CE - 050012333000201501199011SENTENCIA20230713110653

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001-23-33-000-2015-01199-01(3892-2022)

Demandante: Óscar Orlando España Pulido

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Temas:

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, Óscar Orlando España Pulido demandó la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia : (i) del 13 de mayo de 2014 expedido por la Procuraduría Regional de Antioquia por medio del cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 11 años y (ii) del 23 de octubre del 201 4 proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación E statal que

destitución e inhabilidad general por 11 años y (ii) del 23 de octubre del 201 4 proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación E statal que modificó la sanción para imponerle suspensión e inhabilidad especial por 10 meses.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada: (i) al pago de $92426.596 por concepto de lucro cesante , $25000.000 por concepto de daño emergente , 200 salarios mínimos legales por daños morales y 100 salarios mínimos legales p or «daños extraprocesales»; (ii) al pago de las costas y agencias en derecho, en la cuantía que resulte de l o que se pruebe en el curso del proceso; (iii) a pagar de manera actualizada las anteriores sumas, teniendo en cuenta el IPC más los intereses legales a que h ubiere lugar y

1 Previsto en el artículo 138 del Có digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.2

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022)

Demandante: (iv) a dar cumplimiento a la sentencia como lo dispone el artículo 192 y 195 del

CPACA.

1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia publicó entre el 20 de noviembre de 2012 y el 31 de enero de 2013 el prepliego del proceso de licitación pública LIC -20-21-2012 para la adjudicación del contrat o de obra de

noviembre de 2012 y el 31 de enero de 2013 el prepliego del proceso de licitación pública LIC -20-21-2012 para la adjudicación del contrat o de obra de

«CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80

HASTA EL EMPALME CON LA VÍA DE ACCESO ORIENTAL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)», por valor de $87.244.406.951.

3.2. Durante el periodo en que estuvo publicado, varias firmas presentaron observaciones a los prepliegos respecto de temas puntuales, tales como, la experiencia que debia acreditarse en el proceso, los indicadores fina ncieros: índices de liquid ación y de endeudamiento, entre otros. No se recibieron observaciones sobre la cl áusula que defin ía como regla que para el c álculo de la capacidad residual solo se tendría en cuenta la información suministrada en el formulario núm .1, en el que los oferentes debian brindar la información correspondientes a los contratos en ejecución, y que en caso de que dicha información sea objeto de o bservaciones, la entidad proceder ía a verificar lo objetado y de resultar información diferente, la propuesta incurriría en la causal de rechazo.

3.3. Así pues, en el pliego de condiciones quedó la siguiente causal de rechazo de las propuestas: «3.16. […] el Departamento de Antioquia podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lug ar a su evaluación […] 21. Cuando los datos

las propuestas: «3.16. […] el Departamento de Antioquia podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lug ar a su evaluación […] 21. Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad» . En el capítulo II sobre «requisitos habilitantes y de participación », específicamente, en el numeral 2.2 que alude a «requisitos técnicos», sub n umeral 2.2.2 sobre la «capacidad de contratación residual», el pliego de condiciones indicó que para su cálculo se tendría en cuenta la información suministrada por el proponente en el formulario núm. 1, y que en caso de que dicha información fuera objeto de observaciones, la entidad procedería a verificar lo objetado y , de resultar falsa, inexacta o diferente, la propuesta incurriría en la causal de rechazo núm. 21 antes indicada.

3.4. El 7 de marzo de 2013 la Secretaría de Infraestructura realizó la audiencia de3

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: cierre y apertura de ofertas, con la participación de 22 proponentes.

3.5. El 1 de abril de 2013 la mencionda dependencia publicó el informe preliminar de evaluación en el que el consorcio VIAL ACI obtuvo el máximo puntaje, informe que fue elaborado por un «grupo evaluador» conformado por los siguientes funcionarios de la Gerencia de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Infraestructura: Adriana Montoya Hincapié, ingeniera civil, Gustavo Latra Bermúdez, Financiera, y María Teresa Muñoz Jaramillo, abogada.

funcionarios de la Gerencia de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Infraestructura: Adriana Montoya Hincapié, ingeniera civil, Gustavo Latra Bermúdez, Financiera, y María Teresa Muñoz Jaramillo, abogada.

3.6. En el término de traslado del informe preliminar, varios de los proponentes presentaron múltiples observaciones, por inconsistencias en la información consignada por los oferentes en el formulario núm . 1, relaciondas con la experiencia de las firmas oferentes, datos con los que a su vez se calcularía la capacidad residual de los oferentes . Luego de constatar las inconsistencias, el grupo evaluador corrigió el informe preliminar de l 1 de abril de 2013, a través d el «informe de evaluación ajustado a las observaciones » de 6 de mayo de 2013 , y elaboró un nuevo orden de elegibilidad en el que el proponente MINCIVIL S.A. se ubicó en el primer lugar.

3.7. El 8 de mayo de 2013, el secretario de infraestructura de es a época, Mauricio Valencia Correa, y el entonces director de asuntos legales de la Secretaría, Óscar Orlando España Pulido, aquí demandante, instalaron la audiencia de adjudicación, en la que varios de los proponentes manifestaron que MINCIVIL S.A. también había incurrido en inconsistencias al momento de indicar la experiencia de la firma en el formulario núm. 1, por lo que la Secretaría suspendió la audiencia para realizar las verificaciones correspondientes.

3.8. El 17 de mayo de 2013 la Secretaría reanudó la audiencia y, luego de explicar que en efecto MINCIVIL S.A. también había incurrido en inconsistencias al

verificaciones correspondientes.

3.8. El 17 de mayo de 2013 la Secretaría reanudó la audiencia y, luego de explicar que en efecto MINCIVIL S.A. también había incurrido en inconsistencias al momento de indicar la experiencia de la firma en el formulario núm. 1 , estableció un nuevo orden de elegibilidad encabezado por el consorcio COPARCOconformado por las empres as CONASFALTOS S.A. con el 50%, ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., con el 25%, y COPCISA S .A.S., con el 25%-, al que se le adjudicó el contrato de obra, mediante resolución 50345 leída en audiencia ese mismo día, acto administrativo que fue elaborado por el r eferido grupo evaluador y suscrita por el secretario de infraestructura, con el visto bueno del director de asuntos legales de la Secretaría, Óscar Orlando España Pulido, y del gerente de la división de proyectos estratégicos de la Secretaría, Sebastián Álvarez Díaz.4

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: 3.9. A l finalizar la audiencia de adjudicación los representantes de las firmas SAINC INGENIEROS S.A. y CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., indicaron que el consorcio COPARCO, al que se le había adjudicado el contrato de obra, también había incurrido en inconsistencias en el fo rmulario núm. 1 al momento de especificar la experiencia de la firma.

3.10. A raíz de ello, por medio de oficios del 22 de mayo de 2013, el secretario de infraestructura requirió al consorcio COPARCO y al INVÍAS, «aclaración respecto del

especificar la experiencia de la firma.

3.10. A raíz de ello, por medio de oficios del 22 de mayo de 2013, el secretario de infraestructura requirió al consorcio COPARCO y al INVÍAS, «aclaración respecto del contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscr ito con el [… ]INVIAS y aportado dentro del formulario No. 1, por dos de los conformantes del consorcio COPARCO, esto dado que el integrante del consorcio CONASFALTO S .A. […] de la propuesta , consigna datos diferentes a los aportados para el mismo contrato por ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. [...]».

3.11. A través de memorial de l 24 de mayo de 2013, el consorcio COPARCO contestó que (i) el contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscr ito con el INVIAS, tenía un término de 22 meses, de los cuales estaban pendientes por ejecutar 20 meses, y (ii) dichos plazos y términos aplicaban por igual para todos los miembros del consorcio COPARCO a efectos de calcular la capacidad residual de cada uno de ello s y del consorcio en general . En igual sentido contestó el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS a través de memorial de la misma fecha.

3.12. A través de resolución 68070 del 28 de mayo de 2013, elaborad a por el referido grupo evaluador y suscrita por el secretario de infraestructura, con el visto bueno del director de asuntos legales y del gerente de la división de proyectos estratégicos de la Secretaría , se revocó la resolución de adjudicación del contrato

referido grupo evaluador y suscrita por el secretario de infraestructura, con el visto bueno del director de asuntos legales y del gerente de la división de proyectos estratégicos de la Secretaría , se revocó la resolución de adjudicación del contrato porque: (i) CONASFALTOS S.A. y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S., integrantes del consorcio COPARCO, reportaron información diferente en el formulario núm. 1, ya que respecto al contrato 1987 del 15 de noviembre de 2012, suscrito con el INVIAS y el consorcio ECA, cuyos integrantes son CONASFALTOS S .A. con una participación del 40% y ARQUITECTURA Y CONCRETO S .A.S., con el 20%, reportaron en la columa «término pendiente de ejecución (meses)» dos plazos distintos, esto es, CONASFALTOS S .A. consignó 20 meses, mientras que ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. reportó 22 meses, con lo cual claramente se evidencia una abierta contradicción con la realidad, (ii) en la página www.colombiacompra.gov.co aparece que para el mencionado contrato, ARQUITECTURA Y CONCRETO S .A.S., reportó una participación del 3 0% y no del 20% en el consorcio ECA, (iii) los pliegos fueron claros en señalar que de evidenciarse contradicciones en el formulario núm. 1 se rechazaría la p ropuesta,5

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: porque con esa información era que se iba a calcular la capacidad residual del proponente, y (iv) por inconsistencias similiares fueron excluidos 11 oferentes.

Demandante: porque con esa información era que se iba a calcular la capacidad residual del proponente, y (iv) por inconsistencias similiares fueron excluidos 11 oferentes.

3.13. El consorcio COPARCO presentó reposición c ontra la resolución 68070 del 28 de mayo de 2013, recurso que fue resuelto en forma negativa mediante resolución 87369 de l 25 de junio de 2013, la cual también fue elaborada por el grupo evaluador y suscrito por el secretario de infraestructura de esa época, con el visto bueno del director de asuntos legales y del gerente de la división de proyectos estratégicos de la Secretaría.

3.14. Dado que tod as las propuestas fueron rechazadas, e l proceso licitatorio fue declarado desierto a través de la resolución 89354 del 12 de julio de 2013, la cual fue confirmada en sede de reposición con la resolución 090684 del 20 de julio de 2013, resolucio nes que también fueron elaboradas por el grupo evaluador y suscritas por el secretario de infraestructura, con el visto bueno del director de asuntos legales y del gerente de la división de proyectos estratégicos de la Secretaría.

3.15. De oficio, con fundamento en notas de prensa, la Procuraduría Regional de Antioquia, a través de auto del 8 de julio de 2013 inició indagación preliminar por los hechos narados.

3.16. Mediante auto del 30 de agosto de 2013 la autoridad disciplinaria vinculó al trámite al arquitecto Mauricio Alberto Valencia Correa, secretario de infraestructura física de Antioquia para la época de los hecho s al ing eniero Sebastián Álvarez

trámite al arquitecto Mauricio Alberto Valencia Correa, secretario de infraestructura física de Antioquia para la época de los hecho s al ing eniero Sebastián Álvarez Díaz, g erente de proyectos estratégicos, al arquitecto Juan Carlos Restrepo Monsalve, director de proyectos estratégicos, y al abogado Óscar Orlando España Pulido, director de asuntos legales.

3.17. A través de auto de pliego de cargos del 19 de diciembre de 2013 , la Procuraduría Regional de Antioquia les endilgó, a título de dolo, la comisón de la falta disciplinaria gravísima señalada en el artículo 48 .31 de la Ley 734 de 2002 referida a «participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», en el caso especifico del demandante Óscar Orlando España Pulido, por:

«Participar en todo el proceso de licitación LIC20 -21-2012 (etapa precontractual), -con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la constitución y en la ley, e n especial los de transparencia y economía de la6

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: contratación estatal, eficacia, economía y celeridad de la constitución , igualmente, de los de celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y trasparencia de la función

Demandante: contratación estatal, eficacia, economía y celeridad de la constitución , igualmente, de los de celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y trasparencia de la función administrativa señalados en el art. 3 de la Ley 1437 de 2011 - cuyo aviso de convocatoria se publicó en el SECOP el 20 de noviembre de 2012, (…) si endo adjudicada al consorcio COPARCO con Resolución 50345 el 17 de mayo de 2013. Revisó el 28 de mayo la Resolución 068070 de la misma fecha mediante la cual revocó la Resolución 50345 el 17 de mayo de 2013 que adjudicó al consorcio COPARCO la licitación LIC-20-21-2012 y con su firma también el 25 de junio de 2013 revisó la Resolución 087369 que resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de revocar la adjudicación al consorcio COPARCO, proferida sin fundamento legal. La licitación finalmente fue declara desierta mediante la Resolución 89354 del 12 de julio de 2013.

[…] lo que se traduce en un desgaste de la administración y de los oferentes que participaron en ella, [porque] se rechazó la totalidad de las ofertas, en aplicación de la causal d e rechazo No. 21 del pliego de condiciones […], sin haberse observado principios como los de buena fe, razonabilidad, proporcionalidad, subsanabilidad y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, para haber terminado el proceso de licitación con adjudicación como señala la Ley 1150 de 2007, en su artículo 9, sin tener que recurrir al proceso de selección abreviada SA-20-10-2013.

prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, para haber terminado el proceso de licitación con adjudicación como señala la Ley 1150 de 2007, en su artículo 9, sin tener que recurrir al proceso de selección abreviada SA-20-10-2013.

Es inaceptable que la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento y la Gerencia de Proyectos Estratégicos […], hallan adelantado un proceso de licitación pública, en la cual participaron 22 oferentes […] declarándose desierta, en la cual se hicieron inversiones del Estado y sumado a ello las de los oferentes. Objetivamente se incurrió en un desgaste en tiempo, en recursos, en esfuerzos de la administración y de los oferentes, para no culminar con el fin que persigue la misma.

No es justo ni razonable, que se hallan surtido multiples trámites y diligencias en el proceso licitatorio LIC -20-21-2012 para haber culmina do declarándose desierto, [….]. No se advierte excusa válida para que tal procedimiento culminara así, ello lesiona gravemente el principio de confianza legítima […].

Con los hechos presuntamente irregulares, se incurrió en la violación del régimen de deberes, […] numerales 1 y 2 del artículo 34 del CDU […], artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, por haberse revocado el acto administrativo de adjudicación, con una interpretación subjetiva de esta norma […], al dar por establecido que “el acto de adjudicación s e encuentra precedido por un error evaluativo, en el que incurrió la administración por las contradicciones evidenciadas en la propuesta del consorcio COPARCO, […] error […] que se erige en uno de los elementos de ilegalidad de un acto

adjudicación s e encuentra precedido por un error evaluativo, en el que incurrió la administración por las contradicciones evidenciadas en la propuesta del consorcio COPARCO, […] error […] que se erige en uno de los elementos de ilegalidad de un acto administrativo […]”. Esta interpretación […] de las causales de revocatoria del acto de adjudicación, señaladas en el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, que indica “si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales” [es forzada].7

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: Los errores simples, inv oluntarios, gramaticales, no se deben calificar de medios ilegales, en observancia de los postulados de la buena fe, razonabilidad, proporcionalidad y subsanabilidad, prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades o procedimientos, tales errores deben ponderarse y corregirse o subsanarse para que la oferta no sea rechazada, se garantice al oferente el derecho a participar en igualdad de condiciones, también facilitar la pluralidad de concurrentes, para asegurar la selección objetiva del contratista y la eficacia del proceso licitatorio.

En el caso de la licitación LIC -20-21-2012 no era necesario que se halla reevaluado y rechazado la oferta, no obstante haber brindado el consorcio COPARCO las explicaciones pertinentes para aclarar el “error evalu ativo en el que incurrió la administración por las contradicciones evidenciadas en la propuesta”, como tampoco las 6 ofertas restantes, so pretexto de preservar el derecho a la igualdad.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta la advertencia que rea lizó el Procurador

administración por las contradicciones evidenciadas en la propuesta”, como tampoco las 6 ofertas restantes, so pretexto de preservar el derecho a la igualdad.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta la advertencia que rea lizó el Procurador 143 Judicial II Administrativo de Medellín, en el acta 417 de 28 de noviembre de [2013], dentro del trámite de la solicitud de conciliación extrajudicial elevado por [los integrantes del cosorcio COPARCO], […] en el cual manifestó: “el p rocurador judicial, […], viendo que hay una alta probabilidad de una sentencia condenatoria contra la entidad, pues, […], se han sumado una serie de actos y eventos irregulares con la decisión en cuestión, […], pues es obvio que la oportunidad para formular objeciones a la propusta estuvo vencida y así fue que se adjudicó el contrato, que el error advertido por el tercero participante no representa alteración alguna en la calificación del proceso, que la revocatoria no cumplío con el procedimiento legal exi stente, que la decisión de revocatoria se tomó por fuera del término legal, ya que estaba vencido el plazo para suscribir el contrato, que existe una motivación que no corresponde a lo realmente sucedido, frente a que se informare dentro de la audiencia de adjudicación, entre otros.

El Procurador 143 Judicial II Administrativo de Medellín, en el acta 417 de 28 de noviembre de [2013], advierte sobre la existencia de un daño antijurídico y sobre una “alta probabilidad de una condena contra la entidad” […], d onde el departamento a futuro se vería condenado a pagar la pretendida suma de $3.510.276.292 por concepto

“alta probabilidad de una condena contra la entidad” […], d onde el departamento a futuro se vería condenado a pagar la pretendida suma de $3.510.276.292 por concepto de utilidades que hubiesen percibido en caso que el consorcio COPARCO hubiese ejecutado el contrato derivado de la licitación LIC -20-21-2012 […] y e n detrimento del erario».

3.18. Mediante fallo disciplinario de primera instancia del 13 de mayo de 2014 , la Procuraduría Regional de Antioquia sancionó con destitución e inhabilidad general por 11 años a Mauricio Alberto Valencia Correa, secretario de infraestructura física de ese entonces , al ingeniero Sebastián Álvarez Díaz, al arquitecto Juan Carlos Restrepo Monsalve, director de proyectos estratégicos, y al abogado Óscar8

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: Orlando España Pulido, director de asuntos legales , por la comisión de la falta gravísima descrita -por desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley -, pero no a título de dolo como se señaló en el pliego de cargos , sino a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

3.19. Por medio de fallo disciplinario de segunda instancia del 23 de octubre del 2014, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal , al resolver el recurso de apelación presentado por los disciplinados, modificó la sanción para imponerles suspensión e inhabilidad especial por 10 meses, porque consideró que

2014, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal , al resolver el recurso de apelación presentado por los disciplinados, modificó la sanción para imponerles suspensión e inhabilidad especial por 10 meses, porque consideró que (i) la conducta desplegada por los mencionados servidores no encuandra en la falta gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, a que se hizo referencia en el fundamento 3.17, sino en falta grave por l a inobservancia del deber de cumplir las leyes, señ alado en los artículos 50 y 34.1 de la citada ley, porque al revocar el acto de adjudicación no aplicaron adecuadamente el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, ya que los errores en que incurrió el consorcio ganador no constituyen un medio ilícito que habilitase la revocatoria , y (ii) la conducta se cometió en la modalidad de culpa grav ísima, por desatención elemen tal y no por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 29, 83, 90 y 209 de la Constitució n; 97 y 141 de la Ley 734 de 2002 ; 5, numerales 1, 2, 3 y 4, y 9 de la Ley 1150 de 2007; 221 del Decreto 019 de 2012; 2.2.8 del Decreto 1397 de 2012 y la Ley 80 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación, el demandante sostuvo en primer lugar, que los actos administrativos demandados violaron el derecho al deb ido proceso ,

5. En cuanto al concepto de violación, el demandante sostuvo en primer lugar, que los actos administrativos demandados violaron el derecho al deb ido proceso , porque: (i) el procurador regional de Antioquia omitió el pronunciamiento frente a la valoración probatoria de los diez testimonios solicitados en el proceso disciplinario, limitándose a manifestar frente algunos de ellos que no le ofrecían cr edibilidad aduciendo una supuesta solidaridad institucional, sin señalar algún argumento que permitiera evidenciar tal parcialización, pero no realizó un análisis detallado, ni una apreciación y valoración de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y (ii) a pesar que la procuraduría delegada en segunda instancia intent ó corregir el yerro del procurador regional, la valoración probatoria realizada por esta se limitó a reproducir apartes de las declaraciones de los testigos sin verificar si estos estaban en la capacidad de comprender la interpretación jurídica entregada9

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: por los funcionarios que son abogados especialistas en contratación estatal, quienes, habían aconsejado la revocatoria del acto de adjudicación.

6. En segundo lugar, el demand ante adujo la falsa motivación de los fallos disciplinarios porque se edificaron sin pronunciarse frente aspectos cruciales planteados por la defensa , como: (a) el error de prohibición como eximente de responsabilidad disciplinaria, en tanto, la posición a sumida por los funcionarios sancionados fue sustentada con apoyo en doctrina, jurisprudencia y análisis de casos similares y permitía a cualquier abogado entender legitimado su actuar con

responsabilidad disciplinaria, en tanto, la posición a sumida por los funcionarios sancionados fue sustentada con apoyo en doctrina, jurisprudencia y análisis de casos similares y permitía a cualquier abogado entender legitimado su actuar con convencimiento de la legalidad de su decisión, (b) el desconocimient o del principio de culpabilidad al realizar el proceso de subsunción típica de carácter subjetivo, dado que , ambas instancias disciplinarias tras anotar la posición jurídica que consideraron válida, acuñaron la tesis de que cualquier otra decisión jurídica que se hubiese tomado contraria a ella implicaba per se un desconocimiento de las normas que regulan la contratación estatal y por ende la conducta podría enmarcarse en la culpa gravísima bajo la modalidad de desatención elemental, violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento o negligencia supina, sin un razonamiento lógico y subsunción subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, (c) es inexistente la culpa gravísima, ya que esta se configura cuando se advierte que la decisión es ostensiblemente contraria a la ley ,y al no ser la norma clara y precisa no puede predicarse la culpa gravísima, por lo que era necesario referirse a si la disposición era clara o si frente a las mismas procedía una interpretación razonada como la adoptada por la administración , (d) se desconoció la posibilidad que tiene la administración pública de revocar el acto de adjudicación cuando media un error que vicia el consentimiento de conformidad con la causal de revocatoria directa del artículo 9 .3 de la Ley 1150 de 2007 , disposición en la que se fundó la resolución que declaró la revocatoria del acto de

adjudicación cuando media un error que vicia el consentimiento de conformidad con la causal de revocatoria directa del artículo 9 .3 de la Ley 1150 de 2007 , disposición en la que se fundó la resolución que declaró la revocatoria del acto de adjudicación por haber sido obtenido por un me dio ilegal, como lo es e l error y (e) la interpretación razonable de una norma enerva la posibilidad de sanción disciplinaria, ya que, al estar frente a un caso díficil la interpretación errónea pero razonable es habitual.

7. Por último el demandante alegó, que el fallo disciplinario de segunda instancia se fundamentó en norma inaplicable, que es el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 que dispuso que «si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional» , sin tener en cuenta que esta es una norma general y que respecto de los actos de adjudicación procede la aplicación de la Ley 1150 de 2007 al ser una norma especial para la contratación estatal , y por lo10

Radicado: 05001 23 33 000 2015 01199 01 (3892-2022) Demandante: tanto, procedía la aplicación de la causal de revocatoria directa previ sta en su artículo 9.3.

2. Contestación de la demanda

8. La Procuraduría General de la Nación , se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

8.1. Desde el auto de pliego de cargos el reproche fue claro y a que la conducta

8. La Procuraduría General de la Nación , se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

8.1. Desde el auto de pliego de cargos el reproche fue claro y a que la conducta que se encontró como disciplinable fue la relacionada con la revocatoria del acto de adjudicación de la licitación sin fundamento legal.

8.2. La causal de revocatoria del acto de adjudicación del artículo 9 .3 de la Ley 1150 de 2007 que in dica su procedencia si el acto se obtuvo por medios ilegales, hace referencia a que el acto sea fruto de una intervención dolosa, o un medio ilegal que anule la voluntad del funcionario, y no a errores simples, involuntarios o gramaticales, y en consecuenc ia, el departamento de Antioquia hizo una interpretación acomodada de la causal de revocatoria a simples errores de diligenciamiento de un formulario, actuando a la inversa de que lo sustancial prima sobre lo formal.

8.3. E ra perfectamente viable la aclar ación o corrección del formulario núm. 1 referente a la capacidad residual, en la medida en que era un requisit