CE - 110010315000202301300011SENTENCIASENTENCIA20230928170456

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

Demandante: Maritza Orobio Cundumí

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01300-01 Demandante MARITZA OROBIO CUNDUMÍ Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Temas Acción de tutela contra providencia judicial . Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La inmediatez, la relevancia constitucional y la subsidiariedad. Defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente, y por violación directa de la Constitución. Medio de control de nulidad y restablecimiento. Declaratoria de vacancia por abandono de cargo de docente. Desplazamiento forzado. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Maritza Orobio Cundumí contra la sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que dispuso: “PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Maritza Orobio Cundumí contra el Tribunal Administrativo de Nariño.”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Sección Tercera, Subsección C, que dispuso: “PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Maritza Orobio Cundumí contra el Tribunal Administrativo de Nariño.”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 13 de marzo de 2023 1, mediante apoderada judicial, la señora Maritza Orobio Cundumí interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital con ocasión de la sentencia proferida el 31 de julio de 2019, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nro. 52001-33-33-001-2014-00259-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Tutelar a la señora MARITZA OROBIO CUNDUMI, el derecho fundamental al debido proceso, al derecho al trabajo, a la igualdad, al respeto de la dignidad humana, al mínimo vital, vulnerados por la providencia emanada el treinta y uno (31) de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño presentado con motivo de defecto sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.

SEGUNDO: ORDENAR, como c onsecuencia de la declaratoria de tutela al derecho fundamental al debido proceso, al derecho al trabajo, a la igualdad, al respeto de la dignidad humana, al mínimo vital, se aplique la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos contenida en el artículo 4º del Protocolo de San Salvador y tratada en Sentencia C-291 del 2007.

dignidad humana, al mínimo vital, se aplique la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos contenida en el artículo 4º del Protocolo de San Salvador y tratada en Sentencia C-291 del 2007.

TERCERO: ORDENAR , como consecuencia de aplicación de la cláusula de favorabilidad, revocar la sentencia el treinta y uno (31) de julio de 2019 proferida por e l Tribunal

1 Índice 2 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

Demandante: Maritza Orobio Cundumí

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo de Nariño, por conculcar derechos fundamentales de la señora MARITZA OROBIO CUNDUMI al debido proceso, al derecho al trabajo, a la igualdad, al respeto de la dignidad humana, al mínimo vital y consecuentemente se ordene a las acci onadas o a quien haga sus veces proferir un nuevo fallo de fondo en los términos y condiciones decididos de acuerdo al referente jurisprudencial, conforme a la Constitución y la Ley».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes 2.1. En el año 2001 , la señora Maritza Orobio Cundumí fue nombra da como docente de la Escuela Rural Mixta las Cejas, en el municipio de Santa Bárbara

(Nariño). La accionante aseguró que se vio obligada a no continuar sus funciones, pues tuvo constantes amenazas por parte de grupos armados de la región. 2.2. Mediante Decreto 172 de 11 de marzo de 2010, la Gobernación de Nariño

La accionante aseguró que se vio obligada a no continuar sus funciones, pues tuvo constantes amenazas por parte de grupos armados de la región. 2.2. Mediante Decreto 172 de 11 de marzo de 2010, la Gobernación de Nariño declaró la vacancia del cargo ocupado por la tutelante, por abandono de este. Hechos relativos a las a cciones de tutel a interpuestas y Sentencia T-342 de 2012 2.3. En noviembre de 2011, la señora Orobio Cundumí presentó acción de tutela contra la entonces denominada Agencia Presidencial para la Acción Social, a fin de que se ordenara a tal entidad inscribirla en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) por haberse visto obligada a salir del municipio de Santa Bárbara debido a las amenazas de las que fue víctima. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali conoció en primera instancia del asunto , bajo el radicado Nro. 76001 -33-31-001-2010-00419-00. Mediante providencia del 29 de noviembre de 2010, tal autoridad judicial negó el amparo. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia del 28 de enero de 2011, mediante la cual se concedió el amparo y se ordenó a Acción Social inscribir a la accionante y a su familia en el entonces Registro Único de Población Desplazada. Para el tribunal la decisión de excluir a la tutelante del registro por haber transcurrido más de un año entre la ocurrencia de los hechos del desplazamiento y la declaración de dicha situación no era admisible, porque la norma (Decreto 2569 de 2000, artículo 11,

a la tutelante del registro por haber transcurrido más de un año entre la ocurrencia de los hechos del desplazamiento y la declaración de dicha situación no era admisible, porque la norma (Decreto 2569 de 2000, artículo 11, numeral tercero 2) que permitía la exclusión del registro por tal causal fue declarada nula por el Consejo de Estado en fallo de 12 de junio de 2008. 2.4. Posteriormente, la señora Orobio Cundumí presentó una segunda acción de tutela, en esta oportunidad, contra la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y la Gobernación de Nariño, en la cual solicitó su reintegro laboral, el pago de salarios dejados de percibir desde su destitución y su reubicación a un lugar en donde su vida no corriera peligro (Radicado Nro. 2011-00096). En sentencia de 31 de octubre de 2011, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Palmira dispuso que la acción interpuesta era improcedente.

2 Decreto 2569 de 2000, artículo 11: «Artículo 11. De la no inscripción. La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos: (…) 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.»Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

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Demandante: Maritza Orobio Cundumí

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En sede de revisión, la Corte Constitucional profirió Sentencia T-342 de 2012, en la cual revocó la anterior decisión. En primer lugar, la Corte Constitucional se refirió a los requisitos de inmediatez y subsidiariedad cuando la acción de tutela es presentada por una persona víctima de desplazamiento forzado. Frente al primero, explicó que en ese escenario dicho requisito de procedibilidad se flexibiliza, en razón a que «la población desplazada es objeto de múltiples amenazas a sus derechos fundamentales, las cuales ocurren en distintos momentos, situación que, en muchas ocasiones, imposibilita establecer con precisión el instante desde cuando se inició la violación de los mismos». Y con relación a la subsidiariedad, aseguró que la tutela es el mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales de la población desplazada pues la urgencia de la protección que ellos requieren «sólo puede ser provista de manera eficaz a través del amparo constitucional». En segundo lugar, tras considerar que en el caso se cumplían dichos requisitos, la Corte Constitucional consideró que el fundamento del Decreto Nro. 172 de 11 de marzo de 2010 des apareció, pues con posterioridad a s u expedición se profirió sentencia de tutela (Radicado Nro. 2010-00419-00) en la cual se reconoció la calidad de desplazada de la señora Maritza Orobio Cundumí y se ordenó su inclusión en el entonces Registro Único de Población

cual se reconoció la calidad de desplazada de la señora Maritza Orobio Cundumí y se ordenó su inclusión en el entonces Registro Único de Población Desplazada. Así lo explicó la Corte: «(...) es preciso señalar que uno de los hechos que motivó la decisión mencionada radica en que, cuando la Gobernación consultó a Acción Social para determinar si la demandante tenía la calidad de desplazada, se informó que la misma no se encontraba inscrita en el Registro Único de la Población Desplazada. No obstante, con posterioridad a la expedición del acto administrativo, a través de sentencia de tutela de segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca decidió proteger los dere chos fundamentales de la accionante a la vida digna y al debido proceso. Lo anterior por cuanto, estando probado que la señora Orobio Cundumí había migrado de su lugar de origen en abril del año 2005 por amenazas provenientes del grupo guerrillero ELN, Acción Social se negaba a inscribirla en el RUPD. Por consiguiente, al observarse que con posterioridad al acto administrativo controvertido, una sentencia de tutela reconoció a la accionante como desplazada, y por tanto como sujeto de especial protección con stitucional, el argumento que sirvió de sustento para expedir la decisión, ha perdido sentido. (…) Ahora bien, teniendo en cuenta que con posterioridad al decreto que declaró la destitución se profirió una sentencia de tutela en la que se reconoció a la ac cionante como desplazada, y que el mencionado decreto basó su argumentación en considerar que la accionante no

profirió una sentencia de tutela en la que se reconoció a la ac cionante como desplazada, y que el mencionado decreto basó su argumentación en considerar que la accionante no figuraba como desplazada en el Registro Único de la Población Desplazada, en este caso la tutela procederá para ordenar a la Secretaría de Educac ión Departamental de Nariño proferir un nuevo acto administrativo, por ser la accionante un sujeto de especial protección constitucional. En este sentido, la entidad accionada deberá valorar nuevamente las pruebas obtenidas en el procedimiento administrativo dentro del cual se decidió declarar la destitución de la accionante por abandono del cargo, y tomar una nueva decisión, teniendo en cuenta la sentencia de tutela proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca» (Negrillas propias). En consecuencia, dispuso conceder la tutela de los derechos fundamentales al trabajo y a la vida y ordenó «a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, tome una nueva decisión sobre la vinculación, desvinculación o traslado de la señora Maritza Orobio Cundumí, teniendo en cuenta la sentencia de tutela proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual la accionante fue reconocida como desplazada».Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nuevo acto administrativo sobre abandono de cargo 2.5. A fin de cumplir con la Sentencia T-342 de 2012, la Gobernación de Nariño expidió el Decreto 1021 del 24 de septiembre de 2013 , mediante el cual declaró que el Decreto 172 de 11 de marzo de 2010, en el que originalmente se declaró la de vacancia por abandono del cargo, se profirió conforme al debido proceso y al ordenamiento jurídico. Tal autoridad aseguró que en el expediente administrativo existían elementos que demostraban que la señora Maritza Orobio Cundumí abandonó su cargo previo a su desplazamiento forzado, es decir antes de abril de 2005. Así se expresó en el referido acto administrativo: (sic para toda la cita) «Definido, como está, la circunstancia de hecho que motivó el desplazamiento de la Señora MARITZA OROBIO CUNDUMI, en el mes de Abril de 2005 , según el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca traído a colación por la H. Corte Constitucional, es posible observar que los elementos probatorios que descansan en el expediente administrativo que rebosa en la historia laboral de la citada ciudadana, demuestran que efectivamente se presentó de su parte una ause ncia laboral injustificada por más de tres (3) dias con anterioridad al periodo descrito, que al tenor de lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, constituye abandono del cargo. (…)

(3) dias con anterioridad al periodo descrito, que al tenor de lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, constituye abandono del cargo. (…) De conformidad con el documento enunciado con anterioridad, la ausencia laboral de la Señora MARITZA OROBIO CUNDUMI se habria gestado desde el año 2004, esto es, un periodo notablemente anterior al presunto hecho generador del desplazamiento de la citada ciudadana (Abril de 2005), el cual si bien es cierto no es preciso y determinado, ello obedece como lo indica el Alcalde del Municipio de Santa Bárbara, a la ausencia total de conocimiento de la citada ciudadana por parte de la comunidad en la territorialidad enunciada (…). Como puede observarse, la ausencia laboral de la Señora MARITZA OROBIO CUNDUMI, se encuentra claramente comprobada mucho tiempo antes de que se gestara la causa del desplazamiento (Abril de 2005) que le fue reconocido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, razón por la cual, se impone declarar, una vez valorados nuevamente los elementos probatorios obrantes en el expediente administrativo en cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional, que los Decretos 172 de 11 de Marzo de 2010, 198 de 23 d e Marzo de 2010 y 492 de 5 de Mayo de 2010, se profirieron acatando el debido proceso, el orden juridico vigente y fundamentados en la ausencia laboral injustificada de la Señora MARTIZA OROBIO CUNDUMI, que ameritò la declaratoria de vacancia del cargo por abandono del mismo» (Negrillas propias).

injustificada de la Señora MARTIZA OROBIO CUNDUMI, que ameritò la declaratoria de vacancia del cargo por abandono del mismo» (Negrillas propias). Hechos relativos al m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2.6. En el año 2014, la señora Maritza Orobio Cundumí presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Gobernación de Nariño con el fin de que se declarará la nulidad del Decreto 1021 del 24 de septiembre de 2013. 2.7. En primera instancia le correspondió conocer al Juzgado Primero Administrativo de Pasto, bajo radicado Nro. 52001-33-33-001-2014-00259-00. Autoridad que en sentencia de 11 de mayo de 2018 declaró la nulidad del Decreto 1021 del 24 de septiembre de 2013 y ordenó el reintegro laboral de la señora Maritza Orobio Cundumí , pero en un lugar diferente a l municipio de Santa Bárbara (Nariño), dado su desplazamiento forzado. La anterior decisión fue apelada por la Gobernación de Nariño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.8. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 31 de julio de 2019, en la cual revocó la sentencia del 11 de mayo de 2018 y como consecuencia de esto negó las pretensiones de la demanda.

2.8. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 31 de julio de 2019, en la cual revocó la sentencia del 11 de mayo de 2018 y como consecuencia de esto negó las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisi ón en que , en el año 2007 el Comité de Docentes Amenazados y Desplazados de la Secretaría de Educación de Nariño dispuso no recomendar el traslado laboral de la tutelante, porque no se cumplían los requisitos del Decreto 3222 de 2003 (Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales). A su vez, el mencionado tribunal sostuvo que «indudablemente, que previo a solicitar al Comité respectivo, que se emitiera concepto favorable a su traslado, transcurrieron al menos veinticinco (25) dias, durante los cuales, sin poner en conocimiento de su nominador ninguna circunstancia como aquellas que ahora se alegan, la señora Maritza Orobio Cundumí dejó de concurrir a su trabajo, es decir que su conducta se enmarcaba desde entonces en la conducta que describe el ordinal 2° del articulo 126 del Decreto 1950 de 2003» (sic para toda la cita).

3. Fundamentos de la acción de tutela 3.1. La parte actora señaló que la tutela es procedente, puesto que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad. Aseguró que el asunto es de relevancia constitucional por tratarse de un sujeto de especial protección , dado que fue víctima de desplazamiento forzado.

Manifestó que también se cumple con el requisito de inmediatez por cuanto el

constitucional por tratarse de un sujeto de especial protección , dado que fue víctima de desplazamiento forzado. Manifestó que también se cumple con el requisito de inmediatez por cuanto el tiempo entre la providencia de segunda instancia del medio de control y la presentación de la acción de tutela es razonable y proporcional. Añadió que después de muchos años pudo acceder a documentos que se encontraban en poder de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Nariño, arriesgando su vida al encontrarse en e l territorio en el cual recibió las amenazas, que actualmente subsisten. En esa medida sostuvo que la tutela «se presenta a partir del momento en el cual se tiene acceso a los nuevos elementos probatorios, que sirven de fundamento para una decisión distint a a la tomada por el Tribunal Administrativo de Nariño». Además, precisó haber agotado todos los recursos ordinarios para la protección de sus derechos. 3.2. Por otro lado, argumentó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en defecto fáctico , desconocimiento del precedente , violación directa de la Constitución y defecto sustantivo.

Defecto fáctico : la accionante sostuvo que este defecto se configuró al presentarse una incongruencia entre lo probado y lo fallado , pues la decisión se adoptó en contravía de la evidencia probatoria. Puntualmente, aseveró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta su solicitud de l 25 de mayo de 2005 dirigida al Comité de Docentes Amenazados y Desplazados de la Secretaría de Educación de Nariño, en la cual pidió su reubicación como docente en el municipio de Palmira.

Aseguró que la autoridad judicial tampoco consideró otras pruebas que

de Educación de Nariño, en la cual pidió su reubicación como docente en el municipio de Palmira. Aseguró que la autoridad judicial tampoco consideró otras pruebas que acreditan que en el curso del procedimiento administrativo sí se detalló en qué consistieron las amenazas y el modo y tiempo de estas. Entre dichos elementos probatorios se encuentran los testimonios de los señores BaudiliaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

Demandante: Maritza Orobio Cundumí

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cundumí, Luis Alfredo Orobio Cundumí y Francisca Orobio Cundumí. En su criterio, estas pruebas desvirtúan la afirmación del tribunal accionado referente a que en el curso del proceso administrativo no se acreditó en qué consistieron las amenazas y cuándo y cómo ocurrieron. De otra parte, afirmó que la autoridad judicial basó su decisión en una prueba no decretada en el procedimiento administrativo de declar atoria de vacancia por abandono del cargo , que ni siquiera fue relacionada en el primer acto administrativo mediante el cual se declaró e l abandono de cargo. Tal prueba fue la Resolución Nro. 0024 de 19 de enero de 2005, que suspendió el pago de salarios de la ahora tutelante por el periodo comprendido entre el 1 de abril al 23 de septiembre de 2004 ; situación por la cual no pudo controvertir dicho acto administrativo en el curso del procedimiento administrativo en su contra. Por otro lado, manifestó que en su caso existe un hecho sobreviniente de suma importancia, el cual es que r ecientemente tuvo acceso a documentación

acto administrativo en el curso del procedimiento administrativo en su contra. Por otro lado, manifestó que en su caso existe un hecho sobreviniente de suma importancia, el cual es que r ecientemente tuvo acceso a documentación relevante que se encontraba en manos de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Nariño . E sto demuestra que previo a su desplazamiento sí acudió a varias autoridades a fin de poner en conocimiento las amenazas contra su vida y las condiciones de su estado de embarazo riesgoso. Precisó que en su momento no tuvo acceso a dichas pruebas debido a la urgencia de dejar su territorio, por las amenazas en su contra. Entre las pruebas que adquirió hace poco se encuentran la solicitud de 25 de mayo de 2005 interpuesta ante la Fiscalía Regional del Valle Santiago de Cali, en la cual informó de las amenazas en su contra, el modo cómo estas ocurrieron y de su situación como madre gestante de alto riesgo; el derecho de petición de 3 de julio del año 2009 dirigido a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, en la que inform a sobre las amenazas y las condiciones de su embarazo en el año 2004 y solicita se sirva a tomar medidas en pro de la protección a su vida e integridad como el traslado a una zona en la cual se garanticen sus derechos fundamentales y los de su familia ; y derecho de petición de 29 de abril del año 2004, en el cual la accionante solicitó su traslado por su embarazo de alto riesgo. Finalmente, indicó que la autoridad judicial accionada no le dio valor probatorio a la sentencia de tutela de 28 de octubre d e 2011 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ni a la Sentencia T-342 del 2012 de la Corte

Finalmente, indicó que la autoridad judicial accionada no le dio valor probatorio a la sentencia de tutela de 28 de octubre d e 2011 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ni a la Sentencia T-342 del 2012 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoció su calidad de víctima de desplazamiento forzado. Agregó que, en la sentencia proferida por la Corte Constitucional, se indicó que su caso debía analizarse no solo a la luz de su situación de desplazamiento, sino con base en las pruebas obrantes en el procedimiento administrativo primigenio.

Desconocimiento del precedente: la accionante consideró que se presentó una errónea interpretación e inaplicación del precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en cuanto su desvinculación, su reintegro y su condición de desplazada. Se refirió a las Sentencias T-733 de 1998 , T028 de 2000, T-258 de 2001, T-787 de 2003, T-1132 de 2004 y T-342 de 2012

(pronunciamiento sobre la calidad de víctima de la tutelante ), que versaron sobre casos de docentes víctimas de desplazamiento forzado Violación directa de la Constitución : alegó que no se le protegieron sus derechos fundamentales como sujeto de especial protección dado elRadicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desplazamiento de que fue víctima y su condición de madre cabeza de familia;

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desplazamiento de que fue víctima y su condición de madre cabeza de familia; y que tampoco primó la dignidad humana.

Defecto sustantivo: manifestó que se configuró ese defecto al interpretarse erróneamente la norma aplicable al caso y por desconocer la orden impartida en la Sentencia T-342 de 2012 consistente en expedir un acto administrativo distinto al emanado inicialmente sobre el abandono del cargo.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 21 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela presentada por la señora Maritza Orobio Cundumí contra el Tribunal Administrativo de Nariño; se ordenó vincular en calidad de terceros al Departamento de Nariño, a Leslies Yurany y Maiker Daniel Cundumí Orobio,

Baudilia Cundumí Cundumí, Luis Alfredo y Francisca Orobio Cundumí y Valentino y Jennifer Andrea Araujo Orobio Cundumí (quienes inicialmente fungieron como demandantes en el medio de control) ; y se dispuso efec tuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado Primero Administrativo de Pasto allegó copia digital del expediente del proceso ordinario. 4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño se opuso al amparo de la tutela y realizó un recuento de las actuaciones surti das dentro del proceso ordinario. Asimismo, señaló que la tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez. Sostuvo, que la decisión se tomó con base en lo probado en el proceso

realizó un recuento de las actuaciones surti das dentro del proceso ordinario. Asimismo, señaló que la tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez. Sostuvo, que la decisión se tomó con base en lo probado en el proceso ordinario y que los demandantes no allegaron material probatorio que indicara las amenazas que alegaban en el escrito de la demanda ni en el recurso de apelación. En esa medida consideró que no era posible anular el acto acusado y ordenar el restablecimiento del derecho a favor de quien ahora tutela , pues en su criterio el Departamento de Nariño acertó al concluir, con base en las pruebas, que la señora Orobio Cundumí no asistió a su lugar de trabajo durante un extenso lapso de tiempo «y no puso en conocimiento de la administración que fueran circunstancias ajenas a su voluntad, como el desplazamiento forzado o las amenazas, sobre las cuales no presentó documentos que las corroboraran, los motivos que la alejaron del lugar». En consecuencia, no era posible acceder a la pretensión de reintegro , pues aun reconociendo su situación de desplazamiento, lo cierto es que «el término de abandono fue prolongado, y sin que de él se hiciera conocer a quien podría reemplazarla en procura de no afectar los derechos de los menores educativamente a su cargo». Concluyó que la decisión del Departamento fue acertada, pues esta respondió al comportamiento displicente de la docente en relación con sus alumnos, menores que tenían derecho a que, si realmente existían las amenazas, se les designara otro docente que se hiciera cargo de su educación. 4.4. Los terceros con interés guardaron silencio en el curso de la tutela.

menores que tenían derecho a que, si realmente existían las amenazas, se les designara otro docente que se hiciera cargo de su educación. 4.4. Los terceros con interés guardaron silencio en el curso de la tutela.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 12 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción de tutela, pues consideró que en elRadicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso no se cumple el requisito de inmediatez , porque encontró que la tutela se presentó luego del lapso de los 6 meses de proferida la decisión controvertida. Precisó que el Tribunal Administrativo de Nariño dictó tal providencia el 31 de julio de 2019 y que esta se notificó por correo electrónico el 2 de agosto de 2019. De manera que los seis mese s del plazo de inmediatez vencieron el 9 de febrero de

2020. En esa medida, como la solicitud de tutela se interpuso el 13 de marzo de 2023, concluyó que el amparo no cumple el requisito de inmediatez y que la tutela es improcedente.

A su vez, d esestimó las razones aducidas por la accionante para justificar la presentación tardía de la tutela, consistentes en su condición de desplazada por la violencia y en el hecho de no contar con recursos económicos suficientes.

Así lo explicó:

presentación tardía de la tutela, consistentes en su condición de desplazada por la violencia y en el hecho de no contar con recursos económicos suficientes.

Así lo explicó: «esas razones no son su ficientes para se entienda satisfecho el requisito de inmediatez , pues su situación de desplazamiento fue discutida en la actuación administrativa y durante el trámite del proceso ordinario; además, como la acción de tutela es de carácter informal y no requiere de un abogado para su presentación, la señora Orobio Cundum í pudo interponerla en nombre propio o acudir al defensor del pueblo o al personero municipal para que la presentaran en su nombre.

Asimismo, manifestó que hasta hace poco pudo acceder a los documentos del proceso disciplinario que se inició en su contra y que fue archivado por encontrarse demostrada una circunstancia de fuerza mayor por su situación de desplazamiento, no obstante, la solicitante no mencionó desde cuándo tiene conocimiento de esos documentos y tampoco señala por qué no pudo acceder a tales con anterioridad, a pes