CE - 110010315000202302451001SENTENCIAFALLO20230707163708

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas en favor de docente. Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Milena Isabel Cabrera Machado , en ejercicio de la solicitud de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Milena Isabel Cabrera Machado promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por el

ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15001-33-33-010-202200069-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Milena Isabel Cabrera Machado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, impetró demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo 1.2.5.1.1 - 38 del 27 de agosto de 2021, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas correspondiente al año 2020.

1 Ver índice 2 de SAMAI. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2»2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

1. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda con el argumento de que los docentes no son acreedores de la sanción moratoria ni de la indemnización solicitada, en tanto pertenecen a un régimen prestacional especial

sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda con el argumento de que los docentes no son acreedores de la sanción moratoria ni de la indemnización solicitada, en tanto pertenecen a un régimen prestacional especial que no fijó una fecha límite para el pago anua lizado de tal derecho , lo cual se diferencia de aquellos vinculados a fondos privados . En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 27 de marzo de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo, con similares argumentos al considerar que «la demandante se encuentra afiliada al FOMAG, como fondo común, razón por la que le es aplicable la regulación especial prevista en la Ley 91 de 1989, la cual no señaló un término para la consignación anual de cesantías a favor de los docentes. Además, conforme a dicha norma se encuentra regulada por el principio de unidad de caja y no está sometida a una cuenta individual conforme a la Ley 50 de 1990».

1. En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente, en tanto se omitió la aplicación del criterio fijado por el Consejo de Estado2 y la Corte Constitucional3 según el cual debían efectuarle el pago (i) de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías traída en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991. Asimismo, citó algunos pronunciamientos

indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías traída en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991. Asimismo, citó algunos pronunciamientos emitidos por los tribunales y juzgados administrativos del país.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333301020220006901, transgredió los derechos fund amentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

2 Al respecto, citó: i) la Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2020 con radicado 08001-23-33000-201300666-01 (0833 -16); ii) 76001 -23-31000200900867-01, No. Interno: 4854 -2014; iii) 11001-0315000-201803499-01; iv) 08001 23 33 000 2014 001 73-01 (1688-16); v) 08001-23-33000-201400208-01; vi) 08001 -23-31000-201400254-01 (4960 -2017); vii) 08001 -23-33000201400132-01; viii) 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017); ix) 08001 -23-33000-201500331-01; x) 19001 -23-33000-201500445-02(048320); xi) 08001 -23-33000-201401127-01 (1002-2021); xii) 40001 -23-40000-201700134-01 (2208 -2020); xiii) 080001 -23-40000-201590008-01 (2387 -2020); xiv) 080001 -23-40000-201490022-01 (5154 -2016); xv) 080001 -23-33000-201700931-01 (1001-2021); xvi) 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020); xvii) 7600123-33000-201300756-01 (2224-2020); xviii) 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020); xix) 47-001-23-33000-201900359-01 (4004 -2021); xx) 47 -001-23-33000-2019-0037601 ( 44622021); xxi) 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020); y, xxii) 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020). 3 Sentencia SU-098 de 2018, Sentencia SU-332 de 2019, Sentencia SU-041 de 2020.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El departamento de Boyacá4 solicitó desestimar la pretensiones de amparo, toda vez que, en materia de reconocimiento y pago de sus cesantías, a los docentes oficiales afiliados al Fomag no les aplica la Ley 50 de 1990 ; punto de discusión respecto del cual el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso– administrativo no ha preferido sentencia de unificación, y si bien la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 ordenó la aplicación de dicha normativa a un docente oficial , este estaba vinculado a un fondo de pensiones

administrativo no ha preferido sentencia de unificación, y si bien la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 ordenó la aplicación de dicha normativa a un docente oficial , este estaba vinculado a un fondo de pensiones privado, por lo que no resulta ser un cr iterio vinculante dada la diferencia fáctica respecto de la situación de Milena Isabel Cabrera Machado quien si está afiliada al fondo del magisterio.

En cuanto a la transferencia de los recursos de la Nación al Fomag para pagar las cesantías del sector docente oficial, explicó que de acuerdo con el Decreto 3752 de 2003: i) s e descontarán directamente de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones y de los recursos que aporte adicionalmente la Nación en los términos de la Ley 812 de 2003 ; ii) las entidades territoriales que administren plantas de personal docente pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones y/o con recursos propios, deben reportar a la sociedad fiduciaria que administre los del fondo las nóminas de los docentes activos afiliados y todas las novedades que se l legaren a presentar, dentro de los 10 primeros días de cada mes ; y iii) la sociedad fiduciaria administradora, de acuerdo con la información que se le suministre, deberá proyectar para la siguiente vigencia fiscal el monto correspondiente a los aportes previstos en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989 ; lo cual deberá reportarse a los entes territoriales a más tardar el 15 de abril de cada año.

De acuerdo con la anterior, concluyó que «para el pago de las cesantías el Fondo recibe recursos de diferentes fuentes, principalmente de la Nación, los cuales administra de

reportarse a los entes territoriales a más tardar el 15 de abril de cada año.

De acuerdo con la anterior, concluyó que «para el pago de las cesantías el Fondo recibe recursos de diferentes fuentes, principalmente de la Nación, los cuales administra de acuerdo con un programa anual de caja (PAC); por lo tanto, en este régimen especial no se tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados, sino que los recursos, previamente incluidos en el presupuesto, ingresan al FOMAG mediante un giro global. […]»

En cuanto al proceso de liquidación de cesantías del año 2020, la entidad le explicó que:

«la sectorial realizó el proceso de liquidación de cesantías del año 2020 para los docentes de régimen de anualidad del Departamento de Boyacá, y una vez terminado

4 Ver índice 9. Archivo denominado «9_MemorialWeb_ContestaciOnDema nda(.pdf) NroActua 94

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

dicho proceso se envió comunicación por correo electrónico a FIDUPREVISORA, S.A. el día 4 de febrero de 2021, es decir que una vez realizado el proceso de liquidación el fondo proceda a generar en línea el report e de las cesantías del 2020 a través del Sistema Humano para su respectiva validación. Posteriormente, se remitió a FIDUPREVISORA el día 4 de febrero de 2021 donde se informa que el FOMAG realizó la confrontación de los reportes a las cesantías del año 202 0, los cuales serán procesados e incluidos como insumos para la liquidación y pago de los intereses a las

la confrontación de los reportes a las cesantías del año 202 0, los cuales serán procesados e incluidos como insumos para la liquidación y pago de los intereses a las cesantías, igualmente se procedió a enviar el proceso de liquidación de cesantías del año 2020 en medio físico, según guía 700049474347 del 5 de febre ro de 2021, allí se adjunta los soportes de la liquidación en 148 folios, en los que se relacionan 6775 docentes con el valor de las cesantías anuales, es decir que la entidad envió las cesantías del año 2020 dentro de la fecha establecida por la normatividad y el FOMAG. […]»

Adujo que resolver cualquier reclamación relacionada con las cesantías y la liquidación y el pago de los intereses de estas es competencia del Fomag a través de la Fiduprevisora S.A., es decir, ello no le corresponde a ese ente territorial.

Señaló que, tal como lo explicó el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia acusada, en el asunto ba jo estudio no se desconoció la aplicación del principio de favorabilidad en favor de l a docente, pues no se está frente a un vacío legal que regule el tema, sino ante la existencia de un régimen especial en favor de los docentes oficiales el cual debe ser aplicado de forma integral al ser el más favorable.

Concluyó que la decisión acusada está debidamente motivada, sin que incurra en ninguna irregularidad, la cual fue proferida por el Tribunal Administrativa de Boyacá en ejercicio de su función constitucional y de los principios de autonomía e independencia judicial.

1.2.2. La Fiduprevisora S.A. 5 informó que las entidades administradoras de

en ejercicio de su función constitucional y de los principios de autonomía e independencia judicial.

1.2.2. La Fiduprevisora S.A. 5 informó que las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 solo podrán hacerlo respecto de cuentas individuales, característica que no tiene el Fomag, el cual se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, lo cual se traduce en que la totalidad de recursos que lo constituye conforman un patrimonio autónomo administrado a través del esquema fiduciario, por ello «los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Recordó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, […]», principio que «permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obli gaciones asumidas, en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud».

5 Ver índice 10 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_120230580825521_0000(.p df) NroActua 10»5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

RONICO_120230580825521_0000(.p df) NroActua 10»5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

Señaló que todo el esquema referido se rige por un conjunto normativo especifico: las leyes 91 de 1989 y 715 de 2001 y el Decreto 196 de 19956, el cual se surte en las siguientes fases:

«[…] • Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los recursos del fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones. • Una vez definido el monto de la deuda a pagar, y previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sociedad fiduciaria (en este caso Fiduprevisora S.A.) comunica a la entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto. • Esta deuda se cubre con el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPETal Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-. • En caso de que estos recursos no fueren suficiente s para cubrir la deuda, la entidad territorial deberá disponer de sus propios recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan. […]»

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que: i) el esquema normativo que rige para el Fomag no refiere la creación de cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, por lo que se configura imposibilidad jurídica para su creación a través de

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que: i) el esquema normativo que rige para el Fomag no refiere la creación de cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, por lo que se configura imposibilidad jurídica para su creación a través de órdenes judiciales; ii) no opera la consignación de cesantías, pero sí su retiro según la solicitud que eleve el docente con el lleno de los requisitos de ley y iii) no puede configurarse la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que el origen de esta es la consignación tardía de las cesantías, cuya operación no procede para sus afiliados.

Respecto del desconocimiento del precedente alegado, explicó que existe una indebida interpretación de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, caso en el cual solo se vinculó a l municipio de Santiago de Cali, «quien no había realizado la afiliación del docente al FOMAG, y de contera, no había trasladado los periodos correspondientes a las cesantías en las que el docente no es tuvo afiliado al fondo », y en la que se ordenó emitir una nueva decisión contencios oadministrativa con fundamento en el principio de favorabilidad, en el entendido del derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

En cumplimiento de la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, profirió la sentencia del 24 de enero de 2019, en la que, a título de restablecimiento, condenó al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar al entonces demandante la sanción moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley

restablecimiento, condenó al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar al entonces demandante la sanción moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1999, en tanto el ente territorial «no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó la consecuencia consignación de las cesantías».

6 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

Dicho ello, señaló que la situación fáctica allí descrita y la de Milena Isabel Cabrera Machado son diferentes, pues esta última se encuentra afiliada al Fomag y su reclamo obedece a la no consignación de las cesantías en los plazos establecid os por en la Ley 50 de 1990, respecto de lo cual, insistió, es imposible el reconocimiento de la mora alegada de cara «a un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes», ante la inexistencia de cuentas individuales para cada afiliado.

De acuerdo con todo lo expuesto, concluyó que la solicitud de tutela se torna improcedente ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, además, solicitó su desvinculación del asunto por carecer de legitimación por pasiva, pues su actuación es como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag.

improcedente ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, además, solicitó su desvinculación del asunto por carecer de legitimación por pasiva, pues su actuación es como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag.

1.2.3. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja7, luego de realizar un recuento de las actuaciones judiciales adelantadas en el expediente cuestionado, señaló que en el presente asunto no se configura la causal de procedencia específica invocada y, en conse cuencia, solicitó ne gar el amparo constitucional en atención a que los argumentos expuestos fueron resueltos en el proceso ordinario, y que en esta oportunidad lo que se pretende es reabrir un debate jurídico ya concluido como si se tratara de una tercera instancia.

Refirió que el asunto bajo examen no goza de relevancia constitucional, en la medida de que se trata de una discusión donde se debaten aspectos que son absolutamente de índole legal (Ley 50 de 1990 artículo 99, Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991) y b ajo dicha óptica es que fue resuelta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la actora, sin que en la sentencia del 21 de octubre de 2022 , se hubiere omitido analizar, interpretar y aplicar las normas antes enunciadas.

En cuanto al cargo endilgado adujo que los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales relacionados en el escrito de tutela , fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia, en donde se examinaron los casos particulares y concretos que llevaron al órgano de cierre de la jurisdicción de lo

jurisprudenciales relacionados en el escrito de tutela , fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia, en donde se examinaron los casos particulares y concretos que llevaron al órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a resolver favorablemente las súplicas de las demandas en ciertos eventos, pero que fueron situaciones jurídicas especiales en las que definitivamente no se enmarca la de la actora, es decir, no cobijan este caso.

Informó que, respecto de la situación particular de Milena Isabel Cabrera Machado, encontró probado que «la Secretaría de Educación de Boyacá, remitió al FOMAG la liquidación y reporte de las cesantías para pago de intereses de primera nómina 2021, correspondiente a la vigencia 2020 de los docentes activos, mediante el oficio 1.2.5.38 del 3 de febrero de 2021, radicado por correo electrónico, de acuerdo con la confirmación fechada el 4 de febrero de 2021 2, con lo cua l se demostró que el ente territorial actuó conforme a las normas que regulan sus competencias. […]»

7 Ver índice 11 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_MEMO20230245100P(.pdf) NroActua 11»7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

1.2.4. El Ministerio de Educación Nacional 8 solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de tutela ante la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

1.2.4. El Ministerio de Educación Nacional 8 solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de tutela ante la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.2.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá9 solicitó negar el amparo propuesto al considerar que la providencia atacada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado, pues si bien la demandante refiere 25 decisiones del Consejo de Estado donde se menciona la aplicación parcial de la Ley 50 de 1990 en favor de los docentes oficiales, advirti ó que las situaciones fácticas son totalmente diferentes a la del asunto hoy cuestionado y que, en definitiva, en ninguno de dichos casos se hizo análisis sobre las diferentes posturas de la Corte Cons titucional respecto a la aplicación de la referida normativa, en razón a que se estudió acerca de la excepción de prescripción.

En cuanto a la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, advirtió que esa corporación en la sentencia SU-573 de 2019, la cual no es mencionada por la demandante, sostuvo que la primera «NO es aplicable a los docentes vinculados al FOMAG, por tal razón no fue considerada como procedente jurisprudencial».

1.2.6. La parte demandante presentó escrito de oposición respecto de los informes rendidos, en el que reitera los argumentos expuestos en la tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 10 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

8 Ver índice 13 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf ) NroActua 13» 9 Ver índice 14 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEPRUEBAS_08CONTESTACIONTU T(.pdf) NroActua 14» 10 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

acción de tutela.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 12 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 14 ha señalado que la solicitud de amp aro debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con u no de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

01328-01, M.P. María Elizabeth García González. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-00

Demandante: Milena Isabel Cabrera Machado

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 15 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.16

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de Milena Isabel Cabrera Machado con ocasión de la sentencia del 27 de marzo de 2023, a través de la cual confirmó la negativa frente a la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas en favor de una docente oficial, con lo cual incurrió, presuntamente, en descon