CE - 110010315000202300546011SENTENCIA20230622144656

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00546-01

Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – DESPACHO N° 2 Y

OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se revoca el fallo impugnado que declaró la improcedencia de la acción constitucional incoada – Se configuró un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte accionante en contra de la sentencia de 27 de abril de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado1.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad IPS – Salud Integral y Consultoría S.A.S., por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela2 con miras a obtener el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso y al acceso a la administración de justicia […]», cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 14 de septiembre de 2021 y de 3 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del medio de control de

14 de septiembre de 2021 y de 3 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del medio de control de reparación directa con radicado número: 15001-33-33-011-2021-00033-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente3:

2.1. Manifestó la parte actora que la señora Alba Eugenia Barajas González y otros, formularon demanda de reparación directa en contra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S. y del Centro de Diagnóstico Avanzado S.A.S.

1 Con ponencia del magistrado Dr. Wilson Ramos Girón. 2 El día 6 de febrero de 2023. 3 Folios 1 a 3 del expediente de tutela de la referencia.2

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2.2. Relató que el conocimiento de dicho proceso ordinario correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja4 a lo que agregó que , mediante auto de 24 de marzo de 2021, se admitió la demanda, y que el día 29 de abril del mismo año se realizó la notificación del auto admisorio a los demandados.

Once Administrativo del Circuito de Tunja4 a lo que agregó que , mediante auto de 24 de marzo de 2021, se admitió la demanda, y que el día 29 de abril del mismo año se realizó la notificación del auto admisorio a los demandados.

2.3. Señaló que, con fecha 17 de junio de 2021, la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S. contestó la demanda y, en escrito separado, solicitó el llamamiento en garantía de la sociedad Confianza S.A.

2.4. Refirió que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante auto del 14 de septiembre de 2021 , entre otros asuntos, denegó por extemporáneo el llamamiento en garantía de la compañía Confianza S.A., formulado por la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S.

2.5. Adujo que, inconforme con la referida decisión adoptada, la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

2.6. Indicó que, con fecha 24 de febrero de 2022, el mencionado despacho judicial denegó el recurso de reposición y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación elevado.

2.7. Puso de presente que, posteriormente, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, por auto fechado el 3 de agosto de 20225, confirmó en todas sus partes la providencia judicial del 14 de septiembre de 2021.

2.8. Afirmó que , en su criterio, las autoridades judiciales accionadas con sus providencias enjuiciadas incurrieron en un «defecto procedimental absoluto por

partes la providencia judicial del 14 de septiembre de 2021.

2.8. Afirmó que , en su criterio, las autoridades judiciales accionadas con sus providencias enjuiciadas incurrieron en un «defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto », al declarar extemporáneo el llamamiento en garantía formulado, «[…] porque el correo electrónico que contenía la solicitud fue enviado en el término legal , esto es, el 17 de junio de 2021 a las 4:59 p.m. Y que, por lo tanto, se cumplió con la carga procesal que asistía de enviar la solicitud en tiempo y dentro del horario laboral hábil de la oficina judicial que la recepcionó […]».

2.9. Para finalizar, agregó que: «[…] se desconoce la causa por la cual el correo electrónico fue recibido por el destinatario a las 5:01 p.m., pero que, en todo caso, esta NO es una carga ni mucho menos un deber que me corresponde asumir, a la postre […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Que se AMPARE el derecho al debido proceso del accionante, y SE ORDENE a las accionadas dejar sin efectos las providencias cuestionadas, y tener como oportuno el memorial que contiene el llamamiento en garantía.

4 Bajo el radicado No. 15001-33-33-011-2021-00033-00. 5 Y notificado personalmente de manera electrónica el día 4 de agosto de 2022.3

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SEGUNDO: Que se AMPARE el derecho de acceso a la administración de justicia y SE ORDENE a las accionadas dejar sin efectos las providencias cuestionadas, y tener como oportuno el memorial que contiene el llamamiento en garantía […] (Negrillas del texto original)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 10 de febrero de 2023 , inadmitió la demanda, con miras a que el abogado Carlos Andrés Ruiz Pinzón aportara poder especial para interponer la demanda de tutela en nombre y representación de IPSSalud Integral y Consultoría S.A.S.

5. Subsanada la demanda, por auto del 1º de marzo de 2023 el despacho sustanciador la admitió y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2 y al Juez 11 Administrativo de Tunja y, como terceros con interés, a la señora Eugenia Barajas González, al Centro de Diagnóstico Avanzado S.A.S. y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

6. Mediante auto de 27 de marzo de 2023, el mismo despacho sustanciador ordenó notificar en debida forma a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y, además, vinculó en calidad de terceros con interés, a la totalidad de demandantes

6. Mediante auto de 27 de marzo de 2023, el mismo despacho sustanciador ordenó notificar en debida forma a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y, además, vinculó en calidad de terceros con interés, a la totalidad de demandantes en el proceso de reparación directa con radicado núm. 15001-33-33-011-202100033-00.

7. Finalmente, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes, a través de correos electrónicos del 10 de abril de 2023.

V. INTERVENCIONES

8. Efectuadas las notificaciones a las autoridades judiciales accionadas y a las demás entidades vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes en el interior del presente trámite.

9. El Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, a través de l magistrado ponente de la decisión enjuiciada6, allegó respuesta oportuna en la que solicitó que, respetuosamente, se denegara la solicitud de amparo promovida por la parte actora. Lo anterior, por cuanto expuso que la solicitud de llamamiento en garantía fue recibida a las 5:01 p .m. del 17 de junio de 2022 ( fecha límite de presentación) a lo que agregó que, en aplicación y observancia del artículo 109 del C.G.P., la solicitud había sido extemporánea.

6 Doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana.4

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10. Afirmó, igualmente, que lo planteado por la sociedad accionante carece de

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10. Afirmó, igualmente, que lo planteado por la sociedad accionante carece de relevancia constitucional ; pues se refutan nuevamente los puntos que ya fueron abordados en las providencias ordinarias cuestionadas.

11. La apoderada judicial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia señaló no ser la competente para las pretensiones de la sociedad demandante, porque lo que se cuestiona son las decisiones que denegaron por extemporánea la solicitud de llamamiento en garantía presentada por la IPS - Salud

Integral y Consultoría S.A.S.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

12. Mediante fallo de tutela de fecha 27 de abril de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente el amparo constitucional solicitado, luego de considerar que, en el caso que nos ocupa, no se satisfizo el requisito general de procedibilidad relativo a la relevancia constitucional de la controversia.

13. Para efectos de resolver la presente causa, el juez de amparo, en su decisión de primer grado abordó, entre otros, los siguientes aspectos: i) generalidades de la acción de tutela en contra de providencias judiciales; ii) requisitos genéricos y específicos de procedibilidad; iii) problema jurídico; iv) el requisito concerniente a la relevancia constitucional en el caso sub examine y, finalmente, v) solución del caso concreto.

14. Dilucidado todo lo anterior y, descendiendo a la resolución del caso en concreto,

la relevancia constitucional en el caso sub examine y, finalmente, v) solución del caso concreto.

14. Dilucidado todo lo anterior y, descendiendo a la resolución del caso en concreto, la Sección Cuarta de esta Corporación explicó lo que a continuación se expone:

[…] la Sala advierte que la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S. propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de reparación directa en el que actúa como demandado y solicitó el llamamiento en garantía de la compañía Confianza S.A. Si bien la demandante alega que las providencias objeto de tutela incurrieron en DEFECTO PROCEDIMENTAL, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre si la solicitud de llamamiento en garantía fue presentada en tiempo o no.

[…]

Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que fueron expuestas en el recurso de apelación promovido contra el auto del 14 de septiembre de 2021, dictado por el Juzgado 11 Administrativo de Tunja, que denegó por extemporánea la solicitud de llamamiento en garantía de la compañía Confianza S.A.

Evidentemente, LA TUTELA BUSCA REVIVIR LA DISCUSIÓN JURÍDICA respecto de si el llamamiento en garantía de la compañía Confianza S.A. fue presentado en tiempo o no. Sin embargo, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 3 de agosto de 2023 […]. (negrillas fuera del texto)

15. El a quo, en su decisión de primer grado, agregó lo siguiente:5

por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 3 de agosto de 2023 […]. (negrillas fuera del texto)

15. El a quo, en su decisión de primer grado, agregó lo siguiente:5

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[…] Siendo así, aunque la demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en DEFECTO PROCEDIMENTAL, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate respecto de si la solicitud de llama miento en garantía fue o no presentada de manera oportuna.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento de fondo sobre el defecto alegado por la parte demandante. Por tanto, la Sala DECLARARÁ IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la IPS - Salud Integral y Consultoría SAS […]. (negrillas de la Sala de Decisión)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

16. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela

incoada, agregó los siguientes planteamientos:

[…] En este caso, la Honorable Sala incurre en un ERROR DE APRECIACIÓN de los argumentos expuestos por el actor, y en un DEFECTO

ARGUMENTATIVO.

EL PRIMER ERROR : Está dado por la apreciación de los argumentos cuando se supone que el debate es de la misma naturaleza. En el marco de las instancias se cuestionó la legalidad de la actuación, al imponer cargas

ARGUMENTATIVO.

EL PRIMER ERROR : Está dado por la apreciación de los argumentos cuando se supone que el debate es de la misma naturaleza. En el marco de las instancias se cuestionó la legalidad de la actuación, al imponer cargas procesales que están fuera de la órbita del recurrente, como es la de exigir no el envío, sino el recibo de la comunicación por parte del destinatario, como se advierte en el recurso de reposición y apelación.

El recurso formulado, NO se enlista desde una perspectiva CONSTITUCIONAL, sino LEGAL y sobre el marco de las actuaciones surtidas en primera instancia, para ser debatidas desde allí y luego llevadas a la apel ación. Pero al resolver la alzada, el Tribunal decide esta cuestión en la que, sin dudarlos o hacer reparo, acepta que el escrito fue enviado a las 4:59 p.m. pero impone el deber de ser recibido antes de la hora de cierre sin establecer el deber en cabeza de quien está, pero que claramente NO le corresponde al recurrente.

EL SEGUNDO ERROR : Considera que no puede existir similitud de argumentos entre lo expuesto en sede de instancia y lo que se expone en sede de tutela. Este es un caso común de la “falacia de afirmación del consecuente”, en la que pretende que la tutela no pueda ser usada, si su cuerpo argumentativo parte de elementos similares a los expuestos en sede de instancia.

Tal determinación restringe de manera amplia y subjetiva el marco argumentativo del accionante y parte de presumir la infalibilidad de quien adopta la decisión pues en esencia, considera que, si en sede de instancia

instancia.

Tal determinación restringe de manera amplia y subjetiva el marco argumentativo del accionante y parte de presumir la infalibilidad de quien adopta la decisión pues en esencia, considera que, si en sede de instancia un argumento no prosperó, el mismo no puede ser formulado en sede de Tutela y por tanto debe exigirse otro modelo argumentativo.

Esto desconoce que un defecto en la actuación judicial puede tener un amplio grado de afectación en los derechos de la parte. Tanto derechos de rango legal como los de rango fundamental. Por tanto, en sede de instancia, puede construirse un argumento de rango legal, complementado con razones constitucionales. Y a su vez, el mismo defecto en la decisión jurisdiccional, puede valerse de razones que impactan el derecho fundamental (en este caso6

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debido proceso) pero ser adicionado o sustentado en razones legales, sin que exista una prohibición o restricción en la estructura argumentativa […]. (negrillas por fuera de texto original)

17. La parte accionante, en su escrito de impugnación, también esgrimió que en el sub lite: i) no se propuso el mismo debate pese a que la problemática objeto de estudio, naturalmente, parta de las mismas premisas; ii) se cuestiona la actuación de las autoridades judiciales accionadas desde el enfoque del debido proceso, aspecto que ciertamente ostenta relevancia constitucional; iii) aclaró que, en sede contenciosa, pidió revocar la decisión con base en cuestiones puramente fácticas,

de las autoridades judiciales accionadas desde el enfoque del debido proceso, aspecto que ciertamente ostenta relevancia constitucional; iii) aclaró que, en sede contenciosa, pidió revocar la decisión con base en cuestiones puramente fácticas, en tanto que, en sede de tutela, lo que se depreca es puntualmente la protección de garantías fundamentales, y iv) por último, concluyó que la discusión planteada en esta controversia no era de mera legalidad, sino que tiene transcendencia constitucional, en tanto que fue cercenado el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa de la accionante, al restringirse la posibilidad de efectuar un llamamiento en garantía.

18. Adicionalmente, el apelante agregó que:

[…] El ACUSE DE RECIBO, en efecto se da por el sistema y si bien existe un riesgo de recepción tardío cuando se envía cerca de la h ora límite, no implica que esta recepción, que ESCAPA AL CONTROL DE LA PARTE , sea de su responsabilidad, pues IMPLICA OBLIGAR A LA PARTE A RESPONDER POR ACTOS DE TERCEROS, PESE A QUE NO EXISTE FUNDAMENTOS NORMATIVOS PARA TAL EXIGENCIA. Puede vía recurso, como en este caso se intentó, demostrar el cumplimiento oportuno de la actuación. […] Exigir que se haga la radicación y el recibo antes de la hora de cierre, supone cambiar vía interpretación las normas procesales, pasando de aplicar el término legal al término oportuno, dónde cada servidor puede tener un CRITERIO SUBJETIVO DE OPORTUNIDAD. Por eso el legislador ha fijado estos parámetros vía ley, para crear un rasero común de interpretación y

aplicar el término legal al término oportuno, dónde cada servidor puede tener un CRITERIO SUBJETIVO DE OPORTUNIDAD. Por eso el legislador ha fijado estos parámetros vía ley, para crear un rasero común de interpretación y aplicación, sin crear cargas excesivas. […] Esta exigencia y su alcance, viola derechos fundamentales como los invocados, así como las exigencias de argumentación planteadas frente al escrito de Tutela referentes a NO revivir una disc usión jurídica […]. (negrillas por fuera de texto)

19. Con fundamento en las anteriores premisas, la parte actora solicitó revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo constitucional deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069

7 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".7

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de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20179. VIII.2. Problemas jurídicos

21. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala

noviembre de 20179. VIII.2. Problemas jurídicos

21. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a los autos dictados en primera y en segunda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 15001-33-33-011-2021-00033-00/01, se advierte que el presente análisis sólo se centrará en determinar si la providencia de segunda instancia, esto es el auto de 3 de agosto de 2022, incurrió en los defectos invocados, dado que esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

22. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado10, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así, se deberá determinar:

B) Si la providencia censurada de 3 de agosto de 202211, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del proceso de reparación directa con radicado número 15001-33-33-011-202100033-00/01, vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, al incidir en un supuesto defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

23. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de

00033-00/01, vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, al incidir en un supuesto defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

23. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

8 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 9 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 11 Notificada personalmente de manera electrónica el día 4 de agosto de 2022. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

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judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

25. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

26. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

27. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

27. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución14.

28. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»15 que se encaje en dichos parámetros.

29. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

13 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 14 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradame nte los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez or dinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 15 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

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Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

31. La sociedad IPS – Salud Integral y Consultoría S.A.S., por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela16 con miras a obtener el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso y al acceso a la administración de justicia […]», cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 14 de septiembre de 2021 y de 3 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del medio de control de reparación directa con radicado número: 15001-33-33-011-2021-00033-00/01.

VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

32. La Sala analizará si en el caso sub judice se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, en tal sentido, se advierte lo siguiente:

acción de tutela

32. La Sala analizará si en el caso sub judice se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, en tal sentido, se advierte lo siguiente:

33. En el escrito de tutela se invocó la vulneración de derechos de orden fundamental, como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Además, la Sala considera que se satisfizo la carga mínima argumentativa respecto de l defecto específico denunciado. Por lo que se concluye que , en el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional.

34. La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida cuenta que la providencia judicial acusada fue notificada el 6 de agosto de 2022, a través de correo electrónico remitido el día 4 de agosto de 202217, mientras que la solicitud de amparo se instauró el día 6 de febrero de 2023. Es decir, dentro de los seis meses siguientes.

35. El extremo accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, por lo que se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela.

36. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada y señalizada en el escrito de tutela. En este punto, se aclara que , si bien el proceso judicial se encuentra en trámite, no se puede

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