CE - 110010315000202301518001SENTENCIA20230628224412

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01518-00

Demandante: José Alberto Ruiz Betancur

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01518-00

Demandante: José Alberto Ruiz Betancur

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Responsabilidad estatal por actividades de alto riesgo/ defecto fáctico por indebida valoración probatoria/ no se configura

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor José Alberto Ruiz Betancur, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por la expedición de la sentencia del 17 de febrero de 2022 que modificó la sentencia del 21 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el medio de control de reparación directa promovido en contra de las Empresas Públicas de Medellín.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

en contra de las Empresas Públicas de Medellín.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor José Alberto Ruiz Betancur, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad y no discriminación los2

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cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, expediente: 05001 -23-31-000-200801478-01 (49727) que decidió la segun da instancia en el medio de control de reparación directa que cursó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente: 05001-23-31-000-2008-01478-01

Como consecuencia de lo anterior, solicitó se ordene a quien corresponda, se reconozcan en el fallo de reparación directa promovido contra las Empresas Públicas de Medellín los daños físicos y psicológicos a causa de la descarga eléctrica que recibió en el accidente ocurrido en el año 2006 y que le ocasionó la amputación de sus extremidades inferiores.

Igualmente, que se corrija en el fallo de segunda instancia por concepto de lucro cesante el índice inicial IPC certificado por el DANE correspondiente al mes de marzo

extremidades inferiores.

Igualmente, que se corrija en el fallo de segunda instancia por concepto de lucro cesante el índice inicial IPC certificado por el DANE correspondiente al mes de marzo de 2013, fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, para que, en su lugar, sea reemplazado por el índice inicial IPC de la fecha en la que ocurrieron los hechos, esto es, en el mes de noviembre de 2006.

Además, que por los daños antijur ídicos que padeció junto con los demás miembros de su familia, se reconozca el 100% de las cuantías de la condena sin descuento alguno.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 15 de marzo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, emitió sentencia en la cual no se efectuó el reconocimiento de los daños físicos y psicológicos que le fueron ocasionados a raíz de una descarga eléctrica ocurrida en el mes de noviembre de 2006 que le generó la pérdida de sus dos miembros inferiores y una merma de su capacidad laboral en un 67.60% calificada por la Junta Regional de

Calificación de Invalidez de Antioquia.3

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1. La actuación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que se

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1. La actuación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que se evidencia en la citada sentencia, constituye una «omisión, violación y obstrucción a la justicia» y deja «un sinsabor a una justicia parcializada y descarada» porque la no reparación por la pérdida de sus extremidades inferiores atenta contra los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad y no discriminación.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, el fallo del 17 de febrero de 2022 incurre en indebida valoración probatoria con fundamento en las siguientes razones:

1. Se acreditó en el proceso de reparación directa la grave omisión administrativa en la que incurrió las Empresas Públicas de Medellín al dejar una red eléctrica desnuda, esto es, por cuanto no contaba con el cubrimiento o aislamiento y se hallaba ubicada a 1.70 metros de forma horizont al, respecto de la terraza del tercer piso del inmueble donde ocurrió el accidente.

1. Por cuanto el descuento del 50% del valor de la condena por supuesta culpa de la víctima «premia» las omisiones atribuibles a las Empresas Públicas de Medellín , dado que días antes al accidente el señor Orlando Ruiz Betancur había solicitado el retiro y recubrimiento de las líneas de transmisión de energía domiciliaria.

1. Se omitió valorar que los daños antijurídicos padecidos por las graves lesiones físicas le generaron una invalidez para el resto de su vida, es decir, no sufrió una

1. Se omitió valorar que los daños antijurídicos padecidos por las graves lesiones físicas le generaron una invalidez para el resto de su vida, es decir, no sufrió una incapacidad transitoria o temporal sino permanente y, además, tampoco se examinó que adolece de daños psicológicos que se evidencian en que padece problemas de ansiedad, trastornos de sueño y depresión.

1. En el fallo cuestionado se incurrió en error en la liquidación del lucro cesante por cuanto al calcular el índice inicial se tomó en cuenta el IPC certificado por el DANE correspondiente al mes de marzo de 2013, fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, cuando este debió calcularse con base en el IPC vigente para la fecha en que ocurrió la pérdida de sus extremidades, esto es, el del mes de noviembre de 2006.4

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1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 2 de mayo de 2023 , fue admitida la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A , como demandados por haber conocido del

medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 050001 -23-31000-2008-01478-00 [01] que dio origen al presente trámite constitucional.

Igualmente, se dispuso, notificar como terceros interesados en las resultas del proceso a las Empresas Públicas de Medellín —E.P.M— al haber actuado como demandada dentro del medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 050001-23-31-000-2008-01478-00 [01].

Se ordenó comisionar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A para que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, notifique del presente trámite constitucional a los señores Hernán Jesús Mazo Hincapié y María Elda Agudelo Gómez, así como a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 05001 -23-31-000-2008-01477800 [01], exceptuando al señor José Alberto Ruiz Betancur, así como a las Emp resas Públicas de Medellín —E.P.M—. Se señaló que las personas a notificar serían vinculadas como terceros interesados en las resultas de este proceso.

Se requirió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, para que enviara, con destino a este proce so, copia digital del expediente del medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 050001 -23-31-000-2008-01478-00 [01], en el que actuaron, en calidad de demandantes, los señores José Alberto Ru iz Betancur y otros, y como demandada las Empresas Públicas de Medellín —E.P.M—.

[01], en el que actuaron, en calidad de demandantes, los señores José Alberto Ru iz Betancur y otros, y como demandada las Empresas Públicas de Medellín —E.P.M—.

Finalmente, se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa, si a bien lo tienen, y rindieran el respectivo informe dentro de los tres (3) días siguientes a la not ificación del citado auto admisorio.5

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1.2.2. Mediante auto del 22 de junio de 2023, los consejeros de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel Valbuena Hernández resolvieron declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez teniendo en cuenta su amistad cercana con la magistrada María Adriana Marín quien funge como integrante de la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación y en condición de ponente profirió la providencia objeto de estudio.

1.3. Intervenciones

1.3.1. De las Empresas Públicas de Medellín —E.P.M—.

A través de apoderado, las Empresas Públicas de Medellín —E.P.M— en el escrito de intervención, solicitó desvincular o en su defecto abstenerse de emitir fallo condenatorio en contra de esa entidad, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante con fundamento en las siguientes razones:

intervención, solicitó desvincular o en su defecto abstenerse de emitir fallo condenatorio en contra de esa entidad, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante con fundamento en las siguientes razones:

1. En el caso concreto se observa que el señor José Alberto Ruiz Betancur usa la acción de tutela como un medio para expresar su desacuerdo con la concurrencia de culpas mencionada tanto por la primera como por la segunda instancia, aspecto que incidió con carácter fundamental en el monto de la indemnización concedida, ya que su actuación tuvo relevancia en la causación del daño y, por tanto, era razonable considerar la reducción de la condena.

1. No puede el actor alegar que careció de medios de defensa cuando empleó todos los mecanismos judiciales ordinarios puestos a su disposición y, por ese motivo se desprende que el accionante acude a la acción de tutela como si fuera una instancia adicional y pretende reabrir un debate que se dio en el curso del proceso.

1. En el sub-lite, no se acreditan los presupuestos para la acción de tutela y tampoco, se aport aron al expediente la s pruebas del presunto perjuicio irremediable que haga procedente su examen como mecanismo transitorio, toda vez que el procedimiento que se surtió en el proceso de reparación directa fue acorde con las estipulaciones legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre la materia.6

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1.3.2. De la magistrada María Adriana Marín

La magistrada María Adriana Marín, consejera ponente de la sentencia cuestionada en el escrito de intervención expresó los siguientes argumentos que sustentan la

decisión:

1. La solicitud de amparo carece de relevancia constitucional por su insuficiente carga argumentativa, puesto que el actor se limitó a enunciar que con la sentencia del 17 de febrero de 2013 se vulneraron sus derechos fundamentales «a la dignidad humana, igualdad, la vida y no discriminación » por el hecho de que en dicha providencia se accedió de manera parcial a las pretensiones.

1. De manera general y abstracta se explicó en el escrito de tutela que resultaba contradictorio e injusto que en el proceso de reparación directa se declarara la responsabilidad de —E.P.M— por las lesiones causadas al señor José Alberto Ruiz Betancur pero, a la par, se redujera la condena en un 50%, se negara el pago de los «daños físicos y psicológicos» y frente a la actualización del lucro cesante simplemente se haya dicho que el IPC que se debía tener en cuenta era el de la fecha de los hechos y no el de la sentencia de primera instancia.

1. La parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar las providencias judiciales, toda vez que no argumentó la configuración de un defecto específico, y si se llegare a considerar que se reúnen los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, esta no puede convertirse en una instancia

para cuestionar las providencias judiciales, toda vez que no argumentó la configuración de un defecto específico, y si se llegare a considerar que se reúnen los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, esta no puede convertirse en una instancia adicional al proceso ordinario, pues los principios de seguridad jurídica y coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la r evisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales.

1. En relación con el primer punto de inconformidad, esto es, la reducción de la condena en un 50%, se analizó que la conducta de la víctima incidió causalmente en la producción del daño, aspec to que se explicó de manera amplia y suficiente y que permitió concluir el proceder imprudente y descuidado del accionante al manipular, sin los implementos de seguridad y protección necesarios , unas láminas de material altamente conductor de energía —zinc— de más de dos metros de envergadura.7

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1. Respecto del segundo punto, esto es, el no reconocimiento de los «daños físicos y psicológicos », basta señalar, que en la sentencia tutelada sí se otorgó esa indemnización, pero bajo una denominación distinta, vale decir, la «alteración de las condiciones de existencia» que, según la jurisprudencia actual de la Sección Tercera, se denomina daño a la salud y, para ello, tuvo en cuenta la disminución de la capacidad

indemnización, pero bajo una denominación distinta, vale decir, la «alteración de las condiciones de existencia» que, según la jurisprudencia actual de la Sección Tercera, se denomina daño a la salud y, para ello, tuvo en cuenta la disminución de la capacidad laboral dictaminada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

1. Y en lo atinente a la actualización del lucro cesante, lo que se trajo a valor presente en la sentencia cuestionada fue el monto reconocido en primera instancia, y por ello, el IPC que debía utilizarse, como se hizo, es el de la fecha de la providencia inicial, según las reglas y fórmulas establecidas por la Sección Tercera.

1.3.3. De los terceros interesados

Los terceros interesados, León Daniel Ruiz Correa, José Eduardo Ruiz Correa, Oscar Alberto Ruiz Correa, Aura Rosa Correa Marín, Orlando de Jesús Ru iz Betancur, Luis Carlos Ruiz Betancur, Humberto de Jesús Ruiz Betancur, Pascual Hernán Ruiz Betancur y María Eumelia Ruiz Betancur presentaron escrito en el cual expresan que se oponen al no reconocimiento de los daños «daños físicos y psicológicos»

Concretamente el señor José Eduardo Ruiz Correa manifestó los siguientes aspectos:

1. No se encuentra de acuerdo con el fallo emitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado por cuanto no reconoció a favor de su padre los daños físicos y psicológicos a causa del accidente ocurrido en el año 2006 cuya causa fue el descuido de las —E.P.M— al dejar a la suerte unas cuerdas primarias sin recubrimiento, toda vez que la pérdida de capacidad laboral fue muy superior a la tenida en cuenta en el

de las —E.P.M— al dejar a la suerte unas cuerdas primarias sin recubrimiento, toda vez que la pérdida de capacidad laboral fue muy superior a la tenida en cuenta en el fallo y, además, tampoco se observó que como no contaba con seguridad social no goza del cubrimiento de una pensión.

1. La familia completó 17 años esperando que se haga justicia y se reconozca la totalidad de los daños por concepto de los perjuicios morales , sin ningún tipo de descuento, toda vez que para la fecha en que ocurrieron los sucesos los hijos de la8

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víctima eran menores de edad, sujetos de especial protección y tuvieron que padecer la inclemencia de la enfermedad de su padre vendiendo confites y rec iclando basura, razón por la cual exigen justicia frente a la actuación «ciega» e «indolente» del Consejo de Estado.

Y el señor León Daniel Ruiz Correa, manifestó lo siguiente:

1. Está en desacuerdo con el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al no reconocer a favor de su padre los daños físicos y psicológicos como consecuencia de las descargas eléctricas que padeció en su cuerpo, que se generaron por la irresponsabili dad de —E.P.M— al no disminuir los riesgos que podía n presentarse, lo cual originó los daños que inciden en afectación de los derechos fundamentales, los que incluso, estima, deben ser objeto de revisión por parte de la

por la irresponsabili dad de —E.P.M— al no disminuir los riesgos que podía n presentarse, lo cual originó los daños que inciden en afectación de los derechos fundamentales, los que incluso, estima, deben ser objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

1. Respecto del salvamento de voto del magistrado José Roberto Sáchica Méndez por cuanto considera que el daño podía evitarse de haberse atendido las reglas urbanísticas vigentes en el momento de la construcción de un piso superior, aduce que este escrito desconoce de facto las pruebas que se allegaron donde reposan los permisos de construcción lo cual desvirtúa su argumento.

1. Se debe hacer valer el contenido de la Constitución y la ley junto con el imperio de la justicia en el reconocimiento de los daños físicos y psicológicos , sin descuento alguno respecto de los hijos de la víctima directa , por cuanto para la fecha de los hechos eran menores de edad y sujetos de especial protección, aunado a que la parte actora sufrió la tardía justicia, incluso ya yacen en sus tumbas dos de los accionantes.

2. Consideraciones

2.1 Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.9

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Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de l a presente acción de tutela, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación de fecha 17 de febrero de 2022.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 17 de febrero de 202 2 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en el medio de control reparación directa radicado 05001233100020080147801 (4972 7) En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad y no discriminación y si configura alguna causal de procedibilidad que viabilice el examen de la vía de amparo.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Po lítica como un

de la vía de amparo.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Po lítica como un mecanismo a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que es tos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12 y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de tra sgredir la10

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autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad, de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión

de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre cau sales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los

procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos transgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer

2 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.11

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un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto

providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012 4, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20145 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la sentencia expedida por la Sección Tercera, Subsección A en el medio de control de reparación directa

2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que la acción se dirige contra la providencia proferida por e l Consejo de Estado, Sección Tercera ,

4 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).12

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Subsección A que resolvió el recurso de apelación propuesto contra la decisión adoptada en providencia del 21 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia; de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa.

Respecto a lo alegado en el escrito de tutela no proceden otros medios ordinarios de

Administrativo de Antioquia; de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa.

Respecto a lo alegado en el escrito de tutela no proceden otros medios ordinarios de defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.4.2. Se presentó con inmediatez , porque la sentencia cuestionada data del 17 de febrero de 20226 y la acción de tutela se instauró el 24 de marzo de 2023, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.4.3. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.4. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela , en tanto que la sentencia censurada fue proferida en segunda instancia en un proceso en el medio de control de reparación directa.

2.4.5. El asunto tiene relevancia constitucional , en atención a la invocada protección de los derechos fundamentales al a la vida, dignidad humana, igualdad y no discriminación permiten considerar que se cumple con este presupuesto.

6 Al revisar la actuación que cursa en el Consejo de Estado, Sección Tercera, se evidencia que la secretaría de esa Sección advierte que la fecha correcta de la sentencia es 17 de febrero de 2023, según el siguiente registro:

REF: EXPEDIENTE N° 05001233100020080147801 (49727)

Al Despacho de la magistrada MARÍA ADRIANA MARÍN hoy