CE - 110010315000202302216011SENTENCIA20231121125336

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: URIEL HERNANDO RAMÍREZ SÁNCHEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la parte actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 3 de mayo de la presente anualidad, el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al de bido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso

Sánchez, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al de bido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el tribunal administrativo de boyacá en la sentencia proferida el día 12/04/2023, en el expediente rad. no. 15001333300820220007501, transgredió los derechos fundamentales: al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, segur idad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

1 La Sala advierte que, el 26 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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2. como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al tribunal

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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2. como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al tribunal administrativo de boyacá; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la corte constitucional en las sentencias su 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la sección segunda del h. consejo de estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo con los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SA NDRA

LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS

- Dr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31000201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

000201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 8 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 9 08001-23-33000201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 12 40001-23-40000201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 17 76001-23-33000201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 18 080001-23-40000201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 20 47-001-2333000-20190037601 (446 22021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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21 08001-23-33000201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. C ÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 22 08001-23-33000201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los sigu ientes hechos

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los sigu ientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez labora como docente con la «entidad territorial certificada en Educación de Boyacá», se encuentra afiliad o al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 27 de julio de 2021 , el señor Ramírez Sán chez le solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y al Fomag , entre otras, el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

Mediante acto administrativo «BOY2021EE029261», notificado el 29 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá negó lo solicitado.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Ramírez Sánchez demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al departamento de Boyacá , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías.

Mediante sentencia del 7 de diciembre 2022, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor

moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías.

Mediante sentencia del 7 de diciembre 2022, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Ramírez Sánchez se encontraba afiliad o al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar l a Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el prin cipio de favorabilidad. Es decir, que

2 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí la estableció.

En providencia del 12 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 9 9 de la Ley 50 de 1990 al caso de l señor Ramírez Sánchez , quien hab ía ocupado el cargo de

confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 9 9 de la Ley 50 de 1990 al caso de l señor Ramírez Sánchez , quien hab ía ocupado el cargo de docente oficial al servicio del departamento de Boyacá y se encontraba cubiert o por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y, por tanto, en aplicación de los principios de autonomía e independencia judicial, consideró que el régimen general de cesantías previsto en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado hasta el 15 de febrero de cada año, generándose una sanci ón por el incumplimiento del plazo legal . Pero, insistió, dicho régimen no cobija al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que allí los docentes no fueron afiliados al Fomag, mientras que el señor Ramírez Sánchez sí.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del es crito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 22 sentencias del Consejo de Estado, entre las cual es se destacan la sentencia de tutela del 29 de

Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 22 sentencias del Consejo de Estado, entre las cual es se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la L ey 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que « existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,

2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, s e aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia , entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 12/04/2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá».

Sostuvo que existe una s ucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sa nción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 10 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las partes y a los terceros con interés.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio

instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las partes y a los terceros con interés.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaci ones Sociales del Magisterio , manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el princi pio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Sostuvo que el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada co n las cesantías del Fomag, pues reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto d e un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado ».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

cuentas individuales por cada afiliado ».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se negaran las pretensiones de la solicitud de ampar o, por resultar i mprocedente. Para tal efecto, indicó que, según el criterio fijado en la sentencia SU -573-2019, las acciones de tutela dirigidas «contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales» carecen de relevancia constitucional, «debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial» .

2.4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado del proceso de la referencia. A su juicio, no está legitimado por pasiva, dado que , de conformidad con los hechos de la demanda, la eventual responsabilidad sobre la supuesta vulneración de los derechos del señor Ramírez Sánchez recae sobre la Secretaría de Educación a la que se encuentra a dscrito el accionante y la Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, quienes por ley tienen la obligación de reconocer y pagar las cesantías a los docentes.

Además, adujo que la acción incoada por el señor Ra mírez Sánchez carece de

calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, quienes por ley tienen la obligación de reconocer y pagar las cesantías a los docentes.

Además, adujo que la acción incoada por el señor Ra mírez Sánchez carece de relevancia constitucional, porque es evidente que el objeto de la litis es puramente económico.

La entidad concluyó que no se ha configurado el defecto por descono cimiento del precedente jurisprudencial alegado por el accionante, toda vez que la regla jurisprudencial fijada en la sentencia SU -098 de 2018 no es compatible con los supuestos f ácticos que motivaron la demanda de nulidad y restablecimiento delRadicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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derecho en el caso del docente Ramírez Sánchez , en la med ida en que el objeto del litigio no se relaciona con una vinculación inoportuna del docente al Fomag , sino que versa sobre el reconocimiento y pago extemporáne o de las cesantías , con la pretendida sanción moratoria propia de la Ley 50 de 1990.

2.5. La apoderada del Departam ento de Boyacá manifestó que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá no vulneró los derechos fundamentales del accionante, toda vez que se profirió con base en los hechos narrados y las pruebas allegad as al proceso , sin que se hubiera i ncurrido en los defectos endilgados por el accionante.

del accionante, toda vez que se profirió con base en los hechos narrados y las pruebas allegad as al proceso , sin que se hubiera i ncurrido en los defectos endilgados por el accionante.

2.6. El señor Ram írez Sánchez presentó memorial en el que se opuso a las contestaciones efectuadas por el accionado y los vinculados al proceso de tutela de la referencia, bajo las siguientes consider aciones:

1. Si bien debe respetarse la autonomía e independencia judicial, es deber del juez de tutela analizar el asunto de la referencia, propendiendo por dar un trato igualitario al docente, toda vez que existen varios pronunciamientos judiciales en los que se ha reconocido la sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías a docentes oficiales.

1. La acción incoada cumple con los requisitos generales de procedencia , porque: a) expuso las razones por las que estima vulnerado su derecho al debido proceso; b) agotó los medios de defensa ordinarios ; c) la acción cumple con el requisito de inmediatez y d) argumentó con suficiencia por qué el Tribunal Administrativo de Boyacá, con la sentencia proferida el 12 de abril de 2023 , desconoció el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria a los docentes, establecida en la Ley 50 de 1990.

3. Fallo impugnado

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 2 4 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que incumplió con el requisito de relevancia constitucional. Esto,

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 2 4 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que incumplió con el requisito de relevancia constitucional. Esto, debido a que (i) carece de carga argumentativa, pues el accionante no explicó por qué los hechos narrados en la solicitud de amparo son de trascendencia constitucional y (ii) los argumentos que presentó el accionante son los mismos que expuso en el proceso ordinario como fundame nto de sus pretensiones, asunto que ya fue definido ante la jurisdi cción de lo contencioso administrativo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera insta ncia, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 19 de enero de 2023, concedió el amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 24 de agosto de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

fallo proferido el 24 de agosto de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para tal efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se hu biera cumplido tal requisito , junto con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la s autoridades demandadas vulneraron o n o los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señ aló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argum entativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia con stitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta,Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta,Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios d e seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayor es excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias jud iciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 12 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2022 , por el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, que ne gó las pretensiones de la demanda de nulidad y

12 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2022 , por el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, que ne gó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez.

En concreto, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe apli car el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirm ación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer luga r, la solicitud de amparo elevada por el señor Ramírez Sánchez carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tut elas que pretendían elRadicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01

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pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente porque con sideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.

Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamenta l ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza co nstitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguri dad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimient o de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su

tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible cons