administrativo y un proceso disciplinario por presunto abandono del c argo, sin haber dado respuesta a mi solicitud de traslado, […]».

Explicó que si se cree en lo expuesto por la entidad accionada relacionado con la respuesta a su petición de traslado suscrita por el secretario general Carlos Alberto Castellanos, ello conllevaría a un fraude procesal , puesto que, reiteró, no se ha contestado su solicitud de traslado de 29 de agosto de 2022.

Iteró que no hay temeridad pues se p retende la pro tección del derecho fundamental de petición , que además implica otras g arantías constitucionales , dado que está involucrada su madre de 85 años en condición de vulnerabilidad . Es decir q ue, lo que se depreca es que se conteste su escrito , lo cual « se satisface así se responda negativamente».

1.9. Trámite en segunda instancia

1.9.1. Luego de asignado el pr oceso en segunda instancia al despacho sustanciador, el 29 de septiembre de 2023, la accionante allegó un memorial en el que reiteró que la solicitud de traslado de 29 de agosto de 202 2 no ha sido resuelta y agregó que la respuesta emitida por el secretario general Carlos Alberto

que reiteró que la solicitud de traslado de 29 de agosto de 202 2 no ha sido resuelta y agregó que la respuesta emitida por el secretario general Carlos Alberto Castellanos, mediante el o ficio de 2 de junio de 2023 , está relacionada con el requerimiento que realizó el 17 de mayo de 2023.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que , si bien las entidades públicas tienen necesidades del servicio y cuentan con una planta global, eso no es una verdadera motivación ni explicación y no contiene un análisis serio ni profundo.

Explicó que la Procuraduría General de la Nación l e abrió un proceso administrativo por presunto abandono del carg o, aun cuando ha in sistido en explicar que conforma su unidad familiar con su madre de 85 y que no ha dejado de hacer su trabajo ni ha tenido la intención de dejarlo.

Así mismo, agregó lo siguiente:

[…] mi salud se h a venid o deteriorando por el estrés, ansiedad, depresión e insomnio ocasionado por el traslado que me hiciere la señora Procuradora General, mediante Decreto 0806 de 15 de julio de 2022, el cual considero arbitrario e injusto dicho sea de paso esa decisión está inmersa dentro del acoso laboral continuado y sistemático que he venido soportando en la Procuraduría General de la Nación y

dicho sea de paso esa decisión está inmersa dentro del acoso laboral continuado y sistemático que he venido soportando en la Procuraduría General de la Nación y que a pesar de haber puesto en conocimiento los hechos al Comité de Convivencia, hasta la presente, no se ha adelantado actuación alguna; razón por la cual elevé la respectiva queja ante la Veeduría de la Procuraduría General.

Por úl timo, iteró que no hay temeridad en este caso, puesto que la S ala Civil y Familia del Tribunal Superior de Cartagena no se pronunció de sobre su solicitud de traslado de 29 de agosto de 2022.

1.9.2. La apoderada judicial de la Procuraduría General de la Nación solicitó que se confirme la decisión de primera instancia.

En primer lugar, consideró que en el fallo de primer grado nunca se calificó la conducta de la accionante como dolosa o de mala fe , sino q ue el a quo solo se limitó a hacer el estudio de la temeridad y concluyó que se cumplían con los requisitos de identidad de causa petendi, objeto y sujetos. Además, reiteró que la petición de 29 de a gosto de 20 22 sí fue parte de los hechos y de la causa de la anterior tutela interpuesta por la tutelante.

Iteró que la entidad acreditó que ha atendido todas las peticiones de la accionante, por lo que puso de presente que lo que reprocha la actora no es la falta de contestación sino que su descontento es con las respuestas otorgadas por el secretario general de la Procuraduría General de la Nación , autoridad competente para pronunciarse de fondo. En ese sentido, precisó lo siguiente

contestación sino que su descontento es con las respuestas otorgadas por el secretario general de la Procuraduría General de la Nación , autoridad competente para pronunciarse de fondo. En ese sentido, precisó lo siguiente

[…] la Entidad ha co ntestado los petitorios de la accionante y le ha reiterado por medio del funcionario competente para ello, que su solicitud de traslado, asignación de funciones o reubicación en la ciudad de Cartagena, así como la de cambio de dependencia no pueden ser res ueltas favorablemente, y que mientras no se le comunique otro acto administrativo que ordene lo contrario, debe seguir ejerciendo sus funciones en la Delegada con Funciones Mixtas 2: Para la Restitución de Tierras la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá.

Finalmente, señaló que , si en gracia de discusión se llegara a concluir que no existió temeridad, en todo caso la acción de tutela se torna i mprocedente por no cumplirse con el requisito de inmediatez, comoquiera que l a accionante dej ó transcurrir más de un a ño para atacar lo relacionado con su solicitud de 29 de agosto de 2022.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 6 de septiembre de 2023 , proferida el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modifi car o revocar la providencia de 6 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar , mediante la cual se declaró la configuración de la temeridad en el presente asunto y, en consecuencia, negó la solici tud de tutela presentada por la señora Alejandra Judith Salom Callejas.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos : (i) las generalidades de la acción de tutela , (ii) la acción temeraria y la cosa juzgada constitucional, (iii) el derecho de petición, y (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundament ales cuandoquiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de a utoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa

la protección inmediata de sus derechos fundament ales cuandoquiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de a utoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es d able al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.Demandante: Alejandra Judith Salom Callejas Demandado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 13001-23-33-000-2023-00323-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. La acción temeraria y la cosa juzgada constitucional

Esta sección ha considerado que la t emeridad se conf igura cuando concurren los siguientes elementos5: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto l a segunda peti ción de amparo se presenta por la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción6.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado7:

"La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.8 Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades pú blicas, la tem eridad es una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improceden cia de la tute la o revisando circunstancias meramente formal es. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.”

circunstancias meramente formal es. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.”

Igualmente, el máximo Tribunal Const itucional, en lo referente a los conceptos de cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado9:

[…] el precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el acc ionante actúa de mala fe10, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual no se requiere tal elemento pa ra su consolidación, en consecuencia solo se necesita que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna 11. No obstante, esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la i mprocedencia de una acció n de amparo por temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de mala fe del peticionario, toda vez que supone una restricc ión legitima a l derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción de tutela, […]

[…], l a temeri dad se configura cuando c oncurren los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones 12”13; y

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

6 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 7 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 8 “En este sentido, sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, entre muchas otras.” 9 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 10 Sentencias T-502 de 2008, T -1215 de 2003, T -149 de 1995, T -308 de 1995, T -443 de 1995, T001 de 1997 y SU-1219. 11 Sentencias SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Mo