CE - 110010315000202300041011SENTENCIA20230502000132

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00041-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00041-01

Accionante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A.

Accionado: Tribunal Arbitral de Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A.

vs. Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A.

Tema: Acción de tutela en contra de laudo arbitral. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A., por intermedio de la subgerente jurídica, Tatiana García Vargas1, promovió demanda en

1 Calidad que acreditó con la copia de la Resolución núm. 035 de l 28 de enero de 2021 , mediante la cual el gerente general de Transmilenio S.A. le concedió una comisión de servicios para desempeñar dicho cargo.2

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orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos el laudo arbitral del 11 de julio de 2022 proferido por el Tribunal Arbitral, convocado para dirimir las controversias surgidas entre el Sistema Integrado de Transporte SI99 S.A. y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A., mediante el cual condenó a esta última a pagar la suma de $ 12.870.612.940, para restablecer el equilibrio económico del Contrato 001 de 2000, alterado por la expedición y

condenó a esta última a pagar la suma de $ 12.870.612.940, para restablecer el equilibrio económico del Contrato 001 de 2000, alterado por la expedición y aplicación de las resoluciones núm. 589 y 691 de 2017 ; y de $ 333.150.000, por concepto de costas, para, en su lugar, ordenar a dicho Tribunal adoptar una nueva decisión, conforme a las normas legales y los precedentes ju risprudenciales del Consejo de Estado y bajo una debida motivación y valoración probatoria.

1.1.2. Hechos de la solicitud

La subgerente jurídica narró como hechos relevantes los siguientes:

1. El 19 de noviembre de 2019, la sociedad Sistema Integrado de Transporte SI99

S.A. presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá demanda arbitral en contra de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A., debido a que esta última, mediante las resoluciones núm. 589 y 691 de 2017, modificó un ilateralmente el Contrato de Concesión 001, suscrito entre aquellas el 19 de abril de 2000, puesto que la nueva fórmula de remuneración del concesionario y el descuento tarifario que aplicó alteró el equilibrio económico de dicho Contrato , y, además, porque aquella carecía de fundamento legal o contractual para aplicar los desincentivos operativos impuestos desde el 29 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.

1. El 20 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral admitió la demanda, por lo que, dentro

legal o contractual para aplicar los desincentivos operativos impuestos desde el 29 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.

1. El 20 de mayo de 2020, el Tribunal Arbitral admitió la demanda, por lo que, dentro de la oportunidad procesal, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. contestó la demanda, propuso excepciones, solicitó pruebas y objetó el juramento estimatorio de la cuantía; y , a su vez , presentó demanda de3

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reconvención contra la sociedad precitada, la cual fue admitida el 18 de agosto de igual anualidad.

1. El 11 de julio de 2022 , el Tribunal Arbitral, conformado por los árbitros José Armando Bonivento Jiménez, Felipe Navia Arroyo y A na María Ruán Perdomo, entre otras cosas, condenó a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. a pagar la suma de $ 12.870.612.940, para restablecer el equilibrio económico del Contrato 001 de 2000, alterado por la expedición y aplicac ión de las resoluciones núm. 589 y 691 de 2017; y el monto de $ 333.150.000, por concepto de costas. Para adoptar la anterior decisión, sostuvo lo siguiente:

«[…] Estableció el Tribunal, de conformidad con el amplio examen de este tema

núm. 589 y 691 de 2017; y el monto de $ 333.150.000, por concepto de costas. Para adoptar la anterior decisión, sostuvo lo siguiente:

«[…] Estableció el Tribunal, de conformidad con el amplio examen de este tema central de la controversia, que en efecto puede declararse “que con la expedición y aplicación de las Resoluciones No. 589 de 2017 y No. 691 de 2017 se alteró el equilibrio económ ico del Contrato de Concesión No. 001 de 2000, a cuyo restablecimiento se encuentra obligada EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. –”. En consecuencia, prosperará la pretensión cuarta de la demanda principal reformada, sin que sea ne cesario, por lo tanto, hacer pronunciamiento sobre la petición “Subsidiaria de (sic) cuarta”.

• Concluyó el Tribunal, también con base en el específico estudio de la materia, que no hay lugar a la declaración de nulidad absoluta “de las disposiciones contenidas en los numerales 83.1 y 83.2. de la cláusula 83 del Contrato de Concesión No. 001 de 2000”, ni “de las disposiciones contenidas en el numeral 84.5 de la Cláusula 84 del Contrato de Concesión No. 001 de 2000”, por lo que se desestimarán la pretensiones quinta y sexta de la demanda principal reformada. Y también se concluyó que, en relación con la cláusula 88 del Contrato de Concesión 001 de 2000, hay lugar a la declaración de nulidad absoluta únicamente del numeral 88.2 -no de los numerales

relación con la cláusula 88 del Contrato de Concesión 001 de 2000, hay lugar a la declaración de nulidad absoluta únicamente del numeral 88.2 -no de los numerales 88.1, 88.3 y/o 88.5 -, de modo que con ese alcance parcial prosperará la pretensión séptima, la misma que, desde luego, se desestimará en lo demás.

• Quedó dicho que no hay en el expediente demostración alguna acerca de que “la alteración del equilibrio económico del Contrato de Concesión No. 001 de 2000, generado con ocasión de la expedición y aplicación de las Resoluciones No. 589 de 2017 y No. 691 de 2017, impidió que SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S.A. – SI99 S.A. cumpliera a cabalidad con los parámetros opera cionales del Contrato de Concesión”, ni en relación con que “la alteración del equilibrio económico del Contrato de Concesión No. 001 de 2000, generó que a SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S.A. – SI99 S.A. le fueran impuestos indebidamente, por parte de EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A., desincentivos operativos desde el 29 de enero de 2018 y hasta el 30 de junio de

2019. En consecuencia, se desestimarán las pretensión octava y novena -principal de la demanda principal reformada. Y como, según también se dijo, en general no se demostraron, como tal, las causas que servirían de fuente a los desincentivos operativos impuestos por TRANSMILENIO, igualmente se desestimará la pretensión

de la demanda principal reformada. Y como, según también se dijo, en general no se demostraron, como tal, las causas que servirían de fuente a los desincentivos operativos impuestos por TRANSMILENIO, igualmente se desestimará la pretensión “Subsidiaria de la Novena” en cuanto a que con ella SI99 aspira a que se declare que los desincentivos operativos impuestos por la Convocada a la Convocante entre el 29 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, fueron indebidamente impuestos y/o liquidados por la Convocada, “por circunstancias diferentes a la existencia de un4

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desequilibrio económico en el Contrato de Concesión y que serán probadas en el proceso”.

• Respecto de la pretensión “Décima”, en virtud de la cual SI99 solicita “Que se declare que EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. carece de cualquier derecho legal o contractual que le permita cobrar los desincentivos operativos impuestos a SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S.A. – SI99 S.A. desde el 29 de enero de 2018 y hasta el 30 de junio de 2019”, el Tribunal considera qu e se impone su prosperidad, en el contexto del análisis efectuado por el particular, en el que el motivo de ilegalidad que se reconoce

de 2019”, el Tribunal considera qu e se impone su prosperidad, en el contexto del análisis efectuado por el particular, en el que el motivo de ilegalidad que se reconoce en relación con los desincentivos operativos impuestos por TRASMILENIO (sic) se ubica en la desatención del procedimiento que normativamente correspondía (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en consonancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007), por contraposición al previsto en el numeral 88.2 de la cláusula 88 del Contrato, cuya nulidad absoluta se declara. Y lo mismo ocurre con la prosperidad de las pretensiones “Décima Segunda” y “Décima Tercera”, asociadas a la situación de los desincentivos impuestos mediante radicado No. 2018EE4462 del 8 de marzo de 2018, con ocasión al presunto incumplimiento de los niveles de sat isfacción, las cuales prosperarán bajo el mismo entendimiento y alcance, ya precisados.

• En relación con la pretensión “Décima Primera”, en la que SI99 solicita “Que se declare que los desincentivos operativos impuestos y comunicados por EMPRESA DE TRANS PORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. - a SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S.A. – SI99 S.A. mediante radicado No.

2018EE4462 del 8 de marzo de 2018, con ocasión al presunto incumplimiento de los niveles de satisfacción, fueron objetados oportunamente por el Concesionario”, estima el Tribunal que ante a (sic) la declaración de nulidad absoluta del numeral 88.2 de la cláusula 88 del Contrato de Concesión 001 de 2000, que deja sin soporte

niveles de satisfacción, fueron objetados oportunamente por el Concesionario”, estima el Tribunal que ante a (sic) la declaración de nulidad absoluta del numeral 88.2 de la cláusula 88 del Contrato de Concesión 001 de 2000, que deja sin soporte legal los desincentivos operativos que impuso TRANSMILENIO, incluid os los relativos al presunto incumplimiento de los niveles de satisfacción, carece de sentido el examen material de esta reclamación, que considerada en el contexto descrito nada aporta al contenido decisorio de la controversia, por lo que se impone, desde esta perspectiva, su desestimación.

• En el plano de las pretensiones consecuenciales, en coherencia con la anunciada prosperidad de la pretensión cuarta, relativa al reconocimiento del desequilibrio económico del Contrato de Concesión 001 de 2000, tiene vocación de prosperidad la pretensión “Décima Cuarta” de la demanda principal reformada, que propende por el restablecimiento del equilibrio prestacional afectado, en la cuantía que el Tribunal encontró probada con base en el dictamen pericial de oficio rendido dentro del proceso, que asciende a la suma de doce mil ochocientos setenta millones seiscientos doce mil novecientos cuarenta pesos ($12.870.612.940). Con ese alcance, prosperará la referida pretensión “Décima Cuarta” -principal-, sin que haya lugar a hacer pronunciamiento sobre ninguna de sus pretensiones subsidiarias -de la primera a la quinta-. Conforme se indicó en apartado anterior de esta providencia, el pago de la condena deberá hacerse en los términos de tiempo y de causación de intereses de mora previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, con lo cual se

pago de la condena deberá hacerse en los términos de tiempo y de causación de intereses de mora previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, con lo cual se accede, con el precisado alcance, a la pretensión “Décima Octava” de la demanda principal reformada […]». iv) El 17 de agosto de 2022 , interpuso recurso extraordinario de anulación e n contra del laudo arbitral, con fundamento en las causales contenidas en los ordinales 2.° y 7.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, el cual se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.5

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1.1.3. Fundamentos de derecho

La empresa accionante consideró que el Tribunal accionado, al prof erir el laudo arbitral del 11 de julio de 2022, incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad:

A) Defecto sustantivo por desconocimiento o aplicación errónea del precedente relacionado con los requisitos para el restablecimiento del e quilibrio financiero, pues el Tribunal, con la condena impuesta por un valor de $12.870.612.940, inobservó las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2012, 23 de octubre de 2017 y 23 de noviembre de 2017, en los expedientes con

sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2012, 23 de octubre de 2017 y 23 de noviembre de 2017, en los expedientes con radicado 2000-00202-01, 2012-00035-01 y 1999-02431-01, respectivamente.

Lo anterior, debido a que aquella autoridad se limitó a analizar un «sediciente desequilibrio económico del contrato en el último periodo de ejecución contractual, esto es, un análisis microscópico y parcial del resultado económico del contrato, cuando, conforme a las providencias precitadas , debía realizar un análisis macroscópico y consolidado del resultado económico del contrato».

B) Defecto fáctico, dado que la autoridad precitada, para responsabilizarla, solo tuvo en cuenta un dictamen pericial de oficio, que fue decretado de forma indebida, sin valorar los demás dictámenes periciales y las pruebas testimoniales recaudadas, con las cuales se hubiese podido determinar que no se encontraba probado el nexo causal entre la afectación alegada por el Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A. y la modificación unilateral.

C) Decisión sin motivación, debido a que se profirió el laudo arbitral sin suficiente carga argumentativa , comoquiera que no se demostró cuáles fueron los factores imputables que pudieron causar el desequilibrio alegado y tampoco se acreditó que la expedición de las resoluciones núm. 589 y 691 de 2017 incidieran en e se desequilibrio y, por consiguiente, en el valor de la condena.6

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desequilibrio y, por consiguiente, en el valor de la condena.6

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D) Defecto procedimental, puesto que la conden a impuesta se basó en una prueba decretada por fuera de las formas del juicio , comoquiera que el Tribunal desconoció los presupuestos legales y jurisprudenciales para decretar el dictamen de oficio, no explicó la duda generada a partir de la práctica de pruebas que pretendía disipar, sino que corroboró una hipótesis propia y privada del panel y complementó el dictamen de oficio de la sociedad convocante, subsanando así la inactividad probatoria de aquella.

1.2. Actuación procesal

El 17 de enero de 2023 , el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Arbitral de Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A. vs. Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. y vinculó al Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A, y al Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A., como terceros interesados. En consecuencia, les otorgó un término de tres días para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela y, además, aportar an los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.

El 19 de igual mes y anualidad la parte accionante allegó memoriales, mediante los

expuestos en el escrito de tutela y, además, aportar an los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.

El 19 de igual mes y anualidad la parte accionante allegó memoriales, mediante los cuales complementó el escrito de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A.

El profesional del derecho José Gutiérrez Mestre solicitó negar el amparo deprecado por la parte accionante, con fundamento en lo siguiente:

1. La acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucio nal, comoquiera que la peticionaria únicamente discute asuntos eminentemente legales y económicos que carecen de trascendencia constitucional, y que tienen por objeto reabrir el debate de fondo , el cual se adelantó conforme a derecho y con una valoración7

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razonable de las normas jurídicas aplicables al caso y de las pruebas legalmente decretadas y practicadas, por lo que el mecanismo de amparo resulta improcedente.

1. No se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, debido a que la accionante no ha a gotado todos los medios extraordinarios de defensa judicial que tiene a su alcance, por cuanto el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral hoy objeto de controversia se encuentra en trámite.

accionante no ha a gotado todos los medios extraordinarios de defensa judicial que tiene a su alcance, por cuanto el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral hoy objeto de controversia se encuentra en trámite.

1. La decisión del Tribunal Arbitral , frente a la procedencia y alcance del desequilibrio económico alegado por SI99 , se encontró debida y suficientemente sustentada desde los ámbitos normativo, jurisprudencial y probatorio. Además, l as sentencias citadas como desconocidas no tienen efectos erga omnes, ya que no definieron el alcance de una norma jurídica en un caso en concreto.

1.3.2. Tribunal Arbitral de Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A. vs . Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A.

Los árbitros Ana María Ruán Perdomo, Felipe Navia Arroyo y José Armando Bonivento afirmaron que solo basta con la lectura del laudo cuestionado para concluir que no incurrieron en los defectos invocados , ni vulneraron los derechos fundamentales de la hoy accionante.

Para el efecto, explicaron qu e en el laudo analizaron en forma amplia y razonada los requisitos previstos en la ley y la jurisprudencia, en especial la del Consejo de Estado, para la configuración del desequilibrio financiero y el alcance del respectivo restablecimiento. Adicionalmente, manifestaron que evaluaron tanto el dictamen pericial de parte que aportó SI99, como el dictamen pericial de oficio que ordenaron en los términos específicos, los cuales fueron sometidos a abierta c ontradicción y con plenas garantías para las partes.

1.4. Sentencia impugnada

en los términos específicos, los cuales fueron sometidos a abierta c ontradicción y con plenas garantías para las partes.

1.4. Sentencia impugnada

El 9 de febrero de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplirse el requisito general de relevancia constitucional, puesto que , si bien es cierto que la parte accionante alegó la8

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trasgresión de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, también lo es que esta presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y económico.

1.5. Impugnación

La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la anterior decisión, porque consideró que el juez de primera instancia omitió analizar las causales de procedibilidad planteadas en el escrito de complementación de la tutela, relacionadas con los defectos procedimental, por el decreto del dictamen pericial de oficio, sin el cumplimiento de los presupuestos normativos y jurisprudenciales previstos para ello, y fáctico, por la valoración de e sta prueba. Lo anterior, debido a que dicha autoridad solo mencionó en el proveído impugnado los defectos de desconocimiento de l precedente judicial, fáctico y decisión sin motivación.

y fáctico, por la valoración de e sta prueba. Lo anterior, debido a que dicha autoridad solo mencionó en el proveído impugnado los defectos de desconocimiento de l precedente judicial, fáctico y decisión sin motivación.

Adicionalmente, afirmó que en el escrito de tutela con el complemento integrado no solo se enunciaron los derechos fundamentales vulnerados, sino que se explicó en qué consistía dicha afectación y las causales específicas de procedibilidad en que había incurrido la autoridad arbitral al emitir el laudo cuestionado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico9

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Corresponde a la S ala determinar si la presente acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia y, en esa medida, si hay lugar a analizar de

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Corresponde a la S ala determinar si la presente acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia y, en esa medida, si hay lugar a analizar de fondo los defectos en que presuntamente incurrió el Tribunal Arbitral accionado al proferir el laudo del 11 de julio de 2022.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales

El inciso 3.° del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los particulares pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Esta habilitación constituye el fundamento constitucional para que los particulares ejerzan dicha atribución a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitramento, y su naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.

Precisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos, implican que los laudos arbitrales se asimilan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la acción de tutela contra providencias. Sobre esta específica materia, en Sentencia T244 de 2007, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la equiparación entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales, en los siguientes términos:

«En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son

«En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual además legalmente ha sido calificada como un servicio público, por tal razón no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral».

La equivalencia –materialque existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial, activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento.10

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En la Sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los administradores de justicia, sean permanentes o temporales, no están exentos de cumplir con lo dispuesto en la carta política, de tal manera que mediante la acción de tutela es factible controvertir sus actos jurisdiccionales, siempre y cuando estos vulneren de manera directa el derecho

temporales, no están exentos de cumplir con lo dispuesto en la carta política, de tal manera que mediante la acción de tutela es factible controvertir sus actos jurisdiccionales, siempre y cuando estos vulneren de manera directa el derecho fundamental al debido proceso o al acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional también ha sido particularmente enfática en cuanto al carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales, el procedimiento que se adelant a ante los tribunales de arbitramento y las decisiones judiciales que resuelven los recursos de anulación. En ese sentido, su procedencia y procedibilidad está sometida, en principio, a las mismas reglas que la jurisprudencia constitucional ha sistematizad o en la Sentencia C -590 de 2005 respecto a las providencias judiciales.

Las precitadas condiciones han sido recapituladas con el fin de reiterar que estas no implican la equivalencia absoluta entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales para efectos de la acción de tutela, ya que el carácter especial de la justicia arbitral incide en que se deba hacer un examen de procedibilidad -tanto de los requisitos generales, como especiales-, más riguroso. En efecto, a partir de la sentencia de unificación SU-500 de 2015, la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que la razón para realizar un examen más estricto reside fundamentalmente en que se trata de un escenario en el cual se ha expresado la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento.

La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un

de apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento.

La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un elemento esencial que implica procurar al máximo la permanencia de la decisión adoptada por la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior ratificación o cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes expresamente renunciaron. En palabras de la Corte Constitucional:

«Acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y transitoria de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un conflicto transigible».11

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2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de la referencia y al consultar en el sistema de gestión judicial SAMAI el expediente del recurso extraordinario de anulación radicado con el número 11001 03 26 000 2022 00173 00, la Sala establece:

2.4.1. El 11 de julio de 2022 , el Tribunal Arbitral de Sistema Integrado de Transporte – SI99 S.A. vs . Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. resolvió lo siguiente:

«[…] A. Sobre la demanda principal reformada, instaurada por SI99, y las excepciones correspondientes.

– SI99 S.A. vs . Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. resolvió lo siguiente:

«[…] A. Sobre la demanda principal reformada, instaurada por SI99, y las excepciones c