CE - 110010315000202301682011SENTENCIA20230630134946

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01682-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: LORENA MERCEDES MONTENEGRO PORTILLA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SOBREVINIENTE. LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA – TERCERO – LOGRÓ QUE LAS

PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA SE SATISFAGAN, PUES DEJÓ SIN EFECTO EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO, POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZÓ A LA ACTORA PARA CONTINUAR EN

LA CONVOCATORIA 27. ADEMÁS, EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE

TUTELA EMITIDO POR ESE TERCERO, LA UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN CJR23 -0213 DE 8 DE

JUNIO DE 2023, ADMITIÓ A TODOS LOS ASPIRANTES, INCLUYENDO

A LA ACCIONANTE, QUE FUERON RECHAZADOS POR LA CAUSAL 3.5

REFERENTE A LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUSENCIA DE

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTINUAR EN EL

CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTINUAR EN EL

CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO

PROCESO, AL TRABAJO Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 5 de mayo de 2023, proferida por la SECCIÓN2

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TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LORENA MERCEDES MONTENEGRO PORTILLA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos , los cuales, a su juicio, le fu eron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL2 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 3 al

juicio, le fu eron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL2 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 3 al expedir la Resolución núm. CJR 23 -0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

1 En adelante la SECCIÓN TERCERA. 2 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL. 3 En adelante la UNIVERSIDAD.3

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I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ ADMINISTRATIVO dentro de la Convocatoria núm. 27, adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Precisó que, aprobado el examen de conocimientos y aptitudes, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la cual fue rechazada del concurso por la causal 3.5 del referido acuerdo, esto es, “[…] No

UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la cual fue rechazada del concurso por la causal 3.5 del referido acuerdo, esto es, “[…] No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades […]”.

Relató que por lo anterior, ese mismo día, esto es, el 8 de febrero de la presente anualidad, presentó petición a través de correo electrónico ante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL con el fin de que se le expidiera constancia de los documentos subidos al sistema al momento de su inscr ipción, solicitud que reiteró el 16 de febrero de 2023.

Indicó que la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL dando respuesta a4

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lo anterior, mediante correo electrónico de 17 de febrero de 2023, remitió un pantallazo del listado de los documentos aportados al momento de la inscripción.

Expuso que sin tener la posibilidad de verificar cada uno de los anexos presentados, solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la verificación de los documentos que aportó con la inscripción, no obstante, dicha autoridad confirmó la decisión inicial por cuanto no se había aportado la declaración en formato PDF al momento de la inscripción.

la verificación de los documentos que aportó con la inscripción, no obstante, dicha autoridad confirmó la decisión inicial por cuanto no se había aportado la declaración en formato PDF al momento de la inscripción.

Mencionó que al realizar la inscripción anexó la declaración juramentada por medio de la cual consignó : “[…] cumplo y acredito los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que soportan mi inscripción […]”.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, si bien podría entenderse que no cumplió con uno de los requisitos en la Convocatoria 27, como lo es el dispuesto en el numeral 3.5., si cumplió con el previsto en el numeral 3.8 pues5

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declaró bajo la gravedad de juramento que al mom ento de la inscripción cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, por lo que interpreta r de forma restrictiva tal situación, vulneraría sus derechos fundamentales invocados.

En efecto, destacó que pese a que está probado que anexó declaración juramentada en la que expresó que cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, de conformidad con el artículo 127 de la Ley 270 de 1996, fue excluida del concurso de

declaración juramentada en la que expresó que cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, de conformidad con el artículo 127 de la Ley 270 de 1996, fue excluida del concurso de méritos por no anexar la declaración de que trata el numeral 3.5., lo que resulta un exceso ritual manifiesto que la pone en total indefensión.

Comentó que fue rechazada del concurso de méritos aun cuando superó el examen de conocimientos y cumplió con los requisitos dispuestos en la convocatoria, bajo una interpretación formalista que no admite contrarios y cercena el derecho sustancial que le asiste de continuar participando, comoquiera que la declaración juramentada que presentó lleva inmersa la declaración de no estar incursa en causales de inhabilidades e incompatibilidades.

Agregó que la plataforma de Kactus al momento de crear el usuario6

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exige que se declare bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incursa en ninguna causal legal o constitucional para el nombramiento o inhabilidad para el ejercicio del cargo, p or lo que conforme lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, se le debe dar valor jurídico a ello y tener en cuenta lo allí consignado para efectos de dar por cumplido el requisito dispuesto en el numeral 3.5.

de información en forma de mensaje de datos, se le debe dar valor jurídico a ello y tener en cuenta lo allí consignado para efectos de dar por cumplido el requisito dispuesto en el numeral 3.5.

Resaltó que debe tenerse en cuenta que se encuentra vinculada a la Rama Judicial como empleada desde el 2008, lo que deja en evidencia que no está incursa en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para el cargo que concursó.

Finalmente, puso de presente que resulta vulnerador del derecho a la igualdad que las accionadas permitie ran dar como válido uno de los requisitos con la firma que se hizo en el cuadernillo de las pruebas escritas, para no excluir a nadie por la causal 3.8 . y luego procedan a inadmitirlo por la causal 3.5. que se encuentra contenida en el mismo juramento o requisitos mínimos fijados en el acuerdo de la convocatoria.

I.4.- Pretensiones7

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La actora solicitó la protección de su s derechos fundamentales invocados y, en consecuencia: “[…] se ordene a las autoridades accionadas en los términos de sus competencias, que procedan a admitirme dentro del proceso de selección de funcionarios judiciales, convocatoria 27 y permitirme continuar participando en el cronograma establecido para el concurso […]”.

I.5.- Defensa

sus competencias, que procedan a admitirme dentro del proceso de selección de funcionarios judiciales, convocatoria 27 y permitirme continuar participando en el cronograma establecido para el concurso […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Apuntó que teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde reglamentar la carrera judic ial, expidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que alude la actora.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes manifestaban que se encontraban conformes con las normas establecidas en el acuerdo de la Convocatoria, sin que hasta el8

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momento curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido.

Añadió que, en efecto, los numerales 1.1 y 2.4 del artículo 3 del acuerdo aludido, establecen como requisito de la inscripción que los concursantes debían anexar un documento escaneado y cargado en formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos

acuerdo aludido, establecen como requisito de la inscripción que los concursantes debían anexar un documento escaneado y cargado en formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna, por lo que no hacerlo era causal de rechazo conforme con el numeral 3.5 de la misma norma.

Resaltó que revisados los documentos cargados en la base del sistema Kactus, verificó que la accionante no aportó el documento en formato PDF; además en cuanto al requisito establecido en el numeral 3.8, sostuvo que difería del dispuesto en el numeral 3.5. por lo que no era válida su comparación.

Respecto del argumento relacionado con la manifestación de cumplimiento de requisitos para otras convocatorias, destacó que los concursos de méritos adelantados por la Rama Judicial son administrados de manera independiente y autónoma de conformidad con el acto de convocatoria definido para cada concurso, por lo q ue9

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no es posible aplicar para la presente convocatoria criterios de valoración y puntuación establecidos en otras.

Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la

valoración y puntuación establecidos en otras.

Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad para abordar el estudio del fondo del asunto.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que precisamente a través de las resoluciones que la actora cuestiona, dio una respuesta clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados en su recurso de reposición.

Arguyó que, en todo caso, “[…] la acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, en especial, por inconformidades particulares que no devienen de una vulneración directa a los derechos fundamentales del accionante […]”.

Agregó que la acción de tutela tampoco es el mecanismo idóneo para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios10

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dispuestos para dicho fin, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

Destacó que, en su sentir, la actora no acreditó la existencia de un

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dispuestos para dicho fin, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

Destacó que, en su sentir, la actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni tampoco de algún elemento que acredite algún indico frente a la vulneración de los derechos de la actora, máxime cuando “[…] la presente acción carece de objeto por cuanto lo pretendido por él fue resuelto de fondo mediante los Actos Administrativos antes mencionados […]”.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La señora JESSICA TATIANA GÓMEZ MACIAS, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y que intervenía con el fin de solicitar que se acceda al amparo deprecado.

Comentó que las accionadas incurrieron en un exceso ritual manifiesto frente a un requisito que sí se cumplió al momento de generarse el registro en el sistema Kactus, por lo que así se declaró11

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a su ingreso, adicionalmente, en el perfil de hoja de vida se debió declarar nuevamente bajo gravedad de juramento que se cumplía y

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a su ingreso, adicionalmente, en el perfil de hoja de vida se debió declarar nuevamente bajo gravedad de juramento que se cumplía y acreditaba los requisitos mínimos para el cargo seleccionado y que eran veraces y fidedignos los documentos que soportaban la inscripción.

Refirió que se indujo en error y se de sconoció el principio de confianza legítima y buena fe, pues pese a señalarse en los diferentes actos administrativos que la información de la web se emplearía para recopilar la información, jamás se indicó que la declaración juramentada dispuesta en Kactu s y que se debía aceptar, no se tendría en cuenta, pese a ser un equivalente electrónico con la misma validez jurídica que un documento físico escaneado.

Por lo anterior, solicitó acceder al amparo, toda vez que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo no resulta eficaz debido a la congestión judicial.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 5 de mayo de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se12

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cumplió con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la peticionaria podía debatir la petición formulada ante la jurisdicción

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cumplió con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la peticionaria podía debatir la petición formulada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo idóneo en el cual pudo solicitar el decreto de medidas cautelares.

Agregó que de los hechos planteados no es posible inferir la configuración de un perjuicio irremediable, en relación con ninguno de los intereses y derechos fundamentales cuya protección solicita.

Finalmente, destacó que no es cierta ni inminente la afectación del derecho a acceso a cargos públicos alegado, en la medida en que la participante al inscribirse en la convocatoria solo contaba con una mera expectativa de salir escogida, la cual, como se advierte, no se materializó por no acreditar los requisitos exigidos; además, tampoco se advierte que se haya puesto en riesgo su derecho al debido proceso, pues las peticiones por ella elevadas fueron resueltas por las autoridades competentes, quienes, incluso, se pronunciaron frente a todos los aspectos expuestos.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN13

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La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, en los siguientes términos:

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La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, en los siguientes términos:

Alegó que reitera en su integridad los argumentos expuestos en el escrito de tutela, especialmente el hecho, según el cual, el medio de control de nulidad y restablecimien to del derecho no resulta ser idóneo para el asunto, teniendo en cuenta que la demora en su resolución podría generar un perjuicio irremediable, sumado a que el debate propuesto está revestido de relevancia constitucional.

Adujo que e n sentencia SU -067 de 2022, la Corte Constitucional dispuso estudiar de fondo el asunto respecto a la realización de las pruebas en la Convocatoria núm. 27, para lo cual reiteró la procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos.

Resaltó que es madre soltera de una menor de edad de 4 años, sin familia en Bogotá, por lo que toda la carga la debe soportar sola, sumado al hecho de que trabaja y estudia, por lo que, a su juicio, el a quo le impuso una carga desproporcionada que no consulta la vigencia de sus derechos fundamentales, máxime cuando cumplió con los requisitos para ser admitida dentro de la Convocatoria 27.14

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Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».16

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afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora

JESSICA TATIANA GÓMEZ MACIAS.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, en el cual se establece que las personas que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992 6, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 6 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.17

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6 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.17

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intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

A propósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo alguna s precisiones en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el

similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutel a[32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas[34].18

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77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien

análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este títu lo lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte , pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límit es, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posi bilidad de modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por

planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevar on peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hech as por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].19

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79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de

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79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan part e en ésta » [énfasis fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de

reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio cuando el principio de igualdad así lo exig