CE-11001-03-15-000-2021-01624-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por “vía de excepción” los cuestionamientos que plantea el [tutelante] contra la providencia de 23 de octubre de 2020, que profirió el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001 33 33 005 2018 00028 01. (…) [En relación con la presunto defecto por vulneración directa de la Constitución], [l]a Sala considera que en el presente asunto no se puede considerar que se incurrió en el mencionado defecto, por cuanto sobre la materia no existe un criterio unificado, por consiguiente, el Tribunal en ejercicio de su independencia y autonomía podía aplicar la tesis que sobre el particular ha desarrollado esta corporación, como en efecto lo hizo, en cuanto fundó su decisión entre otras, en las sentencias de 24 de enero de 2019, dictada por la Sección Segunda, Subsección A, radicado 25000 23 42 000 2015 00924 01 y del 22 de abril de 2019, de la Sección Segunda, Subsección B, radicación 11001 03 15 000 2019 000878

00. (…) La Sala considera que en el presente asunto no se puede considerar que se incurrió en [desconocimiento del precedente], por cuanto sobre la materia no existe un criterio unificado, por consiguiente, el Tribunal en ejercicio de su independencia y autonomía podía aplicar la tesis que sobre el particular ha desarrollado esta corporación, como en efecto lo hizo, en cuanto fundó su decisión entre otras, en las sentencias de 24 de enero de 2019, dictada por la Sección Segunda, Subsección A, radicado 25000 23 42 000 2015 00924 01 y del 22 de abril de 2019, de la Sección Segunda, Subsección B, radicación 11001 03 15 000 2019 000878 00.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01624-01(AC)

Actor: ANCÍZAR LÓPEZ PUERTA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia de 10 de junio de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes 1.1. La solicitud de tutela El señor Ancízar López Puerta, por medio de apoderado, promueve acción de tutela contra la providencia de 23 de octubre de 2020 que dictó el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia de 29 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del

Circuito Judicial de Pereira. 1.2. Pretensiones El accionante formula las siguientes súplicas: Ruego de manera respetuosa a los señores [m]agistrados del Consejo de Estado, amparar los derechos fundamentales del actor violados con la decisión recurrida. Como consecuencia de ello, dejar sin efectos la sentencia de octubre 23 de 2020 denunciada y en su lugar, ordenarle al Tribunal Administrativo de Risaralda dictar otra sentencia, en la cual se disponga a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dar aplicación al sistema o principio de oscilación del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, incrementando la prima de actividad que hace parte de la asignación de retiro del actor en los mismos porcentajes en que se aumentó dicha prima al personal en servicio activo por mandato de los artículo (sic) 23 del Decreto 4433 de 2004 y artículo 4 del Decreto 2863 de 2007. 1.3. Hechos de la solicitud Como hechos relevantes, el apoderado del accionante señaló los siguientes: i) Laboró al servicio de la Policía Nacional por más de veintitrés años, a su retiro la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) mediante Resolución 2471 de 1986, le reconoció asignación de retiro en cuantía del 82 % de las

partidas computables. ii) Mediante escrito que radicó ante la entidad pidió el incremento del factor prima de actividad, la reliquidación de su asignación y el pago de las diferencias, solicitud que se le negó por medio de los Oficios 12788/GAG-SDP de 25 de septiembre de 2008 y 10631/GAG-SDP de 23 de mayo de 2016. Contra esos actos interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. iii) El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, a través de sentencia de 29 de marzo de 2019, denegó las pretensiones de la demanda, pues consideró que la partida prima de actividad computable para la asignación de retiro se le reconoció en el porcentaje que le correspondía, esto es, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2062 de 1984 y 1212 de 1990, sin que fuera posible concederle el 33 % de ese factor como lo prevé el Decreto 4433 de 2004, porque este rige únicamente para el personal activo que se desvinculara con posterioridad a su entrada en vigencia y tampoco se dispuso su aplicación retroactiva a quien gozaba de asignación de retiro. iv) El 23 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Risaralda, al resolver el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primer grado, lo confirmó, toda vez que estimó que no se lograron demostrar los cargos de nulidad sustancial en relación con la actuación administrativa enjuiciada; en consecuencia, debía permanecer incólume su legalidad por disposición del artículo 88 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 1.4. Fundamentos jurídicos El accionante alega que con la sentencia objeto de censura se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a que la pensión mantenga su poder adquisitivo constante, a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y de acceso real a la administración de justicia. Así mismo, se incurrió en desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución por las siguientes razones: i) El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias de 2 de octubre de 1991 y 9 de marzo de 1994, proferidas por el Consejo de Estado, Sala Plena; de 9 de julio de 2009, 28 de enero de 2010, 15 de abril de 2010, 18 de abril de 2013 y 2 de mayo de 2013, dictadas por la Sección Segunda de esta corporación, en las que se fijó y consolidó el precedente del órgano de cierre respecto a la forma y los requisitos para la aplicación del principio de oscilación al liquidar la asignación de retiro a los miembros de la Policía Nacional. ii) El fallador de instancia omitió aplicar el sistema o principio de oscilación regulado en los artículos 151 del Decreto 1212 de 1990, 3.º, numeral 3.13 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004, los cuales ordenan que a las asignaciones de retiro y pensiones reconocidas al personal retirado con

anterioridad a 2004, se les compute el mismo porcentaje que se decretó en la partida base de prima de actividad del personal de oficiales y suboficiales en servicio activo, lo que permite concluir que la autoridad adoptó una decisión que persigue un fin diferente al previsto por el legislador. 1.5. Actuación procesal La acción de tutela se admitió mediante auto de 20 de abril de 2021, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que, dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. 1.6. Intervenciones 1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Risaralda. La magistrada Dufay Carvajal Castañeda dio contestación a la demanda en los siguientes términos: i) El señor Ancízar López Puerta considera que el fallo que se profirió en su caso debe quedar sin efectos, sin especificar la causal de procedencia de la acción, se limita a indicar que esa decisión violó sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, reiterando lo que expuso en la demanda y en el recurso de apelación lo cual se analizó dentro del proceso ordinario, es decir, acude al mecanismo constitucional como una instancia judicial adicional para que se efectúe un nueva valoración de las pruebas practicadas.

1. El objeto de la decisión censurada consistía en determinar si se debía disponer en favor del accionante el reajuste de la asignación de retiro con base en la prima de actividad, en la forma prevista en los Decretos 4433 de 2004 y 2863 de 2007, o si, por el contrario, no era procedente la aplicación de esas normas, que entraron en vigor con posterioridad al momento del reconocimiento pensional. iii) Para resolver el asunto se examinaron las disposiciones normativas y jurisprudenciales atinentes a los regímenes especiales y a los beneficios prestacionales que les asiste a los integrantes de la Fuerza Pública y, en especial, la prima de actividad en cuanto a su naturaleza, que se consolidó como factor de liquidación de las asignaciones de retiro según el porcentaje establecido para los años en que el interesado estuvo en servicio activo. iv) Así mismo, se valoró el material probatorio allegado al plenario, que dio cuenta del reconocimiento de la asignación de retiro en favor de la parte actora mediante Resolución 2471 del 25 de agosto de 1986, en vigencia del Decreto 2062 de 1984; por tanto, el Decreto 4433 de 2004, no le es aplicable porque para cuando empezó a regir el accionante ya se había retirado del servicio y tampoco se dispuso su aplicación en forma retroactiva al personal que adquirió el derecho a la asignación de retiro. v) En relación con la violación del principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, se concluyó que esa norma establece que los incrementos de la asignación de retiro tengan un porcentaje igual al de la

asignaciones en actividad, de tal manera que ese precepto se limita a fijar un aumento anual por depreciación monetaria de la mesada correspondiente a la asignación de retiro, para poner fin a la discusión y litigios originados por incrementos inferiores al índice de precios al consumidor para precaver la depreciación monetaria de la prestación, como respaldo se citó la jurisprudencia del Consejo de Estado referente a la aplicación de este principio en la sentencia de 24 de enero de 2019, dictada por la Sección Segunda, Subsección A, radicado 25000 23 42 000 2015 00924 01. vi) En lo que se refiere al monto de la prima de actividad, se trajo a colación la sentencia de 22 de abril de 2019, de la Sección Segunda, Subsección B, radicación 11001 03 15 000 2019 000878 00, en la que esta alta corporación precisó que se deben respetar las condiciones fácticas y el régimen jurídico vigente al momento del reconocimiento de la prestación. vii) Lo anterior evidencia que en el asunto de marras no era procedente la aplicación de normas posteriores, respecto de situaciones previamente consolidadas, como la asignación de retiro del accionante, y su afectación por el porcentaje de la prima de actividad como partida computable, lo cual impidió acudir al principio de oscilación, para disponer que ese factor se computara a la asignación de retiro, en igual proporción a lo devengado en servicio activo, en cuanto si bien este tiene como finalidad proteger el poder adquisitivo constante de las asignaciones de retiro, también lo es que estas se incrementan anualmente en

igual porcentaje al del aumento de las asignaciones en actividad para cada grado, sin que se refiera a las partidas computables ni a su cuantía. viii)La providencia objeto de reparo, lejos de desconocer el precedente judicial fijado por el consejo de Estado, se ajusta a los lineamientos fijados por esta corporación, tampoco vulnera el derecho al debido proceso en su componente de acceso a la administración de justicia, porque esta garantía busca la tutela real del derecho sustancial cuyo reconocimiento está supeditado a su causación efectiva, sin que la decisión desestimatoria de las pretensiones atinentes a prerrogativas frente a las cuales no concurren los presupuestos normativos y jurisprudenciales, pueda catalogarse como vulneradora del debido proceso, también predicable de la contraparte, a quien le asiste el derecho a recibir sentencia que lo releve de obligaciones carentes de respaldo jurídico. ix) Con fundamento en lo expuesto, la tutela impetrada es improcedente, y en caso de que se resuelva de fondo, se encuentra de manifiesto que la decisión del Tribunal tiene pleno respaldo en las disposiciones normativas y jurisprudenciales sobre las materias objeto de reproche por vía de tutela y no se incurrió en defecto sustantivo ni sustancial. 1.6.2. De la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). La jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicita no se conceda prosperidad a la acción incoada por las siguientes razones: i) El accionante pretende la revisión de un proceso legalmente concluido endilgando una vía de hecho por defecto sustantivo en la producción de los fallos

proferidos por los juzgadores de instancia. La acción de tutela no es un mecanismo idóneo para el control de legalidad de las providencias judiciales en atención a que la ley establece los recursos y las oportunidades procesales para interponerlos garantizado el derecho constitucional a la defensa y a la doble instancia. iii) Esa entidad ha cumplido con los ordenamientos especiales vigentes, esto es, el Decreto 2062 de 1984 y demás normas concordantes, y los criterios jurisprudenciales, al emitir los actos materia del debate, sin violar ni lesionar derechos fundamentales y conexos, por lo que solicita se deniegue el amparo constitucional, en consecuencia, no se revoque el fallo proferido por el Tribunal, en razón a que se dictó en estricto cumplimiento de la normativa vigente. iv) Según la reiterada jurisprudencia, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la tutela se torna improcedente, así lo dispuso en un caso similar el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 8 de agosto de 2003, dentro del proceso 19001 23 31 000 2003 00513 01, demandante Ana Judith Almario de Rivera. 1.7. La sentencia que se impugna El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo de 10 de junio de 2021, declaró improcedente la acción de tutela con base en los siguientes argumentos: i) El señor Ancízar López Puerta en la solicitud de amparo reiteró las razones

que expuso en el proceso de nulidad y restablecimiento que promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), y si bien alega que en la providencia objeto de reproche se incurrió en desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, lo cierto es que pretende se reabra el debate respecto a si tiene derecho o no al reajuste de la asignación de retiro de conformidad con lo establecido en el Decreto 4433 de 2004. ii) La parte actora formuló censuras que coinciden con las que esgrimió en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que denegó sus pretensiones en el proceso ordinario, es decir, la tutela busca revivir la discusión jurídica de naturaleza legal respecto del reajuste de la asignación de retiro con la prima de actividad, con sustento en la mencionada norma, asunto que ya fue resuelto en dos instancias judiciales. iii) En consecuencia, aunque el accionante afirme que se vulneran derechos de raigambre constitucional con el fallo que se dictó dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el desacuerdo en los términos que se plantea en el escrito de tutela, es un debate que se resolvió suficientemente por los jueces de instancia; por consiguiente este mecanismo se termina convirtiendo en una instancia adicional, en la que el juez constitucional no tiene otra opción que reiterar las razones que llevaron a que en el proceso ordinario se negaran las súplicas de la demanda. iv) Así las cosas, no hay lugar a hacer pronunciamiento de fondo sobre los

defectos que le endilga el accionante a la sentencia objeto de reparo, dado que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. 1.8. Impugnación El accionante impugna la decisión anterior, para que se revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales. Como motivos de inconformidad alega lo siguiente: i) En la solicitud de amparo no se invoca la violación del derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que es un «sistema de aumento exótico, muy comentado y poco entendido», por ello, lo que hizo fue mostrarle al juez constitucional la regulación histórica desde 1945 hasta 2004, y la forma como ha sido aplicada en las diferentes decisiones del Consejo de Estado, Sala Plena desde 1959 y por la Sección Segunda siguiendo la misma línea hasta 2013. ii) Esa fue la razón por la cual en el acápite de hechos se trascribió «in extenso» lo expuesto en el trámite ordinario, así mismo, se consignó un subtítulo denominado «antecedentes del sistema o principio de oscilación -Regulación legal», en el que se citaron las normas que lo establecen desde 1945 hasta 2004, seguidamente se hizo otro subtítulo «precedente jurisprudencial» dentro del cual se cita la jurisprudencia vertical de unificación de la Sala Plena y las decisiones de la Sección Segunda en la misma línea sobre el tema, después viene el ítem de «fundamentos de la acción» - Primer cargo: Violación al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. iii) El fallador constitucional dentro de su competencia lamentablemente en vez de

tomarlo como referente para mejor proveer lo que hizo fue desecharlo, afirmando que no se propuso en debida forma y negó la súplica. En consecuencia, lo que resolvió la primera instancia no corresponde a lo que expuso en la acción de tutela, reitera que ese precedente se invocó en el proceso contencioso, pero tanto para el juez como para el Tribunal pasó desapercibido, ni siquiera se percataron que existió. iv) Dentro de los funcionarios del Estado con sueldos bajos, a los que en algunas ocasiones se les realiza el aumento anualmente por debajo del índice de precios al consumidor están los miembros de la Fuerza Pública, y por el sistema o principio de oscilación a los pensionados; el Gobierno Nacional en muy pocas ocasiones ha compensado esa pérdida del poder adquisitivo aumentando uno de los emolumentos que conforman el sueldo del personal activo diferente a la partida básica, lo que automáticamente deberá reflejarse en el mismo factor si hace parte de la pensión del personal de la reserva. v) Ahora que el Gobierno nacional compensa en algo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal activo de oficiales y suboficiales con el aumento de la prima de actividad, la justicia administrativa como es su estilo pretende desconocerlo, haciendo aparecer con vehemencia y alevosía que el sistema o principio de oscilación solo regula el aumento anual de la partida base, lo que «se traduce en otra de las grandes injusticias que comete la jurisdicción contencioso administrativa en cabeza del Consejo de Estado contra el personal pensionado de la Fuerza Pública, donde la magistratura actúa desde hace tiempo

como un fusil jurídico». vi) El inconveniente que se presenta en el asunto, es que el Gobierno nacional en la política salarial le da tratamiento de salario a las asignaciones de retiro y pensiones de los miembros de la Fuerza Pública, y por error de interpretación la justicia administrativa le da el carácter de pensión, esto es, que se maneja por rubro diferente o de pensionados, lo que perjudica a este personal «porque para perder todos van por igual», sin importar cuánto recibe de prima de actividad, pero cuando se compensa solo se aplica según el porcentaje de la prima de actividad, aunque el artículo 4.º del Decreto 2863 de 2007, establece que el incremento de esa partida debe ser en la misma proporción que percibe el activo. vii) El a quo afirma que el Tribunal decidió en debida la forma las pretensiones en la sentencia recurrida y que la tutela se traduce en tratar de acudir a una tercera instancia; lo que solo es la manera de salir del paso. Al efecto transcribió las consideraciones efectuadas en la sentencia denunciada y la confirmó, lo que se traduce en una interpretación simplista y violatoria del debido proceso y del acceso real a la administración de justicia, porque la asignación de retiro y pensiones del personal retirado de las fuerzas armadas se toma del salario del personal activo por el sistema o principio de oscilación, por tanto, de haber tenido en cuenta como referente el precedente vertical traído a colación la decisión habría sido totalmente diferente. viii) En cuanto a la violación directa de la Constitución no se resolvió, porque a pesar de que el sistema o principio de oscilación obliga reajustar la asignación de

retiro no se ordenó su cumplimiento, desconociendo el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, pues actualmente la prestación se encuentra congelada o se ha reducido el valor de la mesada en una abierta vulneración de la Constitución Política porque el Decreto 4433 de 2004 no se aplicó y el Decreto 2863 de 2007 solo en forma parcial. ix) La Sala Plena del Consejo de Estado y la Sección Segunda «desde tiempos que aún no habíamos nacido ya habían descubierto la intención que le había imprimido el legislador ordinario y extraordinario al sistema o principio de oscilación» y por ello, lo plasmaron en su precedente de unificación, pero ahora los integrantes de la corporación dejan de lado ese valioso aporte y cambian de posición jurídica sin ninguna explicación violando los derechos fundamentales del personal jubilado de las fuerzas armadas.

2. Consideraciones de la Sala 2.1. Competencia De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la 1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta corporación.

2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor Ancízar López Puerta contra la providencia de 23 de octubre de 2020, que profirió el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001 33 33 005 2018 00028 01. 2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública». El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución. No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la

posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable». Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo. Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes:

defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas. El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 2 Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, y T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328-01(IJ).

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional. 2.4. Hechos probados De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente: 2.4.1. El señor Ancízar López Puerta interpuso demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), para que se declararan nulos los Oficios 12788 GAG-SDP de 25 de septiembre de 2008 y 10631 GAG-SDP de 23 de mayo de 2016, mediante los cuales le negó el incremento de la prima de actividad en los porcentajes establecidos en los Decretos 4433 de 2004 y 2863 de 2007.6 2.4.2. El 29 de marzo de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001 33 33 005 2018 00028 00, en el que dispuso lo siguiente:7 1.Se declara no probada la excepción propuesta por la entidad demandada, en consideración a las razones expuestas en esta providencia. 2.Se niegan las súplicas de la demanda.

3.Se condena en costas a la parte demandante vencida, en favor de la entidad demandada, una vez ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría. En virtud de lo anterior, se fijan como agencias en derecho la suma de quinientos mil pesos m/cte. ($ 500.000,oo), conforme a lo señalado en la parte motiva del presente proveído. 4.Por Secretaría, expídanse a costa de la parte interesada las copias correspondientes, con observancia de lo estipulado en el artículo 114 del C.G.P., previo al pago del correspondiente arancel judicial. 5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). 6 Índice 8, del expediente electrónico. 7 Índice 8, del expediente electrónico. 5.Una vez ejecutoriada esta providen