CE - 110010315000202205139011SENTENCIA20230330103022

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05139-01

Accionante: NELSON DAVID ORREGO QUINTERO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencias judiciales / derecho fundamental al debido proceso / principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima / proceso de acción popular / literales a), b), c), e) y g) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 / legitimación en la causa por activa

Acción de tutela – sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2022 , proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Nelson David Orrego Quintero, actuando en nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Primera.AC CI ÓN DE TUTE L A

que rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Nelson David Orrego Quintero, actuando en nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Primera.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de su derecho fundamental al debido proceso y de los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. Los señores Iván Cepeda Castro, Johana Rocha Gómez, Lila Tatiana Roa Avendaño, Diego Pérez Guzmán, Jhon Jairo Enríquez Clavijo, Teófilo Manuel Acuña Ribón, Aida Julieta Quiñones Torres, Isabel Giselle Clavijo Flórez, Sergio Alejandro Úsuga Sánchez, Elson Leonardo Rodríguez, Hernando Alarcón Carbonell, Adelmo Mendoza, Fredy Fernando Romero, Rigoberto Loaiza, Absalón de Jesús Arias Arias, Yimi Fernando Torres Fajardo, y las organizaciones Centro de Estudios para la Justicia Social – Tierra Di gna, Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT Agua Viva, Pensamiento y Acción Social – PAS, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios – SEMBRAR y Federación Agrominera del Sur de Bolívar –

Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT Agua Viva, Pensamiento y Acción Social – PAS, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios – SEMBRAR y Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol presentaron acción popul ar en contra de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería.

1.2. La demanda se interpuso con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales a), b), c), e) y g) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, cuya vulneración atribuyeron a: (i) los problemas de desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental; (ii) al déficit de información y de ordenamiento mineroambiental del territorio colombiano; (iii) a las debilidades de l modelo de control y fiscalización de los títulos, y (iv) al desconocimiento del derecho a la consulta previa.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 1.3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B que, mediante sentencia de 6 de diciem bre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1.4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia

Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B que, mediante sentencia de 6 de diciem bre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1.4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Nación – Ministerio de Minas y Energía apelaro n la decisión precitada. El r ecurso correspondió al Consejo de Es tado – Sección Primera que, por medio de providencia de 4 de agosto de 2022, resolvió:

«PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto declaró como no probada la excepción denominada improcedencia de la acción.

SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal segundo de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto concedió el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, s u conservación, restauración o sustitución, a la conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de áreas de especial importancia ecológica, y a la defensa del patrimonio público, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 6 de diciembre

especial importancia ecológica, y a la defensa del patrimonio público, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia, el cual quedará así:

TERCERO: Para el restablecimiento de los mencionados derechos colectivos, se

impartirán las siguientes directrices:

1. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería, que apliquen los artículos 16, 34, 36, 53 270, 201, 271, 273 y 274 del Código de Minas, respetando lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016, para lo cual adoptarán las siguientes acciones:AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 1.1. En lo atinente a la preservación de las áreas pertenecientes al SINAP y a las zonas de conservación in situ de origen legal que actualmente no están catalogadas como

Bogotá D.C. – Colombia 4 1.1. En lo atinente a la preservación de las áreas pertenecientes al SINAP y a las zonas de conservación in situ de origen legal que actualmente no están catalogadas como zonas de exclusión o restricción, y que deberían estarlo de conformi dad con las consideraciones expuestas en este proveído:

1.1.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su calidad de organismo rector del SINA, en el término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, junto con las autoridades mineras y ambientales que estime competentes, deberá elaborar un documento que relacione e identifique: i) los ecosistemas del SINAP zonificados en los que esté prohibida o restringida la minería; ii) los ecosistemas del SINAP en los que sí esté permitida la minería, y iii) los ecosistemas del SINAP que no cuenten con zonificación y, por ende, con plan de manejo que defina los sectores en donde se autoriza este tipo de actividades.

1.1.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, e n su calidad de organismo rector del SINA, en el término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, junto con las autoridades mineras y ambientales competentes, deberán elaborar un documento que relacione e identifique las áre as de conservación in situ de origen legal que no pertenecen al SINAP, esto es: i) las reservas forestales de la Ley 2ª de 1959; ii) las cuencas hidrográficas catalogadas como áreas de manejo especial en el CNRNR; iii) las reservas forestales productoras y protectoras productoras; iv) las

de 1959; ii) las cuencas hidrográficas catalogadas como áreas de manejo especial en el CNRNR; iii) las reservas forestales productoras y protectoras productoras; iv) las reservas de recursos naturales consignadas en el artículo 47 del CNRNR; v) los humedales RAMSAR y los humedales no RAMSAR; vi) los páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recargas de acuíferos; vii) los arrecifes de coral, los pastos marinos, los manglares, y viii) las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la sabana de Bogotá.

1.1.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fundamento en los documentos mencionados en los dos numerales anteriores, en el término de tres (3) meses, contados a partir de la presentación de estos documentos, elaborará y adoptará, mediante acto administrativo, la cartografía de las áreas de protección, haciendo uso de la figura prevista en el artículo 47 del CNRNR y en el Decreto 1374 de 2013, a efectos de prohibir en tales áreas el desarrollo de todo tipo de actividad minera, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de esa labor con la zonificación de cada territorio protegido.

1.1.4. La Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, en el término de tres (3) meses, contados a partir del momento en que el MADS expida el acto administrativo a que se refiere el numeral anterior, de conformidad con sus respectivas competencias, actualizarán la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las “zonas de minería restringida”

momento en que el MADS expida el acto administrativo a que se refiere el numeral anterior, de conformidad con sus respectivas competencias, actualizarán la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las “zonas de minería restringida” que reporta Anna Minería, y modificarán los procedimientos e instructivos que tienen que ver con el uso de esas figuras, de conformidad con lo señalado en el título B del capítulo II.3.5., en el título B del capítulo II.5.2.1. y en el título A del capítulo II.5.2.3. de esta providencia (ver párrafos 684 al 697, 987 al 1003 y 1173 al 1192).

1.1.5. La Agencia Nacional de Minería, de manera definitiva, actualizará la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las “zonas de minería restringida” que reporta Anna Minería, una vez finalicen los procesos de zonificación de aquellas áreas en las que existía duda sobre la compatibilidad, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Código de Minas.

1.2. En lo atinente al cumplimiento de los compromisos adoptados en la política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con una visión 2021 – 2030

(CONPES 4050 de 2021):

1.2.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su calidad de organismo rector del SINA, cada (6) meses contados a partir de la ejecutoria de e sta providencia, presentará al Comité de Verificación del fallo un informe de avance en el cumplimiento de las siguientes líneas estratégicas:AC CI ÓN DE TUTE L A

rector del SINA, cada (6) meses contados a partir de la ejecutoria de e sta providencia, presentará al Comité de Verificación del fallo un informe de avance en el cumplimiento de las siguientes líneas estratégicas:AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 • “Línea estratégica 2”. Aumentar las categorías de manejo de áreas protegidas del Sinap para la conservación del patrimonio natural y cultural; • “Línea estratégica 3”. Aumentar la creación de áreas protegidas a partir de las metas de conservación del Sinap; • “Línea estratégica 4”. Disminuir los impulsores de degradación del patrimonio natural y cultural conservado en el Sinap; • “Línea estratégica 6”. Fortalecer la integración de las estrategias de conservación in situ a los diferentes procesos de planeación y ordenamiento ambientales que se adelantan a nivel regional, departamental, municipal, en territorios de g rupos étnicos y local, de acuerdo con los contextos biofísicos, sociales, económicos, culturales y políticoadministrativos particulares; • “Línea estratégica 8”. Fortalecer la planificación del manejo de las áreas protegidas y del Sistema.

1.2.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el garante del cumplimiento de las metas que se establezcan en el plan de acción de esa política pública.

del Sistema.

1.2.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el garante del cumplimiento de las metas que se establezcan en el plan de acción de esa política pública. Adicionalmente, deberá establecer los indicadores de seguimiento y evaluación de su respectivo plan de acción teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por la Contraloría General de la República (ver párrafos 783, 804, 811, 821 y 1093).

1.2.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las autoridades mineras y ambientales que es time competentes, hasta tanto culmine las labores de declaratoria, delimitación y zonificación definitiva de los territorios que podrían pertenecer al SINAP, ejecutará las acciones necesarias y pertinentes de conservación de estos ecosistemas a través de l a figura prevista en el artículo 47 del CNRNR y en el Decreto 1374 de 2013.

1.2.4. La Agencia Nacional de Minería, sin perjuicio del cumplimiento de lo ordenado en los numerales 1.1.4. y 1.1.5., actualizará la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las “zonas de minería restringida” que reporta Anna Minería, una vez finalicen los procesos de delimitación y zonificación de los nuevos ecosistemas del SINAP que se declaren en ejecución de lo dispuesto en el CONPES 4050 , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Código de Minas.

1.3. Medidas temporales mientras se cumple la orden I.1.

1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses, contados a partir

1.3. Medidas temporales mientras se cumple la orden I.1.

1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, deberá exigir a los proponentes que aporten con su solicitud de titulación un certificado de las autoridade s ambientales competentes en el que se informe: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b ) y c) del capítulo II.3.3. de esta sente ncia; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras est án permitidas en el instrumento de zonificación. En el evento en que se presenten dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Age ncia Nacional de Minería deberá abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que e xista certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución.

1.3.2. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualizará la información que reporta la plataforma Anna Minería respecto de los territorios protegidos en los que actualmente existe certeza sobre la exclusión y restricción del desarrollo de actividades mineras, según las consideraciones expuestas en los subtítulos A, B y C del capítulo II.5.2.1. de esta sentencia (ver párrafos 961 al 966, 969, 972, 990 al 994, 1008 y 1013 al 1015).

2. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería que, con la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrol lo Sostenible, en el término de

2. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería que, con la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrol lo Sostenible, en el término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de esta pr ovidencia, efectúen la revisión y ajuste de la plata forma Anna Minería con el pro pósito de implementar un módulo tecnológico que permita, en tiempo real, tramitar y fiscalizar el componente ambiental deAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 los títulos mineros, garantizando la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. Tal rev isión y ajuste deberá lograr: i) la usabilidad, accesibilidad, funcionabilidad e interoperabilidad de los d atos y plataformas tecnológicas implementadas en ambos sectores, entre ellas VITAL, y ii) desarrollar los módulos o procesos que permitan mejorar el trámite, comunica ción, coordinación, evaluación, seguimiento y auditoria minero-ambiental.

3. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en el término perentorio e improrrogab le de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, junto co n las autoridades ambientales y mineras que estimen competentes, coordinen y elabore n un documento de diagnóstico y

partir de la ejecutoria de esta providencia, junto co n las autoridades ambientales y mineras que estimen competentes, coordinen y elabore n un documento de diagnóstico y caracterización de las problemáticas a que aluden los capítulos II.4.2 (subtítulo b), II.5.2.1 (subtítulo c), II.5.2.2. y II.5.2.3. (subtítulos a y c) de este pro veído, relacionadas con: i) los proyectos mineros cuyos títulos se superponen con territorios ambientalme nte protegidos; ii) los impactos ambiental es negativos generados por los proyectos mineros que no cuentan con licenciamiento ambiental en la fase de exploración, y iii) los proyectos mineros que no están siendo controlados en la fase de exploración. A partir de dicha caracterización, ambas cartera s ministeriales elaborarán un inventario de Pasivos Ambientales Mineros – PAM.

Con fundamento en los resultados recopilados en el documento de diagnóstico y en el inventario de pasivos, los citados ministerios, junto con las autoridades ambientales y mineras que estimen competentes, adoptarán e implementarán un plan preventivo y correctivo que identifique acciones participativas y conjuntas tendientes a corregir las tres problemáticas enunciadas.

Para la ejecución del mencionado plan, la Sala concede a las citadas carteras el término de cinco (5) años. Sin embargo, estas autoridades distribuirán las acciones que ejecutarán en el marco de dicho plan siguiendo una prospectiva de corto plazo (1 año); mediano plazo (2 años), y largo plazo (5 años). Lo anterior significa que, en el corto, mediano y largo plazo, los ministerios verificarán e l cumplimiento progresivo de las actividades formuladas en el plan.

plazo (2 años), y largo plazo (5 años). Lo anterior significa que, en el corto, mediano y largo plazo, los ministerios verificarán e l cumplimiento progresivo de las actividades formuladas en el plan.

4. EXHORTAR a los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que preparen, revisen y formulen los proyectos de ley, así como los proyectos de reglamento a los que se alude en los subtítulos a) y b) del acápite II.5.2.1 y

c) del capítulo II.5.2.3. este proveído, relacionados con: (i) el procedimiento de evaluación de los títulos mineros; (ii) las figuras jurídicas de conservación de la biodiversidad; (iii) el trámite de sustracción de los ecosistemas protegidos; (iv) la regulación de los pasivos ambientales, y (v) la exigibilidad del licenciamiento ambiental desde la fase de exploración.

5. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en el término de (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualicen las guías minero-ambientales y los términos de referencia con el propósito de ajustarlos a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 1753 de 2015. Estos documentos incluirán un apéndice en el que se definirán determinantes ambientales por tipo de extracción, según sus impactos ambientales específicos.

6. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que instalen, en el término de quince días (15), contados a partir de la

tipo de extracción, según sus impactos ambientales específicos.

6. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que instalen, en el término de quince días (15), contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, una mesa de trabajo interinstitucional en la que participaran los delegados de los aludidos ministerios, de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de los Grandes Centros Urbanos, de Parques Nacionales Naturales de Colom bia, de la Agencia Nacional de Minería, de la Gobernación de Antioquia (en su función fiscalizadora), así como de la Procuraduría General de laAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Nación y de la Contraloría General de la República, como órganos de vigilancia y control.

Dicha mesa técnica se encargará de proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el relacionamiento de los sectores minero y ambiental. Para tal efecto, adoptará su reglamento de funcionamiento y trabajo. También publicará informes anuales de sostenibilidad sobre el avance de los resultados en el cumplimiento de todas las órdenes impartidas en esta providencia, los cuales deberán ser remitidos al Comité de Verificación de cumplimiento de esta sentencia.

sostenibilidad sobre el avance de los resultados en el cumplimiento de todas las órdenes impartidas en esta providencia, los cuales deberán ser remitidos al Comité de Verificación de cumplimiento de esta sentencia.

7. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en el término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualicen la Política Minera Nacional para que la misma contemple acciones que permitan contrarrestar los problemas relacionados con: ( i) el insuficiente ordenamiento territorial minero-ambiental; (ii) la desarticulación institucional, y (iii) las debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos mineros.

La Política Minera Nacional consultará las recomendaciones efectuada s por la Contraloría General de la República (recopiladas en el capítulo II.4.2. de este proveído), así como los apartes de “la investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano” (compilados en el capítulo II.4.4. de esta sentencia). Esta política se articulará con las demás órdenes de amparo impartidas en esta sentencia. (ver párrafos 1208 al 1214)

8. EXHORTAR al Ministerio de Minas y En ergía para que garantice que la planeación sectorial de la UPME, con horizonte a 2025, resulte armónica con la Política Minera

Nacional.

9. EXHORTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Agencia Nacional Digital, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las

Nacional.

9. EXHORTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Agencia Nacional Digital, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, a los Grandes Centros Urbanos, a la Gobernación de Antioquia (en su función fiscalizadora), a la Unidad de Planeación Minero Energética, a Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la Agencia Nacional de Tierras, al IGAC, para que coadyuven en el cumplimiento de las órdenes que se relacionan con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en los términos dispuestos en el último inciso del artículo 34 de la ley 472.

10. EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que velen por el cumplimiento de la sentencia, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y en los términos dispuestos en el últ imo inciso del artículo 34 de la ley 472.

CUARTO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el ordinal quinto de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, el

cual quedará así:

[…] CONFORMAR un Comité para la Verificación del cumplimiento de esta providencia el cual estará integrado por el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -quien lo presidirá -, por los accionantes, por los coadyuvantes d e la parte actora, por un delegado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por un delegado de la Agencia Nacional de Minería, por un delegado del Ministerio de Minas y Energía, por un delegado del Ministerio de

accionantes, por los coadyuvantes d e la parte actora, por un delegado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por un delegado de la Agencia Nacional de Minería, por un delegado del Ministerio de Minas y Energía, por un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y por un delegado de la Defensoría Regional del Pueblo, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión y rendirAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 informes anuales sobre las decisiones y acciones que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de la sentencia. […].

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida».

1.5. Simultáneamente al proceso de acción popular, el señor Nelson David Orrego Quintero, desde el 2 de julio de 2013, es solicitante de la propuesta de contrato de concesión OG2 -090215, ubicada en los municipios de Marmato, Caldas y Caramanta, Antioquia.

1.6. Para el trámite de la propuesta del contrato de concesi ón, el accionante se acogió a las prerrogativas d ispuestas en la Ley 685 de 2011 y cumplió, según indica, con todo s los requisitos exigidos en el

1.6. Para el trámite de la propuesta del contrato de concesi ón, el accionante se acogió a las prerrogativas d ispuestas en la Ley 685 de 2011 y cumplió, según indica, con todo s los requisitos exigidos en el Código de Minas y que eran requeridos para la fecha.

1.7. No obstante, en la sentencia que decidió la acci ón popular citada se agregó un requisito adicional consistente en que se debe aportar un certificado de las autoridades ambientales 1, supuesto que no se encuentra consagrado en la normativa vigente y que afecta su expectativa legítima.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El demandante considera que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso y el inciso 1° del artículo 4° de la Ley 685 de 2021, el cual ordena que los requisitos, formalidades, documentos y pruebas para la presentación, el trámite y resolución de los negocios mineros en su etapa administrativa hasta obtener su

1 El requisito consiste en: 1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, deberá exigir a los proponentes que aporten con su solicitud de titulación un certificado de las autoridades ambientales competentes en el que se informe: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de esta sentencia; (ii) si tal territorio

se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. En el evento en que se presenten dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de Minería deberá abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05139 -01

Acci onante: Nelson David Orrego Quintero

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 perfeccionamiento únicamente serán los que exija el Código de Minas a los interesados.

Sostiene que se afectan los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima, toda vez que el 24 de febrero de 2020, la ANM lo requirió para aceptar «área susceptible de ser otorgada para el proyecto minero, lo cual cumplí en el término concedido, el 17 de julio de 2020 y acepté un área de 334 Ha en los municipios de Marmato y Caramanta» generándose así una expectativa favorable para el trámite que tiene en curso.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicitó lo siguiente:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ESTADO, vulnerados por la SALA PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, al crear

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ESTADO, vulnerados por la SALA PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, al crear en el punto TERCERO punto 1.3.1. de la parte resolutiva de la Sentencia No. 25000234100020130245901, un nuevo requisito para el trá