CE - 080012333000202300323011SENTENCIA20230928152643

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y otros1

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii) acceso a la administración de justicia y iv) salud

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 29 de agosto de 2023 proferida por la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, Comfasucre, EPS Familiar de Colombia, Viva IPS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, porque, a su juicio, i) el Juzgado, al no resolver la solicitud relacionada con que “[…] se requiera a los especialista médicos de la DISAN EJÉRCITO NACIONAL para el diligenciamiento de los certificados sobre la rehabilitación integral exigidos por la junta regional de calificación de invalidez del atlántico […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho identificado con el número de radicación 080013333006201800215-00; ii) la Junta Regional, al haberle “[…] impuesto cargas que no me corresponde, dilatando la realización de mi dictamen pericial […]”; y iv) la Dirección de Sanidad, Comfasucre, EPS Familiar de Colombia y Viva IPS, al no realizar el “[…] diligenciamiento del certificado de rehabilitación […]” : vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] Me desempeñe (sic) como soldado profesional del tercer

contingente del año 1988 en el BATALLON DE INGENIEROS No. 2 VERGARA Y VELAZCO de la segunda brigada con sede en el municipio de malambo atlántico, siendo impactado por un proyectil calibre 762 por otro compañero, causánd ole graves daños y siendo remitido a la CLINICA GENERAL DEL NORTE en la ciudad de Barranquilla […]”.

4. Manifestó que, “[…] El día 04 de mayo de 2016 se llevó a cabo junta médico laboral en donde se me calificó la disminución de la capacidad laboral en 54.22 %,25

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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

por lo que, se interpuso recurso de apelación en donde el tribunal médico laboral de revisión militar, me califo (sic) en 13.51 % mi perdida de la capacidad laboral […]”.

5. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de sanidad Militar, de la cual avocó conocimiento el Juzgado

Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

6. Manifestó que, el 25 de agosto de 2020 , se celebró audiencia inicial y se

Nacional – Dirección de sanidad Militar, de la cual avocó conocimiento el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

6. Manifestó que, el 25 de agosto de 2020 , se celebró audiencia inicial y se decretaron pruebas, entre ellas “[…] Decrétese la valoración al señor Rosember Castro Borja con c édula de ciudadanía No. […], para ser realizada por la Junta Médica de Calificación de Invalidez del Atlántico, a fin de determinar el grado de pérdida de su capacidad laboral, para lo cual se tendrá en cuenta toda su historia clínica […]”.

7. Expuso que, con ocasión a la prueba decretada, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico requirió al demandante el “[…] Certificado de rehabilitación actualizado firmado por médico especialista tratante según la patología presentada, fotocopia del documento de identidad, formato de solicitud del dictamen, autorización para conocimiento de historia clínica, y consignación de honorarios […]”.

8. Sostuvo que, el 16 de octubre de 2020 , canceló los honorarios exigidos por la Junta Regional y envió memorial al Juzgado y a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional , mediante el cual solicitó requerir a los especialista s de dicha Dirección para el diligenciamiento de los certificados sobre la rehabilitación integral exigidos por la Junta Regional.

9. Indicó que, ante la falta de respuesta a su solicitud, “[…] el día 09 de abril de 2021 se envió a la junta regional de calificación de invalidez de barranquilla la documentación requerida a excepción del certificado de rehabilitación […]”.

9. Indicó que, ante la falta de respuesta a su solicitud, “[…] el día 09 de abril de 2021 se envió a la junta regional de calificación de invalidez de barranquilla la documentación requerida a excepción del certificado de rehabilitación […]”.

10. Señaló que, la Junta Regional, mediante oficio de 26 de abril de 2021, realizó la devolución del expediente al Juzgado, manifestando que hacía falta la siguiente25

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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

documentación: certificado de rehabilitación actualizado, potencial evocados auditivos de estado estable y copia de la demanda.

11. Sostuvo que, solicitó a Comfasucre, EPS Familiar de Colombia y Viva IPS el diligenciamiento del certificado de rehabilitación requerido, frente a lo cual “[…] COMFASUCRE estipula que no está obligada a tramitar dichas certificaciones, por cuanto, soy beneficiario del régimen subsidiado […]” y la “[…] EPS FAMILIAR DE COLOMBIA – PUNTO VITAL IPS – VIVA IPS […] me manifiestan que al estar afiliado al sistema subsidiado no están obligado a realizar exámenes ocupacionales de p érdida de la capacidad … o en su defecto se llene certificaciones de rehabilitaciones […]”.

12. Indicó que, “[…] El día 28 de septiembre de 2022 se da respuesta a la solicitud presentada ante DISAN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, me manifiesta que para la certificación debo acercarme a la Dirección de sanidad ubicada en la ciudad de Bogotá, lo cual lo puedo adelantar personalmente o a través

solicitud presentada ante DISAN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, me manifiesta que para la certificación debo acercarme a la Dirección de sanidad ubicada en la ciudad de Bogotá, lo cual lo puedo adelantar personalmente o a través de in (sic) tercero […]”; sin embargo, precisó que, “[…] El día 21 de Noviembre de 2022 interpuse derecho petición solicitando a la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional de Colombia se me envié por correo certificado o electrónico el certificado debidamente diligenciado y firmado como lo requiere la junta de calificación de invalidez de Barranquilla, por cuanto, no cuento con los recursos económicos disponibles para desplazarme hasta la ciudad de Bogotá y mucho menos tengo para costear los gastos de un tramitador, pues, señor juez, no se necesita de mi presencia obligatoria para que dicha certificación sea llenada por la DISAN, evidenciándose la mala fe de dicha entidad pública para la colabora ción de la prueba judicial decretada por el juez de la república […]”.

13. Manifestó que, “[…] Por medio de oficio de fecha 23 de enero de 2023 la DIRECCION DE SANIDAD estipula que esta (sic) certificaciones solo pueden ser expedidas por médico general, por lo que debe acercarse a un establecimiento de sanidad más cercano y solicitar una cita con medicina general, para que determine si me encuentro rehabilitado o no […]”.25

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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

La solicitud de tutela

Pretensiones

14. El actor solicitó en su escrito de tutela:

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

La solicitud de tutela

Pretensiones

14. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO. - Que se me tutelen mis Derechos Constitucionales Fundamentales prevalentes DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO A LA SALUD, DERECHO AL DIAGNÓSTICO y/o cualquier otro derecho de igual o similar rango que resulte violado por la JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA - DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL – COMFASUCRE – EPS FAMILIAR COLOMBIA – VIVA IPS – JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE

BARRANQUILLA.

SEGUNDO.- Se ordene JUZGADO 06 ADMIN ISTRATIVO DE BARRANQUILLA dar trámite a los múltiples requerimientos en el que se ha solicitado el deber de colaboración en la prueba judicial a la dirección de sanidad del ejército de Colombia.

TERCERO.- Se ordene a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL – COMFASUCRE – EPS FAMILIAR COLOMBIA – VIVA IPS, diligenciar los formatos de certificación de rehabilitación por médicos tratantes, exigidos por la junta regional de calificación de invalidez del atlántico o en su defecto se ordene a la JUNTA CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BARRANQUILLA para que realice la prueba judicial dictamen pericial decretado por el juzgado 06 administrativo de barranquilla, con la documentación anexa por mi apoderada judicial.

CUARTO.- Se ordene a la JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE

judicial dictamen pericial decretado por el juzgado 06 administrativo de barranquilla, con la documentación anexa por mi apoderada judicial.

CUARTO.- Se ordene a la JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BARRANQUILLA, que los honorarios cancelados por mi persona el día 15 de octubre de 2020 por la suma de $ 877.803, son suficientes para cubrir los honorarios del auxiliar, por cuanto, se solicitó la calificación de la invalidez en el año 2020 y que las dilataciones han sido por culpa de la junta de calificación y las demás entidades [...]”.

15. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:

“[…] A lo anterior, se ha venido requiriendo en varias oportunidades al juzgado sexto administrativo oral del circuito de barranquilla para que requiera a la parte demandada a diligenciar dichos certificados y aportar la demás documentación requerida por la junta de calificación de invalidez y asimismo, se ha solicitado a la parte demandada DISAN EJÉRCITO NACIONAL, la colaboración con dicha documentación, lo cual, ha sido solicitado en las siguientes fechas 21 de julio de 2021, 12 de mayo de 2022 a través de correo electrónico de los juzgados y los días 25 de m ayo de 2022 y 07 de julio de 2022 a través de la aplicación SAMAI […]”.

[…]

“[…] Actualmente me encuentro en un estado de incapacidad física en el que no puede realizar ningún trabajo, pues, las lesiones sufridas me impide movilizarse normalmente, por lo que, no devenga ninguna renta o recurso alguno, ya que soy una persona de escasos recursos que vive de la caridad de familiares y vecinos, no puede25

realizar ningún trabajo, pues, las lesiones sufridas me impide movilizarse normalmente, por lo que, no devenga ninguna renta o recurso alguno, ya que soy una persona de escasos recursos que vive de la caridad de familiares y vecinos, no puede25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

laborar por las secuelas obtenidas por la herida de proyectil ocasionada en el ejército nacional, así las c osas, las omisiones de la instituciones accionada me están ocasionado un perjuicio por la demora viéndose afectada la demora de mi proceso, para adquirir en caso positivo un derecho pensional […]”.

[…]

“[…] De conformidad con lo anterior, no se me puede imponer una carga, por cuanto, este tipo de certificaciones se solicita a las entidades y no a la persona natural, y más cuando no he laborado desde el año 1989 por mi estado de salud y teniendo en cuenta que mi EPS manifiesta que en el régimen subsidiado no puede realizarse estos tipos de certificaciones, ya que son exclusivo del sistema contributivo […]”. […]

“[….] Ha de observar señor juez, que la EPS subsidiada al igual que el régimen especial del ejército nacional son omisivas al negar la certificació n de rehabilitación para acceder a un dictamen de pérdida de capacidad laboral solicitado como prueba judicial en el proceso administrativo, en el que olvidan que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, no excluye a las EPS del régimen subsidiado o especial ni a las AFP del deber de calificación […] En efecto,

de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, no excluye a las EPS del régimen subsidiado o especial ni a las AFP del deber de calificación […] En efecto, se afecta su derecho a la seguridad social, comoquiera que sin la calificación no puede impulsarse el proceso, por cuanto es una prueba judicial i dónea para determinar el grado de invalidez […]”.

[…]

“[…] Se evidencia señor magistrado, la omisión de las entidades accionadas para llevar a cabo la prueba judicial del dictamen pericial, en el que el juzgado 06 administrativo de barranquilla no ha dad o tramite a los múltiples requerimientos solicitados por mi apoderada judicial; la entidades de salud EPS FAMILIAR DE COLOMBIA y la DISAN del ejército de Colombia se han negado a llenar el formulario de certificado de rehabilitación y la junta de calificación de invalidez, en cuanto me ha impuesto cargas que no me corresponde, dilatando la realización de mi dictamen pericial […]”.

[…]

“[…] De igual manera, me ha impuesto el pago de más honorarios, a sabiendas que no tengo los recursos para cancelar y el cual, lo cancele dentro del término y que ha sido la junta la que se ha negado a realizarme el dictamen, por lo que, me encuentro en desacuerdo a cancelar el reajuste del salario mínimo vigente, por cuanto, este fue cancelado de acuerdo al salario mínimo v igente en el año que lo solicite, por lo que, no ha sido mi culpa, pues, la junta estaba obligada a realizar el dictamen cuando lo solicite y más cuando es una prueba judicial […]”.2

Actuación

16. El Despacho sustanciador de la Sección B del Tribunal Administrativo del

no ha sido mi culpa, pues, la junta estaba obligada a realizar el dictamen cuando lo solicite y más cuando es una prueba judicial […]”.2

Actuación

16. El Despacho sustanciador de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 17 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; y ii)

2 Transcripción literal del texto.25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

ordenó notificar a los demandados , concediéndole el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

17. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] Las solicitudes realizadas por la parte actora son las siguientes:

El 16 de octubre de 2020 en la cual solicita al juzgado en virtud del artículo 233 del CGP se requiera a los especialistas de DISAN Ejercito Nacional diligenciar los formatos de certificación sobre la rehabilitación integral exigidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, reiterada en los mismos términos el 24 de noviembre de 2020.

Con memorial el 21 de julio de 2021 la parte actora solicita se le ordene al EJERCITO NACIONAL el deber de colaboración de llenar los certificados de rehabilitación de los médicos especialistas que trataron al señor ROSEMBER CASTRO BORJA y adjuntar lo potenciales evocados auditivos de estados estables, a fin de que la Junta de

NACIONAL el deber de colaboración de llenar los certificados de rehabilitación de los médicos especialistas que trataron al señor ROSEMBER CASTRO BORJA y adjuntar lo potenciales evocados auditivos de estados estables, a fin de que la Junta de Calificación de Invalidez de Barranquilla realice el dictamen solicitado en el decreto de pruebas. La cual fue reiterada con memorial de 23 de noviembre de 2022.

Mediante auto de fecha 23 de agosto de 2023, se niega la solicitud por no ser competencia del juez de conocimiento del proceso decretar pruebas encaminadas a gestionar los documentos necesarios para la práctica de otra prueba, en este caso el dictamen de calificación, la cual fue decretada en debida forma, por ser procedente.

Al respecto es menester señalar que, el Juzgado Sexto Administrativo no es el llamado a realiza r acciones para la cesación de amenaza o vulneración de los derechos reclamados por el accionante, pues no es procedente para el juez del conocimiento en el desarrollo de un proceso ordenar la realización de actividades, procedimientos o valoraciones, medi ante actuaciones accesorias o posteriores al decreto de pruebas, cuyas gestiones están a cargo de las partes del proceso.

El procedimiento judicial está delimitado en la Ley y las oportunidades probatorias se indican taxativamente en las reglas procesale s, por lo que, no es permitido para el juez del proceso dictar ordenamientos o decretar pruebas que sean solicitadas por fuera de la oportunidad procesal correspondiente y que no vayan encaminada a resolver el problema jurídico planteado […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, se tiene que, frente a la alegada amenaza o vulneración de los

fuera de la oportunidad procesal correspondiente y que no vayan encaminada a resolver el problema jurídico planteado […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, se tiene que, frente a la alegada amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, respecto del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, ha cesado, pues se ha dado resolución a la solicitud probatoria realizada por el accionante en el proceso radicado 08001333300620180021500, por lo tanto, la pretensión se encuentra satisfecha, y en consecuencia deviene improcedente de la presente tutela con relación a esta judicatura […]”.25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

18. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez rindió informe en los

siguientes términos:

“[…] Una vez revisadas las bases de datos, verificados los registros de expedientes, apelaciones y solicitudes radicados en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, NO SE ENCONTRÓ registro de caso (expediente) pendiente, calificación, apelación respecto a esta persona, proveniente de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, Juzgado o autoridad administrativa para trámite de calificación ante esta entidad, respecto del señor Rossemberg de Jesús Castro Borjas […]”.

[…]

“[…] Se debe informar al despacho que por expresa disposición del artículo 43 del Decreto 1352 de 2013, incorporado en el Decreto 1072 de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez no remite el expediente de calificación a la Junta Nacional

Decreto 1352 de 2013, incorporado en el Decreto 1072 de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez no remite el expediente de calificación a la Junta Nacional hasta tanto no se allegue la consignación de los honorarios a nombre de la Junta Nacional, como se entenderá por parte del despacho la Junta Nacional no puede adelantar gestión alguna de calificación (citación a valoración, definición de la fecha de resolución del caso) sin haber recibido el expediente de calificación, entre otras porque sólo en el expediente se encuentra toda la información pertinente […]”.

[…]

“[…] En razón a lo anterior, es ne cesario indicar al despacho que la responsabilidad de la Junta Nacional inicia en el momento en el que es radicado el expediente en esta entidad, de lo contrario la responsabilidad está en cabeza de la Junta Regional hasta tanto no se remita el expediente en esta entidad […]”.

19. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] 1. Revisados los archivos de esta Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico se pudo evidenciar que el día 25/03/2023 fue radicado el expediente clínico del señor ROSEMBER DE JESUS CASTRO BORJAS, para emitir calificación de la pérdida de capacidad laboral actuando esta Junta como perito de conformidad a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículo 22.5 1.1 numeral 3ero.

2. Al momento de radicar la documentación se pudo verificar que no fueron aportados los certificados de rehabilitaci ón diligenciados por cada uno de los médicos especialistas de cada una de las patologías que se van a calificar, así como tampoco

2. Al momento de radicar la documentación se pudo verificar que no fueron aportados los certificados de rehabilitaci ón diligenciados por cada uno de los médicos especialistas de cada una de las patologías que se van a calificar, así como tampoco fue aportado el reajuste de los honorarios correspondiente al año legal vigente que esta siendo radicado el expediente, puesto que este cuenta con honorarios del año

2020.

Solicito señor Juez se declare improcedente la presente Acción de Tutela instaurada por el señor ROSEMBER DE JESUS CASTRO BORJAS, contra esta Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, toda ve z que no hemos vulnerados los derechos del señor CASTRO BORJAS, puesto que no ha sido radicado el expediente con todos los requisitos que establece el Decreto 1072 de 2015, para iniciar con el respectivo proceso de valoración […]”.25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

20. Comfasucre rindió informe en los siguientes términos:

“[…] De acuerdo a los argumentos antes plasmados, el efecto jurídico de la escisión por creación a la luz de la (sic) normas del sistema jurídico Colombiano es que la escindente (Programa de Salud de Comfasucre) dejo de existir y ceso sus operaciones como asegurador en salud.

Así la cosas, la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE "COMFASUCRE no tiene ninguna injerencia sobre afiliación, traslados o novedade s de la población asociada al régimen subsidiado en salud, más aun cuando el programa de salud de

Así la cosas, la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE "COMFASUCRE no tiene ninguna injerencia sobre afiliación, traslados o novedade s de la población asociada al régimen subsidiado en salud, más aun cuando el programa de salud de COMFASUCRE ceso sus operaciones el 30 de abril de 2022” […]”.

21. EPS Familiar de Colombia solicitó declarar la improcedencia de la acción de

tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] EN CUANTO A SU ESTADO DE AFILIACIÓN

Verificando en consulta en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, se evidencia que el menor está en estado activo para recibir la asegurabilidad y pertinencia en el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL RÉGIMEN DE SUBSIDIADO, desde el 1º de diciembre del 2005 […]”.

[…]

“[…] POR LO ANTERIOR SE ACLARA QUE, CONFORME A SU VINCULACIÓN, la

EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS BRINDA AL PACIENTE LOS SERVICIOS

REQUERIDOS DENTRO DE NUESTRA COMPETENCIA Y CONFORME A SUS

PRESCRIPCIONES MEDICAS DENTRO DE LA RED DE SERVICIOS CONTRATADA. A TRAVÉS DE LOS MÉDICOS Y ESPECIALISTAS ADSCRITOS A LA RED PARA CADA ESPECIALIDAD, y acorde con las necesi dades de estos, teniendo en cuenta el modelo de atención y lo dispuesto en la normatividad vigente; buscando siempre agilizar la asignación de citas y atenciones direccionándolas a la red de prestadores con las cuales se cuenta con oportunidad, eficiencia y calidad […]”.

[…]

buscando siempre agilizar la asignación de citas y atenciones direccionándolas a la red de prestadores con las cuales se cuenta con oportunidad, eficiencia y calidad […]”.

[…]

“[…] Si bien el usuario pertenece a la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS, según las pretensiones exigidas en la presente acción de tutela, la solicitud hecha por el accionante no guarda relación directa con la EPS referente a un servicio q ue anteriormente se le haya prestado, sino que toda vez las circunstancia que llevaron a la presente actuación judicial es un proceso de corte administrativo que el mismo lleva contra LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL que como podemos evidenciar en el hecho SEXTO Y SEPTIMO expuestos por el accionante […]”.

[…]

“[…] La práctica de la valoración de pérdida de la capacidad laboral-PCL fue llevada a cabo por la entidad accionada, DISAN EJÉRCITO NACIONAL y que como quiera que sucedieron las cosas el mismo accionante manifiesta que ellos debieron realizar el diligenciamiento de los certificados sobre la rehabilitación integral exigidos por la25

Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01

Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

junta regional de calificación de invalidez del atlántico, que a la fecha de la presente acción han hecho caso omiso, de donde se desprende que dicho trámite no le corresponde a la entidad a la cual represento […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, resulta de suma importancia recalcar también que, EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS solamente puede autorizar los servicios ordenados por sus galenos tratantes, no es posible autorizar servicios con la sola solicitud del paciente o su agente oficioso […]”.

DE COLOMBIA SAS solamente puede autorizar los servicios ordenados por sus galenos tratantes, no es posible autorizar servicios con la sola solicitud del paciente o su agente oficioso […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que quien se encuentra vulnerando los derechos fundamentales a la salud, al debido proceso es DISAN EJÉRCITO NACIONAL, toda vez que es quien a la fecha no ha enviado respuesta del certificado de rehabilitación, tal y como se narra en el numeral noveno del libelo, pese a que el accionante lo haya solicitado en reiteradas ocasiones, por lo que se solicitará al Señor Juez, que se DENIEGUE POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por no acreditarse la concurrencia de las exigencias previstas por la Corte Constitucional para inaplicar las normas que racionalizan la cobertura del servicio […]”.

22. Viva IPS señaló que “[…] Atendiendo a la solicitud puntual del accionante, tenemos para informar que no está dentro de las competencias de esta institución diligenciar formatos de certificación de rehabilitación, ya que dicha labor le corresponde expresamente a la EPS, sin que VIVA1A IPS tenga legitimación para actuar al respecto […]”.

La sentencia impugnada

23. La Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia, en primera instancia, el 29 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia […]”.

23.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Al respecto, se observa que el accionante realizó varios requerimientos al

acuerdo con la parte motiva de esta providencia […]”.

23.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Al respecto, se observa que el accionante realizó varios requerimientos al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, con el objeto de que pronunciara sobre los memoriales tendientes a que se ordenara a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el diligenciamiento de los formatos de certificación de rehabilitación, los cuales son requeridos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, a fin de rendir el dictamen pericial decretado en la audiencia de fecha agosto 25 de 2020.25

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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas

De otro lado, el juzgado accionado, profirió auto de fecha agosto 22 de 2023, en el cual, resolvió no acceder a las solicitudes elevadas por la parte demandante […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, se tiene que la presente acción constitucional fue encaminada, a obtener del Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla el pronunciamiento que en derecho correspondiera, pues, como ya se registró, expidió el 22 de agosto de 2023, a través del cual no accedió a lo deprecado por la parte demandante.

Lo anterior revela que, al momento de zanjar la cuestión constitucional planteada al juez de instancia, el petitum tutelar deviene satisfecho, ya que la agencia judicial encartada adecuó su actuar a los anhelos en él contenidos […]”.

[…]

“[…]

En ese orden, la carencia actual de objeto, por hecho superado, en este caso,

encartada adecuó su actuar a los anhelos en él contenidos […]”.

[…]

“[…]

En ese orden, la carencia actual de objeto, por hecho superado, en este caso, aconteció por cuanto entre la interposición de la acción de tutela y antes del fallo de primera instancia, se satisfizo la pretensión que originó el amparo; por lo tanto, cualquier orde n judicial en tal sentido se torna innecesaria; o lo que es igual, lo pretendido mediante la orden del juez de tutela, aconteció antes de que se pronunciara el fallo de primer grado […]”.

La impugnación

24. El actor impugnó la sentencia profer