CE - 110010315000202303144011SENTENCIA20230922113859

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

Demandante: José María Castaño Escandón y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ventiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

Demandante: JOSÉ MARÍA CASTAÑO ESCANDÓN Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN B

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REPARACIÓN DIRECTA – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD

RSENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por l a parte demandante contra la providencia del 27 de julio de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores José María Castaño Escandón, Fabiola Vásquez Castrillón, José

Segunda, Subsección A, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores José María Castaño Escandón, Fabiola Vásquez Castrillón, José Manuel Castaño Carvajal, Ismael Castaño Escandón y Luz Marina Castaño Escandón, en nombre propio , interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul aron las siguientes pretensiones:

“Conforme al acontecer fáctico y las medidas que el Juez de tutela puede adoptar cuando los jueces ordinarios desconocen derechos fundamentales o incurren en vías de hecho, me permito solicitar:

Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, derecho a la libertad, acceso a la administración de justicia e igualdad, que nos fueron vulnerados producto de la sentencia de segunda instancia emitida dentro del proceso de Reparación Directa que se surtió en contra del NACIÓN - RAMA JUDICIAL, NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA

NACIONAL.

Se deje sin efectos los literales F, G, y H del numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia del 28 de octubre de 2022 proferida por la Subsección B - Sección Tercera del Consejo de Estado bajo el radicado 18001 -23-33-000-2012-00042-01 (57.684) -principalsentencia del 28 de octubre de 2022 proferida por la Subsección B - Sección Tercera del Consejo de Estado bajo el radicado 18001 -23-33-000-2012-00042-01 (57.684) -principal18001-23-31-000-2012-00041-01 (57.455) y 18001 -23-31-000-2010-00428-01 (57.277), relacionadas con la tasación indemnizatoria del perjuicio moral reconocidas a favor de los accionantes, y el numeral octavo de la parte resolutiva de la misma sentencia, relacionada con el lucro cesante reconocido al señor José María Castaño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

Demandante: José María Castaño Escandón y otros

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Que en su lugar se ordene a la Subsección B - Sección Tercera del Consejo de Estado, a que, por medio de una nueva providencia dentro del proceso de radicado de reparación directa No. 18001 -23-31-000-2010-00428-01 (57.277), acumulado con 18001 -23-33-0002012-00042-01 (57.684 ) y con 18001 -23-31-000-2012-00041-01 (57.455) que se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso y con

2012-00042-01 (57.684 ) y con 18001 -23-31-000-2012-00041-01 (57.455) que se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso y con ello a los derechos de dignidad humana, derecho a la libertad, acceso a la administración de justicia e igualdad; y se corrijan y/o modifiquen los puntos enunciados en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el análisis jurídico que se expondrá en la presente acción de tutela.

Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales, imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice los derechos vulnerados de las víctimas.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 10 de octubre de 2003 los señores César Augusto Guerra Vargas, Paulo César Murcia Mejía y José́ María Castaño Escandón fueron capturados por miembros de la Policía Nacional a órdenes de la Fiscalía Tercera de Derechos Humanos luego de que sus nombres aparecieron en un informe de policía judicial en el que se afirmó que tenían nexos con el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Se les impuso medida de aseguramiento por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir en calidad de autores.

El Juzgado Primero Penal de l Circuito Especializado de Florencia en decisión del 20 de octubre de 2006 absolvió a los señores José María Castaño Escandón y Paulo César Murcia Mejía del delito investigado, sin embargo, respecto del señor César Augusto Guerra Vargas declaró la responsabilidad penal; esta última

20 de octubre de 2006 absolvió a los señores José María Castaño Escandón y Paulo César Murcia Mejía del delito investigado, sin embargo, respecto del señor César Augusto Guerra Vargas declaró la responsabilidad penal; esta última decisión fue apelada y el Tribunal Superior de Caquetá en providencia del 16 de enero de 2009 confirmó la absolución del señor Castaño Escandón.

Como consecuencia de lo anterior, de manera individual el señor José María Castaño Escandón, junto con sus familiares, ejerció medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN), con el fin de que se las declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad que soportó y que, en su sentir, fue injusta.

El conocimiento del proceso del señor Castaño Escandón correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá bajo el número interno 57277 que, en sentencia del 3 de diciembre de 2015 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la falta de legitimación por pasiva de la Rama Judicial, la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y la condenó al pago de perjuicios morales y materiales, por concepto de daño moral y lucro cesante, al considerar que la privación de la libertad a la que estuvo sometido el señor José María Castaño Escandón fue injusta porque su presunción de inocencia no fue desvirtuada.

La anterior decisión fue apelada por ambas partes y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, decidió acumular los procesos de los 3 sujetos implicados

Escandón fue injusta porque su presunción de inocencia no fue desvirtuada.

La anterior decisión fue apelada por ambas partes y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, decidió acumular los procesos de los 3 sujetos implicados en los mismos hechos y en providencia del 28 de octubre de 2022, al referirse al caso del actor identificado con el numero interno 57277 modificó la condena en contra de la FGN, redujo la indemnización reconocida por daño moral y lucro cesante teniendo en cuenta, únicamente, el periodo que el actor estuvo privado de la libertad a cargo de ese organismo y la adicionó, como medida de reparación noRadicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

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pecuniaria, para que se emitiera una misiva donde se disculpara por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada con la decisión de segunda instancia vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad

segunda instancia vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad demandada debió reconocer que estuvo privado de la libertad por más de 20 meses y no solo podía condenar de manera proporcional a la FGN respecto al tiempo que estuvo recluido a su cargo; pues para la época de los hechos no existía ese criterio, el cual surgió en el 2021 cuando se unificó el tema de tasación de perjuicios morales por privación injusta de la libertad.

En ese entendido, indicó que si la autoridad judicial demandada decidi ó condenar de manera proporcional lo correcto era haber lo hecho de manera solidaria a la Rama Judicial y a la F GN, como ocurrió en otro de los casos analizados en la providencia reprochada, dado que al no hacerlo desconoce la totalidad del tiempo de su privación.

Frente a l desconocimiento del precedente jurisprudencial, señaló que no fueron aplicados en debida forma los topes para tazar los perjuicios fijados en la sentencia de unificación del 29 de n oviembre de 2021, toda vez que, al estar privado de su libertad por más de 20 meses (esto es 2 años, 2 meses y 23 días ), había lugar a reconocer un tope máximo de 100 SMLMV.

Indicó que solo se ordenó el reconocimiento de perjuicios a cargo de la FGN equivalente a 54.66 SMLMV por el tiempo en que la privación de su libertad estuvo a cargo de dicha entidad, lo cual no concuerda con el tiempo total de privación,

Indicó que solo se ordenó el reconocimiento de perjuicios a cargo de la FGN equivalente a 54.66 SMLMV por el tiempo en que la privación de su libertad estuvo a cargo de dicha entidad, lo cual no concuerda con el tiempo total de privación, pues dejó por fuera 6 meses y 23 días.

Afirmó que la providencia objeto de reproche incurre en violación directa de la constitución en la medida en que en ella se afirma que como parte actora incumplió la carga de apelar la declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial ordenada en la sentencia de primera instanci a y en esa medida no había lugar a pronunciarse sobre esta, es decir no era procedente condenar a la mencionada entidad por el periodo restante que estuvo privado de la libertad bajo su responsabilidad, omitiendo que dicho criterio jurisprudencial no se en contraba vigente al momento en que ocurrieron los hechos (año 2003).

Explicó que, además, la autoridad judicial demandada no señaló los periodos que se tuvieron en cuenta para la tasación de perjuicios morales pues en el fallo de segunda instancia únicamente se indicó que se reconocería el tiempo que estuvo recluido a cargo de la FGN, pero no indicó qué fechas comprendían dicho periodo, lo cual, a su juicio, constituye prácticamente una decisión sin motivación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

Demandante: José María Castaño Escandón y otros

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4. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , por intermedio del ponente de la decisión objeto de reproche solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional debido a que de los actores pretenden crear, indebida e injustificadamente, una instancia adicional al proceso ordinario.

Explicó que al interior del medio de control se realizó un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, que la providencia fue sustentada en derecho y conforme los medios de prueba apo rtados los cuales fueron valorados de manera razonada e integral.

Asimismo, señaló que la sentencia objeto de la presente acción de tutela se expuso claramente que, si bien en la demanda se señaló que el señor José María Castaño Escandón estuvo privado de su libertad desde el 10 de octubre de 2003 hasta el 3 de enero de 2006, la única entidad condenada en primera instancia fue la F GN de manera que, en segunda instancia, al confirmarse la declaración de responsabilidad extracontractual de la entidad, el daño solo podía ser atribuible por el tiempo en que la víctima directa estuvo detenida a cargo de ese ente investigador penal, esto es,

manera que, en segunda instancia, al confirmarse la declaración de responsabilidad extracontractual de la entidad, el daño solo podía ser atribuible por el tiempo en que la víctima directa estuvo detenida a cargo de ese ente investigador penal, esto es, desde el momento de la aprehensión del señor Castaño Escandón (desde el 10 de octubre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2004), fecha en la cual quedó ejecutoriada la resolución de acusación.

Afirmó que, aunque en principio se explicó que le correspondería una indemnización de 100 SMLMV, la FGN -por el tiempo de detención que estuvo a su cargosolo fue condenada en proporción al periodo en que la víctima directa estuvo a su cargo y de conformidad con las reglas de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021, razón por que, por concepto de perjuicios morales se ordenó pagar en favor del señor José María Castaño Escandón la suma de cincuenta y cuatro punto sesenta y seis (54.66) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De igual forma, el perjuicio material por lucro cesante se indemnizó por el tiempo en que la víctima directa estuvo privada de la libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación.

Adujo que, si bien los demandantes cuestionan lo anterior, pues, en su criterio i) la FGN debe ser condenada por todo el tiempo de detención; ii) en su def ecto, la indemnización a cargo de esa autoridad debe ser mayor según la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de noviembre de

FGN debe ser condenada por todo el tiempo de detención; ii) en su def ecto, la indemnización a cargo de esa autoridad debe ser mayor según la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021 o, iii) en últimas, se debe condenar también a la Nación – Rama Judicial, entidad que fue vinculada en el proceso, lo cierto es que dejan de lado que, desde primera instancia, se exoneró de responsabilidad a la Rama Judicial y ese punto no fue apelado por la parte demandante, solo se cuestionó la indemnización de los perjuicios, razón por la que no p odía ser declarada responsable patrimonialmente en segunda instancia.

De igual forma expresó que no se desconoció la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021, por que en esta se expresó que, en principio, el máximo de indemnización por concepto deRadicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

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perjuicios morales para la víctima directa es de 100 SMLMV, de modo que la FGN fue condenada en proporción al periodo que la víctima directa estuvo a su disposición, sin que pudiera superarse el tope fijado.

5. Intervenciones

fue condenada en proporción al periodo que la víctima directa estuvo a su disposición, sin que pudiera superarse el tope fijado.

5. Intervenciones

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no puede ser tildada de irrazonable o desproporcionada en la medida en que la norma aplicada por el operador judicial para dar solución al asunto tiene soporte legal y constitucional.

Solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas por los accionantes por cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que se observa es que se hace uso de la solicitud de amparo para el reconocimiento de una pretensión de carácter económico y no evidencia la verdadera configuración de un perjuicio irremediable.

Señaló que de la lectura de la decisión cuestionada es posible concluir que la misma se argumentó de manera suficiente, no es arbitraria o irracional, por el contrario, se ajusta a derecho, el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos, hacen parte de la independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces al momento de dictar sentencia, motivo por el cual, el despacho demandado respetó las reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU-072 de 2018.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá indicó que la decisión objeto de debate hizo tránsito a cosa juzgada y, en esa medida, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá indicó que la decisión objeto de debate hizo tránsito a cosa juzgada y, en esa medida, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo.

Además, e xplicó que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en la medida en que el actor pudo hacer uso del recurso extraordinario de revisión contra la decisión objeto de debate , razón por la que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 27 de julio de 2023, negó la acción de tutela al considerar que la sentencia objeto de reproche no incurrió en ninguno de los defectos alegados por el actor, contrario a esto, indicó que en el caso objeto de estudio la demandada adoptó la decisión luego de analizar el desarrollo normativo y las diversas posiciones jurisprudenciales sobre la privación injusta de la libertad, lo que le permitió́ concluir que los actores no tenían derecho a una indemnización de perjuicios morales mayor a la otorgada.

Explicó que en el caso concreto se hizo referencia al periodo que tuvo en cuenta para liquidar la indemnización de los perjuicios morales a cargo de la FGN, esto es, desde la aprehensión (10 de octubre de 2003) y hasta la ejecutoria de la resolución de acusación (el 30 de diciembre de 2004), tiempo que tasó de manera proporcional de acuerdo con los topes máximos que estableció́ esta corporación en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, los cuales son de aplicación inmediata.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

de acuerdo con los topes máximos que estableció́ esta corporación en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, los cuales son de aplicación inmediata.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

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Adicionalmente, advi rtió que los ac tores aducen que para el año 2016 estaba vigente el criterio bajo el cual no importaba la entidad que fuera condenada por la privación injusta de la l ibertad, pues esta debía responder por todo el periodo de detención; no obstante, no allegaron ningún pronunciamiento judicial o prueba alguna que acredite lo mencionado. Finalmente, concluyó que los ac tores no apelaron la decisión que les era desfavorable respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial, sino que los temas objeto de recurso fueron: la tasación de los perjuicios materiales y la desestimación de las pretensiones solicitadas en cuanto al daño en la vida en relación o alteraciones de las condiciones de existencia . Que, por tal razón, no había lugar a alegar que no se condenó a la Rama Judicial.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito inicial e indicó que no se intenta con la tutela dar apertura a una tercera

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito inicial e indicó que no se intenta con la tutela dar apertura a una tercera instancia, teniendo en cuenta que lo que se pretende es que se revisen los defectos en los que incurrieron los jueces de segunda instancia en la sentencia objeto de reproche. Afirmó que no se observa que el juez de tutela de primera instancia haya analizado con detenimiento ni desvirtuado ninguno de los argumentos expuestos en el escrito de tutela, por lo que la decisión prácticamente fue expedida sin una motivación razonable, que se limitó únicamente a indicar que la Sección Tercera había adoptado la decisión conforme a las normas y jurisprudencia vigente, sin indicar por qué de esta. De igual forma , insistió en que se incurrió en defecto sustantivo dado que la apelación interpuesta por la FGN iba encaminada a analizar de fondo todo el juicio de responsabilidad efectuado por el Juzgador de primera instancia, por lo que el juez de segunda instancia no tenía, en principio, ninguna limitación para analizar la sentencia de primera instancia en todos los aspectos (imputación y condena) y no sólo en aplicar aquello que resultara desfavorable a la parte actora , más aún cuando en la época de los hechos no estaba vigente el criterio de que respond ían de manera independiente la FGN y la Rama Judicial y, en últimas, la causa petendi principal de la víctima directa, era que se condenara al Estado por la privación de la libertad que sufrió, y que se le indemnizara por todo el tiempo que estuvo recluido en una cárce l; aspectos que fueron concedidos en la sentencia de primera instancia.

principal de la víctima directa, era que se condenara al Estado por la privación de la libertad que sufrió, y que se le indemnizara por todo el tiempo que estuvo recluido en una cárce l; aspectos que fueron concedidos en la sentencia de primera instancia. Así mismo, también explicó que se hizo una indebida aplicación de los parámetros de tasación del perjuicio fijados por la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, para los casos de privación injusta de la libertad , pues se desconoció injustamente el periodo de detención que el señor José María Castaño estuvo a cargo de la rama judicial, dejando por fuera del parámetro de liquidación aproximadamente 12,09 meses, que deben ser tenidos en cuenta no sólo porque estuvo privado de la libertad, sino porque tanto los montos indemnizatorios, como la imputación y la condena fueron objeto de los recursos de apelación formulados por la parte actora y la FGN.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

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Señaló que en la sentencia de unificación se resolvió́ de esa manera, pero porque la Rama Judicial no fue demandada y era imposible vincularla al momento de la sentencia de segunda instancia , no obstante, en el caso objeto de estudio es

Señaló que en la sentencia de unificación se resolvió́ de esa manera, pero porque la Rama Judicial no fue demandada y era imposible vincularla al momento de la sentencia de segunda instancia , no obstante, en el caso objeto de estudio es distinto, porque fueron demandados tanto la Rama Judicial como la FGN, por lo que era procedente condenar solidariamente a ambas entidades. En conclusión, explicó que no apeló la exoneración de la Rama Judicial porque en materia resarcitoria, para esa época, en nada le afectaba que excluyeran a dicha entidad, porque el criterio vigente para ese entonces no exigía que cada entidad respondiera por el tiempo que tuvo a cargo a la víctima directa , sino que el condenado respond ía por la totalidad del tiempo que permaneció privado de la libertad. Conforme a lo expuesto, solicitó se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un c aso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se

fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-03144-01

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En los términos de la impugnación le corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o confirmar la decisión impugnada que negó la acción de tutela de la referencia, para lo cual la Sala deberá estudiar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la sentencia del 28 de octubre de 2022 incurrió en defecto sustantivo4, desconocimiento del precedente 5 y violación directa de la Constitución6, al modificar la tasación de la condena que le fue impuesta a la

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate d