CE - 110010315000202302247001SENTENCIA20230710214543

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Auto que rechazó la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Michelle Vásquez Córdoba, por medio de apoderado, p romueve acción de tutela contra la providencia de l 7 de diciembre de 2 022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó el auto del 17 de marzo de 2022, dictado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

1.2. Pretensiones

La accionante formula la siguiente súplica:

[…] Solicito respetuosamente señor juez, se tutele a mi mandante y en consecuencia a este servidor [los derechos consagrados en] los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia y en tal sentido se ordene al juez de

[…] Solicito respetuosamente señor juez, se tutele a mi mandante y en consecuencia a este servidor [los derechos consagrados en] los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia y en tal sentido se ordene al juez de instancia proceder conforme a derecho en los términos en cuanto a la admisión de la demanda.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes , la accionante a través de su apoderad o señala los siguientes:2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

1. Se vinculó al Hospital San José de La Gloria (Cesar) mediante la Resolución 253 del 1.º de diciembre de 2017 y Acta de posesión 010 -2017 del mismo mes y año, sin que a la terminación de la relación laboral se le reconocieran ni pagaran las acreencias laborales.

1. El 20 de octubre de 2021, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que según acta de reparto fue asignada al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar.

1. El 26 de enero de 2022, se profirió auto inadmitiendo el medio de control , pues consideró el juzgad o que el poder no era claro ni expreso respecto al acto a demandar e igualmente porque si bien no requiere presentación personal , ello solo opera cuando se otorga mediante mensaje de datos, caso en el cual, se debe acreditar su autenticidad, por lo menos con una captura del correo o mensaje de datos a través del que se confiere.

demandar e igualmente porque si bien no requiere presentación personal , ello solo opera cuando se otorga mediante mensaje de datos, caso en el cual, se debe acreditar su autenticidad, por lo menos con una captura del correo o mensaje de datos a través del que se confiere.

1. El 10 de febrero de 2022, su apoderado presentó m emorial de subsanación y para el efecto allegó correo electrónico adjunt ando el poder debidamente corregido en relación con las pretensiones de la demanda, remitido por medio de la plataforma digital de WhatsApp.

1. El artículo 5.º del Decreto 806 de 2020 , establece que los poderes especiales para cualquier actuación ser podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento . A su vez, el artículo 84 de la Ley 1564 de 2012, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA) señala que a la demanda debe anexarse el poder para iniciar el proceso.

1. La norma mencionada de ninguna manera exige acreditar la autenticidad del poder tales como «una captura del correo o mensaje de datos» , por ello, ese requerimiento del juzgado va en contra del principio de buena fe que prevé el artículo3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

83 de la Constitució n Política, el debido proceso y los principios de congruencia y consonancia de las providencias con respecto a la ley.

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

83 de la Constitució n Política, el debido proceso y los principios de congruencia y consonancia de las providencias con respecto a la ley.

1. Mediante providencia del 17 de marzo de 2022, el juzgado de conocimiento rechazó la demanda por no haber sido corregida, ordenó la devolución de los anexos a quien los presentó, sin necesidad de desglose y el archivo del expediente. El 24 de marzo de 2022, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión.

1. El a quo no repuso el proveído y concedió la apelación para que se surtiera ante el Tribunal Administrativo del Cesar, que emitió el auto del 7 de diciembre de 2022 ,1 que confirmó lo resuelto por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

Valledupar.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante aduce que con el proveído objeto de censura se vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia e incurre en defecto sustantivo por la indebida aplicación del Decreto 806 de 2020, al respecto esgrime los siguientes argumentos:

1. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar la indujo en error, por la forma de estructuración del auto que inadmitió la d emanda, la que está más enfocada a una sentencia, que a la providencia que pide la corrección del poder, debido a que no se enumeran ni se usan elementos similares que permitan saber con exactitud, que requiere la autoridad demandada.

que está más enfocada a una sentencia, que a la providencia que pide la corrección del poder, debido a que no se enumeran ni se usan elementos similares que permitan saber con exactitud, que requiere la autoridad demandada.

1. En las consideraciones se hizo una especie de preámbulo, sin que se pueda tomar literalmente como un mandato expreso de subsanar alg ún ítem de la demanda, sino que en un aparte se refiere directamente al poder, pero sin utilizar un

1 Suscrito por los magistrados María Luz Álvarez Araújo, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos.4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

lenguaje claro, formal y deducible de manera sencilla; por consiguiente, más por intuición que por claridad de la providencia, entendió que debía corregir ese aspecto.

1. Al no se r comprensible lo que requería el a quo respecto del poder, enmendó lo que gramaticalmente era entendible, pero al no estar según las solicitudes del juzgado, porque no las supo enunciar, rechazó la subsanación, y en igual sentido actuó el superior.

1.5. Actuación procesal

Por medio de proveído del 10 de mayo de 2023, se requirió al abogado Juan Gabriel Lozano Valderrama, para que a portara poder con el lleno de los requisitos legales .2 El 16 de mayo de 2023, se allegó memorial de subsanación de la demanda.

La acción de tutela se admitió mediante auto de l 2 junio de 2023 , que se ordenó

El 16 de mayo de 2023, se allegó memorial de subsanación de la demanda.

La acción de tutela se admitió mediante auto de l 2 junio de 2023 , que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la ESE Hospital San José de La Gloria (Cesar) y a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 20001 33 33 008 2021 00292 00 [01], como tercero s interesados en las resultas de est e proceso , para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindiera n el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar. La magistrada Doris Pinzón Amado solicita se denieguen las pretensiones de la demanda, como razones de sustento alega las siguientes:

2 «Constituido, bien sea: a) mediante presentación personal o, en su lugar, b) acogiéndose íntegramente a la Ley 2213 de 2022, aportando la prueba de otorgamiento a través de mensaje de datos (a modo de ejemplo, con la captura de pantalla del envío […] desd e el correo electrónico del accionante, etc.). Además, para este último supuesto, el poder contendrá el correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con el consignado en el Registro Nacional de Abogados»5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

1. En la decisión atacada no se avizora arbitrariedad o contrariedad como para

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

1. En la decisión atacada no se avizora arbitrariedad o contrariedad como para asumir la vulneración del derecho fundamental invocado por la señora Michelle Vásquez Córdoba, toda vez que según reiterado criterio de la Corte Constitucional, la procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencia s está supeditada a la configuración de ciertas hipótesis desarrolladas jurisprudencialmente por esa corporación.

1. Se resolvió la apelación incoada por el apoderado de la accionante contra el auto del 17 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, a través del cual se dispuso rechazar el medio de control de nulidad y restablecimiento de l derecho, por que el poder conferido para incoar lo no cumple con los requisitos exigidos en la norma para verificar su autenticidad, por cuanto no se adjuntó al memorial digital la prueba de trazabilidad de la que pudiera colegirse que la mandante lo otorgó.

1. Se estudió el hecho de que no se hubiera subsanado en debida forma el defecto de que adolecía el poder especial que se acompañó a la demanda, pues la parte actora no acreditó la forma como se otorgó el mandato especial como lo dispone el artículo 5.º del Decreto 806 de 2020. Dicho requisito fue aparentemente corregido por el apoderado de la accionante al adjuntar captura de pantalla de la conversación vía WhatsApp sostenida con su poderdante, en la que consta que el mandato le fue

por el apoderado de la accionante al adjuntar captura de pantalla de la conversación vía WhatsApp sostenida con su poderdante, en la que consta que el mandato le fue conferido a través de este medio digital de comunicación.

1. Al efecto y, para decidir, se tuvo en cuenta la interpretación que de esa norma hizo la Corte Constitucional a través de la Sentencia C -420 de 2020, en lo que tiene que ver con los poderes extendido por medio de m ensaje de datos , de la c ual se desprende que el lo implica la necesidad de adjuntar prueba de su autenticidad e integridad, de manera que no quede en entredicho la identidad del mandante y la voluntad de ser representado ante la ausencia de su firma y la nota de pres entación personal ante notario. Así mismo, se trajo a colación el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en auto del 3 de septiembre de 2020, radicación 55.194.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

1. La norma es clara al establecer que para que se entienda otorgado un poder por mensaje de datos, se requiere que sea el poderdante el que lo remita a su mandatario, d e tal forma que no quede duda de que es él quien manifiesta su voluntad de ser representado judicialmente.

1. En el presente caso, al revisar el expediente digital se pudo verificar que el memorial poder que aparece presuntamente firmado por la demandante no cuenta con la prueba de trazabilidad electrónica que demuestre su autenticidad. El supuesto apoderado debió probar en sede judicial que fue conferido por mensaje de datos y

memorial poder que aparece presuntamente firmado por la demandante no cuenta con la prueba de trazabilidad electrónica que demuestre su autenticidad. El supuesto apoderado debió probar en sede judicial que fue conferido por mensaje de datos y enviado por el poderdante por ese medio a él o al juzgado, indicando que el abogado identificado en la comunicación electrónica sería su representante judicial para los efectos pertinentes.

1. Al proceso se allegó una captura de pantalla vía WhatsApp sostenida entre la accionante y su presunto apoderado, en la que se deja constancia que el memorial poder fue remitido el 14 de septiembre de 2021, pero el auto de inadmisión es del 26 de enero de 2022, ello quiere decir que no se confirió para subsanar la demanda , pues el defecto que dio lugar a esa providencia radicó en que el mandato especial otorgado al profesional del derecho Juan Gabriel Lozano Valderrama , carecía del requisito contemplado en el Decreto 806 de 2020.

1. Así las cosas, el memorial con el que se pretendió corregir el defecto en el poder no cuenta c on la exigencia de la norma que permite verificar la autenticidad del mandato otorgado a través de mensaje de datos, lo que imponía a la primera instancia inadmitir la demanda para que fuera subsanado y comoquiera que no se hizo en debida forma, el rechazo de la demanda era procedente. Por ello fue confirmada la decisión del a quo.

1.6.2. Del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. El juez Juan Pablo Cardona Acevedo hace una relación detallada de las actuaciones que se surtieron en el proceso promovido por la accionante que dieron lugar a que se

1.6.2. Del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. El juez Juan Pablo Cardona Acevedo hace una relación detallada de las actuaciones que se surtieron en el proceso promovido por la accionante que dieron lugar a que se dictara el auto del 17 de marzo de 2022 , rechazando la demanda en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

Contencioso Adm inistrativo ( CPACA), sin que se incurriera en violación de los derechos fundamentales como lo aduce la parte actora, pues se adelantaron con pleno respeto de las garantías de las partes intervinientes.

1.6.3. La ESE Hospital San José La Gloria (Cesar), entidad vinculada como tercero interesado guardó silencio, pese a que fue debidamente notificada.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 d el Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la auto ridad jurisdiccional accionada» y conforme al inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 3 que dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en

primera instancia, al respectivo superior funcional de la auto ridad jurisdiccional accionada» y conforme al inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 3 que dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora Michelle Vásquez Córdoba contra la providencia del 7 de diciembre de 2022, que profirió el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 20001 33 33 008 2021 00292 01.

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la pro cedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de mane ra excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 4 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio , las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 2005 5, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad

providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio , las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 2005 5, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad

4T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 5Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibil idad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; ( iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identi fiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el

de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identi fiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de proce dibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando e l hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela con tra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García

o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según ca da caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos interlocutorios

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional 8 el concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios , la Corte Constitucional ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto , a excepción de que en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no se rá procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos

amenaza de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no se rá procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii) a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.9

En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de procedencia» de la acción de tutela y al m enos uno de los «requisitos especiales de procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede

8 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras. 9 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

establecer lo siguiente:

2.4.1. La señora Michelle Vásquez Córdoba , por medio de apoderado, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE Hospital San José La Gloria (Cesar) para que se declarara nulo el acto ficto o presunto frente a las reclamaciones que elevó el 28 de mayo y el 4 de diciembre de 2019; en

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE Hospital San José La Gloria (Cesar) para que se declarara nulo el acto ficto o presunto frente a las reclamaciones que elevó el 28 de mayo y el 4 de diciembre de 2019; en consecuencia, se le condenara al reconocimiento y pago de las acreencias laborales por el período comprendido del 1º de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.10

2.4.2. El 26 de enero de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, dictó auto dentro del proceso con radicado 20001 33 33 008 2021 00292 00, en el que resolvió lo siguiente:11

Primero: Inadmitir la demanda.

Segundo: Conceder un plazo de diez (10) días al actor para que subsane el defecto indicado en la parte motiva de esta providencia. Si no lo hiciere dentro de este plazo, la demanda será rechazada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administra tivo y de lo Contencioso

Administrativo.

Tercero: Conforme a lo previsto en los artículos 3º y 6º del Decreto Legislativo 806 de 2020, la parte demandante deberá enviar a través de correo electrónico o medio tecnológico correspondiente a las demás partes del proceso y al Ministerio Público, el memorial contentivo de la subsanación correspondiente, circunstancia que deberá acreditar ante el despacho.

2.4.3 El 10 de febrero de 2022 , el abogado Juan Gabriel Lozano Valderrama actuando en representación de la accionante mediante mensaje remitido desde el

que deberá acreditar ante el despacho.

2.4.3 El 10 de febrero de 2022 , el abogado Juan Gabriel Lozano Valderrama actuando en representación de la accionante mediante mensaje remitido desde el correo electrónico ju gaova@gmail.com envió memorial de «[subsanación de la demanda inadmitida en auto del 26 y estado del 27 de enero de 2 022 con la presentación del poder corregido]».12

2.4.4 El 17 de marzo de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito

10 Índice 19, del expediente electrónico. 11 Índice 19, del expediente electrónico. 12 Índice 19, del expediente electrónico.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

Judicial de Valledupar, profirió auto en el que dispuso lo siguiente:13

PRIMERO: Rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por MICHELLE VÁSQUEZ CÓRDOBA , a través de apoderada judicial, contra (sic) de E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA GLORIA (CESAR), por no haber sido corregida.

SEGUNDO: En firme est a providencia, devuélvanse los anexos de la demanda a quien los presentó, sin necesidad de desglose y archívese el expediente.

2.4.5 El 24 de marzo de 2022 , la accionante por medio de su apoderado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la providencia anterior.14

2.4.5 El 24 de marzo de 2022 , la accionante por medio de su apoderado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la providencia anterior.14

2.4.6. El 27 de julio de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar no repuso el auto del 17 de marzo de 2022, y concedió en el efecto sustantivo el recurso de apelación de conformida d con lo previsto en los artículos 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 64 de la Ley 2080 de 2021.15

2.4.7. El 7 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar, al desatar la alzada decidió lo siguiente:16

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, esto es, el proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el día 17 de marzo de 2022, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: Devolver el expediente al juzgado de origen, para efectos de darle cumplimiento a esta decisión. Por [S]ecretaría háganse las anotaciones de rigor.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

13 Índice 19, del expediente electrónico. 14 Índice 19, del expediente electrónico.

vez que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

13 Índice 19, del expediente electrónico. 14 Índice 19, del expediente electrónico. 15 Índice 19, del expediente electrónico. 16 Índice 19, del expediente electrónico.13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02247 00

Demandante: Michelle Vásquez Córdoba

justicia.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiari edad» en cuanto se censura la providencia que resolvió el recurso de apelación que rechazó la demanda en el medio de control con radicación 20001 33 33 008 2021 00292 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto de reproche constitucional data del 7 de diciembre de 2022 y la presente acción de tutela se radicó en la Secretaría General de esta corporación el 3 de mayo de 2023,17 es decir, den tro del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la

hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que