CE - 110010315000202204303011SENTENCIA20230220114646

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04303-01

Demandante: Vanessa Paola Laverde Benítez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-04303-01

Demandante: VANESSA PAOLA LAVERDE BENÍTEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de n ulidad y restablecimiento del derecho cuya pretensión era la declaratoria de un c ontrato realidad. Defecto fáctico y desconocimiento de precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte demandante, quien actúa a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 1° de septiembre de 2022, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que resolvió negar sus pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Consejo de Estado dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que resolvió negar sus pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que , entre el 15 de mayo de 2002 hasta el 3 de junio de 2012 , estuvo vinculada como abogada en la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por medio de distintos contratos de prestación de servicios firmados consecutivamente durante ese periodo.

Indicó que el 23 de agosto y el 15 de octubre de 2013 solicitó al ente territorial que reconociera la existencia de la relación laboral y, como consecuencia de lo anterior, pagara las prestaciones a que hubiera lugar, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Manifestó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó al distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto de la falta de respuesta a la petición radicada el 23 de agosto de 2013, complementada el 15 de octubre de esa misma anualidad y que , en consecuencia, se declarara la existencia de la relación laboral y se reconociera el pago de las prestaciones y demás derechos laborales a los que tendría derecho, así como el pago de los aportes a seguridad social dejados de cancelar por la entidad, el pago de intereses moratorios por concepto de cesantías, así como también su reintegro a la entidad territorial.Radicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

Demandante: Vanessa Paola Laverde Benítez

concepto de cesantías, así como también su reintegro a la entidad territorial.Radicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

Demandante: Vanessa Paola Laverde Benítez

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2 Afirmó que, en primera instancia, por sentencia de 30 de marzo de 2016 el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcial mente a las pretensiones de la demanda . Señaló que encontró demostrados los elementos de la relación laboral que llevaban a concluir que se configuraba el contrato realidad y, en consecuencia, ordenó al ente territorial demandado reconocer y pagar las prestaciones sociales a las que tendría derecho de acuerdo con lo que recibiría un empleado de planta con idénticas funciones, así como el pago de las cotizaciones por concepto de seguridad social en los respectivos periodos que correspondían a las órdenes de prestación de servicios.

Relató que en la citada providencia se negaron las pretensiones relativas (i) al pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, al considerar que el pago de las cesantías surgía con ocasión de la existencia de la relación laboral y (ii) al reintegro laboral porque la demandante no era empleada pública y no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 122 de la Constitución Política.

Adujo que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia . Dicho recurso fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante

cumplían los requisitos establecidos en el artículo 122 de la Constitución Política.

Adujo que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia . Dicho recurso fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de 21 de abril de 2022 en la que revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que no estaba demostrado el elemento de la subordinación.

Por último, m anifestó que para efectos de fundamentar esa decisión, la autoridad judicial accionada (i) aplicó la normatividad relativa a los contratos administrativos de prestación de servicios regulados en la Ley 80 de 1993, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y las sentencias C-154 de 1997 de la Corte Constitucional y SUJ-025-CE-S2-2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) concluyó que no se demostró que la demandante recibiera a su correo electrónico órdenes o citación a reuniones en los mismos términos que los empleados de planta.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y al trabajo, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 21 de abril de 2022, en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” revocó la sentencia de 30 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del

de 30 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto de la falta de respuesta a la s peticiones de 23 de agosto y 15 de octubre de 2013 y, que en consecuencia, se declarara la existencia de la relación laboral y se reconociera el pago de las prestaciones y demás derechos laborales a l os que tendría derecho, así como el pago de los aportes a seguridad social dejados de cancelar por la entidad, el pago de intereses moratorios por concepto de cesantías, así como también su reintegro a la entidad territorial. Concretamente, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Defecto fáctico . Consideró que las pruebas no fueron apreciadas en su conjunto y que no se hizo una valoración razonable de las mismas.

En este punto, alegó el desconocimiento de los siguientes elementos probatorios:

• Certificado de entrega de carné, muebles y equipo que demostraban que era considerada como funcionaria del distrito, según la identificación que le entregó el ente territorial para que pudiera ingresar a desempeñar susRadicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

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3 funciones en las instal aciones en el mismo horario establecido p ara los empleados de planta. Además, que le era sum inistrado un computador, papelería y lapiceros para desempeñar sus labores diarias.

• Certificados de servicios prestados expedidos por “distintos funcionarios distritales”, que dan cuenta de que la demandante desempeñó la función de abogada en la Secretaría de Hacienda en los mismos términos que un funcionario de planta.

• El documento que contiene los t érminos de referencia y estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación masiva a través de contratos de prestación de servicios de tres abogados, entre ellos, el de la actora que, a su juicio, demostraba la falta de personal de planta lo que se suplía a través de la vinculación de contratistas.

• Certificado de asistencia a l seminario “Administración de Impuestos Distritales y Municipales a la luz del Estatuto Tributario Nacional”, organizado por el ente territorial demandado a través de la escue la de gobierno cuyo propósito es promover y fortalecer el desempeño eficiente de los funcionarios públicos, lo que, en su criterio, significa que esas capacitaciones solo están dirigidas a los empleados de planta.

• Escrito sobre ausencia del lugar de trabajo y correos electrónicos a través de los cuales se impartían órdenes . Al respecto, a firmó que debía informar sus ausencias del sitio de trabajo para que se nombrara un reemplazo, en aras de

• Escrito sobre ausencia del lugar de trabajo y correos electrónicos a través de los cuales se impartían órdenes . Al respecto, a firmó que debía informar sus ausencias del sitio de trabajo para que se nombrara un reemplazo, en aras de no afectar el desarrollo de las funciones que tenía a su cargo, en especial, la atención al público.

Agregó que aportó correos electrónicos que permitían establecer que se le impartían órdenes en torno a la manera en que debía desarrollar su función, existía un control el cumplimiento de metas individuales no contempladas en los contratos de prestación de servicios que obedecían a las políticas internas de la entidad y que no fueron previamente concertadas.

De igual forma , señaló que todas sus funciones se relacionaron con las competencias internas de la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que necesariamente debía desempeñar , según los reglamentos vigentes, un funcionario de la planta de personal, a lo que agregó que aportó actos administrativos proyectados, respuestas a derechos de petición y demás actividades relacionadas en los informes mensuales que realizó bajo las directrices del empleador.

• Autorización para el ingreso a las instalaciones de la entidad los días sábados, conforme con los turnos establecidos y que eran informados a través de correo electrónico, los cuales, afirmó, aportó con la demanda. En este punto, precisó que debía laborar los sábados de manera extraordinaria, que no podía tomarse como voluntaria porq ue estaba demostrado que también asistía la supervisora de su contrato, lo que indicaba que su presencia era exigida para adelantar las labores contratadas . A demás, que en los

no podía tomarse como voluntaria porq ue estaba demostrado que también asistía la supervisora de su contrato, lo que indicaba que su presencia era exigida para adelantar las labores contratadas . A demás, que en los documentos de asignación de turnos la empleadora la sujetó a cumplir con su actividad unas horas y días determinados, lo que le limitó la libre distribución y uso de su tiempo.

• Adicionalmente manifestó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la comunicación de turnos expedida el 4 de enero de 2010 por la subdirectora de finanzas de la entidad territorial (obrante a folio 468), en el que le correspondióRadicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

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4 cumplir el turno para atender al público los días 5 y 18 de enero de 20 10, cuando para ese momento no tenía contrato, teniendo en cuenta que el contrato anterior había tenido vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y que el contrato posterior inició el 27 de enero de 2010.

• Certificados sobre la falta de personal y resoluciones de justificación de contratación directa. Con lo que dice, se ratificó que las labores por ella realizadas respondieron a una necesidad permanente de la entidad demandada, al requerirse personal profesional no para actividades transitorias sino para suplir la insuficiencia de funcionarios de planta, todo bajo el manto de contratos de servicios profesionales p or dificultades presupuestales o por

realizadas respondieron a una necesidad permanente de la entidad demandada, al requerirse personal profesional no para actividades transitorias sino para suplir la insuficiencia de funcionarios de planta, todo bajo el manto de contratos de servicios profesionales p or dificultades presupuestales o por ausencia de voluntad de crear los cargos necesarios para asumir las cargas laborales permanentes.

• Manuales de funciones, requisitos y competencias laborales, a través de los cuales se acredita que las funciones asignadas a la actora estaban asignadas a cargos de la planta de personal tales como profesional universitario código 340, grados 32 y 35, así como a los de Asesor (impuestos) código 105, grado 55 y asesor (abogado tributarista) y asesor (ejecuciones fiscales), código 105, grado 47 , de manera que las actividades ejecutadas no habían sido extraordinarias sino, por el contrario, permanentes y que cumplió incluso sin contrato.

De igual modo, adujo que hubo una valoración arbitraria del material probatorio. Al respecto, afirmó que se desconocieron las reglas de la sana crítica, esto por cuanto pese a que la autoridad judicial accionada se refirió a los 24 contratos de prestación de servicios suscritos por la actora, no efectuó un análisis de los mismos en aras de determinar si fueron utilizados para encubrir una verdadera relación laboral teniendo en cuenta (i) el objeto de los mismos, (ii) que no hubo interrupciones considerables entre uno y otro, así como (ii) que ejerció labores propias de personal de planta y bajo las directrices de actividades y metas fijadas unilateralmente por el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias.

entre uno y otro, así como (ii) que ejerció labores propias de personal de planta y bajo las directrices de actividades y metas fijadas unilateralmente por el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias.

En ese orden de ideas, reprochó la valoración efectuada por la autoridad judicial accionada a la declaración de la señora Ledys Vitola Rey , pues afirmó que dicha prueba brindaba certeza sobre el elemento de la subordinación durante el tiempo que estuvo vinculada a la alcaldía, en tanto se refirió al cumplimiento de un horario y las jornadas de trabajo en tiempo suplementario.

2.2. Desconocimiento del precedente ju dicial. Alegó el desconocimiento de la sentencia C -386 de 2000 que estableció la subordinación como elemento diferenciador de la relación laboral , sin embargo, afirmó, que la autoridad judicial accionada confundió esa noción con el concepto de coordinación administrativa.

También aseveró que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha establecido los eventos que permiten acreditar el elemento de la subordinación en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios, particularmente, se refirió a las siguientes sentencias:

• Sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 d e septiembre de 2021 , proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado1. • Sentencia de 30 de octubre de 2020 , dictada por la Sección Segunda,

Subsección B del Consejo de Estado.

1 M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez. Expediente No 2013-01143-01.Radicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

Subsección B del Consejo de Estado.

1 M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez. Expediente No 2013-01143-01.Radicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

Demandante: Vanessa Paola Laverde Benítez

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5 • Sentencia de 31 de enero de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. • Fallo de tutela de 27 de enero de 2022 , emanado de la Sección Primera del Consejo de Estado2.

3. Pretensiones

La accionante plantea las siguientes:

“PRIMERA: Que se conceda el amparo de los derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y al trabajo digno y justo de la accionante Vanessa Paola Laverde Benítez.

SEGUNDA: Que se deje sin efectos la sentencia del 21 de abril de 2022, notificada vía electrónica el 17 de mayo de 2022, en firme desde el 20 del mismo mes y año, proferida por la Sala de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la cual se revocó la sentencia de primera instancia en el proces o de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 13001-23-33-000-2014-00187-00/01 (4725-2016).

TERCERA: Que se ordene a la accionada que profiera una nueva sentencia en la cual

del derecho con radicación 13001-23-33-000-2014-00187-00/01 (4725-2016).

TERCERA: Que se ordene a la accionada que profiera una nueva sentencia en la cual se confirme la decisión de primera de instancia, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la actora, adquiridos en virtud del contrato realidad de trabajo”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Sentencia de 21 de abril de 2022 , proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado.

• Sentencia de 30 de marzo de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de

Bolívar.

Del mismo modo, obra copia digitalizada del expediente radicado bajo el No. 1300123-33-000-2014-00187-01, demandante: Vanessa Paola Laverde Benítez.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto de 10 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a l a autoridad judicial accionada, así como al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

Del mismo modo, dispuso oficiar a la Secretaría General del Consejo de Estado, al despacho del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández de la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación y a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar para que se remitiera copia digitalizada del expediente No. 13001-23-33-0002014-00187-01.

Subsección “A” de esta Corporación y a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar para que se remitiera copia digitalizada del expediente No. 13001-23-33-0002014-00187-01.

5.2. La sentencia proferida en primera instancia fue impugnada y, este asunto correspondió conocerlo, inicialmente, a la Magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello quien registró proyecto de fallo que se discutió en Sala de Sección el 3 de noviembre de 2022. Sin embargo, no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación, por lo que en auto de 25 del mismo mes y año dispuso remitir el expediente al despacho que seguía en turno con el fin de que se elaborara un proyecto de fallo acorde con la posición mayoritaria.

2 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente No 2021-05261-01.Radicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

Demandante: Vanessa Paola Laverde Benítez

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre la demanda, en el que solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por cuanto se emplea como una instancia adicional, a lo que agregó que no basta con alegar la configuración del defecto fáctico para que se habilite el mecanismo de protección

en el que solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por cuanto se emplea como una instancia adicional, a lo que agregó que no basta con alegar la configuración del defecto fáctico para que se habilite el mecanismo de protección constitucional, pues debe demostrarse que la valoración de los elementos probatorios desconoce las reglas de la sana crítica.

En ese orden, explicó que a partir de la valoración de las pruebas que obran en el expediente se llegó a la conclusión de que no estaba acreditado el elemento de la subordinación, principalmente, porque no se constató que la demandante recibiera órdenes en lo pertinente al tiempo, modo o cantidad de trabajo. Así mismo, que no era suficiente, para tal efecto, la expedición de un carné o el hecho de que la accionante se hubiera presentado a trabajar en ocasiones los días sábado, sino que debían tener la contundencia para demostrar que se desnaturalizó el contrato de prestación de servicios.

Sostuvo que los elementos que fueron indicados en el escrito de tutela no tenían la fuerza para llevar al convencimiento de que efectivamente se presentó una verdadera relación laboral y que las pruebas testimoniales fueron valoradas en la providencia objeto de censura, llegando a una convicción distinta a la que solicita la parte actora.

Respecto del presunto desconocimiento del precedente judicial destacó que justamente la decisión se soportó en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S22021 de 9 de septiembre de 2021 SUJ-025-, así como en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, de las cuales se tomaron las reglas de decisión para definir el caso y que, pese a que en la providencia de 31 de enero de 2019 la Sala

de 25 de agosto de 2016, de las cuales se tomaron las reglas de decisión para definir el caso y que, pese a que en la providencia de 31 de enero de 2019 la Sala llegó a la conclusión de que en ese caso se a creditó la continuada subordinación, ello se debió a la actividad probatoria de la parte demandante.

Por las razones expuestas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda de tutela.

6.2. Respuesta del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Quien ejerce el cargo de Asesora Código 105, Grado 47 pidió que se desvincule al ente territorial del trámite constitucional por existir falta de legitimación en la causa por pasiva , ya q ue la inconformidad planteada en la tutela recae contra una providencia judicial emanada de la autoridad demandada en la que no tiene injerencia el ente territorial.

Asimismo, señaló que la acción de tutela resulta improcedente porque los fundamentos de la misma se originan en el desacuerdo con la decisión judicial cuestionada, a lo que agregó que durante el trámite ordinario se garantizó a la demandante las oportunidades procesales para ejercer su defensa técnica dentro del proceso.

6.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar informó el link de acceso para consulta del expediente digital, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo del asunto.Radicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 1 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se configuraron los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial alegados por la accionante.

Al respecto, manifestó que, contrario a lo señalado por la actora, la autoridad judicial accionada sí efectuó una valoración de los contratos y órdenes de servicio, así como la declaración de la señora Ledys del Carmen Vitola Re y, y a partir de ese análisis concluyó que no se había demostrado el elemento de la continuada subordinación.

Explicó que ese elemento no era posible acreditarlo con la sola evidencia de que la demandante hubiera prestado el servicio para el que fue contratada en condiciones semejantes a los trabajadores de planta o en horarios establecidos por la entidad y bajo el cumplimiento de órdenes dadas por la directora de impuestos del ente territorial demandado.

En ese orden, el a quo señaló que de los documentos relacionados en la acción de tutela como dejados de valorar, no se evidencia claramente el elemento de la subordinación p ues los mismos reflejan situaciones propias de un contrato de prestación de servicios y afirmó que lo mismo ocurre con la prueba testimonial . En ese marco, aseveró que la actuación probatoria resulta razonable.

Sobre el desconocimiento del precedente judicial afirmó que la autoridad judicial

prestación de servicios y afirmó que lo mismo ocurre con la prueba testimonial . En ese marco, aseveró que la actuación probatoria resulta razonable.

Sobre el desconocimiento del precedente judicial afirmó que la autoridad judicial accionada fundamentó la decisión cuestionada en una clara línea jurisprudencial sobre la configuración del contrato realidad , principalmente , en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda de l Consejo de Estado que contiene el criterio jurisprudencial vigente al momento en que se expidió la respectiva sentencia y que resulta vinculante para resolver el caso concreto.

Sobre el desconocimiento de la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, precisó que en ese caso se encontró configurado el elemento de la subordinación a partir de la actividad probatoria de la parte demandante, ya que además de la prueba documental aportada, se recibieron cinco declaraciones de testigos que coincidieron en indicar que el accionante tenía superiores jerárquicos y que cumplía una jornada laboral de tiempo completo en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante, por intermedio de su apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, bajo los mismos argumentos de la demanda.

Precisó que no acudió a la acción de tutela como una instancia adicional, en tanto lo que pretende es el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo,

instancia y solicitó que se revocara, bajo los mismos argumentos de la demanda.

Precisó que no acudió a la acción de tutela como una instancia adicional, en tanto lo que pretende es el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso y de acceso a la administración de justicia vulnerados con la sentencia de 21 de abril de 2022, en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” revocó la sentencia de 30 de marzo de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Manifestó que las entidades públicas están haciendo un uso indebido del contrato de prestación de servicios para la “incorporación de fuerza barata de trabajo material e intelectual”, violando el principio de igualdad y lo establecido en el artículo 1° delRadicación:11001-03-15-000-2022-04303-01

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8 Decreto 3074 de 1968 que establece que “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos d e prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.

Señaló que constituye un error considerar que 10 años de vinculación a la entidad se enmarca dentro del concepto “termino estrictamente indispensable”, al que hizo referencia la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 en materia de contratos de prestación de servicios.

se enmarca dentro del concepto “termino estrictamente indispensable”, al que hizo referencia la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 en materia de contratos de prestación de servicios.

Insistió en que los 24 contratos de prestación de servicios fueron empleados para encubrir una verdadera relación laboral, en tanto su función fue desempeñada bajo el cumplimiento de órdenes e instrucciones que constan en las pruebas documentales aportadas al expediente.

Manifestó que el a quo desconoce los correos electrónicos que obran en los folios 468, 469, 470, 474, 476 del expediente ordinario, en los que se hace referencia a las órdenes e instrucciones impartidas por el empleador durante la relación laboral, los cuales transcribió in extenso y resaltó que en los mismos se fijaron metas en la recuperación de cartera morosa del impuesto predial y sobre tasa al medio ambiente y se fijaron turnos para superar la problemática originada en la falta de personal.

Al respecto manifestó lo siguiente:

“Estos correos hacen clara referencia a órdenes e instrucciones en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. Por supuesto, dichos correos aparentan unas simples orientaciones, pero de cara al principio constitucional de primacía de realidad, analizando las pruebas en su conjunto no de manera superficial y a la ligera por salir del paso, sino de forma racional, respet ando el debido proceso, se debe inferir que se trata de documentos que evidencian una subordinación de la accionante”.

Del mismo modo, afirmó que atendía público contribuyente en horarios fijos en las instalaciones de la Alcaldía y con los insumos suministrados por el ente territorial demandado.

Del mismo modo, afirmó que atendía público contribuyente en horarios fijos en las instalaciones de la Alcaldía y con los insumos suministrados por el ente territorial demandado.

De otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente judicial indicó que, así como en su caso, “en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021 y en la sentencia del 31 de enero de 2019, exp. 1551 -2015, se trató de abogados vinculados por contratos de prestación de servicios, por varios años, trabajando días no hábiles, en actividades no contratadas, con superiores que les indicaban labores a desarrollar de manera subordinada, utilizando elementos y equipos suministrados por sus empleadoras, por lo que resulta injusto no darle su derecho a la accionante por presunciones judiciales contrarias al expediente”.

Para finalizar, señaló que los elementos probatorios aportados con la demanda acreditaban la existencia de una relación laboral ya que la función que desempeñaba era necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, esto es, el recaudo de impuestos realizando tareas establecidas por el empleador y bajo s