CE - 110010315000202302110011SENTENCIAFALLO20231012150101

Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

Demandantes: CLAUDIA CAROLINA ARAUJO MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial proferida por alta corte – confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 29 de junio de 2023, de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 26 de abril de 2023, la señora Claudia Carolina Araujo Martínez y otros1, por intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección C con el fin de que se ampare n sus derechos

El 26 de abril de 2023, la señora Claudia Carolina Araujo Martínez y otros1, por intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección C con el fin de que se ampare n sus derechos fundamentales a «la integridad personal, debido proceso, igualdad y seguridad jurídica, a la verdad y a la reparación integral». Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la sentencia de 26 de mayo de 20222 proferida dentro del proceso de reparación directa que promovieron contra la Nación –Ministerio de Defensa Nacional y otros , identificado con el radicado 20001-23-31-000-2008-00137-01 (43.954), que confirmó la negativa de las pretensiones del medio de control. 1.2. Pretensiones Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparaci ón integral d e Claudia Carolina Araujo, Ever Andr és Araujo Estrada, Elvia Rosa Mart ínez Su árez, Margarita Araujo Mart ínez, Ever

1 Ever Andrés Araujo Estrada, Elvia Rosa Martínez Suárez, Margarita Araujo Martínez, Ever Andrés Araujo Martínez y Javier Andrés Arauj o, quienes también integraron la parte activa del proceso ordinario. 2 Notificado por edicto electrónico desfijado el 1.° de noviembre de 2022.Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

ordinario. 2 Notificado por edicto electrónico desfijado el 1.° de noviembre de 2022.Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andrés Araujo Mart ínez, y Javier Andr és Araujo Mart ínez, v íctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de violencia sexual.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo de EstadoSección TerceraSubsección C, el 26 de mayo de 2022, notificada el 27 de octubre de 2022, donde se negaron las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de reparación directa identificado con el Radicado N° 20012331-000-2008-00137-01(43954).

TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al Consejo de EstadoSección Tercera - Subsección C que, dentro de los 20 d ías siguientes a la notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida una nueva decisión en reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en este escrito de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales alegados, en relaci ón con el reconocimiento de responsabilidad de las entidades demandadas.3.

1.3. Hechos

este escrito de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales alegados, en relaci ón con el reconocimiento de responsabilidad de las entidades demandadas.3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• Se informó que «[e]l 3 de julio de 2006, desmovilizados de las AUC presuntamente accedieron carnalmente a la señora Claudia Carolina Araújo Martínez [y como consecuencia de ello los] demandantes recibieron amenazas por denunciar lo ocurrido y tuvieron que desplazarse del municipio para proteger su vida».

• Por lo anterior, la señora Claudia Carolina Araujo Martínez y otros formularon el medio de control de reparación directa contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros 4, por el incumplimiento del deber de seguridad y protección , desplazamiento forzado y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial.

• El 23 de febrero de 201 2, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones al considerar que «los delitos cometidos por los desmovilizados no ocurrieron en el marco del conflicto armado, los demandantes no eran víctimas según la Ley 975 de 2005 y las autoridades no conocieron de amenazas o indicios y, por ello, el hecho era atribuible a un tercero ». Providencia que fue recurrida en apelación por la parte desfavorecida5.

• El 26 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

y, por ello, el hecho era atribuible a un tercero ». Providencia que fue recurrida en apelación por la parte desfavorecida5.

• El 26 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C confirmó la providencia del a quo. Para llegar a esa conclusión, en primer lugar, destacó que serían valora dos, entre otros : (i) las copias simples aportadas al expediente, (ii) la historia clínica , y (iii) la prueba traslada correspondiente a la investigación penal por los delitos de acceso carnal violento.

3 Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negri llas del texto original. 4 Nación - Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia [hoy Ministerio del Interior] , Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, departamento del Cesar y municipio de Pueblo Bello [Cesar]. 5 «Los principales argumentos de este recurso, se basaron en el hecho del Estado tenía una posición de garante para con los y las demandantes, asimismo, debía vigilar las acciones de los desmovilizados de las AUC».Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• Por su parte expuso que : (i) no tendrían valor probatorio las declaraciones extrajuicio, ya que, al ser sumarias, requerían de ratificación judicial [artículo 229

www.consejodeestado.gov.co

• Por su parte expuso que : (i) no tendrían valor probatorio las declaraciones extrajuicio, ya que, al ser sumarias, requerían de ratificación judicial [artículo 229

CPC], (ii) le daría el trato de testigos sospechosos a los agentes de la policía6, y el familiar7 de la víctima directa que declararon al interior del proceso, pues por un lado eran dependientes de la entidad demandada y por el otro tenían relación directa con los hechos de la demanda [artículo 217 CPC].

• Estableció que (iii) no se probó el parentesco entre José Orlando Guarnizo Culma8 y los demandantes, e (iv) indicó que descartaría el testimonio de la señora María Patricia Londoño9, porque su dicho no era claro y se apreciaban inconsistencias y lagunas en su versión de esos hechos, máxime cuando en su relato no dio cuenta de las condiciones objetivas de modo que le permitieron conocer lo sucedido.

• Luego de analizar el material probatorio mencionado, el ad quem consideró que no era posible imputarles responsabilidad a las demandadas porque:

1. No se acreditó la omisión en el deber de protección o la responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado10 comoquiera que se no probó que se hubiera solicitado la protección a las demandadas antes del 3 de julio de 200611, sumado al hecho de que no existían «indicios conocidos que permitieran a las autoridades concluir que Claudia Carolina Araújo Martínez iba a ser víctima de delitos contra su vida e integridad sexual. Según lo probado, la población de Pueblo Bello tampoco estaba sin protección alguna , pues la Policía Nacional en cuanto conoció la denuncia por acceso carnal violento contra Claudia Carolina Araújo Martínez

vida e integridad sexual. Según lo probado, la población de Pueblo Bello tampoco estaba sin protección alguna , pues la Policía Nacional en cuanto conoció la denuncia por acceso carnal violento contra Claudia Carolina Araújo Martínez capturó a los sindicados e inició las investigaciones para esclarecer los hechos». 2) Finalmente, en cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial , el tribunal de cierre expuso que no se demostró un anormal funcionamiento de la administración de justicia, puesto que « desde el momento en que las autoridades judiciales tuvieron conocimiento de los hechos

6 Álvaro José Escorcia Galofre y Jorge Torres Romero, quienes en sus declaraciones señalaron las medidas de protección que se otorgaron a los demandantes [policía en su residencia]. 7 Geovanny Alfonso Araújo Estrada, de cuyo testimonio se coligió que si bien «afirmó que las autoridades no tomaron medidas de seguridad, […] en las denuncias que pre sentó en agosto y septiembre señaló que su casa y la de su hermano fueron custodiadas por un agente de la Policía [hecho probado 9.14]». 8 El señor Geovanny Alfonso Araújo Estrada denunció que «Orlando Guarnizo, funcionario de la Fiscalía General de la Nac ión y «familiar de los demandantes», había sido amenazado por paramilitares y que los delitos cometidos contra Claudia Carolina Araújo Martínez tenían relación con esas amenazas». 9 Habitante de Pueblo Bello. 10 Resulta pertinente resaltar que el ad quem citó antecedente de la Sección que integra, en la que se destaca que «el desplazamiento forzado, en el ámbito de la responsabilidad civil, es imputable al

9 Habitante de Pueblo Bello. 10 Resulta pertinente resaltar que el ad quem citó antecedente de la Sección que integra, en la que se destaca que «el desplazamiento forzado, en el ámbito de la responsabilidad civil, es imputable al Estado por una falla del servicio de la fuerza pública consistente en una omisión del deber de prestar seguridad, que se produce cuando: (i) se solicita protección especial, por las particulares condiciones de riesgo en que se encuentra la persona ; (ii) no se solicita expresamente, pero es evidente que la persona necesitaba la protección, porque existían p ruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus bienes y (iii) se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna […]». 11 Al respecto se destacó que, según la jurisprudencia, « […] no se puede perder de vista que el cumplimiento de los deberes de protección y seguridad no implican que el Estado sea un “asegurador general” contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática derivada exclusivamente de la afectación de un derecho y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que dispone las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad».Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iniciaron todas las actuaciones para adelantar la investigación de los delitos12 [y no] se acreditó un retardo injustificado en las decisiones dentro de las investigacion es penales o el incumplimiento de términos legales».

• Según el aplicativo web Samai, la providencia de segunda instancia fue notificada por medio de edicto electrónico desfijado el 1.° de noviembre de 2022. Por su parte, la acción de tutela de la referencia fue radicada el 26 de abril de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine los accionantes, luego de explicar cómo surgió el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, el correspondiente proceso de desmovilización de esa agrupación delincuencial, el contexto de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto arma do13, la aplicación del enfoque de género y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, los hechos relevantes del proceso contencioso y porqué consideraban que se superaba el requisito de la relevancia constitucional14, expusieron que con la expedición de la providencia de segunda instancia se les vulneraron sus derechos fundamentales al configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.

Al respecto, y como el fin de ahondar en la acreditación de los requisitos de procedencia, expusieron que el fallo cuestionado no tuvo en cuenta que « la denuncia presentada por José Orlando Guarnizo Culmano prueba que las demandadas conocían sobre un posible ataque a Claudia Carolina Araújo Martínez».

procedencia, expusieron que el fallo cuestionado no tuvo en cuenta que « la denuncia presentada por José Orlando Guarnizo Culmano prueba que las demandadas conocían sobre un posible ataque a Claudia Carolina Araújo Martínez».

Resaltaron la omisión de implementar medidas de protección y «la obligación de protección del Estado frente a la prevención de la violencia sexual, reforzada por el deber de garantía sobre los actores desmovilizados y la protección de la población civil en el marco del conflicto armado, tenía su fundamento en el deber de prevención de la violencia sexual -sistemática en el contexto del conflicto armado en Colombia-, y no por la carga que pretendía imponérsele a la víctima sobre elevar

12 Se precisó la siguiente actuación penal: […] el 3 de julio de 2006 la Policía Nacional capturó a Jhovanny de Jesús Jiménez Márquez después de recibir una denuncia por acceso carnal violento […]. El 12 de julio de 2006, la Fiscalía 28 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar decretó su detención preventiva […]. El 13 de agosto de 2006, la Fiscalía […] decretó la detención preventiva de José Gregorio Landazábal Gómez y Mayerly Sofía Mora Berruecos por su participación en el delito de acceso carnal violento […]. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación por el delito de concierto para delinquir después de las denuncias que hizo la población sobre lo ocurrido con la familia Araújo Estrada […]. Por estos hechos también inició una investigación por el delito de amenazas […]. El 11 y 12 de agosto de 2006, funcionarios de Policía Judicial

sobre lo ocurrido con la familia Araújo Estrada […]. Por estos hechos también inició una investigación por el delito de amenazas […]. El 11 y 12 de agosto de 2006, funcionarios de Policía Judicial adelantaron labores investigativas para identificar los integrantes de los grupos armados ilegales que amenazaban a la pobl ación […]. El 20 de septiembre de 2006, la Policía Judicial identificó a los posibles autores de las amenazas como […] Para el 20 de septiembre de 2006, los demandantes ya se habían ido del municipio y habían solicitado la inscripción del desplazamiento [… ]. 13 En este punto los accionantes hicieron alusión a la aplicación del enfoque de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 14 «El ca so concreto versa sobre graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes de grupos paramilitares en una de las regiones en donde este fenómeno paramilitar tuvo una presencia fuerte y se mantuvo en el tiempo, debido a la colaboración y tolerancia prestada por agentes del Estado. Sumado a lo anterior, se trata de un caso de violen cia sexual en contra de una mujer en el marco del conflicto armado interno, lo cual debe ser visto desde una perspectiva amplia al entender la lógica con la que operaban los actores armados cuando se trataba de hacer uso del cuerpo de las mujeres como una forma de castigo para sus opositores u objetivos militares».Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

5

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una solicitud de protección, pues esto no debió exigirse ni antes del hecho, ni mucho menos frente a las amenazas recibidas con posterioridad a la ocurrencia de la violación sexual».

En lo que respecta a la imputación por el desplazamiento forzado, alegaron que «las entidades ya conocían el riesgo sobre la comunidad y las mujeres, y posterior a los actos de violencia sexual, conocían el riesgo de amenazas y represalias por la denuncia, y no actuar on suficientemente para prevenirlos, teniendo el deber convencional de hacerlo».

Enfatizaron que «la integridad personal de la víctima y su familia fue vulnerada (i) ante la agresión sexual, pero adicionalmente, (ii) por la revictimización al ser sometida y no prevenida de recibir amenazas y ser desplazada forzadamente, agravando su situación física y mental […]».

Indicaron que la providencia cuestionada vulner ó «el derecho a la reparación integral de las víctimas por los hechos generadores del daño, consistentes en la violencia sexual y el desplazamiento forzado».

1.4.1. Se alegó que la providencia controvertida incurrió en un defecto fáctico, comoquiera que «la Sala del Consejo de Estado indicó que no se encontraba acreditada el conocimiento que los actores tenían sobre la relación entre el señor

1.4.1. Se alegó que la providencia controvertida incurrió en un defecto fáctico, comoquiera que «la Sala del Consejo de Estado indicó que no se encontraba acreditada el conocimiento que los actores tenían sobre la relación entre el señor JOSÉ GUARNIZO CULMA y la señora Claudia Carolina Araujo, sin embargo, en el marco del proceso penal se establece que los actores preguntaron a la señora Claudia Carolina si era la sobrina del señor JOSÉ GUAR NIZO CULMA, lo cual demuestra que la tenían plenamente identificada».

Señalaron que, como «las amenazas y hostigamientos iban dirigidos al señor JOSÉ GUARNIZO CULMA ya era claro para las entidades del Estado que los exintegrantes de los grupos paramilitares continuaban ejerciendo actos criminales, lo cual debió activar mecanismos de protección del Estado en favor de la población civil, más aún, cuando el Estado conocía el riesgo que implicaba el accionar de los grupos paramilitares en la región».

Afirmaron que «para el año 2006 ya era de conocimiento del Estado algunos de los patrones de macrocriminalidad propios de los grupos paramilitares que se dieron a conocer mediante informes de organismos internacionales de protección a derechos humanos».

Insistieron que «la importancia del análisis amplio de las pruebas hubiera permitido establecer que se configura la responsabilidad del Estado puesto que: i. la Fiscalía tenía conocimiento de la situación de riesgo y amenaza del señor JOSÉ GUARNIZO; ii. El Modus operandi de los grupos paramilitares permitía inferir que no solo el señor JOSÉ se encontraba en una situación de riesgo determinado, sino

tenía conocimiento de la situación de riesgo y amenaza del señor JOSÉ GUARNIZO; ii. El Modus operandi de los grupos paramilitares permitía inferir que no solo el señor JOSÉ se encontraba en una situación de riesgo determinado, sino también su grupo familiar; y, iii. El Estado estaba en posibilidades reales de prevenir ese riesgo adoptando medidas de protección en favor de la población a sabiendas de los actos criminales que continuaban ejerciendo los grupos paramilitares».Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregaron que la demandada incurrió en un «defecto fáctico negativo, al haber valorado defectuosamente el testimonio practicado al señor Geovanny Alfonso Araújo Estrada, en el marco del proceso penal, justificando que era un testigo sospechoso, por ser familiar de los y las demandantes. [puesto que] no se tuvo en cuenta que el testimonio se practicó en el proceso penal y antes de la instauración del proceso de reparación directa, en donde las únicas intenciones era responsabilizar a los victimarios y obtener verdad, por lo que su credibilidad no debía estar en velo, puesto que esta no fue cuestionada en el proceso penal, y la prueba tampoco fue tachada por la contraparte».

1.4.2. Por su parte, afirmaron que se desatendió el precedente 15 «debido a que

debía estar en velo, puesto que esta no fue cuestionada en el proceso penal, y la prueba tampoco fue tachada por la contraparte».

1.4.2. Por su parte, afirmaron que se desatendió el precedente 15 «debido a que no se tuvo en cuenta el contexto del paramilitarismo que afectaba a la población, que hacía necesario un mayor nivel de control y vigilancia para las personas que figuran como demandantes en el proceso contencioso administrativo, tanto por los hechos de violencia sexual como por los hechos de desplazamiento forzado de los que fueron víctimas».

Expusieron que era «evidente que el Estado en cabeza de las entidades demandadas, cuenta con responsabilidad por omisión al atribuir los hechos al fenómeno paramilitar y no brindarles las garantías suficientes a CLAUDIA CAROLINA ARAUJO y su familia, pues como se soporta en los hechos de la demanda probados debidamente, CLAUDIA fue víctima de acceso carnal violento con ocasión de su relación con JOSÉ GUARNIZO, -quien ya había denunciado amenazasevidenciando así, que la violencia sexual en el conflicto armado [… ]», particularmente al i gnorar el contexto del accionar paramilitar que afectaba a la población16.

En este orden de ideas, concluyeron que era «evidente que las medidas que tomaron las entidades estatales fueron inexistentes para proteger la integridad sexual de CLAUDIA CAROLINA, e ineficientes para evitar que su familia se viera en la obligación de desplazarse forzadamente de su lugar de residencia, obligados a vivir con la carga del desarraigo, el miedo y la incertidumbre».

1.5. Trámite de la acción

la obligación de desplazarse forzadamente de su lugar de residencia, obligados a vivir con la carga del desarraigo, el miedo y la incertidumbre».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 23 de mayo de 2023 el magistrado sustanciador de primer grado admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandado a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y, comisionó al Tribunal

15 Los accionantes hicieron alusión a las siguientes providencias: « Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 6 de julio de 1980, rad. 10.134 […], sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10.958. […] del 30 de julio de 1998, Rad. 17.004. […] del 26 de enero de 2011, C […] - (18617) […] del 1ero de julio de 2015, Radicación número: […] (33599) […] del 22 de noviembre de 2021, rad. […] (53977) […] del 21 de febrero de 2011, Rad. 31.093 […], sentencia del 31 de agosto de 2017 (Rad. 41.187), la Sección Tercera del Consejo de Estado […]. Por otro lado, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2015 (Rad. 48.995) […] sentencia del 7 de septiembre de 2015, Rad. 48.993, […] del 11 de abril de 2019. […], rad. N° […]- (46637), 7 de febrero

de 2013, Exp. 21541 , […]; de 21 de noviembre de 2013, Exp. 29764, […]; de 12 de diciembre de 2014, Exp. 29715, […]; de 14 de septiembre de 2016, Exp. 34349, […] del 14 de febrero de 2018, rad. N° […]-(37674), […] del 27 de agosto de 2019, rad. N° […]-(44240)A […], sentencia T-012 de 2016 de la Corte Constitucional que resaltó la importancia de interpretar los hechos, valorar las pruebas y normas jurídicas con enfoques diferenciales de género en casos de violencia sexual». 16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia.Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo del Cesar para que vinculara como terceros interesados en las resultas del proceso «a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 20001 2331 000 2008 00137 00 [01]; exceptuando [a los aquí accionantes]».

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio del magistrado sustanciador de la decisión controvertida, informó que «[l]as

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio del magistrado sustanciador de la decisión controvertida, informó que «[l]as consideraciones esgrimidas en la providencia del 26 de mayo de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado».

1.6.2. El Ministerio de Defensa Nacio nal – Ejército Nacional y la Policía Nacional, solicitaron declarar improcedente el mecanismo constitucional, porque no se acreditaron los requisitos generales y específicos para su estudio, máxime cuando «l a decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar del 23 de febrero de 2012, que negó las pretensiones de los actores, no ha trasgredido ningún derecho fundamental como lo quiere hacer ver la parte accionante, toda vez que se ha respetado todo lo contemplado en la Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable al caso en concreto».

1.6.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia , también requirió establecer la improcedencia de la tutela, ya que lo pretendido por los tutelantes es convertir el juez constitucional en una tercera instancia.

Agregó que no se satisfacen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, sin explicar el por qué no se acreditan, más allá de exponer la finalidad de éstos.

1.6.4. La Procuraduría General de la Nación expuso que no se configuraron los yerros alegados, comoquiera que el « Consejo de Estado realizó una valoración individual y conjunta de todos los medios de prueba aportados al proceso, […]»,

1.6.4. La Procuraduría General de la Nación expuso que no se configuraron los yerros alegados, comoquiera que el « Consejo de Estado realizó una valoración individual y conjunta de todos los medios de prueba aportados al proceso, […]», máxime cuando no se probó la omisión de las autoridades en su deber de protección por los hechos ocurridos porque si bien se señaló que «la señora Claudia Carolina Araujo fue víctima del delito de acceso carnal violento, […] no se demostró dentro del expediente tal y como lo señalaron sus familiares que dicho hecho tenía relación con la denuncia presentada por el señor Orlando Guarnizo ante la Fiscalía».

Advirtió que lo efectivamente acreditado fue que «las autoridades una vez tuvieron conocimiento de los hechos iniciaron todas la actu aciones para adelantar la investigación de los delitos, identificando a los autores de estos acusándolos de acceso carnal, secuestro simple, concierto para delinquir y amenazas por los hechos ocurridos del 3 al 29 de julio de 2006, quedando además demostra do que los demandantes abandonaron el municipio el 20 de septiembre de 2006 sin haber solicitado su ingreso al programa de protección de testigos de la Fiscalía, pero si se inscribieron en el Registro Único de Población Desplazada».Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-02110-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.5. El Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que «la decisión tomada por el Consejo de Estado Sección Tercera, fue motivada, bajo los principios de autonomía judicial y sana critica, [y por ello] se desvirtúa la naturaleza de la acción de tutela, puesto que se pretende un nuevo pronunciamiento, frente a hechos y pruebas que ya fueron valoradas en las instancias correspondientes por parte del operador judicial competente, […]».

1.6.6. La Fiscalía General de la Nación pidió declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, porque no se cumplió con las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, particularmente el presupuesto de la subsidiariedad, sin explicar el medio de defensa que se omitió agotar.

1.6.5. Los demás vinculados guardaron silencio, pese a que fueron notificados.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 29 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción de tutela al considerar que la providencia controvertida «contrario a lo manifestado por la [parte] accionante, estableció luego de un análisis minucioso de los elementos probatorios obrantes en el expediente, que las autoridades demandadas no eran responsables patrimonialmente a título de falla de servicio por omisión en la