CE - 110010315000202206536011SENTENCIA20230526160757

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

Demandantes: Julio Aurelio Torres Fonseca y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06536-01

Demandantes: JULIO AURELIO TORRES FONSECA , CARLOS ANDRÉS

MARTÍNEZ TORRES, SINDI NATALIA, GLORIA ESPERANZA

TORRES GUARÍN , CERVANDO TORRES GUARÍN , CLARA

INÉS, MARTHA SOFÍA y JULIO GUARÍN

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION “C” Y JUZGADO

SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda de reparaci ón directa por daños a persona en situación de aprehensión policial. Culpa exclusiva de la víctima por suicidio no previsible. Requisito general de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

exclusiva de la víctima por suicidio no previsible. Requisito general de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 3 de febrero de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto al defecto fáctico endilgado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado en cuanto al desconocimiento del precedente alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los actores manifestaron que el 20 de mayo de 2018, la señora Flor Alba Torres Guarín fue trasladada a la Estación de Policía de Fusagasugá debido a los llamados de la ciudadanía, en donde informaban que estaba intentando agredir a los transeúntes con un arma blanca en alto gra do de exaltación. La Policía Nacional le realizó una requisa hallando en su poder dos armas blancas y varias

llamados de la ciudadanía, en donde informaban que estaba intentando agredir a los transeúntes con un arma blanca en alto gra do de exaltación. La Policía Nacional le realizó una requisa hallando en su poder dos armas blancas y varias pipas para el consumo de estupefacientes.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

Demandantes: Julio Aurelio Torres Fonseca y otros

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2 Aseguraron que la señora Torres Guarín no pudo ser identificada pues no portaba documentos ni suministró s us datos personales, por lo que fue dejada en una celda mientras se lograba ubicar a alguno de sus familiares.

Indicaron que siendo la 1:55 pm , el patrullero Fran Andrade López ingresó a la celda encontrándola suspendida del cuello en la reja de la celda a media altura con un saco que vestía, procediendo con el Patrullero Yair Hernando Guevara Lombana, a abrir la celda, soltar el saco que tenía alrededor del cuello y trasladarla al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde llegó sin signos vitales.

Por lo anterior, los señores Julio Aurelio Torres Fonseca, Carlos Andrés Martínez Torres y Cervando Torres Guarín, quien actúa en nombre propio y de la menor Sindi Natalia Torres Guarín , así como Clara Inés Guarín, Martha Sofía Guarín, Gloria Esperanza Torres Gu arín y Julio Torres Guarín, en calidad de familiares de la señora Flor Alba Torres Guarín, en ejercicio del medio de control de reparación

Sindi Natalia Torres Guarín , así como Clara Inés Guarín, Martha Sofía Guarín, Gloria Esperanza Torres Gu arín y Julio Torres Guarín, en calidad de familiares de la señora Flor Alba Torres Guarín, en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con su muerte. La demanda se sustentó en que la entidad demandada desplegó una actuación irregular al haberla detenido en la estación de Policía cuando su deber era haberla remitido al Centro de Traslado por Pro tección que opera en ese municipio. A lo que agregó que el lugar en donde ocurrió el suicidio no contaba con las medidas de seguridad para haberlo evitado (exp. No. 11001-33-43-0632019-00317-00).

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Juzgado Se senta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia de 7 de diciembre de 2020, resolvió negar las pretensiones de los accionantes, al considerar que si bien se encontró demostrado el daño alegado, esto es, el fallecimiento de la señora Flor Alba Torres Guarín, el mismo no era imputable a la entidad accionada, teniendo en cuenta que tanto en el proceso penal en la justicia ordinaria como el proceso penal en la justicia penal militar, se demostró que la causa de la muerte de la señora T orres Guarín, fue por asfixia mecánica causada por ella misma, por lo que declaró probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues la detenida hizo uso de una prenda de vestir para quitar se la vida,

lo que declaró probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues la detenida hizo uso de una prenda de vestir para quitar se la vida, situación que resultaba irre sistible, imprevisible y externa a la actividad de la institución demandada.

Además, resaltó que la Policía Nacional respetó el procedimiento contemplado en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - y l a Resolución No. 110 de 2018, pues hasta que no fuera plenamente identificada no podía ser trasladada al Centro de Traslado por Protección, por lo que no existió falla en el servicio.

La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Adminis trativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” , en providencia de 21 de julio de 2022, al considerar que la retención de la señora Flor Alba Torres Guarín no obedeció a un actuar imprudente o no dimensionado de la institución policial, sino que se justificó en las múltiples quejas telefónicas y el miedo que anunciaban los ciudadanos de sufrir daño, por el estado de exaltación que presentaba y particularmente, por el porte de armas corto punzantes, y conjugado que es deber del ente policial garanti zar la vida e integridad de todas las personas, misma que estaba siendo puesta en riesgo por la conducta que presentaba la señora Torres Guarín. A lo que agregó que no era posible realizar un traslado a un Centro Transitorio de Protección dado que la señor a portaba armas cortopunzantes y carecía de identificación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

Guarín. A lo que agregó que no era posible realizar un traslado a un Centro Transitorio de Protección dado que la señor a portaba armas cortopunzantes y carecía de identificación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

Demandantes: Julio Aurelio Torres Fonseca y otros

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3 En este sentido, concluyó que la reclusión de la señora Torres Guarín en una celda de la Estación de Policía no fue la causa eficiente de su fallecimiento, dado que lo sucedido tuvo fuente dire cta en su voluntad y acción al cometer suicidio, lo cual no fue previsible, ni resistible para la institución accionada, pues el suéter que empleó no se le retiró para que pudiera protegerse del frío.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante interpuso solicitud de tutela con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de legalidad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 21 de juli o de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, que confirmó la decisión de 7 de diciembre de 2020 emitida por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá , en la que se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Aseguró que la autoridad judicial demandada no realizó una valoración integral de

Administrativo del Circuito de Bogotá , en la que se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Aseguró que la autoridad judicial demandada no realizó una valoración integral de las pruebas de acuerdo con la sana crítica, pues negó las pretensiones a pesar de que se encontraba probada la falla en el servicio.

Sostuvo que l a señora Torres Guarín fue privada de su libertad, trasladada con esposas a la Estación de Policía del Centro de Fusagasugá y dejada dentro de una celda sin ningún tipo de seguridad que le garantizara su derecho constitucional a la vida, frente a lo cual se configuró la responsabilidad por falla en el servicio. Sin embargo, aseguró que dicha situación no fue tenida en cuenta en el fallo demandado.

Enseguida indicó en que lo que procedía era efectuar el traslado por protección contemplado en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, por cuanto al momento de los hechos se encontraba en estado de embriaguez de grado tres.

Mencionó las entrevistas rendidas por los patrulleros Luis Roberto Muñoz Vargas, Yeison Daniel Martín Rojas y Nancy Lorena Moreno Rodríguez y por la señora Viviana Rocío Díaz Jiménez, quienes dieron cuenta del estado en el que se encontraba la señora Torres Guarín al momento de su aprehensión ilegal.

Por otro lado, refirió que la señora Torres Guarín debió ser trasla dada a un centro asistencial de salud u hospital o a un lugar para su cuidado y que para ello debió seguirse el procedimiento establecido por la Policía Nacional para el traslado por protección, establecido en la Guía de actuaciones de competencia del pers onal uniformado de la Policía Nacional, frente al Código Nacional de Policía y

seguirse el procedimiento establecido por la Policía Nacional para el traslado por protección, establecido en la Guía de actuaciones de competencia del pers onal uniformado de la Policía Nacional, frente al Código Nacional de Policía y Convivencia.

Manifestó que según la entrevista realizada a la Patrullera Nancy Lorena Moreno Rodríguez, la institución utilizó la fuerza para aprehender a la señora Torres Guarín por encontrarse agresiva, lo cual, a su juicio, no era necesario.

Refirió que en la entrevista del Patrullero Yair Hernando Guevara Lombana consta que el lugar en donde se recluyó a la presunta víctima no contaba con custodio o personal de seguridad por lo que no fue posible salvar su vida.

Advirtió que en el caso bajo examen no se hizo una valoración integral de las pruebas de conformidad con las reglas de sana crítica, ya que, a su juicio , “No se puede en el caso tener en cuenta para absolver de responsabilidad en el caso a la Policía Nacional, el hecho de que en las investigaciones que adelant ó tanto la Fiscal ía General de la Naci ón como la Justicia Penal Militar, se haya absuelto de responsabilidad a losRadicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

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4 miembros de la Polic ía Nacional por la muerte de la Se ñora FLOR ALBA TORRES

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4 miembros de la Polic ía Nacional por la muerte de la Se ñora FLOR ALBA TORRES GUARÍN. Eso es lógico, la Policía no la mató, la Policía no la asesinó. Y ese tenía que ser el resultado de la investigación”.

Mencionó que de acuerdo con la declaración del Mayor Julián Eduardo Mora Rendón existía una prohibición para ese día de ingresar personas a las celdas de las instalaciones de la Estación de Policía por lo que la actuación de la institución fue irregular.

Por último, aseguró que la providencia demandada incurri ó en desconocimiento del precedente judicial porque en un caso similar la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 25 de octubre de 2019 (exp. No. 25000-23-26-000-2010-000448-01, C.P. Carlos Alberto Zambrano) , accedió a las pretensiones de la deman da y decl aró la responsabilidad de las autoridades policiales.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, legalidad y acceso a la administración de justicia, vulnerados a los Demandantes JULIO AURELIO TORRES

FONSECA, CARLOS ANDRES MARTINEZ TORRES, SINDI NATALIA TORRES GUARIN, CLARA

INES GUARIN, MARTHA SOFIA GUARIN, GLORIA ESPERANZA TORRES GUARIN,

CERVANDO TORRES GUARIN y JULIO TORRES GUARIN.

SEGUNDO: Como co nsecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin efectos las Sentencias

CERVANDO TORRES GUARIN y JULIO TORRES GUARIN.

SEGUNDO: Como co nsecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin efectos las Sentencias proferidas por el JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCION TERCERA de fecha 7 de diciembre de 2020 y del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SE CCIÓN TER CERA SUBSECCION “C” ORALIDAD de fecha 21 de julio de 2022, notificada el 3 de noviembre de 2022, debidamente ejecutoriada, dentro del Radicado 11001-33-43-063-2019-00317-00 (1), adelantado por la muerte de la Señora FLOR ALBA TORRES GUARIN dentro de una Es tación de Policía, que negaron las pretensiones de la Demanda, de manera ilegal y arbitraria, conforme a lo expuesto en esta Tutela.

TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda conocer de esta Tutela o se ordene al JUZGADO S ESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCION TERCERA y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCION “C” ORALIDAD; se profiera una nueva Sentencia en derecho, respetando los derechos fundamentales del debido proceso, legalidad y acceso a la administración de justicia, vulnerados a los Demandantes JULIO AURELIO TORRES FONSECA, CARLOS

ANDRES MARTINEZ TORRES, SINDI NATALIA TORRES GUARIN, CLARA INES GUARIN,

MARTHA SOFIA GUARIN, GLORIA ESPERANZA TORRES GUARIN, CERVANDO TORRE S

ANDRES MARTINEZ TORRES, SINDI NATALIA TORRES GUARIN, CLARA INES GUARIN, MARTHA SOFIA GUARIN, GLORIA ESPERANZA TORRES GUARIN, CERVANDO TORRE S GUARIN y JULIO TORRES GUARIN, teniendo en cuenta las pruebas que obran el plenario y la legislación citada, para que en consecuencia se acceda favorablemente a las pretensiones de la Demanda.

CUARTO: Que para resolver el asunto, se tengan en cuenta las pruebas que obran el plenario y la legislación citada, para que en consecuencia se acceda favorablemente a las pretensiones de la Tutela y la Demanda”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correos electrónicos de 15 de diciembre de 2022, las Secretarías de la Sección T ercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, remitieron copia digital del expediente de reparación directa radicado bajo el No. 11001 -3343-063-2019-00317-00/01.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de diciembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así́ como a la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, como terceros con interés en el trámite constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación Nos. 128950 a 128954 de 14 de diciembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a dicha orden1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”

A través de memorial de 16 de diciembre de 2022, la magistrada ponente de la decisión demandad a solicitó que se nieguen las pretensiones formuladas por el actor.

Indicó que la providencia de segunda instancia no incurrió en defecto f áctico y que contrario a lo afirmado por la parte actora analizó las pruebas en debida forma contrastando la realid ad del proceso con la causa petendi y a partir del régimen objetivo de responsabilidad pues lo que se encontraba en discusión era la responsabilidad por el daño sufrido por la señora Flor Alba Torres Guarín mientras se encontraba bajo la guarda y custodia de la Policía Nacional.

Sostuvo que al margen de dar aplicación al régimen objetivo de responsabilidad también debía verificarse el nexo de causalidad y la concurrencia de las causales excluyentes de responsabilidad, en particular, la culpa exclusiva de la víctima, alegada por la institución accionada, y que fue en el marco de dicha causal que se encontró que el daño causado resultaba imprevisible para la parte demandada, pues la señora Flor Alba Torres Guarín empleó un elemento que no revestía de

alegada por la institución accionada, y que fue en el marco de dicha causal que se encontró que el daño causado resultaba imprevisible para la parte demandada, pues la señora Flor Alba Torres Guarín empleó un elemento que no revestía de peligrosidad para el suicidio.

Por último, manifestó que la decisión se emitió “con observancia de los precedentes jurisprudenciales, en tópico de responsabilidad del Estado por personas bajo custodia de la administración o privadas de la libertad y arribando razonable y motivad amente a la sentencia cuestionada”.

6.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera

En memorial de 15 de diciembre de 2022, la titular del despacho judicial pidió que se nieguen las pr etensiones formulad as p orque la providencia demandada no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora y porque la solicitud de amparo fue formulada como una instancia adicional al proceso de reparación directa, ante la inconformidad con el sentido de la decisión.

Indicó que las decisiones demandadas no incurrieron en ningún defecto dado que se profirieron con fundamento en “todas y cada un a de las pruebas aportadas al expediente, atendiendo la normatividad y las disposiciones jurisprud enciales que rigen a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siendo evidente que no hay vulneración de derecho fundamental alguno, ni mucho menos se acredita que con las providencias proferidas se le esté negando a los accionantes los derechos fundamentales invocados en la acción constitucional”.

1 La partes demandante y demandado y los terceros con interés fueron notificados a las siguientes direcciones

proferidas se le esté negando a los accionantes los derechos fundamentales invocados en la acción constitucional”.

1 La partes demandante y demandado y los terceros con interés fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: segundo.ruge@hotmail.com; arizay16@gmail.com; yuraniariza@gmail.com; scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin63bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; usuarios@mindefensa.gov.co; notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

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6 Por último, mencionó que a la parte actora se le brindó la oportunidad de intervenir en cada una de las etapas procesales, por lo que no se vulneró ningún derecho fundamental.

6.3. Respuesta de la Policía Nacional

En escrito de 16 de diciembre de 2022, el jefe de área Jur ídica de la Secretaría General de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la providencia demandada no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Manifestó que en el asunto bajo examen no existi ó falla en el servicio por parte de la in stitución policial , pues la muerte de la señor a Torres Guar ín obedeci ó

fundamentales invocados por la parte actora.

Manifestó que en el asunto bajo examen no existi ó falla en el servicio por parte de la in stitución policial , pues la muerte de la señor a Torres Guar ín obedeci ó únicamente a su propia voluntad y no a una omisión de la institución demandada.

Indicó que le correspondía a la parte demandante acreditar los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Policía Nacional, es decir, la acción u omisión, el daño antijurídico y el nexo causal entre aquella y estos, los cuales en este caso no se comprobaron pues oper ó el eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

Enseguida sostuvo que no le asiste razón a la part e actora en cuanto al desconocimiento de la sentencia de 25 de octubre de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado (exp. No. 47.133), pues dicha sentencia s olo tiene efectos inter partes y no puede cobijar su situación particular.

Finalmente, i ndicó que la acción de tutela no es procedente p or cuanto no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que amerite el estudio de fondo y el reconocimiento de las pretensiones formuladas por los accionantes, máxime si se tiene en cuenta que el asunto ya fue objeto de debate ante el juez natural.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 3 de febrero de 2023, declaró la improceden cia de la acción de tutela en cuanto al defecto fáctico , al

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 3 de febrero de 2023, declaró la improceden cia de la acción de tutela en cuanto al defecto fáctico , al considerar que fue presentada como una instancia adicional , y negó las pretensiones de la solicitud en relación con el desconocimiento del precedente judicial.

Frente al defecto fáctico advirtió que la p arte actora no explicó de forma clara y concreta cu áles fueron las pruebas que las accionadas dejaron de analizar . Además, concluyó que lo pretendido por la parte actora es crear una instancia adicional retrotrayendo argumentos de instancia a este mecanismo constitucional, dado que la fundamentación del defecto está encaminada a controvertir las conclusiones a las que arribaron las decisiones demandadas para resolver negar las pretensiones de la demanda ante la inexistencia de la falla en el servicio.

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial efectuó el estudio de fondo en el sentido de indicar que la sentencia alegada como desconocida proferida el 25 de octubre de 2019 por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, “no constituye preced ente judicial, toda vez que en la misma no se unificó jurisprudencia alguna frente al tema objeto de controversia, tampoco se fijaron reglas jurisprudenciales que deban ser aplicadasRadicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

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7 por la autoridad judicial y los hechos difieren a los expuestos en el cas o sub examine”.

En cualquier caso, destacó que en dicha providencia se analizó un caso en el que se logró demostrar que el fallecimiento de la persona retenida fue producto de circunstancias relativas al sometimiento de la víctima, est o es, a l trato cruel e inhumano por parte del personal policial, lo cual no ocurrió en el caso de la señora Flor Alba Torres Guarín.

En este orden de ideas, concluyó que la autoridad judicial no incurrió en desconocimiento del precedente judicial p orque la providencia deman dada está debidamente sustentada en la jurisprudencia aplicable al caso, por lo que “el hecho de que la parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad con la auton omía judicial de la que goza el juez de conocimiento, confirmó la decisión del a quo de denegar las pretensiones de la demanda”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara la decisión, en el sentido de acceder a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara la decisión, en el sentido de acceder a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Aseguró que contrario a lo r esuelto por el a quo , en el escrito de tutela se mencionaron las pruebas que se valoraron de forma indebida por parte de la autoridad judicial demandada, pues se hizo referencia al Oficio No. S -2018483/ESTPO.1-DISPO.1-29.25 de 13 de junio de 2018, en el que el comandante de la Estación de Policía de Fusagasugá informó que la señora Torres Guarín había sido privada de la libertad en dicha estación de policía, cuando es claro que debió proceder a imponerle un comparendo u orden correctiva para que modificara su comportamiento.

Insistió en que la señora Torres Guarín fue privada de la libertad, trasladada esposada hasta la estación de policía del centro de Fusagasugá y dejada dentro de una celda sin ningún tipo de seguridad y que lo que procedía era efectuar el traslado por pro tección contemplado en el artículo 155 de la Ley 180 1 de 2016, por cuanto al momento de los hechos se encontraba en estado de embriague z como lo acreditaron los patrulleros Luis Roberto Muñoz Vargas, Yeison Daniel Martín Rojas y Nancy L orena Moreno Rodrígu ez y de la señora Viviana Rocío Díaz Jiménez en las entrevistas que rindieron en el proceso.

Para terminar, r eiteró que en el caso bajo examen no se hizo una valoración integral de las pruebas de conformidad con las reglas de sana crí tica, pues, en su

Díaz Jiménez en las entrevistas que rindieron en el proceso.

Para terminar, r eiteró que en el caso bajo examen no se hizo una valoración integral de las pruebas de conformidad con las reglas de sana crí tica, pues, en su sentir, la falla en el servicio se encontraba probada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Inte rno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-06536-01

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 3 de febrero de 2023 , dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela en cuanto al defecto fáctico y negó los demás defectos invocados y, en su lugar, se debe acceder a las pretens iones de la acción de tu tela p orque en la decisión demandada no se valoraron de forma integral la totalidad de las pruebas allegadas al expediente las cuales permitían concluir que la muerte de la señora

lugar, se debe acceder a las pretens iones de la acción de tu tela p orque en la decisión demandada no se valoraron de forma integral la totalidad de las pruebas allegadas al expediente las cuales permitían concluir que la muerte de la señora Flor Alba Torres Guarín obedeció a una falla en el s ervicio de la institució n demandada al no haberla remitido a un Centro Transitorio de Protección.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de l as acciones de tutela co ntra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constituciona les. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Consti tucional en la Sentencia C-590 de 2005

improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Consti tucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corres