CE-11001-03-15-000-2021-02972-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO – Sustentado en cargos de legalidad propios del ámbito de conocimiento del juez contencioso administrativo / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA – El juez constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural del proceso / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Decretada en otro proceso ordinario debe ser puesta en conocimiento del juez de la causa si se considera contraria a lo dispuesto por otra medida cautelar / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO – De nombramiento / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – En trámite / FALTA DE PRUEBA DEL

PERJUICIO IRREMEDIABLE

[P]ara que el Juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de tal manera debe concluirse que resulta improcedente teniendo en cuenta que la decisión que se censura no pone fin a la actuación, por el contrario, dentro del proceso se puede ejercer los derechos de defensa y contradicción, como sucede con la posibilidad de solicitar el levantamiento, modificación o revocatoria de la medida cautelar o interponer recursos contra el auto que la decretó, tal como lo hizo la señora [A.M.A.] en su oportunidad y conforme al artículo 236 de la Ley 1437 de 2011 (…) Así pues, pese

a que la parte actora cuestiona el auto del 20 de abril de 2021, con el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó la medida cautelar de suspensión de los efectos del artículo 15 del Decreto 1348 de 2020, mediante el cual se nombró a la accionante en el cargo de procuradora Judicial II, contra el que presentó recurso de reposición y, en subsidio súplica, los cuales fueron resueltos desfavorablemente, a través de providencia del 13 de mayo de 2021, en el proceso de nulidad electoral con radicado 2021-00356-00. No se puede desconocer que el conocimiento del fondo del reclamo constitucional planteado escapa a la órbita del juez constitucional, por varios motivos a saber: i. Si bien es cierto la parte actora argumentó la configuración de un defecto sustantivo que afecta sus derechos fundamentales, no es posible omitir que aquella sustenta sus inconformidades en cargos de legalidad propios del ámbito de conocimiento del juez contencioso administrativo en el marco del proceso en el que se dictó la referida medida cautelar y que se encuentra en curso, razón por la que el juez no puede invadir la competencia del juez natural del asunto. ii. De otro lado, de los supuestos fácticos relatados y acreditados en el presente asunto se entiende que, previamente, la accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación contra radicado 2017-0039300 en la que se emitió la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto

3872 de 2016 con el que el Procurador General de la Nación la retiró del servicio hasta que la señora [A.M.A.] alcanzara la edad requerida para acceder a la pensión y sea incluida en nómina de pensionados. De tal manera, la actora alega que la medida cautelar de suspensión de los efectos del artículo 15 del Decreto 1348 de 2020, mediante el cual se nombró a la accionante en el cargo de procuradora Judicial II, emitida en el proceso de nulidad electoral con radicado 2021-00356-00, contraría la previamente mencionada y proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 2017-00393-00, situación que, si bien es cierto se puso en conocimiento de la autoridad judicial accionada, también debe ponerse en conocimiento del juez de la causa con radicado 201700393-00, pues es al juez natural del asunto a quien corresponde resolver los planteamientos de la interesada, máxime si se trata de cargos propios de legalidad que enervan los actos administrativos controvertidos, cuya adecuación al ordenamiento jurídico será determinada en el pronunciamiento de fondo a emitir en cada una de las causas ordinarias. De otro lado, debe aclararse que la existencia de un proceso judicial en curso hace que la tutela sea un mecanismo improcedente, pues en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el juez constitucional de acción de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone. En ese orden de ideas, las pretensiones de la presente

acción resultan a todas luces improcedentes, ya que la autoridad judicial competente es el juez contencioso administrativo, encargado de entrar a resolver el fondo del asunto planteado en cada medio de control. (…) debe afirmarse que en el caso objeto de estudio no se encuentra acreditada una afectación irreparable a la accionante ya que, del trámite del proceso de nulidad electoral, no se encuentra siquiera sumariamente demostrada la configuración de una grave afectación de sus derechos fundamentales, máxime cuando se evidencia que el juez de conocimiento ha adelantado las etapas procesales conforme a las normas adjetivas que regulan el asunto. De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito general de procedencia general de la acción de tutela contra providencia judicial de subsidiariedad

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02972-01(AC)

Actor: AURORA MARTÍNEZ ARANGO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Tema Tutela contra providencia judicial – Nulidad electoral – Medida cautelar.

Decisión: Confirma la decisión del a quo que declaró improcedente la acción de tutela - Subsidiariedad.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA La Sala procede a decidir la impugnación1 interpuesta por la señora Aurora

Martínez Arango, en nombre propio, contra la sentencia de 16 de julio de 2021, proferida por la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo deprecado dentro del asunto de la referencia, con 1 El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 30 de agosto de 2021. ocasión del proceso de nulidad electoral 20210035600 que promovió el Sindicato de Procuradores Judiciales en contra de Aurora Martínez Arango y de la Procuraduría General de la Nación. 2

I. EL ESCRITO DE TUTELA Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante: El Procurador General de la Nación, mediante Decreto 3872 de 2016, retiró del servicio a Aurora Martínez Arango, quien se desempeñaba como procuradora judicial en la Procuraduría 19 Judicial II Administrativa de Cali, en aplicación de la lista de elegibles conformada en el marco del concurso de méritos convocado mediante Resolución 040 de 2015; quien promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2017-00393-00, correspondiéndole el conocimiento a la magistrada Zoranny Castillo Otálora del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, mediante auto del 14 de septiembre de 2017, decretó la suspensión provisional del acto demandado hasta que la demandante alcanzara la edad requerida para acceder a la pensión y fuera incluida en nómina de pensionados.

Posteriormente, a través de providencia del 23 de noviembre de 2017, se modificó la medida cautelar con el fin de ampliarla en el sentido de que el reintegro se efectuara sin solución de continuidad y se exhortara a la Procuraduría para que ese reintegro tuviera lugar dentro de los 8 días siguientes, so pena de imponerse una multa de 5 S.M.L.M.V. En cumplimiento de la medida cautelar, la Procuraduría expidió el Decreto 6352 del 14 de diciembre de 2017, a través del que nombró en provisionalidad a la demandante en el cargo de procuradora judicial II para asuntos laborales de Cali; Así mismo, se han expedido varios decretos en el sentido de prorrogar por 6 meses la designación de la tutelante. El Sindicato de Procuradores Judiciales –PROCURAR–, en dos oportunidades demandó en uso del medio de control de nulidad electoral, la legalidad de los decretos de nombramiento de Aurora Martínez Arango, no obstante, fueron rechazados por los magistrados Óscar Narváez y Eduardo Lubo, bajo el 2 Todas las actuaciones adelantadas e informes y pruebas allegados podrán ser consultados en el respectivo expediente electrónico en el aplicativo SAMAI. argumento de que los actos censurados eran de mera ejecución por estar cumpliendo una orden judicial. No obstante, mediante Decreto 1348 del 23 de diciembre de 2020, se prorrogó nuevamente el nombramiento de la accionante, el cual fue demandado por PROCURAR en ejercicio del medio de control de nulidad electoral; proceso que le

correspondió a la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con radicado 202100356-00. El 17 de marzo del año en curso, la ponente admitió la demanda y corrió traslado de la medida cautelar en la cual el demandante pidió la suspensión provisional del acto de nombramiento reprochado. En auto del 20 de abril de 2021, se decretó la medida solicitada y, en consecuencia, se suspendieron los efectos del artículo 15 del Decreto 1348 de 2020, mediante el cual se nombró a la accionante en el cargo de procuradora Judicial II. Inconforme, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de súplica, frente a los cuales, la autoridad judicial accionada, a través de providencia del 13 de mayo de 2021, resolvió no reponer la decisión judicial cuestionada y negó la concesión del recurso de súplica, ya que la medida cautelar no fue proferida por el magistrado ponente, sino en sala de decisión, según lo establecido legalmente para los procesos electorales. Argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada, en la medida en que incurrió en defecto sustantivo por lo siguiente: - A partir del Decreto 262 de 2000, no se colige que el procurador general deba nombrar, en primer lugar, a funcionarios en carrera y solo, de no ser ello posible, nombrar personal externo, por el contrario, la facultad nominadora del referido funcionario se trata de una facultad discrecional. Aunado a ello, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 no aplica a la Procuraduría,

porque esta norma rige a las entidades del nivel nacional de la Rama Ejecutiva y la primera cuenta con un sistema de carrera especial previsto en el Decreto 262 de 2000, por ende, el encargo es una figura del sistema ordinario de carrera no extensible a sistemas especiales; además, no se indicó la razón por la cual acudió a la Ley 909 de 2004 y no al Decreto 262 de 2000. Asimismo, manifestó que inobservó la interpretación adoptada por la Corte Constitucional del Decreto 262 de 2000, en la sentencia C-503 de 2020, en la cual se consideró que los nombramientos en provisionalidad no atentan contra el mérito. - El Decreto 1348 del 23 de diciembre de 2020, en el que se efectuó su nombramiento, sí se entiende motivado, en la medida en que es la continuación y prórroga del primer acto que la designó en el cargo. Así, la accionada no podía pronunciarse sobre un aspecto sobre el cual existe otra determinación judicial, al punto en que esta nueva medida se refirió a su calidad de prepensionada, por lo que se inmiscuyó en la órbita del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ella incoó. Pretensión. Como consecuencia de lo anterior solicitó: «[…] • Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, [de] acceso a la administración de justicia, [a la] la igualdad, [a] la seguridad social y [a] la vida en condiciones de dignidad. En consecuencia se disponga[:] • Dejar sin efectos el auto interlocutorio No 14 del 20 de abril de 2021, mediante el

cual se decretó la medida de suspensión provisional de los efectos del artículo 15 del Decreto 1348 del 23 de diciembre de 2020 expedido por la Procuraduría General de la Nación por el cual fui nombrada en el cargo de Procuradora Judicial II; confirmado por el auto del 13 de mayo de 2021. Providencias dictadas dentro del proceso con el radicado No: 76001-23-33-000-2021-00356-00. • Disponer que en su lugar, se DENIEGUE la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del artículo 15 del Decreto 1348 del 23 de diciembre de 2020 expedido por la Procuraduría General de la Nación […]»

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA Mediante Auto de 1.º de junio de 2021, el despacho sustanciador del presente asunto en primera instancia admitió la acción de tutela presentada por la señora Aurora Martínez Arango contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ordenó su notificación como demandado; de otro lado, al Sindicato de Procuradores Judiciales y la Procuraduría General de la Nación como terceros interesados, además de negar la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO 3.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El ponente de la decisión judicial cuestionada efectuó un recuento de las actuaciones que consideró relevantes y señaló que su postura está ampliamente explicada en las providencias dictadas en el proceso de nulidad electoral.

Adicionalmente, sostuvo que ese proceso se encuentra en curso y no se ha emitido una decisión definitiva, por lo que están vigentes los recursos ordinarios. 3.2. Sindicato de Procuradores Judiciales. El apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que la interpretación que la parte actora pretende darle a la sentencia C-503 de 2020 contraviene los principios constitucionales. En su criterio, la protección obtenida por Aurora Martínez no podía trasgredir los derechos de los servidores de carrera y, como no se le otorgaron derechos de carrera, no puede pretender perpetuarse en el cargo; también adujo que el sistema especial de carrera de la Procuraduría no puede desconocer los mínimos alcanzados por los trabajadores en la Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 1960 de 2019. Igualmente, pidió que se tuviera en cuenta la sentencia SU-691 de 2017 de la Corte Constitucional, en la cual se refirió a las condiciones de procedencia del amparo de quienes se desempeñaban como procuradores judiciales en provisionalidad y fueron retirados con ocasión de un concurso de méritos. Indicó que la acción no cumple con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. Ultimó que el escenario para manifestar las inconformidades alegadas es la audiencia inicial dentro del proceso de nulidad electoral. 3.3. Procuraduría General de la Nación 3 . El asesor de la oficina jurídica del ministerio público manifestó que los fundamentos reales de la acción de tutela recaen dentro de la órbita de las 3 Contestación que no fue tenida en cuenta por extemporánea por parte del juez de primera instancia.

decisiones judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle, en razón al respeto y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales basadas en los principios de separación de poderes e independencia de la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación no tiene más que expresar que es su deber acatar y obedecer las decisiones que todos y cada uno de los jueces profieran dentro de los límites de sus competencias, sin entrar a pronunciarse respecto de las presuntas violaciones de derechos fundamentales por parte de la autoridad jurisdiccional que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, verdad sabida y buena fe guardada, tramita y conoce el proceso judicial referido por la accionante.

IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA La subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 16 de julio de 2021, declaró improcedente el amparo invocado, con las siguientes consideraciones: «[…] En el caso sub examine, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se satisface, por cuanto el proceso de nulidad electoral con radicado No. 6001233300020210035600 aún se encuentra en trámite y no se ha expedido una decisión que le ponga fin. 4.3.- Así las cosas, pese a la inconformidad de la parte actora, no se puede desconocer que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que la “la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite” ; lo contrario, llevaría a desnaturalizar el mecanismo tutelar. Así, la Corte Constitucional ha distinguido sobre la procedibilidad de la tutela según el

momento de su presentación, como se ve: […] En atención a lo anterior, al estar en curso el trámite judicial donde se decretó la medida cautelar censurada, le está vedado a esta Sala de lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre el auto proferido el 20 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ergo, la petición de amparo resulta improcedente. 4.4.- Sin embargo, como excepción a la regla anterior, la jurisprudencia constitucional ha permitido que el juez de tutela resuelva el fondo de un asunto puesto en su conocimiento cuando la parte tutelante acredite un perjuicio irremediable o cuando la trasgresión a los derechos fundamentales sea de tal envergadura, que pueda notarse prima facie. […] Ahora bien, en este caso, la solicitud de amparo tampoco es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable comoquiera que, por un lado, no se acreditó su causación y, por el otro, no se cumplen los requisitos establecidos en la jurisprudencia para su configuración, pues no se atisba un daño que amerite la adopción de medidas urgentes. […]»

V. LA IMPUGNACIÓN La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado judicial, impugnó el fallo de 16 de julio de 2021, proferido por la subsección c de la sección tercera del Consejo de Estado, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la acción de tutela.

VI. CONSIDERACIONES Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que

obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: competencia, procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y del caso concreto – subsidiariedad. 4.1. Competencia . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y, los artículos 324 del Decreto ley 2591 de 19915 y 256 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197, la Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido por la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado. 4.2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional8 como esta Corporación9, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la 4 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 6 «[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

8 En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. 9 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable10, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia11. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 200512 la Corte

Constitucional13 reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma14 y de procedencia material15 fijados16 por la misma Corte17. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González18, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”. Respecto a los requisitos de forma o generales de procedencia, señaló: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones19; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable20; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto 10 Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. 11 Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559.

12 Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. 13 Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. 14 También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. 15 También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. 16 Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. 17 Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de

2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad

de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. 18 Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. 19 T-173 de 1993 20 T-504 de 2000. en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra “providencia judicial”, debe tenerse en cuenta que dicho término hace referencia al medio a través del cual el operador judicial emite su pronunciamiento al interior de cualquier proceso judicial, el cual, a su vez, será por intermedio de sentencias o fallos y autos, tal y como lo consideró la Corte Constitucional en Auto 230 de 200121, en los siguientes términos: «Tanto el ordenamiento legislativo colombiano como la doctrina procesal ha clasificado las providencias judiciales en autos y sentencias. Según el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, "son sentencias las que deciden sobre pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven

los recursos de casación y revisión." y, "son autos todas las demás providencias de trámite o interlocutorias". Por otro lado, la doctrina ha denominado sentencia o fallo a aquella providencia que deciden de manera definitiva sobre las pretensiones de las partes resolviendo la demanda[1] o, como diría Enrico Tullio Liebman en su Manual de Derecho Procesal Civil, la concreta decisión sobre la demanda propuesta en juicio o la decisión que declara como fundada o infundada la demanda propuesta, como inexistente o existente el derecho hecho valer, y dispone los eventuales efectos consiguientes. Chiovenda la define como "la resolución que acogiendo o rechazando la demanda del actor, afirma la existencia o inexistencia de una voluntad de ley que le garantiza un bien" Los autos que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez en autos de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro de los cuales se encuentra el de admisión de la demanda o el que decreta pruebas y autos interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras órdenes de trámite, como el que rechaza la demanda.» Lo anterior resulta importante, toda vez, que por regla general las decisiones adoptadas mediante autos, deben ser controvertidas a través de los recursos que 21 Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. la normatividad procesal disponga, según sea el caso. Por ello, la acción de tutela respecto de estas providencias, solo procederá: «i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa

judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.[16] En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación».22 De acuerdo con todo lo expuesto y en consideración a que la postura de la Sala es admitir la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y de autos interlocutorios, en razón a la vigencia de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho, se procede a estudiar el cumplimiento de los requisitos pertinentes en el sub judice. 4.3. Del caso concreto – Ausencia del requisito de procedencia de subsidiariedad. Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional23 como de esta Corporación ha sostenido que, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente, cuando el actor pese a contar con otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces no hizo uso de ellos para la defensa de sus intereses en el curso procesal. 22 T-343 de 2012. Sentencia en la cual la Corte Constitucional también recordó: “La primera oportunidad en la

que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la sentencia T-224 de 1992[17]. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible acudir a la acción de tutela