CE - 080012333000201701267011SENTENCIA20230704225457

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 08001233300020170126701 (67666)

JUAN PASTOR PÉREZ ESMERAL NACIÓN - RAMA JUDICIAL Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Insubsistencia de nombramiento en provisionalidad. Motivación de acto administrativo de retiro del servicio por razones del buen servicio. No se acreditó el vicio de desviación de poder del acto de insubsistencia. En segunda instancia solo es procedente pronunciarse sobre los argumentos del recurso de apelación. No se incurrió en un error jurisdiccional. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 20131 , decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 1 º de noviembre de 2007, Juan Pastor Pérez Esmeral fue vinculado en provisionalidad al Departamento de Recaudo de Estampillas Procultura del Instituto ··'',, Distrital de Cultura y Turismo de Barránquilla como Profesional Universitario Código 215, Grado 01. Sin emoargo, mediante Resolución 151 de 27 de mayo de 2008, la

··'',, Distrital de Cultura y Turismo de Barránquilla como Profesional Universitario Código 215, Grado 01. Sin emoargo, mediante Resolución 151 de 27 de mayo de 2008, la Directora del referido Instituto declaró insubsistente su nombramiento, al considerar que no cumplía el perfil profesional requerido para desempeñar el cargo. 1 Por disposición de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, de conformidad con lo consignado en el acta No. 010 aprobada en sesión del 25 de abril de 2013, que ordenó dar prelación a los procesos en donde se demandara al Estado por los daños ocasionados por la administración de justicia 72

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Demandante: Juan Pastor Pérez Esmera] Por ello, el 21 de octubre de 2008, Juan Pastor Pérez Esmeral presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de la Resolución 151 de 27 de mayo de 2008, el reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Dicho proceso correspondió por reparto al Juzgado 4º Administrativo de Barranquilla y se tramitó con el número de radicado 2008-00294-01. Mediante sentencia del 27 de junio de 2014, el mencionado Juzgado negó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que la entidad declaró insubsistente el nombramiento del señor Pérez Esmeral por "razones del buen servicio". Dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, al

que la entidad declaró insubsistente el nombramiento del señor Pérez Esmeral por "razones del buen servicio". Dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, al constatar que la declaratoria de insubsistencia se fundamentó en la necesidad de proveer el empleo con un perfil profesional adecuado. Además, señaló que el demandante no acreditó la falta de idoneidad del profesional que lo reemplazó en 'el cargo. El demandante considera que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en un error jurisdiccional, por cuanto desconoció las pruebas obrantes en el proceso que daban cuenta de su buen desempeño laboral y que fue retirado del servicio sin motivo alguno.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 9 de octubre de 20172, Juan Pastor Pérez Esmeral, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en el que incurrió el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia del 15'de mayo de 2015.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, la suma de $110.657.550; por daño emergente, la suma de $45.694.208 y; por lucro cesante, la suma de $380.191.129. 2 FI. 2, C.P.3

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Demandante: Juan Pastor Púrez Esmera] En apoyo de las pretensiones, la demandante afirma que el 1 º de noviembre de

2 FI. 2, C.P.3

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Demandante: Juan Pastor Púrez Esmera] En apoyo de las pretensiones, la demandante afirma que el 1 º de noviembre de 2007, Juan Pastor Pérez Esmeral fue vinculado en provisionalidad al Departamento de Recaudo de Estampillas Procultura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de

Barranquilla como Profesional Universitario Código 215, Grado 01. Indica que mediante Resolución 151 de 27 de mayo de 2008, la Directora del referido Instituto declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad del señor Pérez Esmeral, al considerar que no cumplía el perfil profesional requerido para desempeñar el cargo. Aduce que el 21 de octubre de 2008, Juan Pastor Pérez Esmeral presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de la Resolución 151 de 27 de mayo de 2008, el reintegro a un cargo de igual o de superior jerarquía y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir. Como cargos de ilegalidad planteó la "desviación de poder' y la "falta de motivación". Dice que dicho proceso correspondió por reparto al Juzgado 4º Administrativo de Barranquilla y se tramitó con el número de radicado 2008-00294-01. Aduce que mediante sentencia del 27 de junio de 2014, el mencionado Juzgado negó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que la entidad declaró insubsistente el nombramiento del señor Pérez Esmera! por razones del buen servicio. Afirma que la decisión fue confirmada mediante providencia del 15 de mayo de

negó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que la entidad declaró insubsistente el nombramiento del señor Pérez Esmera! por razones del buen servicio. Afirma que la decisión fue confirmada mediante providencia del 15 de mayo de 2015, proferi?a por el Tribunal Administrativo del Atlántico, al constatar que la declaratoria de insubsistencia se fundamentó en la necesidad de proveer el empleo con un perfil profesional adecuado. Además, señaló que el demandante no acreditó la falta de idoneidad del profe_sional que lo reemplazó en el cargo. El demandante considera que la providencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, incurrió en un error jurisdiccional por cuanto:4

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Demandante:· Juan Pastor Pérez Esmera] i) inobservó el artículo 46 de la Ley 909 de 20043, por medio del cual se establefie que las reformas de plantas de personal de las entidades territoriales debe fundarse en estudios técnicos que así lo demuestren; ii) valoró indebidamente la Resolución 151 de 27 de mayo de 20084, pues la Directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad de Juan Pastor Pérez Esmeral en el cargo de Profesional Universitario Código 215, Grado 01 sin exponer las razones de su decisión y; iii) desconoció las certificaciones de buen desempeño laboral y el informe de gestión sobre el incremento en el recaudo del impuesto de estampilla Procultura durante el tiempo que estuvo vinculado, que daban cuenta de la idoneidad del señor Pérez Esmeral respecto del empleado que lo reemplazó en el cargo.

recaudo del impuesto de estampilla Procultura durante el tiempo que estuvo vinculado, que daban cuenta de la idoneidad del señor Pérez Esmeral respecto del empleado que lo reemplazó en el cargo. Textualmente señala en la demanda: "[. . .] la Directora del Instituto de Cultura no había solicitado la autorización de la Junta Directiva del Instituto de Cultura para poder realizar modificaciones en la planta de personal de la entidad y para poder elaborar el Estudio Técnico como acto previo a la expedición de[. . .] la Resolución 151 de 2008 que declaro insubsistente a mi asistido judicial, ya que para eliminar el cargo o declarar insubsistente al demandante se debió recibir de manera previa la autorización de la Junta Directiva y adelantar un Estudio Técnico para poder modificar la planta de personal de la Entidad [. . .]. La administración [. . .] no probó dentro del acto administrativo de insubsistencia cuáles eran lás razones o las explicaciones por las que el demandante no podía continuar en el cargo que venía desempeñando de manera exitosa o cuáles eran las razones por las que mi representado no se adecuaba al perfil que se requería para continuar ocupando el cargo que estaba desempeñando o que no venía cumpliendo de manera eficiente con las funciones que le fueron asignadas tal como lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia SU 917 de 2010 [. . .]. Los operadores judiciales de primera y 3 Ley 909 de 2004, artículo 46 "Las reformas de plantas de personal de empleos de /as entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o

la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que as/ lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de· la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-." 4 Mediante la cual la Directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad de Juan Pastor Pérez Esmeral en el cargo de Proffisional Universitario Código 215, Grado 01.11 1 1 5

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Demandante; Juan Pastor Pérez Esmera! segunda instancia en su decisión judicial no tuvieron en cuenta [. . .] la prueba de los excelentf]S recaudos logrados por el demandante, las 2 cerlificacionfifi que expidieron los ex directores del Instituto de Cultura reconociendo la gran labor que venía cumpliendo [. . .}".

2. Contestación El 30 de abril de 20185 el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Rama Judicial6 argumentó que la decisión adoptada en la sentencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, estuvo soportada en jurisprudencia vigente y aplicable al caso en concreto.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de febrero de 20217 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de febrero de 20217 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencioª.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de marzo de 20219 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la providencia del 15 de rnayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se dictó con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, que daban cuenta que la declaratoria de insubsistencia del cargo desempeñado por el señor Pérez Esmeral 5 Fl.146a 148, CP. 6 FI. 180 a 184, C.P. 7 FI. 230 a 232, C.P. 8 FI. 233, C.P. 9 FI. 234 a 238, C. P.6

Radicado: 08001233300020170126701 ( 67666) Dem,1ndante: Juan Pastor Pérez Esmera] sí estuvo motivada y fue dictada por "razones del servicio". De otro lado,_estimó que, si bien el accionante probó el alto desempeño laboral en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla, lo cierto es que no acreditó la falta de idoneidad del profesional que lo reemplazó en el cargo.

Al efecto, manifestó que "[. . .] en criterio de la entonces Sala de Descongestión de esta Corporación, el acto por medio del cual se desvinculó al demandante del cargo que desempañaba en provisionalidad sí estuvo motivado y que los argumentos que

Al efecto, manifestó que "[. . .] en criterio de la entonces Sala de Descongestión de esta Corporación, el acto por medio del cual se desvinculó al demandante del cargo que desempañaba en provisionalidad sí estuvo motivado y que los argumentos que se expusieron guardan relación con el servicio que, en su momento, se estaba prestando, razones que no se constituyen como arbitrarias o caprichosas, pues, por el contrario, guardan, inclusive, relación frente a los criterios de la jurisprudencia constitucional que estaba vigente en ese momento luego de la expedición de la Sentencia de Unificación 917 de 2010, en lo concerniente a la desvinculación de empleados nombrados en provisionalidad. Además, la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico le advirtió a la parte demandante que no desplegó, en su momento, una carga probatoria suficiente que permitiera poder estudiar con mayor rigor el cargo de nulidad por desviación de poder del acto objeto de control, pues se limitó en señalar sus atribuciones y capacidades en el empleo que desempeñó y del cual fue retirado, y que en criterio de esa Sala fue justificado [. . .]". En la parte resolutiva el a qua no condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, pues "no se encuentran pruebas que las demuestren o justifique". 'º "Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal".5, Recurso de apelación .-,· 7

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Dem,rndante: juan Pastor Pérez Esmera] El 20 de agosto de 202111 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 3 de septiembre de 202112 y admitido el 17 de noviembre de 202113. 5.1. El recurrente14 argumentó que el a quo no valoró las pruebas obrantes en el expediente que daban cuenta de la falta de motivación del acto administrativo que declaró insubsistente su nombramiento. Además, indicó que el retiro del servicio obedeció a razones políticas, pues tenía la experiencia e idoneidad para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 215, Grado 01.

Al efecto sostuvo que: "[. . .] mi cliente no tenía el petfil académico, pero sí sabía laborar fin su cargo y no venir con el cuento que no se practicó la prueba de idoneidad qué no era más, según el juez de primera instancia y de segunda instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de efectuar un comparativo entre las dos hojas de vida. Ello no era más una forma de soslayar el trabajo y labor de mi cliente, que a simple vista marca enormes diferencias, con la persona que habían nombrado como directora del recaudo y en cuanto al hecho de la falta de motivación del acto administrativo no era más que otra falacia, porque mi

trabajo y labor de mi cliente, que a simple vista marca enormes diferencias, con la persona que habían nombrado como directora del recaudo y en cuanto al hecho de la falta de motivación del acto administrativo no era más que otra falacia, porque mi cliente fue despedido sin que se motivara en forma debida del (sic) acto administrativo {. . .]. Para poder despedir a un buen trabajador que nunca tuvo en su hoja de vida queja o proceso disciplinario alguno {. . .] persona que fue felicitada por todos los anteriores directores del Instituto de Cultura que fueron nombrados y elegidos por las anteriores administraciones {. . .]. En este momento se demuestra que el despido de mi cliente no era más que simplemente de carácter político".

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que 11 FI. 241, C.P. 12 FI. 245, C.P. 13 FI. 249, C.P. 1• FI. 242 a y 243, c P.8

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Demandante: Juan Pastor Pérez Esmeral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5º del artículo 67 de la Ley 2080 del 202115, no se decretaron pruebas en segunda instancia. 6.1. El Ministerio Público guardó silencio 16.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de marzo de 2021, proferida por el.,.Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de marzo de 2021, proferida por el.,.Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14017 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 15 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 202·1 • Trámite del recurso de apelación contra sentencias. "El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: [. . .] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (1 O) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso r .. r 1s SAMAI, índice 10. 17 "Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

r .. r 1s SAMAI, índice 10. 17 "Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona • interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble )9

Radicado: 08001233300020170126701 [67666) Demandante: Juan Pastor Pérez Esmera] -- - - En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 18 , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19 , ofrecer estabilidad del

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19 , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En lodos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño". 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurldico procesal a través de la·cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurldica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia". 19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a

declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia". 19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurldica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos".10

Radicado: 08001233300020170126701 ( 67666) Demandante: Juan Pastor Pérez EsmeraJ los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con éiío • seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de actividad oport\!ria en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia21 , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de 'º Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizarla seguridadjurfdica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es as/ como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto

as/ como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judiciaf'. 21 Corte Constitucional . Sentencia C-574 de 1998: " .. . [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin ,que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garanúa para la seguridad jurfdica y el interés general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".¡ . 11

Radicado: 08001233300020170126701 (67666) Dcm,rndante: Juan Pastor Pórez Esmera] la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo é:ori'ocido en la fecha de su ocurrencia.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro22.

cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro22. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que la providencia del 15 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, frente a la cual se acusa el error jurisdiccional, quedó ejecutoriada el 11 de agosto de 201523, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del Código General del Proceso24, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época; ii) que el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de julio de 201725, la cual se declaró fallida el 3 de octubre de 201726; y iii) que la demanda se presentó el 9 de octubre de 201727.

4. Legitimación en la causa 4.1. Juan Pastor Pérez Esmeral está legitimado en la causa por activa, pues mediante sentencia del 15 de mayo de 2015, la cual se acusa de contener un error jurisdiccional, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó el reintegro del aquí 22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Aufo del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205. 23 FI. 238, C.P. Obra edicto de notificación de la sentencia del 15 de mayo de 2015, el cual se desfijó el 4 de agosto de 2015. 24 Artículo 302 del C.G.P . "[. .. ]L as que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) d/as después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos". 25 FI. 72, C.5. 26 FI. 669, C.5. 27 FI. 2, C.P.12

Radicado: 0800123330 0020170 126701 (67666) Demandante: Juan Pastor Pérez Esmera] demandante a un cargo de igual o superior jerarquía al que ocupaba en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla y el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir, según da cuenta copia simple del proceso con el número de radicado 2008-00294-0128. 4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Rama Judicial, dado que el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió la sentencia del 1 5 de mayo de 2015, la cual