CE-11001-03-15-000-2020-04475-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega /

CADUCIDAD D LA ACCIÓN EJECUTIVA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración Teniendo en cuenta que el actor persiguió el pago de los intereses moratorios por el cumplimiento tardío de la sentencia de 23 de julio de 2010, que quedó ejecutoriada el 25 agosto del mismo año, este tenía hasta el 25 de febrero de 2017 para incoar su demanda ejecutiva de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y 177 del CCA, que corresponde a 5 años y 18 meses. No obstante, al haber sido presentada el 23 de agosto de 2017, como él mismo lo puso de presente, feneció su oportunidad y correspondía rechazar la demanda por caducidad de la acción. Así las cosas, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A no incurrió en defecto sustantivo por omitir la aplicación del Decreto 2196 de 2009 ni en desconocimiento de precedente; fue precisamente de la interpretación que la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de cierre le dio a la citada norma que en la providencia de 9 de julio de 2020 reasumió la postura que afirma haber tenido en anteriores oportunidades para concluir que la demanda ejecutiva no fue presentada en el tiempo previsto por el artículo 136 del CCA, y por ello, se configuró la caducidad de la acción.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de la consejera Rocío Araújo

Oñate, sin medio magnético a la fecha.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04475-00(AC)

Actor: VÍCTOR ÁLVARO FLÓREZ SALGADO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela El señor VÍCTOR ÁLVARO FLÓREZ SALGADO, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela el 20 de octubre de 2020 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Estimó vulneradas las anteriores garantías constitucionales con ocasión de la providencia de 9 de julio de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó el auto de 7 de noviembre de 2017 proferido por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito

Judicial de Bogotá que había librado mandamiento de pago a favor del tutelante, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número de radicado 11001-33-35030-2017-00320-02, formulado por el señor Víctor Álvaro Flórez Salgado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.

2. Hechos La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera: 2.1. El 18 de septiembre de 2000 mediante Resolución N° 20856, CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación al señor Flórez Salgado en cuantía de $569.107.14. 2.2. El 6 de mayo de 2002 por medio de Resolución N° 13813 se reliquidó la prestación social del accionante en cuantía de $625.648.10. El 14 de julio de 2003, solicitó nuevamente la reliquidación de su pensión de vejez con la totalidad de factores salariales, no obstante, le fue negado dicho pedimento a través de auto N° 101387 de 8 de marzo de 2014. 2.3. En virtud de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 15 de mayo de 2009 el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó que se reliquidara y pagara la pensión de jubilación del señor López Salgado con la inclusión de las primas de servicios, navidad y vacaciones a partir del 1° de diciembre de 2000. La citada decisión fue confirmada en sentencia de 23

de julio de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. 2.4. Mediante Resolución N° UGM 015505 de 26 de octubre de 2011 se reliquidó la pensión de vejez del demandante en los términos señalados. 2.5. Por medio de Resolución N° 018607 de 5 de mayo de 2017 se adicionó al anterior acto administrativo, la siguiente disposición: “ARTÍCULO SEXTO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional en cumplimiento al fallo objeto del presente acto administrativo, pagara (sic) la indexación ordenada en el artículo 178 del C.C.A, a favor del interesado, y el pago de los intereses moratorios en los términos del artículo 177 C.C.A., estarán a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP-, a favor del interesado y se liquidaran (sic) por la Subdirección de Nomina (sic) de Pensionados, siendo parte integral de ésta (sic) resolución la liquidación respectiva.

Parágrafo: Una vez sea incluida en nómina la presente resolución, la Subdirección de Nomina (sic) de Pensionados, deberá reportar a la Subdirección Financiera, la liquidación detallada de los intereses moratorios, a fin de que se efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente.”. 2.6. El 23 de agosto de 2017 el señor Víctor Álvaro presentó acción ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – en la que solicitó que se librara

mandamiento de pago a su favor por la suma de $11.666.992 “por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia proferida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá de fecha de 15 de mayo de 2009, confirmada por la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A (…) desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de 25 de agosto de 2010 hasta la fecha en que la Entidad demandada realizó el pago parcial del crédito judicial (25 de noviembre de 2012)…”. 2.7. El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante proveído de 7 de noviembre de 2017 libró mandamiento de pago por la referida suma, al encontrar que, aunque la UGPP había ordenado la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, no pagó los intereses moratorios a partir del 25 de agosto de 2010, fecha de la ejecutoria de la sentencia que dio la orden. 2.8. El 9 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A revocó el auto que libró mandamiento de pago, y en su lugar, declaró la caducidad de la acción. Señaló que los artículos 136 y 177 del CCA disponen que el término de caducidad de la acción ejecutiva derivada de sentencias judiciales “…es de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación, es decir que en total serán 5 años más 18 meses…”, por lo que al haber cobrado ejecutoria la providencia cuya ejecución se pretendía el 25 de agosto de 2010, el actor tenía hasta el 25 de febrero de 2017

para incoar la demanda ejecutiva, no obstante, lo hizo el 23 de agosto de ese mismo año. Mencionó que del contenido del Decreto 2196 de 12 de junio de 2009 no desprende que se suspendan los términos de caducidad y prescripción de las acciones que se pretendiesen impetrar contra Cajanal, “…contrario sensu nombró un liquidador quien se encargó de asumir la representación de la entidad en el interregno del proceso liquidatorio…”. Respecto de la Ley 550 de 1999, precisó en virtud de los artículos 114 y 125 no era aplicable al proceso liquidatorio de Cajanal, pues al ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, no es de aquellas para las que a partir del 1° de julio de 2007 continuó vigente.

3. Sustento de la vulneración El tutelante estimó que la providencia de 9 de julio de 2020 proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en los siguientes defectos: 3.1. Defecto sustantivo A su juicio, la autoridad judicial accionada no consideró que el proceso de liquidación de la extinta Cajanal inició mediante el Decreto 2126 de 12 de junio de 2009 y se prorrogó hasta el 11 de junio de 2013, fecha en la que se extinguió su vida jurídica de forma definitiva, “por lo que el término para ejercer la acción se encontraba suspendido” en virtud del fuero de atracción. 3.2. Desconocimiento de precedente Invocó las siguientes decisiones judiciales del Consejo de Estado: - Sentencia de 25 de agosto de 2015 (exp. 25000-23-42-000-2015-01327-01,

específicamente el siguiente aparte: “…Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario. En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013.”. - Sentencia de 29 de marzo de 2016 (exp.25000-23-42-000-2015-01601-01) en la cual, en un caso similar, se revocó el auto que rechazó la demanda ejecutiva por caducidad de la acción. - Sentencia de tutela de 8 de junio de 2017 (exp. 11001-03-15-000-201603422-01) en la que se dejó sin efectos una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, bajo los siguientes argumentos: “Se advierte, entonces, que la Sección Segunda del Consejo de estado ha sostenido en recientes pronunciamientos que, en las demandas ejecutivas que pretendan el cobro de obligaciones contenidas en providencias judiciales a cargo de Cajanal, el término de caducidad estivo suspendido durante el lapso en que duró el proceso de liquidación de esa entidad. Es decir, que el tiempo transcurrido entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, no

se computa para efectos de la caducidad de las demandas ejecutivas. (…)Lo anterior permite concluir que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que establece que en las demandas ejecutivas interpuestas con la UGPP, para el cobro de intereses moratorios por cumplimiento tardío de sentencia judiciales, el término de caducidad no transcurre entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, porque ese lapso se desarrolló el proceso de liquidación de Cajanal.”. - Sentencia de 8 de agosto de 2019 (exp. 25000-23-42-000-2015-05762-01), en la cual se revocó el auto que rechazó la demanda ejecutiva por caducidad de la acción bajo las siguientes consideraciones: “Suspensión de la caducidad para iniciar procesos ejecutivos contra Cajanal en Liquidación. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme durante los últimos cuatro años al aceptar que el procedimiento liquidatorio de Cajanal ha implicado, tanto la imposibilidad de iniciar y continuar con procesos ejecutivos contra dicha entidad, como la suspensión de los términos con que los acreedores contaban para provocar ese tipo de medio de control.”.

4. Pretensión constitucional En concreto la parte actora solicitó: “respetuosamente solicito se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del Fallo (sic) de Tutela

(sic), revoque la providencia del 29 de agosto de 2019 y el Auto del 09 de

Julio de 2020 y en su lugar se ordene confirmar la providencia del 4 de Septiembre de 2.019 por medio de la cual el Juzgado treinta Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de $11.666.992 en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP a favor del señor VICTOR (sic) ALVARO (sic) FLOREZ (sic) SALGADO identificada con cédula de ciudadanía No. 19.168.459, por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia (sic) proferida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá de fecha 15 de Mayo de 2009 confirmada por la Sentencia (sic) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A de fecha 23 de Julio de 2010, generados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (25 de Agosto de 2010) hasta la fecha en que la Entidad demandada realizó el primer pago parcial del crédito judicial (Noviembre de 2.012), de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 177 del

C. C. A. (Decreto 01 de 1984) desde el día siguiente en que la Entidad demandada realizó el primer pago parcial del crédito judicial (26 de Noviembre de 2012) hasta la fecha en que la Entidad en aplicación a lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, respecto a la imputación de pagos, en concordancia a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 177 del C.

C. A. (Decreto 01 de 1984) hasta la fecha en que quede en firme la liquidación del crédito, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil respecto a la imputación de pagos, en concordancia a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 177 del C. C. A. (Decreto 01 de 1984).”.

5. Trámite de la acción Por medio de auto de 10 de noviembre de 2020 la magistrada ponente admitió la tutela de la referencia, en consecuencia, ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Como terceros con interés dispuso la vinculación del Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Judicial de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.

6. Intervenciones 6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPPor intermedio del subdirector de Defensa Judicial y Pensional estimó que la tutela de la referencia deviene en improcedente porque pretende convertir la acción constitucional en una tercera instancia.

Mencionó que de acuerdo con los artículos 136 y 177 del CCA a partir de la ejecutoria del fallo de 25 de agosto de 2010, el accionante contaba con 5 años y 18 meses para acudir a la jurisdicción a presentar la acción, sin embargo, decidió presentarla 7 años y 18 días después, razón por la que operó la caducidad. De otro lado, precisó que no demostró la posible existencia de un perjuicio

irremediable o la afectación de la seguridad social y el mínimo vital, toda vez que sus derechos se encuentran protegidos gracias al pago mensual de una pensión de jubilación. Asimismo, que no puede utilizar la acción de tutela como mecanismo excepcional porque el juez natural ya se pronunció sobre el objeto del litigio en garantía del principio de la doble instancia, porque no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y porque su pretensión es de contenido económico, dado que pretende un pago pensional. Concluyó que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A fue acertada, “…pues la caducidad es un presupuesto cuya operancia es insubsanable e impide al Juez cuando la advierte, proferir una decisión de fondo…”. 6.3. Pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, fueron debidamente notificados del auto de 10 de noviembre de 2020, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Esta Sala es competente para asumir la acción de tutela, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 1983 de 2017 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala

Plena del Consejo de Estado.

2. Asunto bajo análisis Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los argumentos

planteados en la demanda y las pruebas allegadas al plenario, la providencia de 9 de julio de 2020 incurrió en defecto sustantivo por no tener en cuenta el Decreto 2126 de 12 de junio de 2009, en virtud del cual estuvieron suspendidos los términos de caducidad y prescripción para interponer acciones ejecutivas contra Cajanal, y desconocimiento de precedente de distintas sentencias del Consejo de Estado por no tener en cuenta que el término de caducidad de las acciones ejecutivas contra Cajanal, hoy la UGPP, estuvo suspendido en virtud de su proceso liquidatorio que se surtió en contra de la primera de las entidades, y por ende, en la demanda ejecutiva presentada por el actor no se configuró la caducidad de la acción.

Para el efecto se estudiará: (i) Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva, y, de superarse, iii) se abordará el análisis del caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial.

Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20121 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.2 Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.3 Señaló la Sala Plena en el fallo en mención: «De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y 1 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 3 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente».4 Énfasis propio. A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudia las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analiza si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente». Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014,5 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Constitución Política y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación. En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia6 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantivay cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-. Por tanto, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los mecanismos judiciales, ordinarios y extraordinarios de defensa, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice

vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva 4.1. Tutela contra sentencia de tutela La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de la presente acción constitucional se cuestiona la decisión adoptada el Tribunal 6 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en segunda instancia, dentro de la acción ejecutiva que se identifica con el número de radicado 11001-33-35-030-2017-00320-02. 4.2. Inmediatez La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente a la ejecutoria (art. 3027 CGP) de la decisión cuestionada, toda vez que la sentencia de

segunda instancia, que puso fin al proceso ordinario se profirió el 9 de julio de 2020, se notificó el 17 de septiembre del mismo año8 y la acción constitucional se radicó el 20 de octubre de esta anualidad. 4.3. Subsidiariedad Finalmente, la Sala encuentra que se supera este requisito, pues la parte actora no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para debatir la providencia cuestionada, teniendo en cuenta que contra la decisión proferida en primera instancia el 7 de noviembre de 2017 por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPpresentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 9 de julio de 2020, y frente a esta decisión no proceden más recursos o actuaciones. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en el caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248 y 257 de la Ley 1437 de 2011.

5. Caso concreto 7 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. || Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los

recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos». Énfasis de la Sala. 8 Vía correo electrónico. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte actora estimó que la providencia de 9 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección A incurrió en defecto sustantivo por desconocer el Decreto 2126 de 12 de junio de 2009, en virtud del cual estuvieron suspendidos los términos de caducidad y prescripción para presentar acciones ejecutivas contra Cajanal, y en desconocimiento de precedente de distintas sentencias del Consejo de Estado al haber encontrado configurada la caducidad de la acción ejecutiva presentada contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -, dado que el término de caducidad estuvo suspendido en virtud del proceso liquidatorio por el que atravesó la extinta Cajanal. Procederá la Sala a estudiar de forma conjunta los cargos endilgados contra la providencia de 9 de julio de 2020, teniendo en cuenta que los defectos invocados están estrechamente ligados y apuntan a que no operó la caducidad de la acción dentro de la demanda ejecutiva identificada con el radicado 2017-00320-02, presentada por el actor contra Cajanal, para a partir de dicho análisis establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A transgredió los derechos fundamentales que el tutelante invoca por esta vía.

5.2. Defecto sustantivo La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-516 de 20199, sobre su configuración reiteró lo siguiente: «La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta”10. En consecuencia, este defecto se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el 9 Corte Constitucional. (30 de octubre de 2019). Sentencia SU-516. Expedientes acumulados T7.302.719 y T-7.475.739. [M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo]. 10 «Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017». marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen11. La jurisprudencia de este Tribunal, en diferentes decisiones12, ha precisado los supuestos que pueden configurar este defecto, a saber: (i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma inexistente13, derogada14, o que ha sido declarada inconstitucional15. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser pertinente16. (iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, 11 «Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009». 12 «Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632

de 2017 y SU-116 de 2018». 13 «Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006». 14 «Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004». 15 «Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de 2006». 16 «Corte Constitucional, T-189 de 2005». por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador17. (…) (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva18 o claramente contraria a la Constitución19. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición20. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso21. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales22. (…) 17 «Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002». 18 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008. 19 «Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007». 20 «Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994». 21 «Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011». (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad23. Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales24, o cuando al ser aplicadas al caso concreto se vulneran derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada25.

(xi) Cuando la providencia incurre en incongr