CE - 110010315000202300531011SENTENCIA20230629162926

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: UBIDA RIVERA BRUGES

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y EMPRESA

PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AFINIA GRUPO EPM - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.

E.S.P.

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Derecho fundamental de petición. Respuesta concreta, clara y de fondo . Carencia actual objeto por hecho superado por notificación de respuesta antes de proferirse la sentencia de primera instancia y se confirma el amparo en relación con la entidad que complementó la respuesta en cumplimiento del fallo de tutela

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia Grupo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P -, contra la sentencia de 16 de marzo de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se resolvió:

“PRIMERO: NEGAR las solic itudes de desvinculación del presidente de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del accionante.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique al señor Ubida Rivera Bruges, el contenido de los oficios Nos. 2023860064 0231 y 20238600640301 de 13 febrero de 2023, a la dirección electrónica suministrada por él en su petición de 13 de enero de 2023.

CUARTO: ORDENAR a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie respecto de la petición de 13 de enero de 2023 formulada por el señor Ubida Rivera Bruges.

QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo en contra del presidente de la República”.

I. ANTECEDENTES

de 2023 formulada por el señor Ubida Rivera Bruges.

QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo en contra del presidente de la República”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Ubida Rivera Bruges señaló que es propietario de una vivienda ubicada en la ciudad de Valledupar la cual arrendó desde el 12 de febrero de 2018 hasta elRadicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

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2 23 de octubre de 2021, a la señora Johana Costa Borja , quien en calidad de arrendatario incumplió la obligación de pago de las facturas del servicio de energía, dejando una deuda que asciende $1’200.000.

Indicó que , por tal razón, se vio en la obligación de celebrar un acuerdo de financiación con Afinia Gr upo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P -, el cual considera que debe ser pagado por la anterior arrendataria.

Adujo que el 13 de enero de 2023 radicó mediante correo electrónico un escrito dirigido la Presidencia de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la finalidad de que, en calidad de “superior jerárquico funcional” de la mencionada empresa de servicios públicos, ordenaran al gerente general que estudiara nuevamente la solicitud d e rompimiento de la solidaridad en el pago

Domiciliarios, con la finalidad de que, en calidad de “superior jerárquico funcional” de la mencionada empresa de servicios públicos, ordenaran al gerente general que estudiara nuevamente la solicitud d e rompimiento de la solidaridad en el pago de la deuda, sin dejar algún asunto por resolver ni exigir requisitos adicionales para demostrar que tiene el dominio del inmueble, tales como el certificado de tradición y libertad del bien y el certificado de no menclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Refirió que en el mismo escrito cuestionó a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Afinia Grupo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P -, por exigirle dichos documentos, pues considera que no son necesarios para demostrar la posesión del inmue ble y no existe un fundamento legal para ello, por lo que la solicitud de rompimiento de la solidaridad no puede condicionarse a la entrega de dichos documentos.

Expresó que la empresa de servicios públicos no ha resuelto su solicitud de fondo, pues se limitó a emitir el oficio No. 202370031608 de 18 de enero de 2023, en el que le insistió que debía aportar el número de identificación del contrato, la copia del contrato de arrendamient o, el certificado de libertad del inmueble y el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi si el certificado no presenta la dirección del servicio, para lo cual le otorgó un plazo de un (1) mes para ello.

Aseveró que interpuso recursos contra la anterior decisión, pero que tanto la entidad prestadora del servicio de energía como la Superintendencia de Servicios

certificado no presenta la dirección del servicio, para lo cual le otorgó un plazo de un (1) mes para ello.

Aseveró que interpuso recursos contra la anterior decisión, pero que tanto la entidad prestadora del servicio de energía como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los rechazaron por extemporáneos.

En este orden de idea s, el demandante afirmó que, desde la radicación de la solicitud hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades demandadas , por lo que considera que se le está vulnerando el derecho fundamental de petición.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela contra el Presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica con Afinia Grupo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P -, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, dignidad humana, salud, vida, educación, vivienda digna, debido proceso administrativo, defensa, contradicción, doble instancia e igualdad, así como a los principios de buena fe y confianza legítima, los cuales considera vulnerados con la falta de respuesta de fondo, clara y congruente a las peticiones radicadas el 13 de enero de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

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Demandante: Ubida Rivera Bruges

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3 Aseguró que si bien la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. atendió su solicitud mediante oficio No. 202370031608 de 18 de enero de 2023, en realidad no respondió el fondo de la solicitud pues no se explicó cuál es el fundamento constitucional y legal para exigir los certificados de tradición y libertad del bien, así como el de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, pese a que esta entidad no emite tal documento.

Así mismo, sostuvo que la compañía no puede exigir los aludidos certificados del bien para acreditar la propiedad del inmueble y resolver la solicitud de exoneración de solidaridad de la deuda, pues con la simple facturación del servicio en ese inmueble es posible probar el vínculo con la empresa.

Por último, hizo referencia a la sentencia de 27 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarc a, Sección Primera, Subsección “B ” (exp. No. 11001-33-34-003-2021-00234-01), en la que se amparó el der echo fundamental de petición y al debido proceso por considerar que “ puesto que para la oposición al cobro de la facturación y reclamar los beneficios que le otorga la ley, solo era necesario demostrar su vínculo con la ESP, el cual se probó con la facturación del servicio en ese inmueble”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

ley, solo era necesario demostrar su vínculo con la ESP, el cual se probó con la facturación del servicio en ese inmueble”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“[Sic a toda la cita] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS (...) y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS, A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN EL ARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición, debido que no es un a petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION (...) para que el juez constitucional, ordene al presidente de Colombia y al superintendente de servicios públicos ejerzan sus funciones, obligando al doctor Javier lastras gerente de la empresa Afinia de la costa a darle tramite nuevamente al núcleo esencial del derecho de petición, resolviéndolos de fondo , clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, (...)

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios

esencial del derecho de petición, resolviéndolos de fondo , clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, (...)

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamentos constitucionales y légale s, para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agus tín Codazzi, (...)

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale para obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposición y apelación y de queja exige como requisito absoluto, el pago de la factura solidaria, (...) Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición (...)

CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía eléctrica, A DAR UNA RES[P]UESTA de fondo, clara, precisa y de manera congruente c on lo solicitado clara, (...) concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que es el control de autotutela que se ve complementado con la revisión superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos

es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que es el control de autotutela que se ve complementado con la revisión superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos para la culminación de la vía gubernativa. (...)

QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos domiciliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la grav edad de juramento, cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada (...)Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS (...) y de respuesta al derecho de petición, A SIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C -263 DE 1996 C -558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de peti ción ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición , debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE

LA CONSTITUCION (...).

es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE

LA CONSTITUCION (...).

SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios público y al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este derecho de petición, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale [s], para que exijan como requisito para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y tra dición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide (...)

octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energí a de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en la sentencia c -150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá garantizar el debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo, garantizando la demás garantía judiciales.

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constituci onal ORDENE AL GERENTE GENERAL DE AFINA, y al superintendente de servicios públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL

administrativo, garantizando la demás garantía judiciales.

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constituci onal ORDENE AL GERENTE GENERAL DE AFINA, y al superintendente de servicios públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (...) Y LE DE TRAMITE AL a los derecho de petición de solidaridad, sin exigir requisito adicionales para demostrar la propiedad del inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra juicio, de igual forma que se abstenga de seguir decla rando improcedente los derechos de petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los certificado (...)

Decimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, (...) DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de tutela, debido que no existe otros mecanismos judiciales para obligar a estas entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición (...)

DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo Petro y por el superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Quiroga, así mismo ordenarles a ambos q ue en el término no superior de dos meses realice en Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias, vocales de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada unas de la superintendencia para que el pueblo part icipe expongan sus denuncia, (...) DECIMO SEXTO Que

meses realice en Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias, vocales de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada unas de la superintendencia para que el pueblo part icipe expongan sus denuncia, (...) DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió, para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente , sobre a aquellas pretensiones que no resolvió (...). Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función pública s, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga LA SUPERSERVICIO Y LA EMPRESA DE ENRGIA con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, (...)

décimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE ACCION DE TUTELA , COMO LO ORDENO LA CORTES CONSTITUCIONAL (...) y se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del derecho d e petición , la administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción, a la doble instancia igua ldad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los precedente de la cortes constitucional

doble instancia igua ldad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los precedente de la cortes constitucional que han reiterado que si es procedente la acción de tutela contra las empresas de servicios públicos domiciliarios y contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela el actor aportó los siguientes documentos:Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

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5 • Copia de la solicitud dirig ida al Presidente de la República, al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al Gerente General de Afinia Grupo EPMempresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P ., enviada el 13 de enero de 2023 mediante mensaje de datos a las direcciones de correo electrónico sspd@superservicios.gov.co; dtnorte@superservicios.gov.co;contacto@presidencia.gov.co; serviciosjuridicos@afinia.com.co; notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co.

• Copia del oficio No. 202370031608 de 18 de enero de 2023 , suscrito por la Coordinadora Central de Escritos de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el asunto ampliación de términos por petición incompleta – Radicado No.

20236000633.

Coordinadora Central de Escritos de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el asunto ampliación de términos por petición incompleta – Radicado No. 20236000633.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de febrero de 2023 , la Sec ción Quinta del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a las partes demandante y demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, a la empresa de Servicios Públicos AIR -E S.A.S. E.S.P., y al señor Denis Enrique Martínez Martínez , como terceros con interés en el resultado del trámite constitucional.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación Nos. 10329 a 10338 de 10 de febrero de 2023, con el fin de dar cumplimiento a dicha orden judicial1.

Encontrándose el proceso al despacho para emitir sentencia de primera instancia, el juez constitucional de primera instancia advirtió que según lo infor mado por la empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P. el actor ha presentado múltiples acciones de tutela con identidad de pretensiones , por lo que mediante auto de 27 de febrero de 2023, resolvió requerir a los Juzgados Doce Municipal de Pequeñas Causas Labo rales de Bogotá, Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, Primero Penal Municipal del Circuito Judicial de Valledupar, Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar y Cincuenta

Causas Labo rales de Bogotá, Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, Primero Penal Municipal del Circuito Judicial de Valledupar, Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar y Cincuenta Penal del Circuito Judicial de B ogotá con el fin de que allegaran copia de los expediente de tutela iniciados por el señor Ubida Rivera Bruges.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación Nos. 17599 a 17607 y 17610 a 17614 de 28 de febrero de 2023, con el fin de dar cumplimiento a dicha orden judicial2.

1 La partes demandante y demandado y los terceros con interés fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: melkiskammerer@hotmail.com; oficinadequejasyreclamos@gmail.com;

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; notificaciones.judiciales@air-e.com; serviciosjuridicoseca@electricaribe.co; serviciosjuridicos@afinia.com.co; Admin03bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; melkiskammerer@hotmail.com; notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co; segundavalledupar@supernotariado.gov.co; scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co; j01pmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co; j12lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; j02admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co; j03pmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co; pcto50bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

A través de escrito de 13 de febrero de 2023, la coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica pidió que se desvincule a la Presidencia de la Republica al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva o, en subsidio, se nieguen las pretensiones de la accionante en cuanto a la entidad dado que no vulneró ningún derecho fundamental.

Manifestó que el actor formuló dos peticiones ante la Presidencia, bajo los

en la causa por pasiva o, en subsidio, se nieguen las pretensiones de la accionante en cuanto a la entidad dado que no vulneró ningún derecho fundamental.

Manifestó que el actor formuló dos peticiones ante la Presidencia, bajo los radicados Nos. EXT22-00090322 y EXT23 -00007731, a través de los cuales solicitó que se revocara una resolución emitida por la Superintendenci a de Servicios Públicos Domiciliarios donde ratificó unas facturas expedidas por la empresa Afinia y para que asumiera las competencias de la citada Superintendencia para ejercer un adecuado control sobre la empresa Afinia, respectivamente.

Aseguró que la s dos solicitudes fueron resueltas a través de los oficios OFI2200123639 / GFPU 12000002 de 17 de octubre de 2022 y OFI23-00011480 / GFPU 12000002 de 26 de enero de 2023, en las que se le indicó que estas fueron trasladadas a la Superintendencia de Servic ios Públicos Domiciliarios , al ser la competente para resolver de fondo las inconformidades planteadas.

En este sentido, indicó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez qu e las presuntas irregularidades cometidas por la empresa Afinia son del resorte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien es la encargada de ejercer la inspección vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos.

6.2. Respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Mediante memorial de 14 de febrero de 2023, el apoderado de la entidad pidió que

públicos.

6.2. Respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Mediante memorial de 14 de febrero de 2023, el apoderado de la entidad pidió que se declare la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte de la superintendencia o, en subsidio, se declare la improcedencia de la acción.

Indicó que en el caso bajo examen se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva “ toda vez que las decisiones de un reclamo a la facturación, pago o eliminación de deuda, es una ac tuación de exclusiva competencia de la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. – AFINIA GRUPO EPM – y no es del resorte de la superintendencia, por lo que no es posible vincular a este organismo a los efectos del fallo”.

Así mismo, informó que el 13 d e enero de 2023, el actor radicó ante dicha entida d una petición bajo el No. SSPD -20235290165992 (expediente No. 2023860340101392E), la cual fue resuelta por oficio No. 20238600640231 de 13 de febrero de 2023, en los siguientes términos:

“En primer lugar , señor usuario le informamos que la Superservicios es un órgano de segunda instancia, que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución del contrato usuario –empresa existente; es decir, que la Superservicios sólo tiene con ocimiento de estas reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo haya interpuestoRadicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo haya interpuestoRadicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01

Demandante: Ubida Rivera Bruges

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7 los recursos de ley procedentes cuando no e sté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación”.

En este orden de ideas, sostuvo que en la referida respuesta se le indicó al peticionario que de conformidad con lo establecido en la L ey 142 de 1994, debe iniciar el procedimiento de petición, quejas, reclamos y recursos ante la empresa de servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, aseguró que al tratarse de una petición frente a la cual se carece de competencia por oficio No. 202 38600640301 de 12 de febrero de 2023, se dio traslado de la petición a Afinia Grupo EPMempresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

6.3. Respuesta de Caribemar de la Costa S.A.S

Por medio de escrito allegado el 13 de febrero de 2023, el apoderado de la entidad pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo y se desvincule del trámite constitucional.

Refirió que de conformidad con el sistema de información comercial de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P, se encontró que “(i) el NIC 5606655 [al que hace

trámite constitucional.

Refirió que de conformidad con el sistema de información comercial de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P, se encontró que “(i) el NIC 5606655 [al que hace referencia el solicitante en la petición] es inexistente; (ii) la dirección aportada por el actor (calle 52 # 31 - 92 Don Carmelo de Valledupar) no corresponde con el mencionado NIC; (iii) los comunicados No. 20227053846 5 y 202270538465 que fueron aportados por la parte actora, no tienen alguna relación con los hechos narrados en el escrito de la tutela, pues corresponden a un suministro de NIC, dirección y suscriptor diferente”.

Aseguró que el NIC 5606655 no es gestion ado por la empresa y que si bien la reclamación elevada por el tutelante no fue radicada en su página web, pues con el escrito de tutela el actor solo aportó captura de pantalla de un correo electrónico frente al que no se tiene ce rteza del destinatario, de la información ni de la fecha y hora en la que fue remitida la solicitud.

Aseveró que revisando los hechos de la tutela s e advierte que el accionante hace referencia a la empresa CaribeSol la cual es una persona jur ídica diferente a Caribemar de la Cos ta S.A.S., tal y como se explicara más adelante. Es decir, la información suministrada por la actora está errada, es errónea y confusa.

Por lo anterior, explicó que debido a la crisis de energía por la que atravesaba la costa atlántica, se decidió segment ar el mercado en dos partes así: CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P. que es el operador de red y comercializador del servicio en

costa atlántica, se decidió segment ar el mercado en dos partes así: CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P. que es el operador de red y comercializador del servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira; y Caribemar de la Costa S.A.S. que ofrece sus servicios a los departame ntos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena.

No obstante, señaló que “la confusión presentada en e