CE - 110010315000202205245011SENTENCIA20230302171402

Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05245-01

Demandante: ALBERTO ORREGO URIBE

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – proceso ejecutivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el señor Alberto Orrego Uribe contra la sentencia del 18 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 30 de septiembre de 2022 al buzón web del Consejo de Estado, el señor Alberto Orrego Uribe, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

buzón web del Consejo de Estado, el señor Alberto Orrego Uribe, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad social”.

2. El accionante consideró vulneradas las garantías invocadas, con ocasión de los autos proferidos el 7 de junio de 2022 y el 31 de agosto del mismo año por la autoridad judicial accionada, en el proceso ejecutivo identificado con el N. º 1700123-33-000-2013-00331-00 promovido por el señor Alberto Orrego Uribe contra la

UGPP.

3. Mediante la primera providencia, el Tribunal Administrativo de Caldas decidió que las sumas de dinero que se recau daran en cumplimiento del auto que libró mandamiento de pago contra tal unidad administrativa , fueran puestas en una cuenta especial hasta tanto hubiera un pronun ciamiento definitivo por parte del Consejo de Estado en el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPPDemandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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contra la sentencia del proceso declarativo que prestó mérito ejecutivo. El segundo auto cuestionado confirmó dicha decisión.

1.2. Pretensión

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contra la sentencia del proceso declarativo que prestó mérito ejecutivo. El segundo auto cuestionado confirmó dicha decisión.

1.2. Pretensión

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pidió: “Se ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, dejar sin efectos la orden de retención de los dineros de reajuste de las mesadas pensionales hasta tanto se pronuncie el Consejo de Estado de manera definitiva sobre el recurso de revisión instaurado por la UGPP, dictada en el auto con fecha del 7 de junio de 2022, notificado por correo electrónico el 8 de unió de la misma anualidad, confirmado mediante proveído A.I. 334 del 31 de agosto de 2022, notificado por correo electrónico el 1 de septiembre de 2022, que inhibieron la orden de recaudo ejecutivo en tanto suspendió de esta manera el pago del reajuste de mi pensión en los términos ordenados en sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada material.

Se ORDENE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -, realizar el pago de la obligación contenida en Sentencia de Segunda Instancia proferida por el H. Consejo de Estad o, Sección Segunda – Subsección A, bajo la ponencia del Consejero Rafael Francisco Suárez Vargas de fecha de 20 de febrero de 2020, por medio de la cual se confirmó la sentencia proferida el 26 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el número

febrero de 2020, por medio de la cual se confirmó la sentencia proferida el 26 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el número único de radicación 17001233300020130033100.

Se ORDENE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, proceder al reajuste de mi mesada pensional, sin más dilaciones, al valor debidamente reconocido por las autoridades judiciales”. 1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

5. El señor Orrego Uribe, quien trabajó en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la

nulidad de las siguientes resoluciones:

I. 28133 del 3 de octubre de 2002, que reliquidó su pensión de vejez expedida por el subdirector de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión Social – de ahora en adelante, Cajanal –.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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II. 5482 del 19 de septiembre de 2003 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto administrativo, en el sentido de confirmarlo, y que proferida por el jefe de la Oficina Jurídica de Cajanal.

III. RDP 19795 del 17 de diciembre de 2012, dictada por la UGPP y mediante la cual se le negó la reliquidación de la pensión de vejez.

IV. RDP 015230 del 4 de abril de 2013 que confirmó dicha decisión.

6. Mediante sentencia del 26 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Por tanto, declaró la nulidad parcial de la Resolución 28133 del 3 de octubre de 2002 y la nulidad total de las Resoluciones 5482 del 19 de septiembre de 2003 expedida por Cajanal y los dos actos administrativos mediante los cuales la UGPP negó solicitud de reliquidación de la pensión de vejez del accionante.

7. Como restablecimiento del derecho, se ordenó reliquidar la referida prestación social en un monto del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados sobre los cuales cotizó el señor Orrego Uribe en 1993, pues este era el último año en el que laboró como empleado público. Entre tales factores salariales a incluir citó la asignación básica, el incremento por antigüedad, la bonificación por servicios prestados y las primas de vacaciones, técnica, servicios y navidad.

el último año en el que laboró como empleado público. Entre tales factores salariales a incluir citó la asignación básica, el incremento por antigüedad, la bonificación por servicios prestados y las primas de vacaciones, técnica, servicios y navidad. Adicional a ello, el Tribunal dictó que se pagara la diferencia que resultara entre las sumas dejadas de percibir y las ya sufragadas.

8. Como sustento de su decisión, el Tribunal Administrativo de Caldas sostuvo que al 1.º de abril de 1994, el señor Orrego Uribe tenía más de 40 años y contaba con 26 años, 10 meses y 11 días de tiempo de servicio en el ICA. Por tanto, concluyó que estaba cobijado por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 1 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, estimó que el régimen pensional aplicable era el consagrado en la Ley 33 de 1985, según el cual, la pensión debía reliquidarse sobre el 75% de todos los factores salariales percibidos y que sirvieron de base a los aportes durante el último año de servicios, pues dicha norma no señala de forma taxativa aquellos que deben ser tenidos en cuenta para ello.

9. Inconforme con lo anterior, la UGPP interpuso recurso de apelación y sostuvo que, si bien compartía los argumentos de primera instancia con respecto al régimen que cobijaba al señor Orrego Uribe, estaba inconforme con el monto pensional reconocido, pues se debió ordenar que se descontaran de la condena los valores pagados de más al demandante.

1 “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en

pagados de más al demandante.

1 “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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10. Mediante fallo de l 20 de febrero de 2020 , el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” confirmó la decisión. Como sustento, argumentó que el recurso interpuesto no cumplió con la finalidad prevista por el artículo 320 2 del Código General del Proceso para su interposición, pues lo solicitado ya había sido

Segunda – Subsección “A” confirmó la decisión. Como sustento, argumentó que el recurso interpuesto no cumplió con la finalidad prevista por el artículo 320 2 del Código General del Proceso para su interposición, pues lo solicitado ya había sido decidido a su favor por el Tribunal Administrativo de Caldas , en la medida en que se ordenó que de las mesadas pensionales, se ajustarían a las sumas de lo ya pagado. Como consecuencia, adujo que la apelación no tenía por objeto que se revocara o modificara una decisión desfavorable en su contra y no evidenciaba un interés real para el recurrente.

1.3.2. Del proceso ejecutivo

11. Ante el incumplimiento por parte de la UGPP de la orden dada en la sentencia, el tutelante inició un pr oceso ejecutivo. Mediante providencia del 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas libró mandamiento de pago a favor del señor Orrego Urbe y contra dicha entidad por las sumas de 315’473.456 pesos por concepto de capital y 39’402.748 pesos por intereses de mora.

12. Argumentó que presentó cuenta de cobro remitida a la UGPP el 16 de febrero de 2021 mediante correo electrónico frente a la cual no se había dado cumplimiento.

En este orden de ideas, expuso que existía una obligación que cumple con los parámetros del artículo 422 de la Ley 1564 de 2012 y el criterio del Consejo de Estado en relación con los requisitos del documento base de ejecución. Al respecto, dijo que la obligación:

I. Es clara, pues el contenido de la condena impuesta se entiende en un único sentido.

II. Es expresa, debido a que emana de la redacción misma de las providencias

dijo que la obligación:

I. Es clara, pues el contenido de la condena impuesta se entiende en un único sentido.

II. Es expresa, debido a que emana de la redacción misma de las providencias que le sirven de base.

III. Es exigible, por no hallarse sometida a plazo o condición.

13. El demandante elevó una solicitud de adición del mandamiento de pago proferido, mediante la cual pidió que se incluyeran, además de las sumas dispuestas por el tribunal, las mesadas pensionales que se causaran desde la presentación de la demanda y los intereses de mora producidos con base en el capital adeudado.

14. Por medio de auto del 30 de marzo de 2022, la autoridad judicial accionada adicionó el mandamiento de pago proferido a favor del señor Orrego Uribe así:

2 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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“en el sentido de que además de las suma s cuyo pago se ordenó, la orden de

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“en el sentido de que además de las suma s cuyo pago se ordenó, la orden de pago incluye aquellas mesadas pensionales e intereses de mora que se causen desde la presentación de la demanda, hasta que se verifique el pago efectivo de la obligación

En el caso de las mesadas pensionales que se causen en lo sucesivo, por tratarse de un pago mensual, estas deberán pagarse dentro de los primeros 5 días de cada mes”.

15. Por su parte, inconforme con el mandamiento de pago proferido en su contra, la UGPP interpuso recurso de reposición y planteó la exc epción que denominó “imposibilidad de la entidad para dar cumplimiento a los fallos base del ejecutivo”. De igual forma, allegó memorial de excepciones frente a dicha providencia.

16. En el recurso de reposición, indicó que al momento de reconocer la pensión de vejez al demandante, la entidad cometió un error, pues tuvo en cuenta tiempos laborados en una entidad privada3, pese a que el reconocimiento se dio en virtud de la Ley 33 de 1985 , norma que permite únicamente tomar tiempos de servicio en entidades estatales.

17. A su vez, la UGPP puso de presente que solicitó autorización al pensionado para que se revocara el acto de reconocimiento de la prestación social y que promovió un recurso extraordinario de revisión contra las providencias que prestaron mérito ejecutivo. Dicho mecanismo4 fue admitido por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto del 2 de julio de 2021 y desde el 20 de octubre

promovió un recurso extraordinario de revisión contra las providencias que prestaron mérito ejecutivo. Dicho mecanismo4 fue admitido por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto del 2 de julio de 2021 y desde el 20 de octubre del año siguiente se encuentra al despacho para proferir fallo5.

18. Mediante el memorial de excepciones, planteó las siguientes: i) proceder legal de la entidad, por el error en que habría incurrido al contabilizar el tiempo en el que el pensionado laboró en una entidad privada y; ii) prescripción extintiva de la acción ejecutiva laboral, pues “ los derechos exigibles en beneficio de quien demanda cuya exigibilidad a la fecha de presentación de la demanda, hecho interruptor del fenómeno prescriptivo, data de más de tres años”.

19. En providencia del 7 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas negó lo pretendido mediante el recurso de reposición interpuesto , pues consideró que el trámite del recurso extraordinario de revisión no suspende la materialización de la orden ju dicial de la providencia cuestionada. Argumentó que, en virtud del parágrafo del artículo 69 de la Ley 2080 de 20216 “en ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia”.

3 CORPOICA. 4 Identificado con radicado 11001-03-15-000-2020-04910-00. 5 Al interior de dicho trámite, la UGPP solicitó la suspensión provisional de la sentencia recurrida , la cual fue declarada improcedente por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante el auto admisorio. Lo anterior, pues consideró que los recursos extraordinarios de revisión no ostentan la naturaleza de un proceso declarativo,

declarada improcedente por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante el auto admisorio. Lo anterior, pues consideró que los recursos extraordinarios de revisión no ostentan la naturaleza de un proceso declarativo, pues su objetivo es revisar la pertinencia de los efectos de sentencias que se encuentran ejecutoriadas. 6 Que modificó el artículo 253 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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20. Manifestó que, por tanto, dicho mecanismo extraordinario no cuenta con la potencialidad de suspender, impedir o perturbar el cumplimiento de la sentencia que originó la demanda ejecutiva. Agregó que, aunado a ello, el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión de las providencias base de l a ejecución . Por tanto, descartó como argumento válido la imposibilidad de cumplimiento de la orden judicial.

21. En este orden de ideas, explicó que, por expresa disposición del artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, el recurso extraordinario de revisión que actualmente se tramita, no impide que las órdenes judiciales en cuestión se materialicen . Añadió que la UGPP no aportó nuevos elementos de juicio que permitieran reponer el auto que libró mandamiento de pago y, por tanto, se debía confirmar.

22. Sin embargo, agregó lo siguiente:

“para esta colegiatura resulta menester garantizar los medios para que la orden

que libró mandamiento de pago y, por tanto, se debía confirmar.

22. Sin embargo, agregó lo siguiente:

“para esta colegiatura resulta menester garantizar los medios para que la orden judicial se haga efectiva, hallando un equilibrio con la protección del patrimonio público, que podía verse afectado por el pago de la condena en caso de que la sentencia que sirve de base eventualmente de saparezca como consecuencia del aludido recurso extraordinario”.

23. En este orden de ideas, confirmó el auto con el cual se libró mandamiento de pago contra la UGPP y, a su vez, resolvió lo siguiente:

“Los dineros que se recauden como consecuencia de la providencia impugnada, serán puestos en una cuenta especial, hasta tanto se pronuncie el Consejo de Estado de manera definitiva sobre el recurso de revisión aludido, a efectos de evitarle eventuales riesgos patrimoniales al Estado. Sin embargo, al ejecutante le será pagada su pensión mensual en la forma como judicialmente se orden ó reliquidarla”.

24. El señor Orrego Uribe presentó solicitud de aclaración de la providencia que resolvió el recurso de reposición presentado por la UGPP:

“en el sentido de indicar a qué se hace referencia por parte del H. Despacho cuando se procede a indic ar que los dineros que se recauden como consecuencia de la providencia impugnada serán puestos en una cuenta especial, hasta tanto se pronuncie el Consejo de Estado de manera definitiva sobre el recurso de revisión interpuesto, esto es, incluyendo los supu estos jurídicos bajo los cuales la orden emitida adopta una medida cautelar de suspensión y conservación en favor de la ejecutada y decreta una suspensión

sobre el recurso de revisión interpuesto, esto es, incluyendo los supu estos jurídicos bajo los cuales la orden emitida adopta una medida cautelar de suspensión y conservación en favor de la ejecutada y decreta una suspensión por prejudicialidad del proceso ejecutivo en virtud de lo consagrado en el Código General del Proceso, o en qué sentido se encuentra emitida la orden emitida por H. Despacho, complementando en cualquiera de los casos los motivos de procedencia de la cautela o prejudicialidad ordenada.” (Sic a toda la cita).

25. Arguyó que, si bie n el tribunal indicó que el trámite del mecanismo extraordinario no suspendía el cumplimiento del fallo, adoptó una medida “conservativa y de suspensión ” respecto de su derecho pensional , la cual le corresponde adoptar al Consejo de Estado y no a tal corporación. Sostuvo que talesDemandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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medidas, previstas por el artículo 594 del Código General del Proceso, proceden sólo a petición de la parte ejecutante y añadió que lo resuelto parece contener una prejudicialidad que no se estudia en el auto. Por tanto, a juicio del accionante, ello denotó una falta de claridad que ameritaba la aclaración pedida.

26. Mediante auto del 14 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas negó la solicitud elevada. Puso de presente que el artículo 306 de la Ley 1437 de

denotó una falta de claridad que ameritaba la aclaración pedida.

26. Mediante auto del 14 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas negó la solicitud elevada. Puso de presente que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 permite aclarar las providenc ias que contengan conceptos o frases que generen duda, siempre y cuando tales expresiones se encuentren en la parte resolutiva o incluyan en ella. Por tanto, señaló que su objeto es limitado y tal mecanismo no está instituido para tramitar los desacuerdos o reproches que las partes tengan frente a la decisión adoptada.

27. Esgrimió que en el auto no existían conceptos o frases imprecisas, vagas u oscuras y que lo que se evidenciaba era un desacuerdo del ejecutante frente a lo resuelto. Reiteró el sustento, en relación con la necesidad de buscar un equilibrio entre la efectividad de la orden judicial y la protección al patrimonio público, el cual podría verse afectado por el pago de la condena, en caso de una sentencia favorable al recurso extraordinario de revisión. Al respecto, manifestó lo siguiente:

“De ahí que la decisión adoptada por el despacho buscó, también por razones prácticas, que al tiempo que se permita el recaudo de las sumas ordenadas en el mandamiento ejecutivo, haciendo efectiva la obligación plasmada en la providencia judicial, se evite un eventual detrimento al patrimonio estatal, que podría materializarse en caso de que el título pierda fuerza de ejecución como resultado de la prosperidad del recurso cuyo trámite se adelanta ante el supremo tribunal de lo contencioso administrativo”.

podría materializarse en caso de que el título pierda fuerza de ejecución como resultado de la prosperidad del recurso cuyo trámite se adelanta ante el supremo tribunal de lo contencioso administrativo”.

28. Contra el auto que resolvió la reposición de la UGPP7, el señor Orrego Uribe interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, mediante el cual cuestionó la decisión y reiteró que el mecanismo de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia que motivó la demanda ejecutiva no interrumpía el cumplimiento de la orden judicial , conforme con el artículo 253 de la Ley 1437 del

2011.

29. En providencia del 31 de agosto de 2022, e l Tribunal Administrativo de Caldas confirmó el auto con el cual “ dispuso conservar temporalmente en una cuenta especial los dineros producto de la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo” y rechazó por improcedente el recurso de apelación contra dicha decisión.

30. Aclaró que, tal como lo señaló el accionante, “el hecho de que en el Consejo de Estado se encuentre pendiente de resolver el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que sirve de título de recaudo, no es óbice para ade lantar el proceso de ejecución”; no obstante, puso de presente nuevamente que la decisión de ordenar que se depositaran las sumas recaudadas en una cuenta bancaria especial, de manera temporal, fue con el fin de conciliar el derecho a la tutela judicial ef ectiva

7 Proferido el 7 de junio de 2022.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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7 Proferido el 7 de junio de 2022.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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que subyace a las órdenes judiciales, con la protección del patrimonio estatal “ que podría verse menguado ante la posibilidad de que se revoque el título ejecutivo”.

31. Argumentó que:

“la ejecución continúa adelantándose en todas sus etapas legales, pese a que de manera paralela se tramite dicho recurso extraordinario, e incluso, la medida cautelar se mantiene en firme y de llegar a confirmarse la sentencia en sede de revisión, los dineros embargados podrán ser entregados al ejecutante inmediatamente”.

32. En relación con el recurso de apelación, indicó que el actor no impugnó el mandamiento ejecutivo, ni “el auto con el que se adopte o niegue una medida cautelar, que no es dable en el sub-lite por tener regla especial el proceso de ejecución” y tampoco el auto relativo al monto de una caución. Por tanto, declaró la improcedencia del mecanismo.

33. El 19 de septiembre de 2022, la demandada profirió providencia mediante la cual se pronunció sobre las excepciones de mérito8 presentadas por la UGPP contra el auto que libró mandamiento de pago 9. En virtud del numeral 2 del artículo 44210 del Código General del Proceso, r echazó por improcedente la excepción

cual se pronunció sobre las excepciones de mérito8 presentadas por la UGPP contra el auto que libró mandamiento de pago 9. En virtud del numeral 2 del artículo 44210 del Código General del Proceso, r echazó por improcedente la excepción denominada “proceder legal de la entidad ” y corrió traslado al ejecutante de la excepción “prescripción de la acción ejecutiva laboral”.

1.4. Sustento de la vulneración

34. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada, al proferir el auto censurado incurrió en los defectos sustantivo, orgánico y procedimental.

35. En cuanto al defecto orgánico, adujo que la autoridad judicial accionada

adoptó una:

“medida cautelar de connotación conservativa para proteger a la parte ejecutada sin tener competencia para ello y definir una prejudicialidad contra expresa prohibición legal que determina que en ningún caso la instauración del recurso extraordinario de revisión suspende la ejecución de la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada”.

36. Advirtió que , si bien la autoridad demandada consideró que el trámite del recurso extraordin ario no suspende la materialización de la orden judicial de la

8 Expuestas en el numeral 17 de la presente sentencia. 9 Cuyo memorial fue allegado junto con el recurso de reposición interpuesto por la UGPP contra dicho auto. 10 “ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas: (…)

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional. Sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,

(…)

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional. Sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida”.Demandante: Alberto Orrego Uribe Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05245-01

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sentencia, lo cierto es que en la parte resolutiva del auto indicó que las sumas recaudadas como consecuencia de dicha providencia serían puestos en una cuenta especial hasta que el Consejo de Estado decida de manera definitiva sobre el mecanismo de revisión.

37. Indicó que el tribunal ordenó que se ejecutara una “medida conservativa” cuya competencia es del Consejo de Estado como encargado de resolver el mentado recurso y que, por tanto, no le correspondía a la accionada, “por ir de manera contraria a lo regulado normativamente respecto del efectivo cumplimiento que se le debe dar a la sentencia a pesar de existir un recurso de revisión ”. Agregó que dicha decisión hace “nugatoria la orden de mandamiento ejecutivo, dejando insoluta la obligación pensional declarada” a su favor.

38. De tal forma, indicó que con ello se desconoció la disposic ión normat iva

“nugatoria la orden de mandamiento ejecutivo, dejando insoluta la obligación pensional declarada” a su favor.

38. De tal forma, indicó que con ello se desconoció la disposic ión normat iva contenida en el artículo 253 de la Ley 1437 de 201111 y, en específico, su parágrafo, el cual señala: “ En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia”. En este sentido, la autoridad judicial accionada habría incurrido en defecto sustantivo.

39. Al respecto, trajo a colación el criterio desarrollado por el Consejo de Estado en auto del 3 de diciembre de 2018 12, según el cual, l