CE - 110010315000202205925011SENTENCIA20230321090535

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., marzo diecisiete (17) de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 1 1001-03-15-000-2022-05925 01

Actor: ZORAIDA MARÍN AGUIRRE Y OTROS Demandado: CONSEJO DE EST ADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INST ANCIA) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A D E A L T A C O R T E – P r o c e d e n c i a e x c e p c i o n a l / F A L T A D E R E L E V A N C I A C O N S T I T U C I O N A L – S e p r e t e n d e r e a b r i r e l d e b a t e p r o b a t o r i o y j u r í d i c o d e l p r o c e s o d e r e p a r a c i ó n d i r e c t a .

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 19 de enero de 2023, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado 1 .

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1 .

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 9 de noviembre de 2022, las señoras Zoraida Marín Aguirre, Luz Elena V anegas Mejía, Gilma Jaramillo Quiceno, Pastora Elena Murillo Jiménez, Clara Eugenia Palacios Arenas y Martha Cecilia Palacio Arenas presentaron demanda de tutela contra el Consejo de Estado – Sección T ercera - Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de la sentencia del 30 de marzo de 2022 -notificadaporedictoel12demayode2022-.

1 Q u e e n t r ó p a r a f a l l o e l 1 7 d e f e b r e r o d e 2 0 2 3 .Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia)

2. Hechos relevantes En ejercicio del medio de control de reparación directa, las mencionadas ciudadanas solicitaron que se declarara la responsabilidad del municipio de Manizales, de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas y de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P ., por los perjuicios ocasionados como consecuencia de un deslizamiento de tierra ocurrido el 4 de diciembre de 2003.

Mediante sentencia del 29 de junio de 2012, el T ribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró extracontractualmente responsable a la Constructora la Palma S.A. - tercerovinculadoalprocesoordinario-, al municipio de Manizales y Corpocaldas.

A instancias de los recursos de apelación presentados por las partes, la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de marzo de 2022, revocó la decisión de primera instancia y , en su lugar , negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó el nexo causal.

3. Fundamentos de la demanda de tutela La parte tutelante señaló que se incurrió en defecto fáctico, porque se valoraron de forma indebida las siguientes pruebas: ● El estudio preliminar realizado por Carlos Alberto Ospina, respecto del cual se indicó que fue calificado anticipadamente, pues por ser un informe preliminar no daba un aporte real al análisis del caso concreto, en tal sentido, se sostuvo que el informe era consistente con los demás medios de prueba y acreditaba que la problemática de la parte alta de la ladera era de conocimiento de las autoridades. ● Estudio técnico del 12 de diciembre de 2003, elaborado por John Jairo Chisco Leguizamón para el Grupo de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas: se indicó que al referido informe se le dio el alcance de dictamen pericial sin que cumpliera con los requisitos de dicho medio probatorio. ● Estudio geológico, geotécnico e hidráulico en el barrio La Sultana realizado por Carlos Enrique Escobar Potes: se argumentó que se “sobredimensionó”la

2Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) prueba, pues se le dio un alcance mayor “portenercalidadde‘final’” y , en ese sentido, se desconoció el artículo 187 del C. de P . C., el cual dispone que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ● Informe técnico preliminar del deslizamiento del barrio La Sultana, elaborado por el señor Juan David Arango Gartner para el Grupo de Infraestructura Ambiental: se afirmó que dicha prueba no fue valorada adecuadamente, al considerar que por ser un informe preliminar no daba un aporte real y , en ese sentido, no se tuvieron en cuenta elementos que permitían dilucidar la problemática, sus causas y la relación directa con las consecuencias. ● Estudio geológico-geotécnico-hidráulico de la ladera sur del barrio La Sultana – Informe Final, elaborado por Aquaterra Ingenieros Consultores: se sostuvo que en la sentencia se referenció dicho documento como “opiniones”realizadas por especialistas, desconociendo su método científico, según el cual debió hacerse una intervención en el terreno con el propósito de corregir algunos aspectos que eran factores de riesgo.

● Estudio elaborado por Hidrotec para Corpocaldas (antes CRAMSA), en marzo de 1979: se mencionó que la autoridad judicial lo descartó, en igual modo, al considerar que se trataba de “opiniones”realizadas por especialistas, desconociendo que en dicho documento se hizo la recomendación de estabilizar las laderas del barrio La Sultana y se precisó que “lasáreassusceptiblesdeurbanizaciónenlaladerasonprácticamentenulas”. ● Estudio de macrozonificación geotécnica del barrio La Sultana – Microzonificación geotécnica de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, elaborado en 2003 por la geóloga Claudia Elizabeth Orozco Marulanda: a juicio de la parte actora, fue valorado como “opiniones”realizadas por especialistas y se alegó que en dicho documento se acreditó la recomendación respecto del control de la actividad antrópica del barrio La Sultana, la revegetalización del suelo y la necesidad de realizar su corrección, zanjas colectoras de aguas, entre otras. ● Memorando interno del 16 de enero de 2004, denominado “Conceptotécnico– deslizamientoBarrioLaSultana(diciembre4 de2003)”,por parte del coordinador del Grupo de Infraestructura Ambiental al director general y a la 3Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) subdirectora de Corpocaldas: se indicó que al ser un informe preliminar , la autoridad judicial consideró que no daba un aporte real al análisis del caso; sin embargo, con esta prueba se precisó la multicausalidad que consolidó el evento y , en ese sentido, que sí se establecieron las causas que lo originaron.

● Estudio de Corpocaldas del 16 de diciembre de 2013: se indicó que esta prueba fue valorada indebidamente, toda vez que demostraba el conocimiento de Corpocaldas por las solicitudes presentadas por la comunidad antes del hecho generador del daño. ● Informe de precipitación y número de días con lluvia mensual y anual desde el año 2000 hasta 2005 y su comparación con los valores históricos en la estación de agronomía de Manizales, elaborado el 8 de junio de 2006 por Cenicafé: se argumentó que, si bien en dicho documento se precisó que en 2003 las lluvias aumentaron en un 19%, no podía tenerse tal situación como un hecho concluyente del deslizamiento, sino como una advertencia de las acciones que debían adoptar las entidades accionadas. ● Acta de inspección judicial de 10 de febrero de 2009: se señaló que la prueba no permitía inferir la acreditación de las condiciones previas al deslizamiento y , por tanto, no establece el nexo causal, dado que la situación del terreno no puede ser identificada por el juez, quien no tiene los conocimientos necesarios. ● Informes de procesos de rehabilitación barrio La Sultana “dosañosdespués”, mediante la cual se acreditó el daño antijurídico sufrido con ocasión del deslizamiento. ● Acuerdo No. 573 del 24 de diciembre de 2003, por el cual se acreditó que la ladera del barrio La Sultana se condicionó como zona de protección ambiental y , en ese sentido, establecía el indebido otorgamiento de licencias de construcción. ● Oficio del 27 de abril de 2004 enviado por el director general de Corpocaldas a la Fiscalía General de la Nación: se dijo que mediante dicho documento se acreditó que la demolición del salón comunal del conjunto Rincón de la Palma, luego del deslizamiento del 4 de diciembre de 2003, se produjo

4Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) porque la estructura presentaba una sobrecarga importante para el talud y disminuía los factores de seguridad de la ladera, lo cual podía contribuir a nuevos procesos de inestabilidad. ● Informe de acciones Corpocaldas – deslizamiento barrio La Sultana de diciembre 4 de 2003 enviado por Corpocaldas al T ribunal Administrativo de Caldas, que probaría la nula actuación de dicha entidad antes del deslizamiento. ● T estimonios técnicos: se sostuvo que se limitó su objeto a los “hechosquelesconstan”, cercenando así la prueba, pues no todos los testigos tuvieron conocimiento directo de la zona. Específicamente, frente los testimonios de los señores Potes y López, se señaló que “advirtieronla presenciade grietasprecedentesa loshechosomiteadvertirelDespachoquelosmismoafirmaronhaberconocidotal situación,y que no ahondaronni asumieronmayorresponsabilidadatendiendoel hechoque estabasiendocontenidapor elconstructor, obviandolosdeberesenmateriademitigacióndelriesgoqueteníanlasdemandadas”. Adicionalmente, indicó que las siguientes pruebas no fueron valoradas: ● Solicitud de Asesoría Técnica a la Comunidad del 4 de marzo de 1998, suscrita por el V eedor Comunitario Comuna 6, dirigida a CORPOCALDAS.

● Oficio dirigido a la OMP AD suscrito por el gerente de Constructora La Palma S.A., señor Javier Naranjo Mejía del 24 noviembre de 2003. ● Memorial suscrito por la señora Sonia Cecilia Guzmán V argas dirigido a la OMP AD de la Alcaldía de Manizales del 10 de noviembre de 2003. ● Aprobación del pacto de cumplimiento del 22 de julio del 2004 por el T ribunal Administrativo de Caldas, en el trámite de la acción popular identificada con el radicado 2004-01676. ● Oficio JDT 1 1392 del 31 de enero de 1994, expedido por Corpocaldas y dirigido al señor Jorge Sánchez Ramírez. 5Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) ● Diagnóstico de la Personería Municipal en relación con el derrumbe de La Sultana del 9 de diciembre de 2003. ● Oficio OMP AD 708 del 24 de noviembre de 2003 dirigido a la señora Sonia Cecilia Guzmán V argas. ● Oficio respuesta CGIA Nro. 409607 del 21 de noviembre de 2003 enviado al señor Ernesto Quintero y suscrito por el Coordinador Grupo Infraestructura Ambiental, Juan David Arango Gartner . ● Respuesta técnica dada por Corpocaldas a la solicitud hecha por la señora Doris T obón Rodríguez.

● Informe Técnico – denuncias del 19 de marzo de 1998, suscrito por Técnico Bosques y Suelos dirigido al Coordinador Bosques y Suelos de Corpocaldas. ● Comentarios sobre inestabilidad, suscrito por el ingeniero Juan Carlos Castaño Araque, del 5 de noviembre de 2003. ● Informe técnico del 1 1 de noviembre de 2003 elaborado por Fredy Martínez Aguirre. ● Acta Número 17 del Comité Local de Emergencias del 4 de diciembre de 2003. ● Diario La Patria sobre el deslizamiento ocurrido en el Barrio La Sultana el 4 de diciembre de 2003. Mediante los cuales, en líneas generales, se alegó que se acreditó que había un riesgo en el terreno antes de que ocurriera el deslizamiento del 4 de diciembre de 2003 y , a su vez, permitían atribuir la imputación fáctica y jurídica a las entidades demandadas. Finalmente, sostuvo que se incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto se exigió una tarifa legal, desconociendo los artículos 174 y 187 del C. de P . C., pues “la 6Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia)

técnicao metodologíautilizadapor el Despacho,contravinoe inobservódirectamentelasdisposicionescitadas”. 4.T rámite en primera instancia 4.1. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vinculó, como terceros con interés, al municipio de Manizales, a Corpocaldas, a Aguas de Manizales S.A. E.S.P y a la Constructora la Palma S.A. 4.2. El magistrado Martín Bermúdez Muñoz, ponente de la decisión cuestionada, manifestó que “noparticiparéenlaaccióndetuteladelareferenciacomopartenicomoterceroyacataréestrictamentelasdisposicionesqueseadoptenenella”. 4.3. Por su parte, Corpocaldas señaló que la solicitud de amparo resultaba improcedente, dado que lo pretendido es obtener una tercera instancia del proceso ordinario, por no estar de acuerdo con el análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada. Asimismo, indicó que no se agotaron todos los medios de defensa judicial, pues no se solicitó una sentencia complementaria, si es que consideraban que “nofuerontenidasencuentalasprobanzasobrantesenel procesodereparacióndirecta”, ni se cumplió con el requisito de inmediatez, por cuanto la demanda de tutela se presentó pasados seis meses de proferida la sentencia cuestionada.

Finalmente, sostuvo que la decisión adoptada fue producto de un análisis juicioso del material probatorio obrante en el proceso y de conformidad con la normativa vigente, razón por la cual no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora. 4.4. Aguas de Manizales S.A. E.S.P afirmó que, tal y como se acreditó en el proceso de reparación directa, no posee redes de acueducto en el lugar donde ocurrió el deslizamiento de tierra y , a su vez, precisó que no tiene obligación legal de vigilar , controlar o efectuar labores de mantenimiento o reparación de las laderas del Municipio, ni de intervenir en la intención o prevención de desastres. 7Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) 4.5. La Constructora la Palma S.A. se opuso a la solicitud de amparo, tras considerar que con los argumentos expuestos por la parte actora se pretende “queseimpongaunavaloraciónprobatoriadiferentey queellosjuzgancomoladefinitivamentecorrecta”, frente a lo cual, señaló que el razonamiento efectuado por la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado se encuentra ampliamente explicado en la sentencia cuestionada y que fue la parte actora la que incumplió su carga, pues no insistieron en que se practicara la inspección judicial y el dictamen geológico, evidenciándose que lo pretendido con la solicitud de amparo es que se reabra el debate probatorio del proceso ordinario. 4.6. El municipio de Manizales guardó silencio.

5. La sentencia de primera instancia

4.6. El municipio de Manizales guardó silencio.

5. La sentencia de primera instancia Mediante fallo del 19 de enero de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de tutela, al considerar que no se incurrió en el defecto fáctico alegado, toda vez que (transcripción literal):

(i) no existió irregularidad alguna en el análisis de los estudios técnicos alotorgar unmayor valor probatorioal estudio‘final’ sobrelos‘preliminares’;(ii)no hubo una omisión en la valoración de las peticiones radicadas por laciudadanía ante lasentidadesdemandadas, puesenel procesoordinarionosedemostróqueel hechodeconocerpreviamentelascondicionesdel terrenoobligaraalasautoridadesaefectuarobrasdeintervenciónomantenimiento;y(iii) no sepresentóunalimitaciónirrazonadadetestimoniostécnicos, yaqueel adquemlesdioel valor legal quelescorrespondíaal declararúnicamentesobre los hechos que les constaba por haber conocido directamente lascondicionesdel terreno. Asimismo, se precisó que no se configuró un defecto sustantivo al exigir una tarifa legal probatoria para acreditar la causa del deslizamiento, dado que no se exigió alguna prueba específica para acreditar la causa del deslizamiento, sino que, por el contrario, se estimó que a pesar del material probatorio allegado al proceso, ninguno de los elementos de convicción tenían la virtualidad de establecer con certeza dicho aspecto, lo cual impedía determinar el origen del daño y si este era endilgable o no a las entidades demandas.

Así las cosas, afirmó que la negativa de las pretensiones de la demanda tuvo como sustento el estudio integral de las pruebas allegadas al proceso y que se advierte una inconformidad de la parte actora frente a la conclusión a la que llegó la Subsección B de la Sección T ercera de esta Corporación, “porloquepretende 8Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) imponersupropiocriterioaduciendoqueladecisiónfueproferidasineldebidosustentoprobatorio”.

6. La impugnación La anterior sentencia fue impugnada por la parte actora. Como fundamento de lo anterior , afirmó que la autonomía judicial tiene límites que deben ser respetados por las autoridades judiciales y , en ese sentido, señaló que debido a la “erróneametodologíaseomitieronconclusionesdeterminantesdelasquea suvezsederivalaresponsabilidaddelasentidadesdemandadas”.

Adicionalmente, afirmó que la valoración probatoria efectuada por la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado no fue coherente y no obedeció a una valoración ponderada de los elementos probatorios.

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces 2 . Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber 3 : i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no 3

3 : i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no 3 S e n t e n c i a d e l 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 4 p r o f e r i d a p o r l a S a l a P l e n a d e l C o n s e j o d e E s t a d o . R a d i c a d o n ú m e r o : 1 1 0 0 1 0 3 1 5 0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 0 1 ( I J ) . A c t o r : A l p i n a P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s S . A . C o n s e j e r o P o n e n t e : J o r g e O c t a v i o R a m í r e z R a m í r e z . 2 S e n t e n c i a T – 4 2 2 d e 2 0 1 8 . 9Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Revisada la demanda, se observa que la parte actora acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir , en su integridad, el debate fáctico y probatorio suscitado en el medio de control de reparación directa, cuando lo cierto es que este mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario. T an evidente resulta que el tutelante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se cuestionó, prácticamente, toda la valoración probatoria efectuada por la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado y que condujo a que se revocara la decisión de primera instancia y se negaran las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó el nexo causal en el caso concreto, bajo los siguientes argumentos (transcripción literal): I.- Lapartedemandantenodemostróqueel deslizamientofueraimputablealasentidadesdemandadas

17.- Losdemandantessostuvieronqueel deslizamientodel 4dediciembrede2003fueproducidoporlasaccionesyomisionesdel MunicipiodeManizalesyCorpocaldas. 18.- La parte actora seconcentróenprobar las<<omisiones>>o<<fallas>>en las que habrían incurrido. La parte demandante aportó múltiplescomunicaciones intercambiadas entre losvecinosdelazonaylasentidadesdemandadasenlasquelosprimerosadvertíansobreaparentesproblemasdeestabilidad en la ladera. Sin embargo, no probó que las actuaciones yomisiones atribuidas a las entidades demandadas hubieran incididocausalmente enel dañocuyareparaciónsepretende. Duranteel procesosepropusieron múltiples hipótesis sobre las causas del deslizamiento, pero nose demostrócuál ocuálesdeellasdeterminaronlaocurrenciadel accidente.Así mismo, los indicios que pueden derivarse de los medios de pruebaapuntanadistintascausasdel deslizamiento,porloquenosonconvergentes,ynopermitenestructurarlaresponsabilidaddelasentidadesdemandadas. 19.- En el expediente obran las siguientes pruebas relacionadas con lacausalidad: (i) algunos<<estudiostécnicos>>,quecontienenlasopinionesdeexpertos sobre las circunstancias que produjeron el deslizamiento de tierra;(ii) un informe sobre los índices de lluvias que cayeronenManizalesenlosmeses anteriores al evento; (iii) los documentos que detallan las obras deestabilización adelantadas por las entidades demandadas luego de la

10Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) tragedia8; y (iv) los testimonios de ingenieros que visitaron el lugar de loshechosendíasanterioresyposterioresal deslizamiento. 20.- LaSalaestimanecesariohaceralgunasprecisionessobreel alcancequelaleyotorgaalosanterioresmediosdeprueba,enespecial,alosdictámenespericiales y los testigos técnicos. Estas precisiones son relevantes para suvaloracióndecaraalademostracióndelacausadel daño: 20.1.- Los <<estudios técnicos>> aportados por las partes son dictámenespericiales. Segúnel artículo233del CPC, <<laperitaciónesprocedenteparaverificar hechos que interesen al proceso y requieran especialesconocimientos científicos, técnicos o artísticos>>. Es decir, el dictamenpericial procede cuando se deban: (i) constatar hechos y (ii) para ello serequieranconocimientosespecializados(científicos,técnicosoartísticos).Losestudios aportados al proceso son dictámenes porque se valen deconocimientos expertos para ofrecer opiniones sobre hechos, como son: lacausa del deslizamiento del 4 de diciembre de 2003, las condiciones de laladera y la idoneidad de las medidas adoptadas para enfrentar lainestabilidad. El artículo 241 del CPCdispone que para la valoración de laprueba pericial <<se tendrá en cuenta la firmeza, precisiónycalidaddesusfundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementosprobatoriosqueobrenenel proceso>>.

20.2.- Enestesentido, laSalatendráencuentalassiguientescaracterísticasde los estudios aportados al proceso: (i) todos fueron realizados poringenieroscivilesogeólogos; (ii) deesaspericias, sololaselaboradaspor elingeniero Carlos Enrique Escobar Potes y la firma Aquaterra IngenierosConsultores dijeron ser estudios <<finales>>; y (iii) las demás advirtieronexpresamente que eran <<preliminares>>, debido a que se requeríanestudios posteriores que analizaran los hechos en forma detallada. Losdosestudiosfinalesfueronencargadospor Corpocaldas:el del ingenieroEscobarPotes era un estudio <<local>>, es decir, que debía evaluar el lugar de laladera en que se produjo el deslizamiento; y el estudiodeAquaterraeraunestudio <<regional>>, por lo que comprendía toda la zona circundante a laladera. Seadviertequeel dictamenelaboradoporel ingenieroEscobarPotesfue el único que tenía como objetivo expreso realizar un análisis causal deldeslizamiento.

20.3.- Los<<testigostécnicos>>, comotodoslostestigos, declaransobreloshechos que les constan (bien sea directamente o por oídas). Por esto, elincisosegundodel artículo219del CPCestablecequeel <<juezpodrálimitarla recepción de los testimonios cuando considere suficientementeesclarecidos los hechos materia de esa prueba>>. El testigo técnico tieneconocimientos especializados que cualifican su percepción de esos hechos,pero se diferencia claramente del perito porque su declaración no buscademostrar una hipótesis, o dar una opinión, a partir de sus conocimientostécnicos o científicos. En este sentido, la doctrina señala que <<estostestigos, por tratarse de personas especialmente calificadas, dados susconocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia, podrán aldeclarar emitir conceptoscuandoseannecesariosparaprecisaroaclararsuspropiaspercepciones>>. 20.4.- Respectodelademostracióndelacausalidad,lostestigostécnicossonidóneos para compartir su percepción sobre hechos que les constan, comolas actividades que se estaban adelantando en la ladera antes deldeslizamiento y las que se adoptaron después. Los conceptos u opinionessobrelascausasdel alud,porel contrario,correspondenalapruebapericial. 1 1Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia)

21.- Acontinuación, seanalizanlaspruebasrelacionadasconlascausasdeldeslizamientoquefueronpropuestaspor losdemandantesylasdemandadasenrelaciónconel MunicipiodeManizalesyCorpocaldas. i) Factoresnaturaleseinherentesalaladera 22.- Las entidadesdemandadassostuvieronqueel deslizamientoseprodujopor factoresexternosaellas, comolasfuerteslluviasdelosmesesanterioresylascaracterísticasdelaladera. 22.1.- Está demostrado que las lluvias del año 2003 superaron en undiecinuevepor ciento(19%) el valor históricoregistradoparaManizales,yenlos meses de marzo, agosto y octubre lo excedieron en un sesenta ycincoporciento(65%). 22.2.- Seidentificóquelasaltaspendientesdelaladera, sulongitudextensayel contactodesfavorableentretiposdesueloincidieronenlaproduccióndeldaño13. Así mismo, el estudio del ingeniero Carlos Enrique Escobar Potesseñalóquelacoberturavegetal natural delaladeranoestabacontribuyendoa su estabilidad, <<porque ha favorecido las condiciones de humedad delsuelodeformasostenida,incrementandoel procesodedeteriorodel suelo>>. 23.- No hay discusión en losestudiostécnicosacercadequeestosfactorescontribuyeron a producir el deslizamiento y que las fuertes lluvias fueronsu<<detonante>>. La duda surge en relación con los factores antrópicos quepudieron incidir en el accidente, respectodeloscualeslapruebatécnicanoesconcluyente.

ii)Factoresasociadosalaslicenciasdeconstrucciónenlacoronadel talud 24.- Lalicenciadeconstruccióndel conjuntoRincóndelaPalmafueotorgadapor el Curador Primero Urbano de Manizales, quien no fue demandadodirectamente. En todo caso, la parte actora sostuvo que laexpedicióndelalicencia en una ladera de protección ambiental, que derivó en la tala de lavegetaciónenlacoronadel talud,significóunincumplimientodelasfuncionesambientalesacargodel municipioydeCorpocaldas. 25.- Para la Sala no está demostrado que la causa del daño provenga delotorgamientodelaslicenciasdeconstrucción, porque: (i) laslicenciasfueronconcedidas paraconstruir enlacoronadel talud, nosobrelaladera, queerael área definida como de protección ambiental; (ii) ni la ladera ni la coronaestaban calificadas como zonas de riesgo y (iii) aunque la parte actorasostuvo queCorpocaldashabíaadvertidoquelacoberturaboscosadel taluddebíamantenerse<<intacta>>, enesacomunicaciónnosehizoreferencialacorona. No se acreditó que el daño hubiera sido causado por unincumplimientoenlasnormasurbanísticasenlacoronadelaladera. 26.- Entodocaso, laSalaadviertequelaposibilidaddetramitar unalicenciade construcción en esa zona proviene del POT y éste es un actoadministrativoquegozadepresuncióndelegalidad, acuyaexpediciónnoseimputóel daño.

1. Factores asociados a laejecucióndelasobrasdel conjuntoRincóndelaPalma. 27.- Los demandantes atribuyeron alasentidadesdemandadasunafaltadevigilancia sobre la ejecución de las obras del conjunto Rincón de la Palma.Afirmaron que la construcción sobrecargó la ladera, en especial un rellenoconstruido al bordedelacoronadel taludparaubicar unsalóncomunal. Asímismo, señalaron que las obras adelantadas por la Constructora La Palma

12Radicación:11001-03-15-000-2022-0592501Actor:ZoraidaMarínAguirreyotrosDemandado:ConsejodeEstado–SecciónTercera-SubsecciónBReferencia:Accióndetutela(sentenciadesegundainstancia) para conjurar las inestabilidades fueron inadecuadas. En relación con estascausassetieneque: 27.1.- El estudio preliminar elaboradopor e