CE - 110010315000202206765011SENTENCIA20230503084319

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Maritza La Rotta Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y otro

Temas: Tutela contra providencia ju dicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir a cabalidad con el requisito general de relevancia constitucional respecto de los defectos por desconocimiento del precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución alegados y se negaron las pretensiones propuestas por la señora María Maritza La Rotta Ruiz, en lo relacionado con el defecto fáctico.

1. La acción de tutela

La señora María Maritza La Rotta a través de apoderado promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá , por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, así como los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados solicita:

PRIMERA: CONCEDER LA TUTELA de los Derechos Fundamentales a la Igualdad, Acceso a la Administración de Justicia, al Debido Proceso, al M ínimo Vital, al Principio de Legalidad, la Seguridad Social, Confianza Legitima, Seguridad Jurídica, violados con la expedición de la sentencia de fecha 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "D" dentro del proceso adelantado por la señora MARÍA MARITZA LA ROTTA en su calidad de demandante dentro del Proceso 2018-383.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2022 PROFERIDA POR EL HO NORABLE TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

TERCERA: Como resultado de lo anterior, ORDENAR a los señores magistrados integrantes

SENTENCIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2022 PROFERIDA POR EL HO NORABLE TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

TERCERA: Como resultado de lo anterior, ORDENAR a los señores magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección SegundaSubsección "D" producir fallo que reemplace el proferido el día 9 de junio de 2022, donde revoque el fallo de primera instancia proferido por el legado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá y ordene incluir en la pensión de la tutelante todos los factores contemplados en el Art. 102 del Decreto 1214.

CUARTA: Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 enviando copia de esta decisi ón al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, al Director General de la Policía Nacional como afectada en la decisión que en derecho se ha de proferir y al suscrito en mi calidad de Apoderado de la Parte Actora. (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. La señora María Maritza La Rotta ingresó a la Policía Nacional el 1° de abril de 1991; posteriormente, fue incorporada al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y mediante la Resolución número 00473 del 4 de abril de 2011, le fue reconocido el derecho a la pensión de jubilación.3

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

reconocido el derecho a la pensión de jubilación.3

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) El 1.° de febrero de 2018, la señora María La Rotta solicitó ante a la Policía Nacional el reajuste de su pensión con la inclusión de los factores salariales señalados en el artículo 102 del Decreto1214 de 1990.

1. El 14 de abril de 2014, a través de Oficios 020496/ARPREGRUPE-1.10 del 13 de abril de 2018 y S-2018028569/ARPRE-GROIN -1.10 del 21 de mayo de igual anualidad, se le negó el reajuste de la pensión de jubilación por considerar que las partidas solicitadas no le resultan aplicables.

1. El 3 de octubre de 2018, la señora María Maritza La Rotta a través de apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con tra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, con el propósito de que fuera n declarados nulos los actos administrativos mediante los cuales se negó el reajuste de la pensión de jubilación con aplicación de los factores establecidos en el Decreto 1214 de 1990, y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las primas de servicios, de actividad, de alimentación, de navidad, el subsidio familiar y el auxilio de transporte, con fundamento en el Decreto mencionado a partir

de 1990, y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las primas de servicios, de actividad, de alimentación, de navidad, el subsidio familiar y el auxilio de transporte, con fundamento en el Decreto mencionado a partir de su traslado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y hasta su retiro definitivo, es decir, en actividad, y luego, reajustar su pensión de jubilación con la inclusión de los factores previstos en el citado decreto.

1. El 22 de noviembre de 20 21, el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda.

1. El 1.° de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo respecto del reconocimiento y pago de las primas de servicios, de actividad, de alimentación, el subsidio familiar, el auxilio de transporte y el aumento de la duodécima parte de la prima de navidad, y negó la reliquidación, porque no fue demostrado que hubieran sido percibidas esas partidas, y en consecuencia, se confirmó la sentencia de primer grado.4

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

La señora María Maritza La Rotta centró su reproche constitucional en los siguientes requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

La señora María Maritza La Rotta centró su reproche constitucional en los siguientes requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, desconoció su propio precedente conforme al cual, en casos análogos al suyo, decidió favorablemente las pretensiones de la demanda. Al efecto, citó las sentencias: i) de 29 de noviembre de 2018, radicado número 2014 410, ii) de 22 de julio de 2022, radicado número 2019 312, iii) de 1.° de septiembre de 2022, radicado número 2021 194, iv) de 6 de abril de 2018, radicado número 2014 317, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , y v) de 22 de febrero de 2018, radicado Nro. 2014 -459, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E.

1. Asimismo, adujo la inobservancia de la jurisprudencia del Consejo de Estado contenida en las siguientes providencias: i) de 4 de abril de 2017, radicado número 2017 615 y 21 de junio de 2017, radicado número 2016 3516 01 proferidas por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B; ii) de 18 de febrero de 2016, radicado número 2015 3039 y de 30 de marzo de 2017, radicado Nro. 2017 473,

Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B; ii) de 18 de febrero de 2016, radicado número 2015 3039 y de 30 de marzo de 2017, radicado Nro. 2017 473, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

1. Las providencias señaladas guardan identidad fáctica y jurídica, pues versan sobre empleados civiles de la Policía Nacional que ingresaron a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que fueron trasladados al Instituto de la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional (INSSPONAL). Por ende, las decisiones mencionadas comparten el mismo problema jurídico: determinar si los accionantes tienen derecho al reajuste de su pensión por la inclusión de los factores establecidos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Por último, como el tribunal accionado no explicó por qué se apartó de su propio precedente, consideró que en su caso se configuró el defecto alegado.

1.3.2. Defecto sustantivo

1. Consideró que el régimen salarial de los empleados civiles tanto del Ministerio de Defensa como de la Policía Nacional - es el establecido para el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o para el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional; sin embargo, no se hizo ninguna diferenciación entre los empleados

Defensa como de la Policía Nacional - es el establecido para el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o para el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional; sin embargo, no se hizo ninguna diferenciación entre los empleados que ingresaron antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y quienes lo hicieron después de ella, a pesar que la fecha de ingreso a la Policía Nacional es el criterio que determina el régimen salarial aplicable.

1. De este modo, si el ingreso al servicio se realizó antes de la Ley 100 de 1993, la norma aplicable es el Decreto 1214 de 1990, y , si es posterior , se debe aplicar el régimen propio del instituto correspondiente -de Salud de las Fuerzas Militares o para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional -, postura reconocida durante muchos años por el Consejo de Estado.1

1. Así, como existe un régimen de transición para el personal vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, que comprende tanto el régimen salarial como el prestacional -pues el uno depende del otro-, no podría interpretarse que esa transición solo protege a los empleados en materia prestacional y no salarial, pues existe un vínculo entre ambos. En ese sentido, sostiene que el personal civil que ya estaba laborando para el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía unas expectativas legítimas, en virtud de las cuales se deben respetar los derechos salariales y prestacionales contemplados en el Decreto 1214 de

1990

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente radicado

respetar los derechos salariales y prestacionales contemplados en el Decreto 1214 de 1990

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente radicado número 25000 23 42 000 2013 00667 01. «[…] es claro que lo que fija el régimen salarial para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Institut o de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente, es su incorporación antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y, en ese caso, acorde con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, se les debe aplicar en su integridad el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, pues con la expedición del Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997, se reguló el régimen para el personal civil vinculado de forma posterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social precitado».6

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) La autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo al sostener que : a) las normas citadas son aplicables solamente respecto del régimen prestacional, mas no del salarial, y b) por la falta de aplicación de las siguientes normas: «Arts. 54 y 55 de la

citadas son aplicables solamente respecto del régimen prestacional, mas no del salarial, y b) por la falta de aplicación de las siguientes normas: «Arts. 54 y 55 de la Ley 352 de 1997, Art. 21 del Decreto 352 de 1994, Art. 89 del Decreto 1301 de 1994, numeral 4º del Art. 3º del Decreto 3062 de 1997, numeral 6º del Art. 1º, numeral 4º del Art. 2º, numeral 2º del Art. 2º del Decreto 133 de 1998, Art. 279 de la Ley 100 de 1993 y Art. 2º del Decreto 3062 de 1997».

1.3.3. Defecto fáctico

1. Por cuanto no se tuvo en cuenta la fecha en la que ingresó a la Policía Nacional, pese a que fue acreditada en el medio de control a través de la «resolución de pensión donde está consignada la fecha de ingreso a la Institución Policial», esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de1993.

1. El Tribunal no contó con medios de prueba para afirmar en la providencia objeto de litis que en su último año únicamente devengó los factores salariales del Decreto 2701 de 1988, es decir, bonificación por servicios prestados, prima de servicios y prima de navidad, aserto que no se corresponde con el material probatorio que obra en el expediente.

1.3.4. Violación directa de la Constitución

1. La accionante manifestó que se transgredió la Constitució n, porque la autoridad judicial accionada no aplicó los principios de inescindibilidad normativa, de favorabilidad, de seguridad jurídica, de confianza legítima, de cosa juzgada y de

1. La accionante manifestó que se transgredió la Constitució n, porque la autoridad judicial accionada no aplicó los principios de inescindibilidad normativa, de favorabilidad, de seguridad jurídica, de confianza legítima, de cosa juzgada y de estabilidad jurídica.

1. E l principio de inescindibilidad fue transgr edido al concluir el Tribunal que para reconocer la pensión, se debía aplicar el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, pero para liquidarla no se debía tener en cuenta lo establecido por el artículo 102 ibidem, sino el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, lo cual es incorrecto, en la medida en7

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el Decreto 1214 de 1990 se aplica a un gr upo de empleados y el Decreto 2701 a otro.

1. En su criterio, la pensión debía reconocerse con base en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 y debía ser liquidada conforme al artículo 102 ; asimismo, aseguró que ante la duda de aplicar o no integralmente ésta última norma, en virtud del principio de favorabilidad, el Tribunal debió optar por la interpretación más favorable al trabajador, que no es otra que la inclusión de todos los factores salariales contemplados en el citado decreto.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 1 2 de enero de 2023 , se ordenó notificar como demandados a los

que no es otra que la inclusión de todos los factores salariales contemplados en el citado decreto.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 1 2 de enero de 2023 , se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y al titular del Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, y como terceros interesados a la Nación -Ministerio de Defensa, Policía Nacional, que actuó como demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 11001 33 35 017 2018 00383 00 [01], para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, 2 Israel Soler Pedroza, precisó que no se incurrió en desconocimiento del precedente, en cuanto las sentencias citadas como ignoradas difieren de la situación de la tutelante, dado que -conforme a las mismas - los demandantes sí agotaron la vía administrativa y solicitaron a la institución el reconocimiento y pago de los emolumentos objeto de controversia.

Además, así los fallos aludidos por la accionante accedieron a las pretensiones de la demanda, lo cierto es que los supuestos fácticos de su caso distan d e los hechos analizados en las providencias invocadas. De otra parte, el caso de la accionante no

2 Expediente digital de tutela.8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

analizados en las providencias invocadas. De otra parte, el caso de la accionante no

2 Expediente digital de tutela.8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podía resolverse de idéntica forma comoquiera que «al no haber agotado el requisito de procedibilidad mencionado ante la administración, no podían ser analizadas de fondo las pretensiones de reconocimiento en actividad».

1.5.2. El jefe del área jurídica de la Policía Nacional,3 Francisco Javier Castro Gil, indicó que el Tribunal en la providencia objeto de litis no desconoció los derechos fundamentales alegados por la señora La Rotta, puesto que la decisión se fundamentó en la falta de agotamiento de la vía administrativa por parte de la ahora tutelante, respecto de lo s siguientes factores: la prima de servicios en un 15%, la prima de actividad en un 20%, el subsidio familiar en un 39%, la prima de alimentación, el auxilio de transporte y el aumento de la duodécima parte de la prima de navidad.

Manifestó que la aplicación normativa del tribunal fue correcta, debido a que se indicó claramente cuál era el régimen prestacional del personal que laboró para el Instituto de la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional ( INNSPONAL) y que luego se incorporó a la planta de personal de la Policía Nacional, que no es otro que el régimen salarial que rige para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

incorporó a la planta de personal de la Policía Nacional, que no es otro que el régimen salarial que rige para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Finalmente, adujo que la tutela interpuesta es improcedente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable, pues la accionante se encuentra percib iendo su mesada pensional.

1.5.3. La titular del Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, 4 Luz Matilde Adaime Cabrera, resaltó que la forma natural de controvertir las decisiones judiciales es mediante la interposición de los mecanismos judiciales ordinarios dispuestos en la ley. Por ende, aseveró que la acción de tutela no puede emplearse como un mecanismo de protección alternativa, pues en e se escenario «se correría el riesgo de hacer nugatorias las competencias de las diferentes autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de ésta última».

3Expediente digital de tutela. 4 Expediente digital de tutela.9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que no existió vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues su decisión se fundamentó en el precedente jurisprudencial aplicable y en las pruebas obrantes en el proceso.

1.6. Sentencia impugnada

Agregó que no existió vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues su decisión se fundamentó en el precedente jurisprudencial aplicable y en las pruebas obrantes en el proceso.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia del 9 de febrero de 2023 declaró improcedente la tutela respecto de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, y negó las pretensiones en lo relacionado con el defecto fáctico.

1. Determinó que no se cumplió el requisito general de relevancia constitucional, al evidenciar que lo perseguido por la accionante se redujo a insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, accediera a sus pretensiones, de modo que la acción de tutela se empleó, principalmente, como una instancia adicional, al limitarse a la reiteración de los argumentos presentados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente señaló que desde los alegatos de primera instancia, la parte actora invocó las mismas sentencias a las que hizo alusión en el escrito de tutela, a fin de hacer ver que en casos semejante s, decididos tanto por el Consejo de Estado como por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se accedió a la reliquidación pensional con fundamento en el Decreto 1214 de 1990, argumento reiterado en el recurso de apelación5 contra la sentencia de primera instancia.

En este sentido, destacó que dos de las sentencias referenciadas por la señora La

1214 de 1990, argumento reiterado en el recurso de apelación5 contra la sentencia de primera instancia.

En este sentido, destacó que dos de las sentencias referenciadas por la señora La Rotta y proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,6 no fueron invocadas en los alegatos de conclusión ni en el recurso de apelación en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera

5 Al efecto trajo a colación un fragmento de recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora María Martiza La Rotta , paginas 10 11 de la sentencia de tutela del 9 de febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. 6 Sentencias de 22 de julio de 2022 y de 1 .° de septiembre de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D10

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Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que frente a esas dos decisiones concluyó que tampoco se satisfizo el requisito de relevancia constitucional por tratarse de un cargo no expuesto ante el juez natural.

1. iii) Frente al defecto sustantivo manifestó que la accionante utilizó iguales argumentos en el medio de control, así como en el escrito de tutela, respecto del ingreso de empleados civiles a la Policía Nacional con anterioridad a la vigencia de la

1. iii) Frente al defecto sustantivo manifestó que la accionante utilizó iguales argumentos en el medio de control, así como en el escrito de tutela, respecto del ingreso de empleados civiles a la Policía Nacional con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, cuyo régimen salarial aplicable es el previsto en el Decreto 1214 de

1990.

En igual medida utilizó en esta sede los argumentos expuestos en el recurso de apelación respec to de las leyes mediante las cuales se crearon el Instituto de las Fuerzas Militares y el Instituto para la Seguridad Social de la Policía Nacional, y de las que los suprimieron y establecieron un régimen de transición para el personal vinculado del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que posteriormente se incorporó a los mencionados institutos.

1. En lo que respecta al defecto por violación directa de la Constitución , advirtió que el sustent o de la tutela fue desarrollado en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y así, en ambos aseguró que se transgredió la Constitución Política, porque la autoridad judicial accionada no aplicó los principios de inescindibilidad, de favorabilidad, de seguridad jurí dica, de confianza legítima, de cosa juzgada y de estabilidad jurídica.

Concluyó que los «reparos expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del medio de control son una reproducción literal de los cargos desarrollados en el escrito de tutela. Con excepción de la precisión realizada frente a las sentencias de 22 de julio de 2022 y de 1 de septiembre de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que

frente a las sentencias de 22 de julio de 2022 y de 1 de septiembre de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que no fueron invocadas ante el juez natural».

1. Sobre el defecto fáctico manifestó que satisfizo el requisito de relevancia constitucional y al estudiarlo de fondo encontró que -contrario a lo argumentado por la accionanteel Tribunal sí tuvo en cuenta la fecha de ingreso a la Policía Nacional,11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plasmada en el acto administrativo por medio del cual se le reconoció la pensión de jubilación, y, justamente por esa razón, sostuvo que aquella sí era beneficiaria de las disposiciones previstas en el Decreto 1214 de 1990 , pues su vinculación a la Policía Nacional fue previa a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

A su vez, desestimó el otro argumento con el que la parte actora fundamentó el defecto fáctico, puesto que la autoridad judicial accionada sí sustentó probatoriamente la conclusión de que en el último año de servicios la accionante no devengó partidas por prima de actividad, prima de alimentación, auxilio de transporte y subsidio familiar, basándose en la hoja de servicios del personal no uniformado, de la cual se desprende que en el período en mención la señora María La Rotta solo devengó sueldo básico, prima de servicio, prima de navidad , prima vacacional y bonificación por servicios

basándose en la hoja de servicios del personal no uniformado, de la cual se desprende que en el período en mención la señora María La Rotta solo devengó sueldo básico, prima de servicio, prima de navidad , prima vacacional y bonificación por servicios prestados.

En tal virtud concluyó qu e no se había configurado tal defecto, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, sí tuvo en consideración, tanto la fecha de vinculación de la tutelante acreditada en el medio de control, como la información consignada en la hoja de servicios del personal no uniformado, por lo que su decisión se fundó en los medios probatorios allegados a l debate judicial.

1.7. Impugnación

1. Los argumentos expuestos en el proceso ordinario sí se podían traer a colación en la acción de tutela, pues «no v[e] ninguna contradicción, no hay ninguna norma que lo prohíba, no conozco ninguna razón doctrinal o jurisprudencial que así lo determine ».

A su juicio, el juez a quo de tutela debió «reprocharle» al Tribunal el no haber respetado el precedente puesto en su conocimiento en oportunidad.

1. En el escrito de tutela se explicó por qué la providencia objeto de estudio vulneró los derechos fundamentales invocados, así como los defectos en los que incurrió, por lo que la Sección Cuarta no podía concluir que no fueron sustentados debidamente.12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 06765 01

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Martiza La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) A la Sección Cuarta de esta corporación debió parecerle relevante que la Policía Nacional hubiera reconocido una pensión con una norma -Decreto 1214 de 1990 - y liquidado con otra -Decreto 2701 de 1988-, situación sui generis en el derecho laboral colombiano, pues rompe con el principio de ines cindibilidad normativa base del principio de favorabilidad.

1. Se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, pues conforme a la jurisprudencia de la Cor te Constitucional, por tratarse de un caso pensional se cumple dicho requerimiento, toda vez que se trata de una prestación periódica en cabeza de personas de la tercera edad que merecen la protección especial por parte del Estado.

1. A su juicio se debe n estudiar de fondo las pretensiones de la acción de tutela, en tanto: «1) la Policía Nacional se aprovechó de su propio dolo, toda vez que no pagó unos factores salariales y ahora no se tienen en cuenta para la liquidación de la pensión, 2) lo que hizo la Policía Nacional fue reconocer la pensión con una norma

(decreto 1214 de 1990) y liquidarla con otra (decreto 2701 de 1988) […] 3) El Tribunal accionado se apartó de su propio precedente sin justificación alguna, y 4) el Tribunal no está respetando el precedente vertical el cual le debe obediencia o por lo menos debe justificar su no aplicación y esto no lo hizo, violando con ello sendos principios y derechos de orden constitucional» (sic a toda la cita)

no está respetando el precedente vertical el cual le debe obediencia o por lo menos debe justif