CE-11001-03-15-000-2021-03346-00(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DICTADA EN ACCIÓN POPULAR / SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL - Se resuelve conforme a las reglas del proceso La parte actora solicitó a la autoridad judicial demandada que constatara el cumplimiento de la sentencia proferida en la citado proceso de acción popular, argumentando que habían transcurrido cerca de dos (2) años desde la expedición del fallo del 8 de mayo de 2019, sin que el INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC, hubieren dado cumplimiento a los órdenes que fueron impartidas a su cargo en la anotada providencia. Por ende, es claro que la mencionada solicitud se enmarca en el trámite de una actuación judicial, en razón a que lo pretendido no es otra cosa que el Tribunal accionado exija el cumplimiento de la citada sentencia a las entidades allí condenadas a través de herramientas de índole igualmente judicial. De ahí que devenga la improcedencia del presente mecanismo constitucional, en razón a que el Legislador, a través del incidente de desacato, previó un trámite especial dirigido a lograr la observancia de las órdenes emanadas de un proceso que se adelanta a la luz de lo dispuesto en la Ley 472 de

1998. En efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 ibídem, los incidentes de desacato proceden cuando se acredite que una persona incumplió una orden judicial que hubiere sido expedida en el trámite de una acción popular.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03346-00(AC)

Actor: FREDY RUEDA CARREÑO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Fredy Rueda Carreño en contra del Tribunal Administrativo de Santander, invocando la protección de su derecho fundamental de petición1.

I. SÍNTESIS DEL CASO 1.1. El señor Fredy Rueda Carreño, actuando a nombre propio, solicitó la protección del derecho fundamental antes referido, para lo cual formuló las siguientes pretensiones: 1 Visto en los folios del 2 del escrito de acción de tutela contenido en el índice 2 del sistema de información judicial SAMAI. “PRETENSIONES Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez

disponer y ordenar a favor mío lo siguiente:

1. Se reconozca mi derecho fundamental de petición al cual tengo derecho en virtud del artículo 23 de la Constitución Política Nacional.

2. Que se dé respuesta satisfactoria a la petición hecha por mí, a MILCIADES RODRIGUEZ QUINTERO, Magistrado Tribunal Administrativo de Santander, el día Veinte (20) de abril de Dos mil veintiuno (2021)”2 1.2. Como fundamento de la anterior solicitud, manifestó que el día 20 de abril

del presente año presentó derecho de petición ante el doctor Milcíades Rodríguez Quintero, en su calidad de Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia del 8 de mayo de 2019 proferida dentro de la acción popular identificada con número de radicación 68001 23 33 000 2016 01234 00, en la que se ordenó al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y a la Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC “adoptar las medidas administrativas y técnicas para suspender de manera definitiva la interferencia exterior que generan los inhibidores o bloqueadores de señales radioeléctricas, reglamentado su uso al interior del establecimiento penitenciario de conformidad con la normatividad del caso, sin afectar el servicio de telefonía móvil de las personas residentes en la Urbanización Villa del Prado de la comuna 5 y demás barrios aledaños a ese centro carcelario”3. Arguyó que a la fecha no se ha dado respuesta a la anterior solicitud, por lo que, a su juicio, fue vulnerado su derecho de petición y lo dispuesto sobre esa materia en los artículos 23 de la Constitución Política y 32 y 33 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como dicho por la Corte Constitucional en sentencia T377 de 2000.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA 2.1. La acción fue admitida por medio de auto calendado el 9 de junio de 2021, en el que se ordenó notificar a los Magistrados que integran el Tribunal

Administrativo de Santander, al Director del Instituto Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y a la Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC. Igualmente, se ordenó comunicar la iniciación del presente trámite procesal a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4. 2 Folio 3 ibídem. 3 Ibídem 4 Visible en índice número 4 del Sistema de Gestión SAMAI. 2.2. Mediante memorial remitido el 22 de junio de 2021, el INPEC dio respuesta a la tutela de la referencia bajos los argumentos que pasan a sintetizarse5: Sostuvo que en el presente asunto el accionante pretende que se ampare su derecho fundamental de petición, el cual estimó como vulnerado por la presunta falta de respuesta a una solicitud elevada ante el Tribunal Administrativo de Santander y cuyo objeto era que se brindara información “sobre asuntos que competen exclusivamente al ESTABLECIMIENTO PETINENCIARIO CON

MEDIANA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA”6

Expresó que, en virtud de lo previsto en los artículos 143 de la Ley 65 de 1993, 29 y 30 del Decreto 4151 de 2011, y las Resoluciones 64349 del 19 de diciembre de 2016 y 000243 del 17 de enero de 2020, el INPEC está compuesto por seis (6) regionales y ciento treinta y tres (133) establecimientos penitenciarios y carcelarios, los cuales cuentan con las facultades de atender peticiones y consultas relacionadas con los asuntos de sus competencias. En consecuencia, pidió se desvincule a esa entidad del proceso de la referencia, argumentando que

los hechos esgrimidos en el libelo introductorio eran imputables al Tribunal Administrativo de Santander y al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC. 2.3. El día 25 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander allegó copia digital del expediente con número de radicación 68001 23 33 000 2016 01234 00, en el que consta que el Magistrado Milcíades Rodríguez Quintero, en su calidad de ponente de dicho expediente, resolvió abrir incidente de desacato en contra del INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC7. 2.4. Las demás entidades vinculadas guardaron silencio pese a ser debidamente notificadas8.

III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 20219, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la 5 Visible en el índice número 7 ibídem. 6 Visible a folio 2 del escrito de contestación de la demanda. 7 Visible en el índice número 8 ibídem. 8 Visto en el índice 6 ibídem. 9 “ARTICULO 1°. Modífícacíón del arlículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así: (…)

7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.(…)” distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 3.2. Hechos 3.2.1. El día 7 de septiembre de 2016, el señor Fredy Rueda Carreño, actuando en su calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal Villa del Prado y Vecinos, interpuso acción popular en contra del INPEC, solicitando la protección de su derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente, el cual estimó como vulnerado por cuenta de la instalación de algunos inhibidores y controladores que bloquean la señal telefónica celular en los barrios aledaños al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC. 3.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander bajo el número de radicado 68001 23 33 000 2016 01234 00. Dicha

Corporación Judicial, en fallo del 8 de mayo de 2019, con ponencia presentada por el Magistrado Milcíades Rodríguez Quintero, amparó los derechos colectivos invocados y ordenó al INPEC y al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC que, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esa providencia, adoptaran las medidas administrativas y técnicas necesarias para suspender de manera definitiva la interferencia exterior que generan los inhibidores o bloqueadores de señales eléctricas, reglamentando su uso al interior del anotado establecimiento penitenciario, sin que de modo alguno, se pueda afectar el servicio de telefonía móvil a las personas residentes en la urbanización Villa del Prado y demás barrios aleados al citado centro carcelario. 3.2.3. Mediante memorial del 20 de abril de 2021, el señor Fredy Rueda Carreño presentó el siguiente derecho de petición ante el Magistrado Milcíades Rodríguez Quintero: “Respetuosamente, solicito, cómo está el proceso (ACCIÓN POPULAR RAD: 2016-01234-00) ya que llevo, aproximadamente 2 años que no se ha cumplido la sentencia en su totalidad, con fecha 08 mayo de 2019, proferida por esta corporación y en auto de 06 de marzo de 2020, exigiendo cumplimiento de la sentencia, por parte del (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BUCARAMANGA – EPMSC BUC) en cabeza del Brigadier General Norberto Mujica Jaime, en su condición de Director

General del INPEC y a la Doctora Sol Esmeralda Fuentes Ruiz, en calidad de directora del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC. Agradezco su atención prestada y estaré atento a su pronta respuesta”10 3.2.4. El citado Magistrado, en providencia del 24 de junio de 2021, ordenó la apertura de un incidente de desacato en contra de los Directores del INPEC y del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC, ordenándoles que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de ese proveído, realizaran un informe íntegro de las acciones que han efectuado para dar cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 8 de mayo de 2019. 3.3. Problema jurídico De manera previa a abordar el fondo del asunto, corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela interpuesta en contra de una autoridad judicial, si su objeto es reclamar una respuesta a un derecho de petición orientado a que se dé cumplimiento de una orden emitida en una sentencia que se produjo en un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos. 3.4. Análisis de la Sala. 3.4.1. De la procedencia del derecho de petición ante autoridades judiciales. 3.4.1.1. Sea lo primero indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o

particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”. Al respecto debe recordarse que, según lo ha reiterado esta Corporación, el núcleo esencial del mencionado derecho constitucional fundamental supone no sólo el derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta resolución de las mismas, a que se resuelva de fondo y de forma clara y precisa la pretensión dentro del término establecido por la ley para tal fin, y a que las respuestas de la administración sean notificadas o comunicadas a los interesados por los medios legales, independientemente de que las mismas sean favorables o no a las pretensiones del administrado. Ahora, respecto a las solicitudes que son radicantes ante autoridades judiciales, la Corte Constitucional, en sentencia T – 334 de 1995, ha señalado que deben distinguirse dos (2) actuaciones: (i) las estrictamente judiciales, las cuales deberán ser tramitadas con sujeción de las normas propias de cada juicio y frente a las cuales no es procedente elevar peticiones, y (ii) las eminentemente administrativas 10 Documento número 6 del archivo Zip. denominado “15_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_25 62021(.zip)”, visible en el índice número 8 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. que están a cargo del Juez y que, por ende, habilitan interposición de solicitudes en los términos previstos por el CPACA, al serles aplicables las normas que rigen las actividades de la administración pública; veamos:

“Si esto es así, resulta indudable que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces; que, en consecuencia, éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale, y que, si no lo hacen, vulneran la preceptiva constitucional. No obstante, el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientesa las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.). Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de éstos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). En cambio, las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso. En ese orden de ideas, nadie podría alegar que el juez viola su derecho de petición cuando, principiando el proceso, presenta una solicitud orientada a obtener la definición propia de la sentencia y no se le

responde dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo, sino que se posterga la resolución hasta el momento del fallo. En tales circunstancias, ante eventuales actitudes morosas para resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado no es el de petición sino el del debido proceso.”11 (Subrayas de la Sala). En similar sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que son improcedentes los derechos petición elevados ante autoridades judiciales cuando su objeto sea obtener algún pronunciamiento del Juez en el curso de un proceso, toda vez que el Legislador previó un procedimiento jurisdiccional para lograr dicho cometido. Al respecto, en una reciente sentencia del 27 de mayo de 2021, fue señalado: 11 Corte Constitucional. Sentencia T-334 del 31 de julio de 1995. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. “Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente. La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 201712, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00: “[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente. Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente: En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del

tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15000-2017-02583-00. En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo: “Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial. Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado: “El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones

en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO) Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo. En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial. (…) En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor en las solicitudes presentadas el 24 de julio de 2019 y 21 de agosto de 2020 , es que el Tribunal verifique el cumplimiento de las órdenes dictadas en las providencias de 20 de noviembre de 2007 y de 23 de septiembre de 2010, en los términos expuestos en el auto de 29 de marzo de 2016 ; sin embargo, ese pronunciamiento implica que se adelanten una actuaciones judiciales por parte del Tribunal con dicho fin y en caso de encontrarlas incumplidas adelantar el correspondiente trámite incidental

de desacato, lo que quiere decir que dicha cuestión al ser propia del proceso judicial debe ser dirimida conforme a los procedimientos legales y mediante providencia judicial. Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado respecto del derecho fundamental de petición alegado por el actor, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte resolutiva de esta providencia.”13 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto). En consecuencia, la Sala procederá a evaluar si la presente acción de tutela es procedente en los términos antes expuestos. 3.4.1.2. En tal contexto, con miras a definir si la petición incoada el 20 de abril de 2021 por el señor Rueda Castillo, se enmarca en el trámite de una actuación judicial o administrativa, es preciso traer nuevamente a colación el texto literal de dicha solicitud: “Respetuosamente, solicito, cómo está el proceso (ACCIÓN POPULAR RAD: 2016-01234-00) ya que llevo, aproximadamente 2 años que no se ha cumplido la sentencia en su totalidad, con fecha 08 mayo de 2019, proferida por esta corporación y en auto de 06 de marzo de 2020, exigiendo cumplimiento de la sentencia, por parte del (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BUCARAMANGA – EPMSC BUC) en cabeza del Brigadier General Norberto Mujica Jaime, en su condición de Director General del INPEC y a la Doctora Sol Esmeralda Fuentes Ruiz, en calidad de directora del establecimiento penitenciario de mediana

seguridad y carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC. Agradezco su atención prestada y estaré atento a su pronta respuesta”14 (Subrayas de la Sala). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2021 00396 01. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Documento número 6 del archivo Zip. denominado “15_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_25 62021(.zip)”, visible en el índice número 8 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. De lo anterior se colige que en la anotada petición la parte actora solicitó a la autoridad judicial demandada que constatara el cumplimiento de la sentencia proferida en la citado proceso de acción popular, argumentando que habían transcurrido cerca de dos (2) años desde la expedición del fallo del 8 de mayo de 2019, sin que el INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC, hubieren dado cumplimiento a los órdenes que fueron impartidas a su cargo en la anotada providencia. Por ende, es claro que la mencionada solicitud se enmarca en el trámite de una actuación judicial, en razón a que lo pretendido no es otra cosa que el Tribunal accionado exija el cumplimiento de la citada sentencia a las entidades allí condenadas a través de herramientas de índole igualmente judicial. De ahí que devenga la improcedencia del presente mecanismo constitucional, en razón a que el Legislador, a través del incidente de desacato, previó un trámite especial

dirigido a lograr la observancia de las órdenes emanadas de un proceso que se adelanta a la luz de lo dispuesto en la Ley 472 de 1998. En efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 ibídem, los incidentes de desacato proceden cuando se acredite que una persona incumplió una orden judicial que hubiere sido expedida en el trámite de una acción popular; veamos: “Articulo 41. Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo.” (Subrayas de la Sala). En consecuencia, el pronunciamiento que se pretende en la petición que fue elevada por la parte actora el 20 de abril de 2021, implica que se impulsen una serie de actuaciones judiciales dirigidas a determinar si el INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga – EPMSC BUC dieron cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 8 de mayo de 2019 y en caso de que se pruebe lo contrario, se deberá tramitar

el correspondiente procedimiento incidental, aspectos estos que sólo pueden ser agotados dentro de las formas propias de ese tipo de juicios y que por ende no pueden ser abordados dentro del curso de un derecho de petición. Tampoco pasa por alto la Sala que el Tribunal, en proveído del 24 de junio de 2021, resolvió adecuar el anotado derecho de petición al procedimiento correspondiente y en consecuencia ordenó la apertura del anotado trámite en contra de los Directores de las mencionadas entidades, ordenándoles rendir un informe sobre las gestiones que han llevado a cabo para dar cumplimiento a los mandatos previstos en el fallo del 8 de mayo de 2019, por lo que es claro que en la actualidad la autoridad demandada sí ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la petición objeto de la presente acción constitucional, impartiéndole el trámite previsto en la Ley, tal y como se puede evidenciar a continuación: “Procede el Despacho a pronunciarse sobre el escrito presentado por el actor popular de esta acción (Archivo 07 y 08 expediente digital de la herramienta OneDrive), por medio del cual manifiesta que la parte accionada no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 08 de mayo de 2019 proferida por esta Corporación, a través de la cual se declaró la vulneración del derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga - EPMSC BUC, y como consecuencia se ordenó adoptar las medidas administrativas y técnicas para suspender

de manera definitiva la interferencia exterior que generan los inhibidores o bloqueadores de señales radioeléctricas, reglamentando su uso al interior del establecimiento penitenciario de conformidad con la normatividad del caso, sin afectar el servicio de telefonía móvil de las personas residentes en la urbanización Villa del Prado de la comuna 5 y demás barrios aledaños a ese centro carcelario en la ciudad de Bucaramanga. De otra parte, se le reitera al actor popular de esta acción que, este trámite incidental tiene como finalidad lograr el cumplimiento de la orden dada en la sentencia para la materialización de los derechos colectivos, no obstante, en lo referente al pago de las costas procesales este trámite se torna improcedente, siendo la acción ejecutiva el medio judicial idóneo para ello, el cual debe ejercer de conformidad con la normatividad correspondiente. Por tanto, se abre formalmente incidente de desacato contra el Mayor General MARIANO BOTERO COY en su condición de Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y, el Capitán FERNANDO GONZÁLEZ MALAVER en su calidad de Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga - EPMSC BUC o quienes hagan sus veces respectivamente, para que se sirvan informar a este Despacho, sobre el cumplimiento íntegro de la sentencia proferida por esta Corporación el 08 de mayo de 2019, indicando de manera expresa y pormenorizada las acciones puntuales que se han realizado en aras de dar cumplimiento a la referida sentencia (…).” En suma, como el derecho de petición objeto del proceso de la referencia versa

sobre una actuación judicial, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por las razones antes expuestas. 3.4.2. Falta de legitimación en la causa. Finalmente, en razón a que el INPEC fue vinculado a este proceso en calidad de tercero interesado, por ser parte demandada dentro del proceso de acción popular identificado con número de radicación 68001 23 33 000 2016 01234 00, y que esa e