CE - 012333000202301004011SENTENCIASENTENCIA20231130161356

Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 05001-23-33-000-2023-01004-01

Demandante LAURA VANESSA OQUENDO RUÍZ

Demandado DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA Y OTRO Temas Acción de tutela . Derecho fundamental al descanso y al trabajo en condiciones dignas. Vacaciones individuales de empleado judicial. Obstáculos administrativos. Presupuesto para reemplazo. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta p or la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia, contra la sentencia del 17 de octubre de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que resolvió: “PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo digno y al descanso de la señora LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA y por el JUZGADO

señora LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA y por el JUZGADO TERCERO (3º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA que en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, realice todas las gestiones administrativas necesarias para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal –CDP– necesario para garantizar el reemplazo de la señora LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ, en el periodo de vacaciones solicitado por la misma.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO (3º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA que una vez reciba el CDP por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, proceda a pronunciarse nuevamente sobre la concesión del disfrute a las vacaciones de la señora

LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 9 de octubre de 20231, Laura Vanessa Oquendo Ruíz interpuso acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, por considerar vulnerado su derecho fu ndamental al trabajo en condiciones dignas.

Antioquia y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, por considerar vulnerado su derecho fu ndamental al trabajo en condiciones dignas. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

1 Fecha de radicación en el aplicativo SAMAI, índice 1 del expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Honorable Juez Constitucional, por cumplir los requisitos legales para ello, respetuosamente solicito la tutela a mi derecho al trabajo en condiciones dignas, ordenando se expida (i) por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín Antioquia – Chocó el respectivo CDP de reemplazo con el fin de garantizar la prestación del servicio en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, y (ii) por parte del Juez Tercero de EPMS de Antioquia resolución mediante la cual me sea concedido el disfrute de vacaciones solicitado”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La señora Laura Vanessa Oque ndo Ruíz actualmente se desempeña como Oficial Mayor en provisionalidad, en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.

Solicitó a su nominador que se autorizara el disfrute de las vacaciones a partir del 14 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2023 , correspondiente al

y Medidas de Seguridad de Antioquia. Solicitó a su nominador que se autorizara el disfrute de las vacaciones a partir del 14 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2023 , correspondiente al periodo causado entre el 3 de febrero de 2021 y el 3 de febrero de 2022. 2.2. Mediante la Resolución Nro. 071 del 2 de octubre de 2023 la titular del despacho negó las vacaciones solicitadas por la actora, dadas las necesidades del servicio pues, argumentó que el volumen de trabajo del despacho era alto, que contaba con un escaso número de servidores y que, en ese sentido era necesario contar con un reemplazo lo que implicaba una asignación presupuestal para tal efecto. 2.3. Contra esa decisión la actora presentó recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución Nro. 072 del 4 de octubre de 2023, el titular del despacho confirmó la decisión recurrida.

3. Fundamentos de la acción La accionante consideró que se le está imponiendo una carga de la administración que no está obligada a soportar y que no tiene la facultad de suplir, ya que en esos eventos de necesidad en la prestación del servicio no p uede desconocer los derechos laborales de los servidores de la Rama Judicial pertenecientes al régimen individual de vacaciones. P or el contrario, deben adelantarse las gestiones administrativas necesarias para garantizar la prestación del servicio.

Sostuvo que si bien la negativa en autorizar el disfrute de sus vacaciones tenía como fundamento las necesidades del servicio por la elevada carga laboral del despacho en el que resta sus servicios , debía tenerse en cuenta que por tal nivel de trabajo imponía un desgaste físico y mental considera ble para los empleados y que no

fundamento las necesidades del servicio por la elevada carga laboral del despacho en el que resta sus servicios , debía tenerse en cuenta que por tal nivel de trabajo imponía un desgaste físico y mental considera ble para los empleados y que no podía tenerse como excusa para negar el derecho al descanso la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal de reemplazo por parte de la dirección seccional.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 9 de octubre de 2023 el juez de tutela de primera instancia admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas. 4.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia, rindió informe en el que manifestó que ya se contaba con el certificado de disponibilidad presupuestal de las vacaciones de la accionanteRadicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y que, en relación con los reemplazos y el presupuesto para cubrir el mismo, no era de competencia de esa seccional, sino que dependía tanto del Ministerio de Hacienda como de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, ya que no contaban con presupuesto propio. En ese sentido, indicó que no eran los encargados del tema de concesión de vacaciones de un empleado y en ese sentido, el otorgamiento o no de las vacaciones correspondía a su titular. 4.3. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

tema de concesión de vacaciones de un empleado y en ese sentido, el otorgamiento o no de las vacaciones correspondía a su titular. 4.3. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas por la accionante ante dicho despacho judicial con el propósito de que le fueran concedidas las vacaciones y, las decisiones adoptadas en relación con tales solicitudes, manifestó que no es posible que el despacho quede sin el oficial mayor, ya q ue reasignar funciones a los restantes servidores era desproporcionado dada la carga laboral, todo lo que se vería reflejado en la gestión del despacho, de manera que a juicio de su titular, era necesario que se asignara el respectivo presupuesto para que se pudiera designar un reemplazo.

5. Providencia impugnada En sentencia del 17 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda de tutela. En consecuencia, ordenó que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, se realizaran todas las gestiones administrativas para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal CDP necesario para garantizar el reemplazo de la accionante en el periodo de vacaciones por ella solicitado.

Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que si bien el principio de continuidad del servicio de justicia implicaba que la función que desempeñaba la actora debía ser continua, el nominador no podía vulnerar su derecho al descanso, basado en que no existía disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo, ya que la Ley 270 de 1996 establecía otras alternativas que permitían garantizar la

actora debía ser continua, el nominador no podía vulnerar su derecho al descanso, basado en que no existía disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo, ya que la Ley 270 de 1996 establecía otras alternativas que permitían garantizar la prestación del servicio de forma adecuada, como lo era la figura del encargo. Sostuvo que, la omisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para establecer un procedimiento para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de empleados de los despachos judiciales y la respectiva apropiación de los rubros en el presupuesto no podía convertirse en fundamento para negar el derecho al descanso remunerado que les asistía a dichos empleados, como ocurría en el caso. Citó reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia SU -296 de 2023, en el que se analizó el derecho fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

6. Impugnación La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia, impugnó la decisión. Insistió en los argumentos presentados en el informe rendido en primera instancia.

Adicionalmente, manifestó que una vez situados los recursos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se procedió a certificarRadicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de vacaciones de la accionante, de lo cual fue notificada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

www.consejodeestado.gov.co disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de vacaciones de la accionante, de lo cual fue notificada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación, corresponde a la Sala establecer si asistió razón al juez de tutela de primera instancia en amparar los derechos fundamentales al trabajo digno y al descanso de la señora Laura Vanessa Oquendo Ruíz al ordenar asignar los recursos para costear el reemplazo de la accionante y, de esta manera disfrutar por el lapso solicitado, del periodo de vacaciones causados al que tiene derecho y que fue negado por esta específica circunstancia por su nominador.

De manera preliminar y, con el propósito de reso lver el presente asunto, la Sala establecerá si la presente acción de tutela es procedente, a la luz del requisito general de subsidiariedad.

3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto 3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los

general de subsidiariedad.

3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto 3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Norma que señala que esta “ solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se uti lice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tute la, claro está, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección. En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente, o si existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor. La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable. Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones. La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente

circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones. La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para pro teger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideraci ón por parte del juez de tutela."5 3.2. En el presente caso, se encuentra acreditado lo siguiente: 3.2.1. Solicitud de vacaciones presentada el 2 de octubre de 2023, en la que la accionante solicita que se le concedan las vacaciones causadas por el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2021 y el 3 de febrero de 2022, para su disfrute a partir de 14 de noviembre al 8 de diciembre de 2023. 3.2.2. Resolución Nro. 071 del 2 de octubre de 2023, por la que el juez titular del despacho le negó el disfrute de las vacaciones solicitadas, por falta de presupuesto para cubrir a quien sería su reemplazo dado el volumen de trabajo que demandaba la continua presencia de la actora en el despacho judicial. 3.2.3. Recurso de reposición present ado por la actora contra la anterior

de presupuesto para cubrir a quien sería su reemplazo dado el volumen de trabajo que demandaba la continua presencia de la actora en el despacho judicial. 3.2.3. Recurso de reposición present ado por la actora contra la anterior decisión, resuelto mediante la Resolución Nro. 072 del 4 de octubre de 2023, por la que el juez titular del despacho resuelve confirmar el acto recurrido.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de

2019. Radicación No. 11001 -03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chaves García; sentencia del 2 de octubre de 2019. Radicación No. 20001 -23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Ba sto; Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001 -03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001 -03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 4 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T -435 de 2006, T -768 de 2005, T -651 de 2004 y T -1012 de 2003. 5 Corte Constitucional. Sentencia SU263 de 2015.Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2.4. Oficio DESAJMEO23 -3578 del 28 de agosto de 2023 por el que la directora seccional de administración judicial de Medellín, Antioquia, negó la solicitud presentada por la juez titular del despacho para que se asignaran los recursos con el fin de nombrar un reemplazo a la accionante y de esta manera, poder conceder las va caciones por ella solicitadas. 3.3. Si bien l a actora, en principio, podría cuestionar la legalidad de la s Resoluciones Nros. 071 de 2 de octubre y 072 de 4 de octubre de 2023 a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 20115), por tratarse del mecanismo judicial previsto para cuestionar actos administrativos de contenido particular y concreto, e incluso y de ser el caso, controvertir el Oficio DESAJ MEO23-3578 del 28 de agosto de 2023, por el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín negó la asignación de recursos para el reemplazo de las vacaciones de la actora, lo cierto es que dicho medio no resulta ser eficaz en el caso objeto de estudio, es importante resaltar que la Corte Constitucional6 ha precisado que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como mecanismo principal. 3.4. En el escrito de tutela la accionante (i) solicitó el reconocimiento del derecho

el caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como mecanismo principal. 3.4. En el escrito de tutela la accionante (i) solicitó el reconocimiento del derecho al descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida y tener un periodo de vacaciones pendiente de disfrute; (ii) destacó el alto volumen de trabajo y la carga laboral que existe en los juzgados penales de ejecución de penas y medidas de seguridad; y (iii) alega que se han presentado obstáculos y barreras por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administració n Judicial de Medellín, para la asignación de recursos para el reemplazo de las vacaciones, pese a que reúne los requisitos para acceder al beneficio. Para la Sala, estas circunstancias denotan la necesidad urgente de evitar que se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso de la accionante, que puede comprometer su salud mental y física; condiciones que justamente se busca salvaguardar con el descanso, como pasa a explicarse: Respecto de la periodicidad de las vacaciones, en Sentencia C -171 de 2020, la Corte Constitucional dispuso que “las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar e n el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”. Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente sus

Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente sus obligaciones laborales, sin contar con un tiempo suficiente para el reposo. Escenario que a todas luces es contrario a la esencia del derecho fundamental al descanso cuyo fin, precisamente, radica en que “durante un tiempo determinado el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual no solo redunda en el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le permite concretar y avanzar en su proyecto de vida”6 Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar

6 Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2020.Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”7. En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se

al trabajador”7. En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo”8. 3.5. Por consiguiente, la Sala considera que limitar el derecho de los trabajadores a gozar de vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en tanto que se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el descanso debido, lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y el derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones contempladas en instrumentos i nternacionales9 en materia laboral y a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política. Asimismo, tal situación demanda medidas impostergables, pues, como se indicó, de no garantizar la periodicidad de las vacaciones se desnaturalizaría el prop ósito del derecho fundamental al descanso, ya que la ejecución de tareas laborales indefinidas sin que se otorgue vacaciones periódicas, atenta contra la esencia del derecho fundamental al descanso y al trabajo en condiciones dignas. Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para que se garantice la efectiva protección de sus derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá al estudio de fondo del asunto.

4. Vacaciones de servidores judiciales y su análisis en el caso 4.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula lo relativo a las vacaciones de los

servidores judiciales, de la siguiente forma:

4. Vacaciones de servidores judiciales y su análisis en el caso 4.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula lo relativo a las vacaciones de los servidores judiciales, de la siguiente forma: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras e xistan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”. A su vez, tratándose del disfrute de vacaciones individuales para los servidores dispuestos en la norma transcrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. En esta dispuso

7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-0002018-00756-01. C.P. Milton Chaves García. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005. 9 En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “ Toda persona tiene derecho al descanso, al disfr ute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a

9 En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “ Toda persona tiene derecho al descanso, al disfr ute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador señalan que los trabajadores tienen derecho al descanso.Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones individuales. En dicho instrumento se derogaron las Circulares 44 y 89 de 2005, proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura. El último establecía que a fin de asignar recursos destinados a los reemplazos por vacaciones del personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales se debía cumplir al menos una de estas dos condiciones: “Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado

Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente ce rtificada por el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes”. En esa oportunidad, tales condiciones se impusieron con el fin de “reducir los gastos de funcionamiento al interior de la Rama Judicial, entre ellos los correspondientes a los reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales”10. A diferencia de los instrumentos mencionados, en la mencionada Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura buscó eliminar “condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho”. Justamente, ese fue el motiv o por el que en esta última se derogaron las Circulares 44 y 89 de 2005, pues en aquellas se restringía la asignación de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de las condiciones transcritas. Lo dispuesto en la Circular Nr o. PSAC11 -44 del 23 de noviembre de 2011 consistió en que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales deben reportar la programación de vacaciones correspondientes