CE - 110010315000202302498011SENTENCIA20231005163936

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D. C. veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia / medio de control de reparación directa / defecto procedimental absoluto / defecto fáctico / desconocimiento del precedente / requisito general de inmediatez / incidente de liquidación de perjuicios SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la señora María Eugenia Henao García en contra de la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. I. ANTECEDENTES La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia formulada por la accionante se fundamenta en los siguientes:ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2

1. HECHOS 1.1. El 11 de octubre de 2016, la señora María Eugenia Henao García y miembros de su familia instauraron el medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con el fin de que se le declarara responsable por los daños causados con ocasión del accidente de tránsito acontecido el 1.º de julio de 2015, en el que falleció el señor Jesús Albeiro Gaviria Villa y resultó lesionada la accionante con una pérdida de capacidad laboral del 22.47 % determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. 1.2. El Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia del 21 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue revocada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 30 de septiembre de 2020, en la que declaró administrativamente responsable al INVIAS y lo condenó en abstracto a indemnizar a los demandantes, así: « (…) QUINTO: Condenar en abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS a indemnizar por perjuicios morales a cada uno de los demandantes, a saber, la señora JOHANA MARCELA GARCÍA quien actúa en nombre propio y en representación de los menores YORFA y YAMBRINSON GÓMEZ GARCÍA, y las señoras MARÍA LUZ AMÉRICA GARCÍA MARULANDA, MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA y CINDY TATIANA

GARCÍA quien actúa en nombre propio y en representación de los menores JOSÉ ÁNGEL PEÑARREDONDA y SAHARA SALOME LAVERDE GARCÍA, que se cuantificarán mediante incidente de liquidación de perjuicios que deberán promoverse por aquellos, determinadas las secuelas e índice de pérdida de capacidad laboral dejadas por el accidente, mediante pericia que aunará a los insumos que determine el Auxiliar de Justicia, la historia clínica de la señora HENAO GARCÍA, y teniendo en cuenta los parámetros trazados por el órgano de cierre de esta jurisdicción, conforme se estableció en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: Condenar en abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS a indemnizar a la señora MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA por concepto de daños a la salud, que se cuantificarán mediante incidente de liquidación de perjuicios que deberá promoverse por aquella, determinadas las secuelas e índice de pérdida de capacidad laboralACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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dejadas por el accidente, mediante pericia que aunará a los insumos que determine el Auxiliar de Justicia, la historia clínica de la señora HENAO GARCÍA, y teniendo en cuenta los parámetros trazados por el órgano de cierre de esta jurisdicción, conforme se estableció en el anterior considerando. SÉPTIMO: Condenar en abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS a indemnizar por concepto de lucro cesante a la señora MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA, que se cuantificará mediante trámite incidental que debe ser promovido por ésta, determinadas las secuelas e índice de pérdida de capacidad laboral dejadas por el accidente, mediante pericia que aunará a los insumos que determine el Auxiliar de Justicia, la historia clínica de la señora HENAO GARCÍA, y se liquidará desde el 01 de julio de 2015; asimismo deberá tenerse en cuenta para efectos del lucro cesante futuro, de haber lugar a su reconocimiento, la edad que tenía la señora MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA al momento de sufrir las lesiones y su expectativa de vida probable, así como la actividad económica que desarrollaba hasta el momento de las lesiones. De no probarse ésta habrá de presumirse que devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a los parámetros trazados en esta providencia. OCTAVO: Condenar a la llamada en garantía, compañía de seguros MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - MAFRE SEGUROS y las coaseguradoras COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA y

PREVISORA S.A a reembolsar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, las sumas a las de dinero a que se condenada(sic) en esta sentencia, en los términos y porcentajes de la póliza que se encontraba vigente para el 1 de julio de 2015. (…)» 1.5. Mediante providencia del 24 de marzo de 2021, el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá resolvió el incidente de liquidación de la condena en abstracto y fijó los perjuicios materiales y por daño a la salud en favor de la señora María Eugenia Henao García, así como los morales reconocidos a ella y el resto de demandantes. 1.6. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 18 de agosto de 2022 decidió revocar lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negar el reconocimiento de los perjuicios solicitados, al considerar que la parte demandante no aportó un medio de prueba técnico que cumpliera con las disposiciones legales establecidas en el artículo 411 de la Ley 100 de 1990, dado que aportó 1 ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. (…) Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberáACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 un peritaje particular elaborado por el Centro de Estudios en Derecho y Salud de la Universidad CES, entidad que no se encuentra dentro de las autoridades cualificadas por el legislador para determinar la pérdida de capacidad laboral. 1.7. La parte incidentante presentó recurso de reposición y en subsidio de súplica contra dicha providencia, los cuales fueron rechazados por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de auto del 24 de abril de 2023, por considerar que fueron presentados de manera extemporánea, toda vez que la decisión recurrida fue notificada mediante estado el 31 de octubre de 2022, por lo que el término para interponer cualquier recurso vencía el 3 de noviembre de 2022 y el memorial que contenía las impugnaciones se presentó el 8 de noviembre del mismo año. 2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN La parte accionante considera que con las decisiones proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se vulneraron sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y el debido proceso. a. Con respecto a la sentencia del 30 de septiembre de 2020, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico al condenar en abstracto, toda vez que dentro del expediente se encontraban las pruebas suficientes para evidenciar la pérdida de capacidad laboral de la accionante y de esa manera establecer la

manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante Ia Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. (…).ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5

cuantía de la condena de perjuicios morales, daño a la salud y lucro cesante. b. Por otra parte, argumentó que el auto del 18 de agosto de 2022 adolece de los defectos fáctico, procedimental absoluto y violación directa de la Constitución al negar el reconocimiento de los perjuicios solicitados, por considerar que el dictamen médico pericial no era válido al no ser emitido por alguna de las autoridades establecidas en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. De igual forma, sostuvo que la providencia mencionada incurrió en un desconocimiento del precedente de las sentencias del 21 de junio de 20182 y 9 de septiembre de 20213, proferidas por las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, en las que se estableció que la disminución de la pérdida de capacidad laboral puede ser demostrada por cualquier medio de prueba que sea conducente y útil para formar el convencimiento del juez. c) Por último, señaló que en el auto del 24 de abril de 2023 la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto al considerar como extemporáneos los recursos de reposición y súplica, toda vez que la providencia de segunda instancia que resolvió el incidente de regulación de perjuicios fue notificada mediante correo electrónico enviado el 2 de noviembre de 2022, en el que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó sobre la notificación por estado de dicha decisión y, en esa medida, los recursos sí fueron presentados de manera oportuna. 2 Radicación no. 05001-23-33-000-2014-00622-01 3 Radicación no. 25000-23-42-000-2014-02760-01.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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3. PRETENSIONES La parte accionante solicitó lo siguiente: « 1). Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 2). Se dejen sin efecto el(sic) los numerales quinto, sexto y séptimo de la sentencia SC3-09-202521 del 30 de septiembre de 2020 proferida por el HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “C”-M.P. MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO en el medio de control de Reparación Directa bajo radicado 11001334306320160062301, para que en su lugar se proceda a liquidar la condena por concepto de perjuicios morales, daño a la salud y lucro cesante (consolidado y futuro), en atención a la prueba documental debidamente incorporado al proceso y consistente el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional No. 072128-2018 del 4 de abril de 2018 de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, y en consideración a las numerales 6.4.6., 6.4.6.1., 6.4.6.1.1., 6.4.6.1.2., 6.4.6.1.3., 6.5.2.4.3., 6.5.2.4.4., 6.5.2.4.6. de la misma sentencia SC3-09-20-2521

del 30 de septiembre de 2020, y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por el H. Consejo de Estado, Sección Tercera, con ponencia del Honorable Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en el proceso radicado con el número 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251). 3). Se deje sin efecto el auto mediante el cual se resolvió la apelación del auto que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, así como el auto que rechazó el recurso de reposición y en subsidio de súplica por extemporáneo, ambos proferidos por el HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C”-M.P. MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO, en el medio de control de Reparación Directa bajo radicado 11001334306320160062303. 4). Se ordene al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C”-M.P. MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO, proferir un nuevo auto de reemplazo teniendo en cuenta que garantice el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, mediante el cual se resuelva la apelación contra el auto que resolvió el incidente de liquidación de condena en abstracto proferido el 24 de marzo de 2021 por el JUZGADO 63 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ DC, auto de reemplazo que deberá tener como prueba de la pérdida de capacidad laboral de la señora MARIA

EUGENIA HENAO GARCÍA el dictamen médico pericial rendido por el Médico y Cirujano, Magíster en Salud Pública, Especialista en Salud Ocupacional, Especialista en Valoración del Daño Corporal, Docente Universito y Perito del CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES DE LA UNIVERSIDAD CES, doctor JOSE MANUEL MENDEZ CARBALLO, y deberá liquidar los perjuicios en atención a esa prueba pericial y siguiendo los lineamientos expuestos en la sentencia SC3-09-20-2521 del 30 de septiembre de 2020 proferida por el mismo TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C”, con ponencia de la H. Magistrada Dra. MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO, todo lo anterior dentro del proceso con radicado 11001334306320160062303 instaurado por la señora MARIA EUGENIA HENAO GARCÍA Y OTROS contra el INVIAS.». (sic en toda la cita).ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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4. INFORMES Mediante auto del 18 de mayo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y al titular del Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Director del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, a los señores María Luz América García Marulanda, Johana Marcela García y Cindy Tatiana García, al representante legal o quien haga sus veces de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., al presidente de la Compañía de Seguros Axa Colpatria y al presidente de la Previsora S.A., como terceros interesados en las resultas del proceso. 4.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada ponente de la decisión objeto de censura, solicitó que se declare improcedente la presente acción de amparo al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el disentimiento manifestado por la accionante constituye una discrepancia frente a las valoraciones fácticas realizadas por ese despacho en el caso concreto, las cuales se hicieron conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de la autonomía e independencia judicial. 4.2. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS sostuvo que no vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados por la accionante e indicó que la autoridad competente para dilucidar las presuntas transgresiones al debido proceso y acceso a la administración de justicia es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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4.3. AXA Colpatria de Seguros S.A. solicitó negar las pretensiones de la acción de amparo, toda vez que no cumple con los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, ya que la tutela contra la sentencia del 30 de septiembre de 2020 no fue presentada en un lapso razonable y no se ejercieron los recursos procedentes de manera oportuna en contra del auto del 18 de agosto de 2022. 4.4. La Fiduciaria la Previsora S.A. indicó que la presente acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez respecto de las pretensiones dirigidas a cuestionar la sentencia del 30 de septiembre de 2020, dado que la accionante no reprochó sobre la condena en abstracto ni sobre los lineamientos establecidos para la liquidación de perjuicios. 4.5. Las demás partes guardaron silencio. 5. PROVIDENCIA IMPUGNADA La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de julio de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo frente a las pretensiones dirigidas a cuestionar la sentencia del 30 de septiembre de 2020 y el auto del 18 de agosto de 2022 por el incumplimiento del requisito de inmediatez. Por otra parte, frente a la pretensión dirigida a cuestionar el auto del 24 de abril de 2023 indicó que «i) la notificación del auto de 18 de agosto de 2022 por medio del cual la autoridad demandada negó el reconocimiento de los perjuicios solicitados en el trámite incidental referido

se surtió mediante estado electrónico el lunes 31 de octubre de 2022, razón por la cual el término de 3 días para recurrir la decisión corrió entre el martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de noviembre del mismoACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 año y, ii) los recursos de reposición y súplica fueron presentados en memorial del martes 8 de noviembre de 2022, como así lo reconoció la parte actora.». En ese sentido, sostuvo que del auto que rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y en subsidio de súplica, no evidenció una vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, toda vez que el memorial fue presentado por fuera del término de los tres días para recurrir la decisión. 6. IMPUGNACIÓN Contra la decisión precitada la parte accionante interpuso impugnación mediante escrito en el cual indicó que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito general de inmediatez, toda vez que tanto la sentencia del 30 de septiembre de 2020 como el auto del 18 de agosto de 2022 solamente pueden entenderse resueltas con la providencia del 24 de abril de 2023. Por otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada sí vulneró el derecho fundamental al debido proceso mediante el auto del 24 de abril de 2023 al incurrir en un defecto procedimental absoluto, dado que como lo sostuvo la accionante en el escrito de tutela inicial, la providencia del 18 de agosto de 2022 fue notificada a través de correo electrónico el 2 de noviembre del mismo año, por lo que no es posible contabilizar el término para interponer los recursos a partir del 31 de octubre del 2022.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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II. CONSIDERACIONES 1. COMPETENCIA Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en cuanto señala que: «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 2. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico, un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y un desconocimiento del precedente al proferir las providencias del 30 de septiembre de 2020, 18 de agosto de 2022 y 24 de abril de 2023 y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales cuestionadas. Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad; iii) defecto procedimental por exceso ritualACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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manifiesto; iv) defecto fáctico; v) desconocimiento del precedente y vi) el caso concreto. 3. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente4 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano 4 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 5 Sentencia de treinta

y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

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propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela. En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 3.2. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido6. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto7. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 8 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”9 […]». En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera

6 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018. 7 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014. 8 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 14

que sus actuaciones generan una denegación de la justicia10. Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar11. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales12. 3.3. Defecto fáctico De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita 10 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012., 11 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y

permita 10 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012., 11 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012. 12 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01 Accionante: María Eugenia Henao García

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 15 la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional13 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse: a. Una dimensión negativa14, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. b. Una dimensión positiva15, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de l