CE - 050012331000199106455011SENTENCIA20230814143619

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-1991-06455-01(38412)

Actor: INYCONEL LTDA.

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Régimen aplicable. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. CONTRATO DE OBRA-Regulación del Decreto Ley 222 de 1983, frente a la Ley 80 de 1993. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOSEstaban sometidos al régimen contractual del Decreto Ley 222 de 1983. DECRETO LEY 222 DE 1983Aplicación del derecho privado. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA-Concepto. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-E) juez debe establecer la intención de las partes. REAJUSTE DE PRECIOS-Objeto. REAJUSTE DE PRECIOS-Aunque no se pacte fórmula de reajuste procede su reconocimiento judicial si se prueba la variación de precios y el efecto en la estructura de costos. PERITACIÓN-Elementos de este medio de prueba.

DICTAMEN PERICIAL-Valoración. DOCUMENTOS PRIVADOS-No se valoran porque se desconoce su autoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

DICTAMEN PERICIAL-Valoración. DOCUMENTOS PRIVADOS-No se valoran porque se desconoce su autoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA-Requisitos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 20 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 21 de febrero de 1990, Empresas Públicas de Medellín e Inyconel Ltda. celebraron el contrato de obra pública n.” 3/DJ-9767/1 para la extensión y rectificación de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá. El contratista adujo que la entidad no pagó un concepto de obra ejecutada, el valor de unas actas de reajuste definitivo y los sobrecostos por mayor permanencia en obra.2 Expediente n.” 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones ANTECEDENTES El 6 de septiembre de 1991, Inyconel Ltda., a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra Empresas Públicas de Medellín. Solicitó $11.171.321 por el valor de la obra ejecutada y no pagada correspondiente al ítem n.10 del contrato; $1.574.561,60 por el valor del reajuste definitivo de las actas de obra de noviembre y diciembre de 1990 y enero y febrero de 1991;

al ítem n.10 del contrato; $1.574.561,60 por el valor del reajuste definitivo de las actas de obra de noviembre y diciembre de 1990 y enero y febrero de 1991; $13.151.327 por sobrecostos por mayor permanencia de obra por la suspensión del proyecto; $30.000.000 por el valor financiero por el no pago oportuno del ítem n. 10; $6.413.590 por la utilidad dejada de percibir, $14.000.000.000 por su imposibilidad de participar en otra licitación y el daño al buen nombre de la empresa, por perjuicios materiales; y 1000 gramos oro, por perjuicios morales. En subsidio solicitó el enriquecimiento sin justa causa de la entidad. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la entidad demandada incumplió el contrato de obra pública n.? 3/DJ-9767/1 para la extensión y rectificación de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá, pues no reconoció los conceptos reclamados. El 24 de septiembre de 1991, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Empresas Públicas de Medellín adujo que no procedía el reconocimiento de los conceptos reclamados. El 22 de enero de 1992, en la audiencia de conciliación, las partes conciliaron la controversia respecto al ítem n.10 del contrato. El 30 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó el acuerdo conciliatorio y señaló que continuaría el trámite frente a las demás pretensiones. El 15 de junio de 2004, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y

continuaría el trámite frente a las demás pretensiones. El 15 de junio de 2004, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 20 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones por los sobrecostos por mayor permanencia en obra ocasionados por la suspensión en la ejecución del contrato y por el incumplimiento frente al pago de las actas de reajuste definitivo y negó las demás reclamaciones. La demandada interpuso recurso de apelación, que fue3 Expediente n. 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones concedido el 8 de febrero de 2010 y admitido el 22 de abril de 2010. Esgrimió que se debían negar las pretensiones, pues los costos por mayor permanencia en obra eran previsibles. Señaló que el Tribunal acogió el dictamen pericial para condenar por el valor de las actas de reajuste definitivo, sin analizar sus fundamentos. El 20 de mayo de 2010, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82

CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales. Como el contrato de obra pública n.? 3/DJ-9767/1 es un contrato de administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer de esta controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA!. ! Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, pues era la norma vigente a la fecha de presentación de la demanda -6 de septiembre de 1991-. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía exceda de $3.500.000,4 Expediente n.? 38.412

presentación de la demanda -6 de septiembre de 1991-. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía exceda de $3.500.000,4 Expediente n.? 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un contrato (arts.1546 y 1602 CC y 87

CCA). Demanda en tiempo

3. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. Como el demandante reclamó varios incumplimientos, la Sala estudiará el término para interponer la demanda de forma separada. 3.1. Frente al sobrecosto por mayor permanencia en obra, como el 8 de febrero de 1991 se firmó el contrato adicional n.” 1 en el cual se regularon las consecuencias contractuales frente a la suspensión del contrato [hecho probado 8.4], esto es, en vigencia del artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 448 de 1998, esta es la norma que rige la materia. Como el término de dos años para intentar la acción de controversias contractuales inició el 9 de febrero de 1991 y la

vigencia del artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 448 de 1998, esta es la norma que rige la materia. Como el término de dos años para intentar la acción de controversias contractuales inició el 9 de febrero de 1991 y la demanda se interpuso el 6 de septiembre de 1991, se presentó de forma oportuna. 3.2. Respecto al incumplimiento en el pago de las actas de reajuste definitivo de noviembre y diciembre de 1990 y enero y febrero de 1991, como el demandante adujo que presentó las cuentas de cobro el 30 de junio de 1991 (hecho 6 de la demanda, f. 285 c. 1) y la demanda se interpuso el 6 de septiembre de 1991, se presentó de forma oportuna según artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998. que según el artículo 265 CCA se reajustará en un 40% cada dos años y para el momento de presentación de la demanda era $4.900.000.5 Expediente n. 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones Legitimación en la causa

4. Inyconel Ltda. está legitimada en la causa por activa y Empresas Públicas de Medellín por pasiva, pues fueron las partes del contrato de obra pública del n. 3/DJ9767/1 para la extensión y rectificación de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá [hecho probado 8.1]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la entidad demandada incumplió el contrato al no reconocer perjuicios por mayor permanencia en obra y por no pagar un reajuste

en diferentes sitios del Valle de Aburrá [hecho probado 8.1]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la entidad demandada incumplió el contrato al no reconocer perjuicios por mayor permanencia en obra y por no pagar un reajuste de precios por obra ejecutada y, de no ser así, si se configuró un enriquecimiento sin justa causa. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC, esto es, en lo referente al sobrecosto por mayor permanencia en obra, el incumplimiento en el pago de las actas de reajuste definitivo y en caso de que no prosperen, el enriquecimiento sin justa causa de la entidad.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Junsprudencias y Conceptos, Consejo de Estado

argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Junsprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.6 Expediente n.” 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 21 de febrero de 1990, Inyconel Ltda. y Empresas Públicas de Medellín celebraron el contrato de obra pública n.” 3/DJ-9767/1 para la extensión y rectificación de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá, según da cuenta copia simple del contrato (f. 9-27 c. 1). 8.2. El 4 de septiembre de 1990, Empresa Públicas de Medellín —en oficio DIE295645 a Inyconel Ltda.- solicitó al contratista que parara las obras en el barrio La Independencia, porque no se tenían «los listados de domiciliarias» en ese barrio,

295645 a Inyconel Ltda.- solicitó al contratista que parara las obras en el barrio La Independencia, porque no se tenían «los listados de domiciliarias» en ese barrio, según da cuenta copia simple del oficio DIE-295645 (f. 44 c. 1). 8.3. El 4 de febrero de 1991, Inyconel Ltda. -en comunicación a Empresas Públicas de Medellín— consignó el 12 de diciembre de 1990 el contratista tuvo que despedir al 65% del personal del contrato, que ese personal estuvo subutilizado durante 3 semanas por la falta de proyectos a realizar y que no pudo ejecutar 10 proyectos dado que sus proveedores habían cerrado operaciones desde el 14 de diciembre de 1990, según da cuenta copia simple de la comunicación n. 0280106 (f. 84 c.1). 8.4. El 8 de febrero de 1991, Inyconel Ltda. y Empresas Públicas de Medellín celebraron el convenio adicional n. 1 del contrato de obra pública n. 3/DJ-9767/1, según da cuenta copia simple del contrato (f. 39-40 c. 1). El régimen jurídico del contrato7 Expediente n. 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones

9. La legislación de los prestadores de servicios públicos y el régimen de sus actos y contratos ha cambiado en el tiempo. Como Empresas Públicas de Medellín celebró el contrato de obra pública n.” 3/DJ-9767/1 para la extensión y rectificación de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá, es preciso hacer referencia a la naturaleza y régimen jurídico de ese contrato, para la época de su suscripción.

de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá, es preciso hacer referencia a la naturaleza y régimen jurídico de ese contrato, para la época de su suscripción. Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. El artículo 5 de la Ley 19 de 1982, por la cual se definieron «principios» de los contratos administrativos y se concedieron facultades al Presidente de la República para reformar el régimen de contratación administrativa, establecía que las normas fiscales de los departamentos y municipios podían disponer sobre la formación y adjudicación de los contratos que celebraran y cláusulas de los mismos, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio. Sin embargo, las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad, terminación y las inhabilidades e incompatibilidades estarían reservadas a la ley. En consonancia, el artículo 1 del Decreto 222 de 1983, expedido con fundamento en esas facultades extraordinarias, dispuso que las normas en ese estatuto que se referían a los tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como los principios generales desarrollados en el Título IV (terminación, modificación e interpretación unilateral!) se aplicarían en los departamentos y municipios. El Decreto 222 de 1983 reguló en detalle los mecanismos de selección (artículos

los principios generales desarrollados en el Título IV (terminación, modificación e interpretación unilateral!) se aplicarían en los departamentos y municipios. El Decreto 222 de 1983 reguló en detalle los mecanismos de selección (artículos 29, 31 y 43), su objeto (artículo 81), su forma de pago (artículo 82), los requisitos para contratar (artículo 83), las prohibiciones (artículo 85) y la revisión de precios (artículo 86). En vigencia del Decreto 222 de 1983, las reglas del derecho privado eran aplicables tanto a los contratos de derecho privado de la administración, según el artículo 16 del estatuto, como a los contratos administrativos. En efecto, aunque8 Expediente n.” 38.412

Demandante: Inycone! Ltda.

Niega pretensiones el Decreto 222 de 1983 no fue explícito frente a estos últimos, como sí lo fue la Ley 80 de 1993 (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45), la Sala concluyó que las reglas del derecho privado eran aplicables y, por ello, dichos contratos también se sometían al derecho civil y comercial en asuntos fundamentales tales como los efectos de las obligaciones y el consentimiento válido, el objeto y la causa lícitos?. El artículo 81 del Decreto 222 de 1983 dispuso que se denominaba contrato de «obras públicas» al que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. La regulación actual contenida en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 difiere sustancialmente de la contenida en el régimen anterior, pues identificó el contrato

inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. La regulación actual contenida en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 difiere sustancialmente de la contenida en el régimen anterior, pues identificó el contrato de obra como aquel que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. La diferencia central radica en que en la Ley 80 de 1993 no se le confiere al contrato de obra el calificativo de «pública», ni condiciona su tipificación a que los trabajos recaigan sobre un inmueble de «carácter público o directamente destinado a un servicio público». Para la fecha de suscripción del contrato obra pública n. 9/DJ-647/33, 13 de mayo de 1993 [hecho probado 8.1], Empresas Públicas de Medellin era un establecimiento público, es decir, era una entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n. 58 de 1955. Conforme al Decreto 222 de 1983, el de obra pública era un contrato administrativo (artículo 16). Como el contrato de obra pública n. 3/DJ-9767/1, en el que una de las partes era un establecimiento público, se perfeccionó el 20 de marzo de 1991, su régimen jurídico, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo relativo a los tipos de

un establecimiento público, se perfeccionó el 20 de marzo de 1991, su régimen jurídico, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo relativo a los tipos de 3 Cfr Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 1988, Rad. 4303 [fundamento jurídico párrafo 12], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p.87, disponible en: https://cutt.ly/Akaynhf En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, EPM se transformó en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Acuerdo 069 del 10 de diciembre de 1997. https: //www.epm.com.co/site/Portals/5/documentos/InformacionRelevante/9 Expediente n. 38,412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación, es el Decreto 222 de 1983. Sobrecostos por mayor permanencia en obra

10. Según la demanda, Empresas Públicas de Medellín incumplió el contrato de obra pública del n. 3/DJ-9767/1, porque no restableció el equilibrio económico del contrato al no pagar los sobrecostos por mayor permanencia en obra causados por la suspensión de las obras.

La mayor permanencia en obra, ya sea por el incumplimiento del contrato o por un desequilibrio económico, corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato —aun cuando no implique, necesariamente, mayores cantidades de obra y obras adicionales—que deben ser

desequilibrio económico, corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato —aun cuando no implique, necesariamente, mayores cantidades de obra y obras adicionales—que deben ser reconocidos por la entidad, porque tienen su origen en circunstancias no imputables al contratista?. En efecto, la ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos —administrativos, de personal y equipos-— prevista inicialmente por el contratista?. Por ello, el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal y los costos administrativos —y en general los que se produzcanpor la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables. También hay lugar a reconocer los mayores costos cuando la mayor permanencia en obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada. En este caso, será necesario cuantificar el valor de la obra adicional. En todo caso, deberán acreditarse los sobrecostos reales en que incurrió, porque no es dable suponerlos”.

11. El 21 de febrero de 1990, Inyconel Ltda. y Empresas Públicas de Medellín celebraron el contrato de obra pública n.? 3/DJ-9767/1 para la extensión y 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, Rad. 18.080 [fundamentos

jurídicos 5.3 y 5.4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 416 y 417, disponible en https: //cutt.ly/OQ9KFJH. $ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, Rad. 17.031 [fundamento jurídico 6.1.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 340 y 341, disponible en https://cutt ly/OQ9KFJH 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, Rad. 10779 [fundamento jurídico 2.4]10 Expediente n. 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones rectificación de redes eléctricas primarias y domiciliarias en diferentes sitios del Valle de Aburrá [hecho probado 8.1]. El 4 de septiembre de 1990, Empresa Públicas de Medellín solicitó a Inyconel Ltda. parar las obras en el Barrio La Independencia, porque no se tenían «los listados de domiciliarias» en ese barrio [hecho probado 8.2]. Inyconel Ltda. informó a Empresas Públicas de Medellín que el 12 de diciembre de 1990 tuvieron que despedir al 65% del personal del contrato, que ese personal estuvo subutilizado durante 3 semanas por la falta de proyectos a realizar y que no pudo ejecutar 10 proyectos dado que sus proveedores habían cerrado operaciones

de 1990 tuvieron que despedir al 65% del personal del contrato, que ese personal estuvo subutilizado durante 3 semanas por la falta de proyectos a realizar y que no pudo ejecutar 10 proyectos dado que sus proveedores habían cerrado operaciones desde el 14 de diciembre de 1990 [hecho probado 8.3]. Las partes celebraron el convenio adicional n.” 1 del contrato de obra pública n.” 3/DJ-9767/1 [hecho probado 8.4]. En la cláusula segunda pactaron, ante el retraso presentado en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, la ampliación del plazo por 45 días calendario en los siguientes términos: Segunda: Ampliación del plazo.- Con motivo del retraso presentado en el suministro de proyectos y listado para domiciliarias por parte de las empresas, se requiere una ampliación al plazo contractual por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir del 15 de enero de 1991. Los índices de reajuste serán congelados al mes de enero de enero de 1991. En la cláusula quinta del convenio adicional n.” 1 del contrato de obra pública n. 3/DJ-9767/1, pactaron la exención de responsabilidad de la entidad por las circunstancias que dieron lugar a la ampliación del plazo, en los siguientes términos: Quinta: Exoneración de responsabilidad.- El contratista exonera a las empresas de toda la responsabilidad que pueda derivarse de lo indicado en la cláusula segunda de este convenio y manifiesta que renuncia a cualquier reclamación o acción que pueda instaurar con motivo de lo pactado en este convenio. Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta

de este convenio y manifiesta que renuncia a cualquier reclamación o acción que pueda instaurar con motivo de lo pactado en este convenio. Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1802 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil?. Las partes acordaron expresamente, en el contrato de obra pública n. 3/DJ8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de agosto de 1924 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XXXI, n. 1593, p. 121, y sentencia del 6 de marzo de 1972 [fundamento jurídico ll], en Gaceta Judicial, Tomo CXLII, n. 2352, 2357 p. 98 a 106. Consejo de Estado, Sección Tercera,11 Expediente n. 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones 9767/, una ampliación del plazo en 45 días calendario ante el retraso presentado en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias. Estipularon que Empresas Públicas de Medellín no sería responsable frente al retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias que ocasionaron la ampliación del plazo. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente exteriorizada en el contrato permite concluir que los contratantes acordaron que la entidad no sería responsable por los sobrecostos por mayor permanencia de obra causados por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias,

exteriorizada en el contrato permite concluir que los contratantes acordaron que la entidad no sería responsable por los sobrecostos por mayor permanencia de obra causados por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia. Pactaron expresamente que el contratista renunciaría a cualquier reclamación o acción por esta circunstancia.

12. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes [pacta sunt servanda] y, por regla general, se extinguen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC).

Durante la ejecución contractual pueden surgir diferencias propias de toda relación. La vía natural para enfrentarlas será tratar de solucionarlas por mutuo acuerdo, en tanto pacto de voluntades. Por ello, las partes se encuentran habilitadas para modificar las obligaciones pactadas (artículo 1602 CC), para terminar extrajudicialmente conflictos pendientes o precaver litigios eventuales mediante el contrato de transacción (artículo 2469 CC) o para gestionar por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral! y calificado, llamado conciliador (artículo 64 Ley 446 de 1998 incorporado en el artículo 1 Decreto 1818 de 1998). En efecto, la gestión (o la administración, que es lo mismo) del contrato entraña definir de manera oportuna las obligaciones de las partes que resultan de su

de 1998). En efecto, la gestión (o la administración, que es lo mismo) del contrato entraña definir de manera oportuna las obligaciones de las partes que resultan de su ejecución y no solo de lo acordado por escrito. La vía natural de enfrentar los sentencia de 28 de junio de 2012, Rad. 23191 [fundamento jurídico 38 a 40], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 110 a 111, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH12 Expediente n. 38.412

Demandante: Inyconel Ltda.

Niega pretensiones problemas propios de toda ejecución contractual es la del acuerdo, la de la bilateralidad, como pacto de voluntades que es, debe ser respetada por el juez del contrato (art. 1602 CC). Las partes, en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo deriva