CE - 110010315000202302054001SENTENCIA20230810111015

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

Accionante: Nohemy del Socorro Rueda Cardona y otro

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

Accionantes: NOHEMY DEL SOCORRO RUEDA CARDONA Y OTRO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B Y OTRO

Tesis: No i ncurre en violación de derechos fundamentales la sentencia que declara probada la caducidad del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo en el que se reclaman daños infligidos por delitos de lesa humanidad, si se fundamenta en el precedente de unificación y en un análisis suficiente sobre las circunstancias que pudieron impedir el ejercicio oportuno del derecho de acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nohemy del Socorro Rueda Cardona y otro contra el Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección B y el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de

Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Rueda Cardona y otro contra el Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección B y el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de

Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señor es Nohemy del Socorro Rueda Cardona y Éver Darío Acevedo Rueda solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión, que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, yRadicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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del fallo del 26 de enero de 2023, proferido por el Consejo de EstadoSección Tercera - Subsección B, que confirmó la anterior decisión1.

1.2. Los aquí demandantes2 presentaron el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización del daño ocasionado por el asesinato de los señores Gabriel Horacio Acevedo Jaramillo y Luz Daned Sepúlveda

Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización del daño ocasionado por el asesinato de los señores Gabriel Horacio Acevedo Jaramillo y Luz Daned Sepúlveda Campo, perpetrado por integrantes de l Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia el 12 de agosto de 1996 en el municipio de Uramita (Antioquia), y por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas por parte de ese grupo armado al margen de la ley.

Estos hechos, según manifestaron, fueron objeto de confesión por parte del comandante de esa organización paramilitar, Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memin”, ante la Fiscalía 29 Local de la Unidad de Descongestión de la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, el 23 de septiembre de 2014.

Dijeron que, mediante sentencia del 9 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión , declaró la caducidad del medio de control , con fundamento en el literal h ) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 , Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, mediante fallo del 26 de enero de 2023.

1.3. Los demandantes alegaron que las anteriores decisiones no tuvieron en cuenta que en muchas sentencias basadas en el Derecho Internacional

1 Proceso que se identificó con el radicado 05001-23-33-000-2016-00536-02.

1.3. Los demandantes alegaron que las anteriores decisiones no tuvieron en cuenta que en muchas sentencias basadas en el Derecho Internacional

1 Proceso que se identificó con el radicado 05001-23-33-000-2016-00536-02. 2 De acuerdo con lo informado por el tribunal, además de los señores Nohemy del Socorro Rueda Cardona y Éver Darío Acevedo Rueda, el medio de control fue presentado por Carlos Mario Acevedo Rueda, Mateo Acevedo Sepúlveda, Marcela Arias Sánchez, Violeta Acev edo Arias, Susana Acevedo Arias, Omer Alberto Acevedo Jaramillo, Ramón Alfredo Sepúlveda Usuga, Dalila de Jesús campo Sánchez, Alberto León Sepúlveda Campo, Edilma del Socorro Sepúlveda Campo, Aracely del Socorro Sepúlveda Campo, Blanca Nelly Sepúlveda Campo, Marta Liria Sepúlveda Campo, Diego Sepúlveda Campo, Mónica María Sepúlveda Campo, Alexander Sepúlveda Campo y Mauricio Sepúlveda Campo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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Humanitario (DIH) se ha manifestado que en los casos en los que se reclama la responsabilidad por hechos relacion ados con delitos de lesa humanidad, no opera la caducidad de la acción. En este punto citaron dos pronunciamientos del Consejo de Estado, aunque no los identificaron.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

humanidad, no opera la caducidad de la acción. En este punto citaron dos pronunciamientos del Consejo de Estado, aunque no los identificaron.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección B, ponente del fallo del 26 de enero de 2023, sostuvo que la tutela carece de relevancia constitucional porque los demandantes simplemente pretenden, caprichosamente, acceder a una tercera instancia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, esto es, reabrir el debate procesal ya concluido.

Alegó que, en todo caso, el fallo atacado hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, y aplicó las sentencias de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020 (expediente 61.033) y del 13 de agosto de 2020 (SU-312), proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera, que concluyeron que, aun tratándose de delitos de lesa humanidad, opera el fenómeno de la caducidad de la acción, de conformidad con las reglas procesales establecidas en el CPACA.

2.2. El escribiente del Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión informó quiénes integraron las partes demandante y demandada en el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

2.3. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa alegó que esta acción de tutela es improcedente porque controvierte una providencia que se soporta en el fallo de unificación del 29 de enero de 20203, que constituye precedente vinculante.

de Defensa alegó que esta acción de tutela es improcedente porque controvierte una providencia que se soporta en el fallo de unificación del 29 de enero de 20203, que constituye precedente vinculante.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)A.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El 29 de febrero de 20164, los señores Nohemy del Socorro Rueda Cardona, Éver Darío Acevedo Rueda, Carlos Mario Acevedo Rueda, Mateo Acevedo Sepúlveda, Marcela Arias Sánchez, Violeta Acevedo Arias,

Cardona, Éver Darío Acevedo Rueda, Carlos Mario Acevedo Rueda, Mateo Acevedo Sepúlveda, Marcela Arias Sánchez, Violeta Acevedo Arias, Susana Acevedo Arias, Omer Alberto Acevedo Jaramillo, Ramón Alfredo Sepúlveda Usuga, Dalila de Jesús Campo Sánchez, Alberto León Sepúlveda Campo, Edilma del Socorro Sepúlveda Campo, Aracely del Socorro Sepúlveda Campo, Blanca Nelly Sepúlveda Campo, Marta Liria Sepúlveda Campo, Diego Sepúlveda Campo, Mónica María Sepúlveda Campo, Alexander Sepúlveda Campo y Mauricio Sepúlveda Campo presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional , con el fin de obtener la indemnización del d año ocasionado por el asesinato de Gabriel Horacio Acevedo Jaramillo y Luz Daned Sepúlveda Campo, perpetrado el 12 de agosto de 1996 por integrantes de un grupo paramilitar en el m unicipio de Uramita, y por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

3.2.2. M ediante sentencia del 9 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión declaró la caducidad del medio de control, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, mediante fallo del 26 de enero de 2023.

4 De acuerdo con lo manifestado en la providencia controvertida.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, mediante fallo del 26 de enero de 2023.

4 De acuerdo con lo manifestado en la providencia controvertida.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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3.2.3. Los señores Nohemy del Socorro Rueda Cardona y Éver Darío Acevedo Rueda interpusieron esta acción de tutela contra el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, y el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las anteriores providencias.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela formulada por la parte actora contra la sentencia

En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela formulada por la parte actora contra la sentencia del 26 de enero de 2023 dictada por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B , que confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión el 9 de noviembre de 2020 , que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo , instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, el cual se identificó con el radicado 05001-23-33-000-2016-00536-02.

3.3.1.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad

En primer lugar, es importante recordar que en el proceso que dio origen a la tutela la parte actora reclamó la responsabilidad del Estado derivadaRadicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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de la muerte de los señores Gabriel Horacio Acevedo Jaramillo y Luz Daned Sepúlveda Campo, que tuvo lugar a manos de un grupo paramilitar con la supuesta aquiescencia de l Estado, y del desplaza miento forzado que los mismos actores tuvieron que padecer como consecuencia de esos

Daned Sepúlveda Campo, que tuvo lugar a manos de un grupo paramilitar con la supuesta aquiescencia de l Estado, y del desplaza miento forzado que los mismos actores tuvieron que padecer como consecuencia de esos hechos; es decir, como consecuencia de delitos de lesa humanidad, pese a lo cual la autoridad judicial accionada declaró probada la caducidad del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, con fundamento en el precedente fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de enero 29 de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia5, así:

“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la

representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano”. (Subrayas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad y sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración de las garantías constitucionales representadas en los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana.

5 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 32022.

Igualmente véase: sentencia de diciembre 3 de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de mayo 13 de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de diciembre 16 de 2010, expediente 33039.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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Así, es claro para la Sala que, en los eventos en los que se alegue la posible violación de derechos fundamentales derivada de providencias

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Así, es claro para la Sala que, en los eventos en los que se alegue la posible violación de derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que decidieron procesos sobre hechos eventualmente constitutivos de delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente caso con la muerte de los señores Gabriel Ho racio Acevedo Jaramillo y Luz Daned Sepúlveda Campo , quienes, según se alega, fallecieron a manos de miembros de un grupo paramilitar , tales hechos merecen un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales, pues es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido nuestro país, en el que han resultado afectados civiles en estado de indefensión.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el presente caso, aparece cumplido el requisito de la relevancia constitucional, en tanto que lo que se debate es la posible responsabilidad del Estado como consecuencia de la ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos de lesa humanidad, evento que, sin duda, podría comprometer derechos fundamentales, por lo cual la controversia planteada no se reduce a una discusión de mera legalidad, ni tampoco podría afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia adicional a las del proceso ordinario que le dio origen.

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la parte actora alegó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en que habría incurrido la providencia que declaró probada la caducidad de la acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo, decisión que, sin duda

la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en que habría incurrido la providencia que declaró probada la caducidad de la acción de reparación de los perjuicios causados a un grupo, decisión que, sin duda alguna, tendría la virtualidad de afectar el derecho de acceso a la administración de justicia, garantía que hace parte del núcleo esencial del derecho invocado por los actores6, puesto que la decisión adoptada impide

6 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso está integrado por las siguientes garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providen cias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de jus ticia. Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2018 (M. P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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de manera absoluta la emisión de una sentencia de fondo que resuelva el caso planteado.

Por último, es importante señalar que , como se expondrá más adelante, en este caso estamos ante la posible vulneración del derecho a una vida digna, que es precisamente el que deriva de la eventual conducta de la autoridad cuando, dentro del contexto del conflicto armado, se le atribuye una conducta constitutiva de delito de lesa humanidad que afecta todo el entorno familiar, y tal atribución no es rec onocida en la providencia que se ataca.

Así, y como se explicó supra, estos hechos merecen la especial atención del juez constitucional, lo que habilita a la Sala para proceder con el estudio de los demás requisitos genéricos de procedibilidad.

3.3.1.1.2. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales

Previa verificación de las piezas documentales que componen el presente asunto constitucional, el despacho encuentra cumplidos los demás requisitos generales de procedibilidad7, por las siguientes razones:

1. En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que los accionantes agotaron el recurso de apelación contra la sentencia que declaró probada la caducidad del med io de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

Además, si bien podría advertirse que, por tratarse de una sentencia que

los accionantes agotaron el recurso de apelación contra la sentencia que declaró probada la caducidad del med io de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

Además, si bien podría advertirse que, por tratarse de una sentencia que no se pronuncia de fondo, sería procedente invocar la falta de subsidiariedad por la procedencia del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de tal recurso , con la consiguiente improcedencia de la tutela, cuando el

7 Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-152009-01328-01, a partir de la cual se aceptó por este tribunal la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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derecho presuntamente vulnerado es únicamente el del debido proces o, pero no cuando el asunto involucra otros derechos fundamentales sustanciales, como lo son el de la vida digna y el de la reparación integral en cabeza de personas afectadas por el conflicto armado, que, en tal

pero no cuando el asunto involucra otros derechos fundamentales sustanciales, como lo son el de la vida digna y el de la reparación integral en cabeza de personas afectadas por el conflicto armado, que, en tal condición, se encuentran en evidente estado de vulnerabilidad.

1. En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez, pues, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo SAMAI, la sentencia de la acción de grupo en segunda instancia se notificó 15 de marzo de 20238 y la acción de tutela de la referencia se presentó el 25 de abril del mismo año9, es decir, antes de cumplirse los seis (6) meses que ha definido la jurisprudencia para controvertir providencias judiciales en sede constitucional.

1. Por otra parte, se advierte que en el asunto de la referencia no se discute una irregularidad procesal, y los accionantes identificaron de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados.

1. Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en desarrollo de una acción de tutela , sino dentro del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo tramitado bajo el radicado número 0500123-33-000-2016-00536-02.

Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por lo que, en consecuencia, la Sala se encuentra habilitada para realizar el estudio del fondo del asunto.

3.3.2. El fondo del asunto

En este punto, la Sala precisa que, si bien la acción de tutela se dirige contra la sentencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal

8 Visible en el enlace:

3.3.2. El fondo del asunto

En este punto, la Sala precisa que, si bien la acción de tutela se dirige contra la sentencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal

8 Visible en el enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201600536021 100103 9 Visible en el enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202302054001 100103Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión, y contra el fallo del 26 de enero de 2023, proferido por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, la Sala se referirá principalmente a esta última, teniendo en cuenta que fue la que decidió de manera definitiva la controversia propuesta en ese trámite.

3.3.2.1. Del control oficioso de convencionalidad en los casos en los que se alegan delitos de lesa humanidad

3.3.2.1.1. La Sala considera indispensable analizar cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el juez al momento de adoptar decisiones en procesos en los que se debate la responsabilidad del Estado por hechos relacionados con la posible ocurrencia de delitos d e lesa humanidad, lo que, según ha planteado la jurisprudencia, se proyecta desde el inicio del

procesos en los que se debate la responsabilidad del Estado por hechos relacionados con la posible ocurrencia de delitos d e lesa humanidad, lo que, según ha planteado la jurisprudencia, se proyecta desde el inicio del proceso judicial, incluyendo la posibilidad de inaplicar, o al menos de hacer consideraciones particulares frente a las reglas generales sobre caducidad de la acción, en atención a la especial gravedad de esos hechos y a las consecuencias que ellos dejan en las víctimas y sus familias, incluyendo la existencia de dificultades adicionales a las usuales para poder accionar de manera oportuna.

De conformidad con l o planteado de manera coincidente por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado en Colombia, deberá procederse así:

En primer lugar, y de manera general, es claro para la Sala que los jueces cuentan con una amplia discrecionalidad para analizar los hechos puestos en su conocimiento, así como para asignar valor a cada prueba obrante en cada expediente en aplicación del principio d e la autonomía e independencia judicial 10, incluyendo en ello las circunstancias que hubieren determinado la oportunidad en el ejercicio de la acción, lo cual no implica que cuenten con una discrecionalidad absoluta, dado que, en

10 Corte Constitucional sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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casos extremos, el ejercici o de dichas potestades puede llegar a desbordar los límites que impone el ordenamiento constitucional.

En esta línea, al momento de estudiar los eventos posiblemente constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional hu manitario, los jueces deben analizar si, dentro de la sentencia acusada, se realiza una interpretación sistemática de la normatividad interna en conjunto con las disposiciones internacionales aplicables al caso concreto, y en especial en los cuales exista la posible comisión de delitos de lesa humanidad que, por su excepcional relevancia jurídica, deben ser estudiados de conformidad con los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese orden de ideas, el juez que decida este tipo de controversias debe realizar el control oficioso de convencionalidad cuando advierta la posible existencia de delitos de lesa humanidad contra el derecho internacional humanitario, y la responsabilidad que le asiste a los jueces de garantizar el cumplimiento de los postulados internacionales con el fin de proteger los derechos fundamentales de las posibles víctimas del conflicto armado.

Al respecto, es pertinente recordar que la Sala Plena de esta corporación, en la sentencia del 29 de junio de 2021 11, señaló que e l control de convencionalidad12 introducido en nuestro ordenamiento por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)13, implica que los

en la sentencia del 29 de junio de 2021 11, señaló que e l control de convencionalidad12 introducido en nuestro ordenamiento por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)13, implica que los jueces colombianos deben realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la CIDH, lo cual se fundamenta en los principios del efecto útil de la CADH y del principio pacta sunt servanda14.

11 Consejo de Estado, sentencia de 29 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01175-01. Ref: Control automático de legalidad de fallo con responsabilidad fiscal (C. P. William Hernández Gómez) 12 Sobre la postura vigente de la Corte Constitucional acerca del control de convencionalidad se pueden estudiar las sentencias C-792 de 2014, C-327 de 2016 y C-659 de 2016, entre otras. 13 Aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972. 14 Valga destacar que en la disposición citada, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación explicó que el control difuso “es el que deben hacer todos los jueces y autoridades cobijadas por la CADH, cuando inaplican en casos concretos normas nacionales por ser contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 02054 00

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De lo anterior, se puede advertir que l