CE - 050012333000201301249011SENTENCIASENTENCIA20231101191908

Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación 05001 23 33 000 2013 01249 01 (63031)

Demandante: Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional

Demandado: Johel Muñoz Torres y otros

Referencia: Repetición

Tema 1. Acción de repetición. Subtema 1.1. Presupuestos de la acción de repetición. Subtema 1.2. Prueba del pago . Subtema 1.3. Elemento subjetivo – culpa grave del servidor público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado Luis Fernando Zapata Agudelo contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia , el 21 de septiembre de 2018 , que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo.

I. SÍNTESIS

La Nación–Ministerio de Defensa –Policía Nacional resultó condenada en un proceso de reparación directa seguido por la muerte de Juber Alexis Barrientos Gómez .

y Luis Fernando Zapata Agudelo.

I. SÍNTESIS

La Nación–Ministerio de Defensa –Policía Nacional resultó condenada en un proceso de reparación directa seguido por la muerte de Juber Alexis Barrientos Gómez . Pretende que se declare la responsabilidad de los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo , dado que dichos agentes habrían actuado con culpa grave en el uso de armas de dotación oficial.

II. ANTECEDENTES:

2.1. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) 2, la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional presentó demanda contra los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo , en ejercicio de la acción de repetición , con la cual pretende: (i) que se le declare responsable de los perjuicios ocasionados a la demandante por la condena impuesta en la sentencia del 13 de diciembre de 2009 , dictada por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Medellín, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia —en grado jurisdiccional de consulta — en sentencia del 25 de noviembre de 2010 ; que, en consecuencia, (ii) se condene al pago de quinientos sesenta y ocho millones ochocientos seis mil ochocientos treinta y ocho pesos ( $568’806.838.27), monto cancelado a los familiares del señor Juber Alexis Barrientos Gómez (Q.E.P.D.); y, (iii) que la condena sea “actualizada hasta el momento del pago efectivo”3.

cancelado a los familiares del señor Juber Alexis Barrientos Gómez (Q.E.P.D.); y, (iii) que la condena sea “actualizada hasta el momento del pago efectivo”3.

2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005. 2 Folio 12 del cuaderno 1. 3 Folio 3 del cuaderno 1.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

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2.1.1.1. Que los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo, uniformados de la Policía Nacional, durante una requisa policial actuaron de manera desproporcio nada al causar la muerte del señor Juber Alexis Barrientos Gómez, el 13 de enero de 2004.

2.1.1.2. Que los uniformados actuaron con culpa grave, pues incumplieron el deber propio del servicio consistente en manejar de forma cuidadosa y responsable las armas de dotación oficial, y no emplearon medios “más racionales”4 para neutralizar al señor Juber Alexis Barrientos Gómez (Q.E.P.D.).

2.1.1.3. Que, en virtud de lo anterior, el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Medellín dictó sentencia el 13 de diciembre de 2009, en la que condenó a la entidad demandante por la muerte del mencionado Juber Alexis Barrientos

de Medellín dictó sentencia el 13 de diciembre de 2009, en la que condenó a la entidad demandante por la muerte del mencionado Juber Alexis Barrientos Gómez, decisión que fue confirmada en sentencia del 25 de noviembre de 2010 —grado jurisdiccional de consulta— por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.1.2. A modo de sustento jurídico de sus pretensiones, el ent e demandante calificó la conducta de los demandados a título de culpa grave, e hizo referencia a los artículos 6º, 90 y 91 de la Constitución Política; el artículo 10 de la Ley 678 de 2001; los artículos 34 y 142 de la Ley 1437 de 2011; y el artículo 613 de la Ley 1564 de 2012.

2.2. La demanda fue presentada inicialmente ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Medellín; despacho que, mediante auto del 17 de junio de 2013 5, declaró su falta de competencia y dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual admitió la demanda en auto del 24 de diciembre de 20136 y ordenó la notificación personal a los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo.

Luis Fernando Zapata Agudelo 7 contestó la demanda, en escrito por medio del cual se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptó algunos hechos como ciertos, negó otros y manifestó no constarle los demás. Formuló las siguientes excepciones: i) falta de causa petendi, toda vez que fue exonerado de responsabilidad en el proceso penal, razón por la cual “no existe fundamento legal para incoar esta acción de repetición en

otros y manifestó no constarle los demás. Formuló las siguientes excepciones: i) falta de causa petendi, toda vez que fue exonerado de responsabilidad en el proceso penal, razón por la cual “no existe fundamento legal para incoar esta acción de repetición en su contra”8; y ii), “inexistencia de la obligación de indemnizar”9, teniendo en cuenta que actuó amparado en una causal de justificación, por consiguiente “no puede predicarse un actuar doloso o gravemente culposo de su parte”10. Los señores Johel Muñoz Torres y José Armando Almanza Tordecilla no contestaron11.

2.3. Agotada la etapa probatoria 12, mediante auto del 28 de noviembre de 2016 13 se corrió traslado a las partes para formular alegatos de conclusión y a la Procuraduría

4 Folio 5 del cuaderno 1. 5 Folio 150 y 151 del cuaderno 1. 6 Folio 176 del cuaderno 1. 7 Actúa por intermedio de apoderada judicial (poder obrante a folio 191 del cuaderno 1 y auto del 15 de agosto de 2014, de reconocimiento de personería, visible a folio 902 del cuaderno 2). 8 Folio 189 del cuaderno 1. Es de anotar que, la contestación a la demanda, también obra en los folios 837 a 843 del cuaderno 1. 9 Folio 190 del cuaderno 1. 10 Folio 190, ibídem. 11 Folio 902 del cuaderno 2. 12 Audiencia del 22 de octubre de 2015, folio 911 y 912 del cuaderno 2. 13 Folio 935 del cuaderno 2.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

12 Audiencia del 22 de octubre de 2015, folio 911 y 912 del cuaderno 2. 13 Folio 935 del cuaderno 2.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

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para su concepto; tal oportunidad fue aprovechada por la parte demandante14 y por el demandado Luis Fernando Zapata Agudelo15.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 21 de septiembre de 201816 declaró la responsabilidad de los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo y, en consecuencia, los condenó a pagar de manera solidaria la suma de “quinientos sesenta y cinco millones ciento noventa y seis mil novecientos treinta y dos pesos”17 ($565’196.932). Consideró que la actuación de los agentes “ fue desproporcionada, desmedida y extralimitada respecto de una persona [se refiere a Juber Alexis Barrientos Gómez —Q.E.P.D.—] que no tenía arma de fuego para defenderse […] conducta que constituye una actuación gravemente culposa”18.

2.5. El 9 de octubre de 201819, la parte demandada —Luis Fernando Zapata Agudelo— interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión anterior y se negaran las súplicas de la demanda, toda vez que:

2.5.1. La sentencia apelada sólo tuvo en cuenta las pruebas testimoniales trasladadas del proceso de reparación directa , sin confrontarlas con las demás pruebas trasladadas, en particular, del proceso penal . De haberse valorado el

2.5.1. La sentencia apelada sólo tuvo en cuenta las pruebas testimoniales trasladadas del proceso de reparación directa , sin confrontarlas con las demás pruebas trasladadas, en particular, del proceso penal . De haberse valorado el material probatorio en su conjunto, se habría llegado a una conclusión diferente en cuanto a la culpa grave de los demandados.

2.5.2. Una valoración integral de la prueba de balística permitiría establecer que en el cuerpo de Juber Alexis Barrientos Gómez se encontraron componentes químicos —plomo y bario— lo cual desvirtuaba la afirmación de que este no manipuló arma de fuego.

2.6. La apelación fue concedida20, admitida21 y se corrió traslado para alegaciones de las partes y concepto del Ministerio Público22. Esta oportunidad fue aprovechada por el Ministerio Público , a través del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa23, quien solicitó confirmar la sentencia apelada que estimó las pretensiones de la demanda, toda vez que “en el caso sub examine se logra individualizar a los miembros de la Policía Nacional que ocasionaron el daño antijurídico conforme al contenido de las sentencias dictadas en la jur isdicción administrativa, lo que demuestra que su conducta fue gravemente culposa”24. Esta oportunidad también fue aprovechada por el señor Luis Fernando Zapata Agudelo , quien reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación 25. La entidad demandante y los demás demandados guardaron silencio26.

14 Folios 939 a 942 del cuaderno 2. 15 Folios 936 a 939 del cuaderno 2. 16 Folios 952 a 959 del principal.

demás demandados guardaron silencio26.

14 Folios 939 a 942 del cuaderno 2. 15 Folios 936 a 939 del cuaderno 2. 16 Folios 952 a 959 del principal. 17 Folio 959 del cuaderno principal. 18 Folio 958 del cuaderno principal. Es de anotar que el magistrado Andrew Julián Martínez Martínez aclaró el voto, pues en la sentencia se debió analizar la “legítima defensa” y el “cumplimiento de un deber legal”, los cuales —en su criterio— no se configuran en el presente asunto. 19 Folios 965 a 973 del cuaderno principal. 20 Audiencia del 27 de noviembre de 2018, folio 975 del cuaderno principal. 21 Auto del 19 de febrero de 2019, folio 980 del cuaderno principal. 22 Auto del 23 de abril de 2019, folio 984 del cuaderno principal. 23 Iván Darío Gómez Lee. 24 Folio 1002 del cuaderno principal. 25 Folios 986 a 990 del cuaderno principal. 26 Informe secretarial obrante a folio 1004 del cuaderno principal.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

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III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 27— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior

en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 27— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “ pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

3.2. La Sala tendrá por demostrada la calidad de agente s de policía de los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo28, la condena en contra de la entidad demandante29 y el pago30, todo lo cual está acreditado con prueba documental31 y no controvertido en esta instancia.

Así pues, al haber quedado zanjada la litis sobre los mencionados presupuestos objetivos de prosperidad de la pretensión de repetición, se procederá a estudiar el siguiente problema jurídico, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le asiste:

¿La apreciación integral de l acervo probatorio permitiría concluir que los uniformados Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo actuaron con culpa grave al ocasionar la muerte de Juber Alexis Barrientos Gómez, pues este último no había manipulado arma de fuego alguna?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La jurisdicción contencioso -administrativa conoce de los procesos de repetición

Juber Alexis Barrientos Gómez, pues este último no había manipulado arma de fuego alguna?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La jurisdicción contencioso -administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)32 y el artículo 7 de

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). En dicho proveído se unificó la Ju risprudencia de la Corporación, en lo atinente a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 y se dispuso que “su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es a partir del 1º de enero de 2014”; sin perjuicio de la aplicación ul tractiva del Código de Procedimiento Civil (señalada en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012), para resolver de: (i) los recursos interpuestos, (ii) la práctica de pruebas decretadas, (iii) las audiencias convocadas, (iv) las diligencias iniciadas, (v) los términos que hubieren comenzado a correr, (vi) los incidentes en curso y (vii), las notificaciones que se estén surtiendo. Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en el literal c del numeral 1 del artículo 625 del Código General del Proceso, la valora ción probatoria del presente asunto se regirá por la normatividad anterior.

previsto en el literal c del numeral 1 del artículo 625 del Código General del Proceso, la valora ción probatoria del presente asunto se regirá por la normatividad anterior. 28 Certificaciones laborales que obran a folios 98 a 100 del cuaderno 1. De igual manera, se encuentran las actas de posesión de dichos uniformados, según consta a folios 273, 274 y 275 del cuaderno 1, respectivamente. 29 Sentencia del 13 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín (folios 397 a 423 del cuaderno 3) y sentencia del 25 de noviembre de 2010, dictada en gr ado jurisdiccional de consulta, por el Tribunal Administrativo de Antioquia (folios 458 a 491 del cuaderno 3). 30 El pago se hizo por $568’806.838,27 monto que fue cancelado el 17 de junio de 2011, a la cuenta de ahorros No. 036400313902 del Banco Daviviend a, a nombre de la señora Claudia Patricia Marín Gómez, quien fungía como apoderada de la señora Marta Alexandra Medida Castaño y otros, en el proceso de reparación directa (comprobante de pago SIIF Nación, folio 163 del cuaderno 1 y certificación expedida por el tesorero general de la Policía Nacional, el 31 de mayo de 2013, visible a folio 162 del cuaderno 1). De igual manera, obra la Resolución 0632 del 9 de junio de 2011, por medio de la cual se ordenó el pago de $568’806.838,27, en favor de la mencionada demandante en el

proceso de reparación directa y demás familiares de Juber Alexis Barrientos Gómez (folios 95 a 97 del cuaderno 1). 31 Tales presupuestos se encontraron demostrados como hechos probados en la sentencia. Ver, folios 954 y 956 del cuaderno principal. 32 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

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la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante33.

4.2. De acuerdo con el artículo 164 , literal l) del CPACA., “cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”34. A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un términ o de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de

siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas, de dieciocho (18) meses, según el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo 35, vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria.

En este caso, el pago se realizó el diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011 )36, cuando aún no había expirado el plazo de dieciocho (18) meses con que contaba la entidad para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010 ), dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quedó ejecutoriada el once (11) de febrero de dos mil once (2011)37.Como el plazo de caducidad vencía el dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013) y la demanda fue presentada el treinta y uno (31) de mayo del mismo año38, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

4.3. La acción fue ejercida por la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional , entidad que resultó condenada al declararse su responsabilidad patrimonial extracontractual por la muerte de Juber Alexis Barrientos Gómez, en sentencia del trece (13) de diciembre de dos mil nueve ( 2009), dictada por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín39, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010)40, razón por la cual se encuentra legitimada en la causa por activa . Por

Administrativo del Circuito Judicial de Medellín39, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010)40, razón por la cual se encuentra legitimada en la causa por activa . Por otra parte, están legitimados en la causa por pasiva los señores Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo, puesto que fueron quienes, según la demanda, en su condición de efectivos de la Policía Nacional, dieron lugar a l daño por el cual se condenó a la entid ad en las sentencias referidas en precedencia (radicado: 05001 23 31 000 2006 01499 01).

Consideraciones relativas régimen jurídico sustantivo aplicable

4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el

33 La cuantía de la demanda ($ 568’806.838.27) es superior a los 500 smlmv ($294’750.000), exigidos por el citado artículo 152.11 de la Ley 1437 de 2011. 34 Esta norma es aplicable en su redacción original, sin tener en cuenta la modificación que introdujo el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, dado que dicha ley aplica solo para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. 35 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas,

entrada en vigencia de la misma. 35 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria". 36 Folios 162 y 163 del cuaderno 1; ver, pie de página 28 supra. 37 Folio 493 del cuaderno 3. 38 Folio 12 del cuaderno 1. 39 Folios 397 a 423 del cuaderno 3. 40 Folios 458 a 491 del cuaderno 3.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

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momento de su derog ación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos41. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior 42. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley cit ada la que rija el análisis de la culpa grave de los demandados y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “ sin perjuicio de que, dada la estrecha afinida d y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y

acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)” 43. Por ende, como en este caso l os hechos en que perdió la vida el señor Juber Alexis Barrientos Gómez ocurrieron el 13 de enero de 2004 , la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.

Consideraciones relativas al problema jurídico planteado

4.5. La acreditación del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o exservidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, iii) cuál fue el grado de participación del agente.

La Corte Constitucional, en sentencia reciente, precisó que las presunciones de dolo y culpa previstas en la ley eximen al organismo estatal de probar el supuesto de la inferencia por estar descrito directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que

La Corte Constitucional, en sentencia reciente, precisó que las presunciones de dolo y culpa previstas en la ley eximen al organismo estatal de probar el supuesto de la inferencia por estar descrito directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o su negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante: (i) el análisis de las funciones contempladas en la ley , y (ii) el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida44.

Las presunciones legales de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en el ámbito de la responsabilidad personal del servidor o exservidor contra quien el órgano público ejercita la pretensión de repetición, complementan pues las definiciones de dolo y culpa grave, e invierten la carga de la prueba. Cuando no esté acreditado el supuesto en el que se funda la presunción, la calificación de la conducta del agente debe

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330. 42 “Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la

frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los s ervidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. // Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propó sito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente No. 54692. 43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692. 44 Corte Constitucional, sentencia C-354 de 26 de agosto de 2020.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 01248 01 (63031)

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evaluarse frente a la definición llana del dolo y la culpa grave. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, debe probarse que la conducta del servidor o exservidor demandado encaja en la definición de dolo o culpa grave prevista en esa normativa, ya sea porque quiso “la realización de un hecho ajeno a las

del servidor o exservidor demandado encaja en la definición de dolo o culpa grave prevista en esa normativa, ya sea porque quiso “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado” (dolo) o porque incurrió en “una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave)45.

4.6. En línea con el breve derrotero normativo y jurisprudencial previamente expuesto, le corresponde a la Sala determinar si los agentes Johel Muñoz Torres, José Armando Almanza Tordecilla y Luis Fernando Zapata Agudelo actuaron con culpa grave durante el operativo en que perdió la vida Juber Alexis Barrientos Gómez.

4.6.1. Pues bien, está acreditado que dichos demandados eran miembros de la Policía Nacional acantonada en la Estación de Policía de Manrique (Medellín) y que, el 13 de enero de 2004, participaron en un procedimiento policial en el que se hizo uso de armas de fuego de uso privativo del Estado e, infortunadamente, perdió la vida Juber Alexis Barrientos Gómez46. Así se consta en el informe núm. 014 CDOESMAN del 15 de enero de 2004, en el que el teniente coronel Iván Guillermo Ramírez Reyes, comandante de la Estación de Policía de Manrique, consignó:

“[…] el día 13-01-04 a eso de las 22:35 horas , en la calle 93F con cra.55 sector del pueblo, en momentos en que la patrulla realizaba patrullajes por el sector a pie, estos fueron sorprendidos por (07) sujetos portando armas cortas quienes se enfrentaron a

pueblo, en momentos en que la patrulla realizaba patrullajes por el sector a pie, estos fueron sorprendidos por (07) sujetos portando armas cortas quienes se enfrentaron a los uniformados y en su intercambio de disparos se logró establecer (sic) dar de baja al sujeto JUBER ALEXIS BARRIENTOS GOMEZ, a quien se le incautó una arma de fuego, tipo pistola calibre 7.65, marca Browing arms Company, cromada, No. Externo 425PT51679, cachas de nacar, color crema, un proveedor con capacidad para 12 cartuchos, con (04) cartuchos, sin permiso para porte o tenencia, en buen estado de funcionamiento y mantenimiento. Un[a] granada de fragmentación IM26, color verde, externo M8524A42, en buen estado.

Según información obtenida por el CTI, al occiso le figuraba medida de aseguramiento No. 128181168 Fiscal 16 Especializado del Circuito de Medellín por el delito de concierto para delinquir.

Por información obtenida en la cárcel de Bellavista se obtuvo que estuvo detenido el 010398 y posteriormente trasladada (sic) a la cárcel de máxima seguridad Acacias Meta, el 11 -03-02 salió en libertad por cumplir una condena por usar prendas privativas de las Fuerzas Armadas, por porte ilegal, miliciano de las FARC. Tiene una reseña No. 239-150, conocido como el alias ‘GASCON’, jefe de la banda del pueblo o curva del aguacate” (se resalta)47.

4.6.2. Según el informe de novedad rendido el 13 de enero de 2004, por el comandante

curva del aguacate” (se resalta)47.

4.6.2. Según el informe de novedad rendido el 13 de enero de 2004, por el comandante de patrulla Zafiro 2-1 y el informe de balística DNC-BAL 302-2006, quienes conformaban la patrulla que participó en el operativo referido a