CE - 110010315000202302338011SENTENCIA20230719151956

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

Accionantes: Marcial Hurtado Burgos y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

Demandantes: MARCIAL HURTADO BURGOS Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial . Revoca decisión que negó el amparo solicitado. Declara la i mprocedencia por falta del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora, contra la providencia del 1.° de junio de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela promovida por el apoderado de los señores Marcial Hurtado Burgos, Elvis Hurtado Bautista, Sirly Paola Hurtado Bautista y Sindy Paola Hurtado Bautista, en contra del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión n.° 001.

Bautista, en contra del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión n.° 001.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito enviado el 8 de mayo de 2023 a la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el apoderado de los actores, instauró una acción de tutela contra el Juzgado Do ce Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión n.° 001 , con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La parte actora consideró que las garantías mencionadas fueron vulneradas con las sentencias de 30 de junio de 2021 y de 12 de agosto de 2022, proferidas en primera y segunda instancia, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión n° 001, respectivamente, expediente n.° 13001 -33-33-012-2018-00094-00/01. En dichas decisiones se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que losRadicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionantes ejercieron en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional.

www.consejodeestado.gov.co accionantes ejercieron en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional.

3. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales referidos y, en consecuencia, pidieron lo siguiente:

2.- Como conse cuencia del punto anterior que realicen los siguientes o similares pronunciamientos.

a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiunos (2021), proferida por la juez, Dra. Sandra milena Zúñiga Her nández, del juzgado doce administrativo del circuito de Cartagena, dentro del proceso acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-0009400, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar.

b.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el tribunal administrativo de bolívar, sala de d ecisión no. 001, magistrado ponente óscar Iván Castañeda daza, dentro del proceso acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-0009401, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar.

c.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda acción de reparación directa

otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar.

c.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-00094-00, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar, están incursa en vía de hecho por DEFECTO SUSTANTIVO, teniendo en cuenta Responsabilidad extracontractual del Estado – Falla del servicio (Lesiones por mina antipersonal), sustantivamente regidas por la normatividad dispuesta en la Sentencia SU312/20, que dispone:

TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y CRIMENES D E GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO -Jurisprudencia del Consejo de Estado UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE APLICACION DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCION DE REPARACION DIRECTA EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

(i) Los interesados en la reparac ión patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar c uando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez

contabilizar c uando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño c ausado por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa (la transcripción corresponde al text o original de la demanda, puede tener errores).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los presupuestos fácticos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. El 18 de enero de 2006, el señor Marcial Hurtado Burgos se encontraba en el corregimiento de Macayepo, municipio de Carmen de Bolívar, Bolívar, y presenció movimientos extraños de miembros de grupos al margen de la ley. También se percató de la presencia de una s minas antipersona, por lo que acudió a la Infantería

movimientos extraños de miembros de grupos al margen de la ley. También se percató de la presencia de una s minas antipersona, por lo que acudió a la Infantería de Marina de la Armada Nacional, para informar sobre ese suceso. Junto con los uniformados se desplazaron hasta el lugar donde estaban instalados los explosivos y ocurrió una detonación.

6. El señor Marcial Hurtado Burgos resultó lesionado y sufrió un trauma ocular en ambos ojos, por lo que fue atendido en distintos centros asistenciales donde fue sometido a tratamientos médicos, quirúrgicos, terapias y otros.

7. El 28 de diciembre de 2017, la Junta Regiona l de Calificación de Invalidez de Bolívar expidió el dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Hurtado Burgos y le asignó un 17.70% de pérdida de capacidad laboral, por “ RESULTADO DEFINITIVO DE DEGENERACIÓN DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL

OJO”.

8. Por lo anterior, el 25 de abril de 2018, el señor Hurtado Burgos y su grupo familiar instauraron una acción de reparación directa contra Nación, Ministerio de

Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional y otros.

9. En primera instancia, media nte sentencia del 30 de junio de 2021, el Juzgado Décimo Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena declaró probada la excepción de caducidad de la demanda planteada por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional, dado que el plazo para promover el medio de defensa judicial empezó a correr el 19 de enero de 2006 y se

la excepción de caducidad de la demanda planteada por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional, dado que el plazo para promover el medio de defensa judicial empezó a correr el 19 de enero de 2006 y se accionó el 28 de abril de 2018, por fuera del término legal de dos años . Esa decisión fue apelada por la parte actora y confirmada en fallo d el 12 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

1.3. Fundamentos de la solicitud

10. En primer lugar, la parte actora señaló que se incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente. Para sustentar su afirmación, transcribió algunos apartes de la s sentencias SU-312 de 2020 , T-347 de 2020 y SU -659 de 2015 .

Respecto de la primera, afirmó que unificó la jurisprudencia en materia del término de caducidad, así:

Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y

(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.

11. Además, la parte demandante señaló que las providencias acusadas incurrieron en un defecto sustantivo porque se omitió aplicar el término de caducidad del medio de control frente a delitos de lesa humanidad. Agregó que:

Con lo anterior omitió, desconoció que el accionante MARCIAL HURTADO BURGOS, y otros, en ocasión al re sultado definitivo de la junta regional de calificación de invalidez de bolívar, de fecha 28 de diciembre de 2017, y de conocer de manera definitiva la lesión causada DEGENERACIÓN DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO, con pérdida de disminución de la capacidad laboral en (17.70%), presento en la fecha 25 de abril de 2018, la demanda acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-00094-00,

DEMANDANTE MARCIAL HURTADO BURGOS Y OTROS, DEMANDADO NACIÓN –

demanda acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-00094-00, DEMANDANTE MARCIAL HURTADO BURGOS Y OTROS, DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – EL CARMEN DE BOLÍVAR, que todavía no había operado la caducidad de la acción.

12. En este punto, refirieron que debió tenerse en cuenta que fue el dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Region al de Calificación de invalidez de Bolívar la que les permitió conocer la magnitud del daño.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

13. Mediante auto del 9 de mayo de 2023 , el magistrado sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por los actores, por lo que dispuso la notificación a las autoridades judiciales accionadas .

Asimismo, vinculó como terceros interesado en las resultas del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional y Policía Nacional y al municipio de El Carmen de Bolívar.

1.5. Intervenciones

14. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital, las siguientes autoridades contestaron la demanda.

1.5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar

15. El magistrado ponente de la decisión acusada se opuso a las pretensiones del amparo, explicó que el caso se resolvió conforme a las sentencias d el 24 de

1.5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar

15. El magistrado ponente de la decisión acusada se opuso a las pretensiones del amparo, explicó que el caso se resolvió conforme a las sentencias d el 24 de septiembre de 2020 y 4 de febrero de 2022 de la Secc ión Tercera de es ta Corporación, en las que se determinó que en los casos de lesiones personales o enfermedades, al margen de su origen, los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez no pueden tomarse como el parámetro para contabil izar elRadicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co término de caducidad “toda vez que, el análisis que dichos órganos efectúan no es de alcance diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida, sino que se limita a calificar una situación preexistente y a determinar la magnitud de la enfermedad en relación con la capacidad del lesionado”.

16. Señaló que, a partir de la regla jurisprudencial descrita, se concluyó que la acción promovida por los actores fue extemporánea, porque el señor Hurtado Burgos tuvo conocimiento del daño el 18 de enero de 2006 y accionó 12 años después de esa fecha.

1.5.2. Juzgado Doce Administrativo de Cartagena

17. La juez doce administrativa del circuito de Cartagena se opuso a las

fecha.

1.5.2. Juzgado Doce Administrativo de Cartagena

17. La juez doce administrativa del circuito de Cartagena se opuso a las pretensiones del amparo, porque no se vulneró derecho fundamental alguno, ya que se aplicó el precedente jurisprudencial en la materia.

1.5.3. Policía Nacional

18. El jefe de la Oficina Jurídica se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo, porque consideró que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los defectos señalados por los accionantes en el escrito de tutela.

19. Explicó que el señor Marcial Hurtado Burgos conoció del daño desde que se elaboró el dictamen efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia de Forenses, lo que ocurrió el 11 de julio de 2006.

20. Por último, manifestó que la solicitud de amparo es improcedente, porque no satisfizo con el requisito de subsidiariedad y no estaba acreditada la configuración de un perjuicio irremediable.

1.6. Sentencia de primera instancia

21. En sentencia del 1.° de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo. En primer lugar, el a quo aludió a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales , para lo cual se refirió tanto a los requisitos generales como a los específicos.

22. En segundo lugar, la primera instancia explicó que el caso bajo estudio cumplía los requisitos de relevancia constitucional, de subsidiariedad e inmediatez. Además, señaló que no se diri gía contra una decisión de tutela y se identificaron los hechos y derechos vulnerados.

los requisitos de relevancia constitucional, de subsidiariedad e inmediatez. Además, señaló que no se diri gía contra una decisión de tutela y se identificaron los hechos y derechos vulnerados.

23. En tercer lugar, abordó el estudio del desconocimiento del precedente de las sentencias SU-312 de 2020, T-347 de 2020 y SU -659 de 2015 y al contrastarla conRadicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las decisiones impugnadas concluyó que solamente se identificaron la s subreglas de la primera decisión aludida, la cual no es aplicable al caso bajo estudio.

24. Finalmente, señaló que el caso del actor se resolvió conforme a la unificación del 29 de noviembre de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según la cual, “la caducidad en estos casos debe iniciar a contabilizarse desde el momento en el que los demandantes debieron haber tenido conocimiento del daño”.

1.7. Impugnación

25. La apoderada judicial de la parte actora impugnó el anterior proveído con argumentos similares a los que se expusieron en el escrito inicial, en el sentido de que la decisión de declarar la caducidad del medio de control:

lesiona el derecho fundamental al debido proceso del accionante, ya que en la presente acción de tutela se expusieron c omo fundamentos de derecho, el Art. 29, 86, y s.s. de la Constitución

que la decisión de declarar la caducidad del medio de control:

lesiona el derecho fundamental al debido proceso del accionante, ya que en la presente acción de tutela se expusieron c omo fundamentos de derecho, el Art. 29, 86, y s.s. de la Constitución política de Colombia, la Sentencia SU312/20, Sentencia T -347/20, Sentencia SU -659 de 2015, que sustancialmente y procedimentalmente deben analizarse y estudiarse de fondo en garantía constitucional del accionante, en atención al sometimiento del imperio a la ley del consejero ponente.

26. Agregó que si bien tuvo conocimiento del daño el 18 de enero de 2006, lo cierto es que se evaluó su condición en actuaciones posteriores hasta la calificac ión de pérdida de capacidad laboral. Además, solicitó que se le aplique el principio pro

damnato y, tener en cuenta que:

(i) si existe duda sobre el momento de inicio de la caducidad, el operador judicial está obligado a “interpretar las ambigüedades y vacíos de la ley en concordancia con los principios superiores del ordenamiento, entre ellos, los de garantía del acceso a la justicia y reparación integral de la víctima”; (ii) en algunos casos, el conocimiento del daño puede darse con posterioridad a la ocurrencia del hecho, la omisión u operación administrativa.

27. Además, sostuvieron que las decisiones impugnadas incurrieron en un defecto sustantivo “ al omitir el TERMINO (sic) DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE

REPARACION DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDA D,

GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL

ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado”.

REPARACION DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDA D,

GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL

ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado”.

28. Finalmente, formularon las siguientes pretensiones:

1.- Que se revoque la sentencia de fecha 01 de junio de 2023, proferida por el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA, consejero, Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, y notificada por correo electrónico el 16 de junio de 2023, dentro del proceso de la referencia.

2.- Como consecuencia del punto anterior que se ampa ren los derechos fundamentales vulnerados por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las garantías Constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debid o proceso y a la correcta administración de justicia para el accionante, y se realicen los siguientes o similares pronunciamientos.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

Accionantes: Marcial Hurtado Burgos y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiunos (2021), profe rida por la juez, Dra. Sandra milena Zúñiga Hernández, del juzgado doce administrativo del circuito de Cartagena, dentro del proceso acción de reparación directa

veintiunos (2021), profe rida por la juez, Dra. Sandra milena Zúñiga Hernández, del juzgado doce administrativo del circuito de Cartagena, dentro del proceso acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-0009400, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar.

b.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el tribunal administrativo de bolívar, sala de decisión no. 001, magistrado ponente óscar Iván Castañeda daza, dentro del proceso acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-0009401, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar.

c.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda acción de reparación directa de radicado 13 -001-33-33-012-2018-00094-00, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar, están incursa en vía de hecho por DEFECTO SUSTANTIVO, teniendo en cuenta Respo nsabilidad extracontractual del Estado – Falla del servicio (Lesiones por mina antipersonal), sustantivamente regidas por la normatividad dispuesta en la Sentencia SU312/20, que dispone:

TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA FRENTE A

servicio (Lesiones por mina antipersonal), sustantivamente regidas por la normatividad dispuesta en la Sentencia SU312/20, que dispone:

TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO -Jurisprudencia del Consejo de Estado UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE APLICACION DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCION DE REPARACION DIRECTA EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 1.° de junio de 2023 , proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

30. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por el apoderado de los demandantes, las pretensiones formuladas y el material probatorio recaudado, le corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurí dico: ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? En el evento que la respuesta al anterior interrogante fuere positiva, a la Sección Quinta de esta corporación le correspondería determinar si ¿confirma, modifica o revoca la

asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? En el evento que la respuesta al anterior interrogante fuere positiva, a la Sección Quinta de esta corporación le correspondería determinar si ¿confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado por la parte actora?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se abordarán los siguientes temas:

(i) el criterio de esta Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la relevancia constitucional; y (iv) el caso concreto.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

Accionantes: Marcial Hurtado Burgos y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. El artículo 86 de la Constitución introdujo la acción de tutela c omo el mecanismo judicial preferente, informal y sumario que tienen los ciudadanos para obtener la protección de los derechos fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos de ley. La procedencia de este dispositivo está determinada por la inexistencia de otro medio idóneo y eficaz de protección o ante la ocurrencia de un daño irreparable, caso en el cual, este dispositivo desplaza transitoriamente a las acciones ordinarias a fin de evitar que se produzca un perjuicio irremediable.

33. Desde la década de los noventa, la Corte Constitucional ha admitido la

daño irreparable, caso en el cual, este dispositivo desplaza transitoriamente a las acciones ordinarias a fin de evitar que se produzca un perjuicio irremediable.

33. Desde la década de los noventa, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional del recurso de amparo contra providencias judiciales, bajo la idea de que existe la pos ibilidad de que los jueces de la república pueden incurrir en graves falencias que tornen, una providencia judicial , incompatible con la Carta

Política1.

34. En la sentencia C-590 de 2005 , el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional sistematizó los presupuestos que deben observarse para tramitar este tipo de pretensiones ius constitucionales , diferenciando entre los requisitos generales, que habilitan el estudio por parte del juez constitucional y deben cumplirse en su totalidad; y los espec íficos2, que son aquellos que permiten evaluar si la decisión judicial se ajustó a la Carta Política3.

35. Mediante la sentencia del 31 de julio de 2012 4, l a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, unificó la postura jurisprudencial en punto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, bajo parámetros similares a los que admitió la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

36. Con base en lo anterior, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar el estudio de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, los siguientes: i) relevancia constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad y (v) que se identifiquen

contra providencias judiciales, los siguientes: i) relevancia constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad y (v) que se identifiquen

1 Corte Constitucional, Sentencias T-240 de 2022, SU -215 de 2022, T -140 de 2022, SU -134 de 2022, SU-131 de 2022, SU -103 de 2022, SU-474 de 2020, SU-396 de 2017 , C-590 de 2005, entre muchas otras. 2 Las causales específicas de procedencia, fueron sistem atizadas en la sentencia C-590 de 2005, así: (i) defecto orgánico, referido a la falta de competencia de la autoridad judicial para emitir la decisión acusada; (ii) defecto procedimental absoluto, que se configura cuando la autoridad judicial actúa por fuera del marco de los procedimientos establecidos; (iii) d efecto fáctico, concerniente al decreto y valoración probatoria; (iv) defecto sustantivo, está relacionado con la aplicación normativa y jurisprudencial en el caso concreto; (v) error inducido por par te de terceros al juez que resolvió el caso; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la Constitución. 3 Cfr. Sentencia SU-573 de 2017. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrati vo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-01

Accionantes: Marcial Hurtado Burgos y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los hechos y derech os vulnerados. En caso de que se incumpla con alguno de los anteriores requisitos, la consecuencia necesaria es la declaratoria de improcedencia de la acción.

37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia o bjeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribu ya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

2.5. La relevancia constitucional

38. De acuerdo con la postura unificada del Consejo de Estado, la acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional5. Esto quiere decir que la procedencia de este dispositivo está supeditada a que se formule en cla