CE-11001-03-15-000-2021-02741-00(AC)

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE

CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS RELACIONADOS CON

DELITOS DE LESA HUMANIDAD / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE

JURISPRUDENCIAL / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 19 de noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001-23-31-000-201000467-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante, por haberse declarado la caducidad del medio de control. (…) En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado por la configuración del defecto «desconocimiento de precedente jurisprudencial», al no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso, de acuerdo con los argumentos señalados por el a quo para rechazar la acción y los alegatos presentados por los demandantes en el recurso de apelación, ya que lo que hizo fue sorprender a la parte activa con la aplicación ipso iure de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus

efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o «ex nunc», de ahí que la Sala decisión estaba en la obligación de ponderar los derechos al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, de cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano el daño causado por el Estado. Finalmente, se repara en que, aunque esta Sala de decisión, en la sentencia de tutela del 15 de abril de 2021, al analizar un caso con circunstancias fácticas similares al presente, negó las pretensiones de la demanda, a partir de la sentencia de 1 de julio de 2021, rectificó su posición en el sentido de acoger el criterio expuesto en esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02741-00(AC)

Actor: MARÍA LUCELLY HERRERA MONSALVE

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora María Lucelly Herrera

Monsalve contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora María Lucelly Herrera Monsalve, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 19 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001-2331-000-2010-00467-01; y en su lugar, que se ordene al Tribunal que se concedan las pretensiones. 1.1.2. Los hechos El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes: i) El 12 de enero de 2007, el señor Francisco Javier Galeano Herrera junto con unos amigos, fueron retenidos por una patrulla militar, cuando se dirigían rumbo a una finca en el municipio del Peñol (Antioquia); y, por razones desconocidas, fueron «ajusticiados» por varios miembros del Ejército Nacional, adscritos a la cuarta Brigada, en la vereda «El Tronco» del municipio de Guatapé (Antioquia) y presentados a la institucionalidad y a la opinión pública como «NNs» dados de baja en combate. ii) El 30 de marzo de 2010, la señora María Lucelly Herrera Monsalve junto con su

núcleo familiar, promovió demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a fin de que se le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios materiales e inmateriales causados por el homicidio del señor Francisco Javier Galeano Herrera. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Mediante sentencia del 25 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada de oficio la excepción de caducidad, al considerar que los demandantes conocieron del daño a partir del día en que se les entregó el cuerpo del occiso y que acorde con la normativa contaban con un plazo de dos años para ejercitar la acción de reparación directa. iv) Los demandantes apelaron la decisión y soportaron la alzada en la postura jurisprudencial vigente, según la cual, en los casos de graves violaciones de derechos humanos que se enmarcan en actos de lesa humanidad, no operaba la caducidad de la acción. v) Por medio de sentencia del 19 de marzo de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión. 1.1.3. Los defectos invocados En sentir del apoderado de la parte actora, la decisión de la Sala de decisión accionada incurrió en los siguientes vicios o defectos: i) Se desconoció que para el momento en el que se hizo entrega del cuerpo de Francisco Javier Galeano a su familia, el daño no era exigible, pues estaba

jurídicamente justificado, es decir, no era antijurídico. Lo anterior, por cuanto en los informes presentados por los funcionarios del Ejército Nacional se adujo que su accionar fue legal, al haberse dado en ejercicio legítimo de la fuerza, en desarrollo de la orden de operaciones «Galilea», misión táctica «Espina», realizada el 12 de enero de 2007, lo cual dotó de juridicidad el daño ocasionado. ii) En el informe de patrullaje Batería Bombarda el CT. Slazar Rogelis Jorge Eduardo se señaló que «se lanzó la proclama y estos haciendo caso omiso a esta dispararon a la tropa, de esta manera reaccionamos» y que, posteriormente, en la ratificación del informe ante el Juzgado de Instrucción Penal Militar, se reconoció que como resultados operacionales se tuvieron «5 sujetos abatidos en combate, 1 subametralladora mini uzi Cal 9mm hechiza, 2 revólveres cal 38mm largo cañón reforzado, 1 revolver cal 32mm cañón corto y 2 vehículos decomisados». iii) Es decir, que el reporte oficial fue que la muerte de Francisco Javier Galeano estaba dotado de juridicidad y que, por tanto, la lesión de los derechos de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co víctima tuvo lugar por su propio actuar, y la acción de los militares estuvo amparado por la presunción de legalidad, lo cual incidía en el requisito para la

exigibilidad de la reparación del daño contenido en el artículo 90 constitucional. iv) No se tomó en cuenta que en los registros oficiales se alteraron los hechos, ocultándose las verdaderas circunstancias en que ocurrieron, y que ello constituyó una limitante para que los familiares de la víctima tuvieran conocimiento que el daño podría ser exigible judicialmente, pues aunque el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar abrió la indagación preliminar n°. 003 de 2007 contra ocho de los miembros de la tropa que participaron en el operativo, la indagación fue archivada el 5 de agosto de 2008, es decir, que el registrado combate, alegado por el Ejército Nacional, gozaba de veracidad. v) De esta forma, solo con el avance del proceso penal pudieron conocerse las inconsistencias de militares involucrados sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló el supuesto combate, pues al existir duda sobre si los hechos estuvieron relacionados con el servicio, el juez de conocimiento designó la investigación a la Fiscalía 74 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín. vi) Por ello, solo hasta cuando la madre del fallecido, señora María Lucelly Herrera, fue citada por la Fiscalía 74 de DDHH y DIH para brindar información sobre las calidades de su hijo, la familia pudo confirmar la información que le había sido brindada previamente por conocidos y en las noticias, pues le fue comunicado que existían elementos de prueba que indicaban que no hubo enfrentamiento alguno y que el homicidio de su hijo y de los otros jóvenes fue una ejecución extrajudicial,

también llamado «falso positivo». vii) Además, solo con la sentencia del 14 de febrero de 2018, en la que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó al señor Luis Norberto Serna a la pena principal de 264 meses de prisión, en calidad de coautor del homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo, el daño alegado se tornó antijurídico, ya que antes de esa fecha la actuación del Ejército Nacional estaba provista del manto de legalidad. viii) De otro lado, es pertinente señalar que, bajo la postura sentada hasta entonces por el Consejo de Estado, el desarrollo argumentativo para que se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepcionara la aplicación del fenómeno de la caducidad en el caso en concreto, estuvo orientado a mostrar cómo los hechos se enmarcaban en un acto de lesa humanidad, sin consideración de criterios distintos. ix) Al darse la variación de la postura jurisprudencial con posterioridad a la presentación del recurso de apelación y aplicarse tal criterio para resolver el recurso, se desconocieron las garantías procesales de los demandantes, pues estos sustentaron la alzada con las reglas vigentes al momento de la presentación de la demanda y no frente a la variación, ocurrida con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, pues no conocieron que era necesario demostrar otros criterios para el conteo de la caducidad al momento de sustentar la oposición al

recurso. 1.2. Actuación Procesal Mediante auto del 24 de mayo de 2021, el consejero William Hernández Gómez admitió la acción de tutela; otorgó al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en calidad de accionado, un término de dos días para contestar la acción de tutela; vinculó al trámite de la acción a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a los señores Luis Javier Galeano Cataño, Claudia Elena Galeano Herrera, Estefanía, Santiago y Ana María Buriticá Galeano, Lina Marcela Díaz, Juan Pablo y Kevin Galeano Díaz, Ana Milena y María Camila Arias Arrubla, Mónica Patricia Galeano Cataño, María Carolina Cataño, Reina del Socorro Monsalve Herrera, Luz Marina Posada de García, Nelson Antonio García Cartagena, Nelson Weimar y Lina María García Posada, Marta Lucía Holguín Montoya, Isabel Cristina Grisales Puerta y Ana Sofía García Grisales y les concedió un término de dos días para que rindieran informe; reconoció personería jurídica al abogado Oscar Darío Villegas Posada, portador de la tarjeta profesional núm. 66.848 del C. S. J., para actuar como apoderado judicial de la parte accionante; y ordenó notificar por el medio más expedito y eficaz el contenido de la providencia a los sujetos procesales. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio de la

consejera Marta Nubia Velásquez Rico, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional o, en su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co defecto, negar el amparo solicitado ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, en atención a los siguientes argumentos: i) No se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte tutelante es convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso ordinario, con el único objeto de que el juez de tutela analice sí, como lo concluyó el juez natural, la demanda de reparación directa por la muerte de Francisco Javier Galeano Herrera se presentó de manera extemporánea. ii) Además, no se cumple con ninguno de los defectos de procedibilidad del amparo invocado, dado que la decisión de confirmar la declaratoria de caducidad se sustentó, por un lado, en los hechos probados y, por el otro, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (expediente 61.033), en la que la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado. iii) Tal como se dejó establecido en la providencia objeto de tutela, en virtud de la postura actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado, contrario al criterio de

la parte demandante, sí es exigible la aplicación del término de caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias por daños derivados de delitos de lesa humanidad, pues la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a esa clase de delitos y crímenes de guerra, entre otros, no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado. iv) En el fallo que ahora se pretende dejar sin efectos se procedió a realizar un análisis detallado y serio de los elementos probatorios allegados al expediente, con base en los cuales se pudo concluir, con claridad meridiana, que desde el día siguiente a la muerte del señor Francisco Javier Galeano Herrera, 13 de enero de 2007, sus familiares tuvieron pleno conocimiento de que ese lamentable hecho era imputable al Ejército Nacional. Además, se expusieron las razones por las que se consideró que no era de recibo el argumento según el cual solo hasta el 10 de noviembre de 2007, fecha en que la madre de la víctima rindió declaración ante los investigadores de Policía Judicial y que ahora se reitera en la demanda de tutela, se tuvo conocimiento que fueron miembros del Ejército Nacional los que perpetraron el hecho. De otra parte, se aclaró que no existían, o por lo menos no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se acreditaron, circunstancias que le hubieran impedido a los demandantes acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. v) La sentencia objeto de tutela no vulneró los derechos fundamentales de la

señora María lucelly Herrera Monsalve, sino que fue producto del análisis que, de manera válida, razonada y suficiente, efectuó la Subsección, lo que impide el acceso a las pretensiones de la demanda de tutela, máxime cuando se trata de una providencia dictada por una alta corte, en la que, tal como lo estableció la Corte Constitucional en sentencia SU–573 de 2017, debe existir «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional». 1.3.2. Las partes vinculadas al proceso de tutela dejaron transcurrir el término de traslado en silencio. 1.4. Trámite en segunda instancia Mediante auto del 2 de julio de 2021, el despacho del consejero William Hernández Gómez ordenó trasladar el expediente al despacho del magistrado que continúa en turno, en razón a que el proyecto de sentencia llevado a la Sala de Subsección del 1 de julio del año en curso no fue aprobado por la mayoría, como lo exige el primer inciso del artículo 54 de la Ley 270 de 1996. Así las cosas, el expediente se radicó en el despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.

2. Consideraciones 2.1. Competencia De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma

Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del asunto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema jurídico Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 19 de noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001-23-31-000-201000467-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante, por haberse declarado la caducidad del medio de control. 2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del

amparo una vez cotejada la validez de su interposición. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un 1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional». En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos. 2.4. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia i) El caso «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,3 previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, porque se aduce que la litis fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio y jurisprudencial, eventos que, de encontrarse acreditados, conducirían a considerar lesivos los intereses de los accionantes. ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», pues la decisión cuestionada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión

planteada dentro de un proceso de reparación directa y, de los hechos narrados, no se evidencia que el asunto se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA. iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», dado que la providencia objeto de censura data del 19 de marzo de 2021, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 18 de mayo de 2021, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta Corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.4 3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. En la acción de tutela «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio y jurisprudencial. v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró, de manera clara, los hechos sujetos a examen y los derechos que estima vulnerados, y, de los alegatos, se puede extraer que lo que se cuestiona es la existencia de los defectos fáctico y desconocimiento de precedente. vi) El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», comoquiera que la decisión cuestionada fue proferida dentro del trámite de un proceso de reparación directa. 2.6. Análisis de procedibilidad del amparo invocado Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará el estudio de procedibilidad del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios para determinar la existencia de los defectos «fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial»; ii) sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; iii) hechos probados; y iv) análisis del caso concreto. 2.6.1. Criterios para determinar la existencia de los defectos «fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial» 2.6.1.1. Defecto fáctico La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a este defecto;5 sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la existencia de dos dimensiones que le dan origen y que, a su vez, se

traducen en otras modalidades de configuración, agrupadas en la Sentencia T-923 de 2013, de la siguiente forma: de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. 5 i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración de las que resultan nulas de pleno de derecho. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega la práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de ella emerge.

Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i) fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido

considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto o se trata de pruebas nulas de pleno derecho y, de igual modo, y/o ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del fallador. 2.6.1.2. Desconocimiento de precedente jurisprudencial La Corte Constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitud con un caso nuevo objeto de escrutinio, en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en las que, en su ratio decidendi, se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.6 De igual forma, ha señalado que los jueces deben acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones, en casos idénticos; y que esta regla solo admite excepción cuando el asunto presenta situaciones no analizadas en otros fallos judiciales. También ha dicho que, para que el juez, singular o colegiado, pueda apartarse de los precedentes judiciales i) «debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia)»; y ii) «ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique, de manera suficiente y razonada, 6 Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».7 2.6.2. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 En la sentencia del 29 de enero de 2020,8 la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado. La Sala de decisión procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra daba lugar a interferir en el cómputo del término de caducidad para demandar en reparación directa frente a tales conductas. Así, luego de traer de colación la legislación y jurisprudencia interna, en materia de imprescriptibilidad penal y caducidad en reparación directa, advirtió que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que en materia de reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la

imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. 7 Sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera ponente Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De esta forma, señaló la corporación i) que, en lo referente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan

situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará