CE - 110010315000202303234011SENTENCIAFALLO2A20230928155411

Demandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Demandantes: JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver l a impugnación presentada por el Tribunal Administrativo del Tolima, contra el fallo de 4 de agosto de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , accedió a las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Los señores José Gregorio Sánchez Gutiérre z, José Noraldo Mendieta, Myriam Edith Ortiz Sánchez y María Yamiles Villanueva Barreto , actuando por conducto de apoderado judicial , instauraron acción de tutela contra el Tribunal

Los señores José Gregorio Sánchez Gutiérre z, José Noraldo Mendieta, Myriam Edith Ortiz Sánchez y María Yamiles Villanueva Barreto , actuando por conducto de apoderado judicial , instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Doce Admi nistrativo Mixto del Circuito de Ibagué, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, y demás conexos.

Lo anterior, tras considerarlos transgredidos con los autos de 12 de agosto de 2022, que no dio trámite al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de junio de 2021, y de 15 de febrero de 2023 , que lo estimó bien denegado, proferidos por el juzgado y el tribunal accionados dentro del expediente 73001-33-33-012-2018-00162-00, co rrespondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor y otras personas en contra de la NaciónFiscalía General de la Nación.

Buscan que se dejen sin efecto los proveídos controvertidos y se ordene a las autoridades judiciales demandad as tener en cuenta el recurso de apelación interpuesto en término por el tutelante, en contra de la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.Demandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 1.2. Hechos

El 11 de abril de 2018, los señores José Gre gorio Sánchez Gutiérrez, J osé Ronaldo Mendoza, Myriam Edith Ortiz Sánchez y María Yamiles Villanueva Barreto, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se reconociera la bonificación judicial como factor salarial.

El 30 de junio de 2021, el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué emitió sen tencia en la que denegó las pretensiones de la demanda , decisión contra la c ual el apoderado de los ac cionantes, interpuso recurso de apelación el 13 de julio de 2021.

El 13 de agosto de 2021, el mencionado despacho archivó de forma definitiva el expediente, razón por la cual los tutelantes radicaron memorial el 17 de septiembre de ese mismo año, en el qu e manifestaron que habían interpuesto el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.

El 12 de agosto de 2022, el juzgado emitió auto en el que resolvió no conceder el recurso de apelación, con sustento en que el ap oderado de los demandantes no lo remitió al correo electrónico creado para tal fin, sino al canal digital adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual es utilizado por la Secretaría

el recurso de apelación, con sustento en que el ap oderado de los demandantes no lo remitió al correo electrónico creado para tal fin, sino al canal digital adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual es utilizado por la Secretaría del despa cho para notificar provide ncias judiciales, debiéndose radicar el respectivo recurso en el correo oficial para recepción de documentos que es el de correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Contra dicha providencia, el apoderado de los demandantes instauró recurso de reposición y, en subsidio, el de queja , el cual fue resuelto por el juzgado mediante auto de 24 de agosto de 2022, en el sentido de no reponer el proveído recurrido y ordenar el archivo definitivo del expediente.

En vista de lo anterior, la parte actora se dirigió al juzgado y mostró el pantallazo de que había radicado el recurso de queja, por lo que en auto de 30 de agosto de 2022 se dejó constancia secretarial en la que se indicó q ue el memorial respectivo quedó ubicado en la bandeja de correos no deseados; de manera que el 14 de octubre de 2022 se emitió providencia en la que se concedió el recurso de queja contra la decisión de no conceder la apelación co ntra el fallo, y se autorizó la expedición de copias para surtirlo ante el superior.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sala unitaria conformada por el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, profirió auto el 15 de febrero de 2023 en el que declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

En la acción de tutela, la parte actora indicó que la deci sión de la mencionada

en el que declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

En la acción de tutela, la parte actora indicó que la deci sión de la mencionada Corporación cometió una imprecisión al señalar que se estimaba bien denegada la apelación contra la providencia dictada el 11 de diciembre de 2020 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, que improbó el acuerdo conciliatorio entre el señor Abraham Ballén Guzmán y el municipioDemandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de Ibagué, datos que no coincidían con el proceso ordinario de que se trata.

1.3. Sustento de la petición

La parte actora señaló que se han lesionado sus derechos fundamentales, puesto que se pasó por alto que el Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Ibagué, en un caso similar, indicó que:

“(…) A pesar de lo descrito, no desconoce el despacho que la existencia de los dos correos autorizados por la rama judicial para uso de los juzgados administrativos, puede llegar a crear confusión entre los usuarios de la administración de justicia, la cual se ha tratado de eliminar con las advertencias y respuestas automáticas generadas por el correo en mención, amén de las publicaciones hechas en el micrositio del despacho, que revelan sin duda el

administración de justicia, la cual se ha tratado de eliminar con las advertencias y respuestas automáticas generadas por el correo en mención, amén de las publicaciones hechas en el micrositio del despacho, que revelan sin duda el esfuerzo por suprimir toda duda sobre el único correo autorizado para la recepción de memoriales.

De esta manera en el presente asunto, se considera que el correo que fue utilizado para el envío del memorial subsanando la demanda, corresponde a un correo institucional y que tal información fue remitida dentro del término otorgad o para hacerlo y aunado a ello se tienen en cuenta las especiales circunstancias que vivimos, imponen la flexibilización en el uso de los medios tecnológicos, dando prevalencia al derecho de acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 Constitucional, por lo que el despacho tendrá en cuenta el memorial allegado por el extremo demandante, el 28 de septiembre de 2021 al correo electrónico jadmin04ibe@notificacionesrj.gov.co (…)”.

Manifestó que la virtualidad en la administración de justicia ha sido un tema complicado, lo que ha llevado que los mismos despachos judiciales incurran en errores cuando suben alguna actuación o cuando están transcribiendo una providencia, como aconte ció en el presente caso, pues en el auto de 15 de febrero de 2023, en el que el Tribunal Administrativo del Tolima estimó bien denegado el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dicha Corporación cometió un error en los datos del proceso.

Citó la sentencia C -420 de 2020 de la Corte Constitucional, en la cual se hizo referencia a la prueba idónea para probar la radicación de elementos procesales

Corporación cometió un error en los datos del proceso.

Citó la sentencia C -420 de 2020 de la Corte Constitucional, en la cual se hizo referencia a la prueba idónea para probar la radicación de elementos procesales en vigencia del Decreto 806 de 2020, de la cual extrajo el siguiente aparte:

“(…) Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el régimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver qu e en aras de esta simplificación se admitan interpretacion es que desconozcan la teleología de las notificaciones, esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de l inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. A juicio de la Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida que desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales mediante correoDemandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en el artículo 8°, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para valorar su ocurrencia (…)”.

1.4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 14 de julio de 2023, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima y al juez Doce Administrativo del Circuito de Ibagué; de igual forma, se vinculó a la NaciónFiscalía General de la Nación, en calidad de tercero con interés.

Realizadas las notificaciones de rigor, se allegaron las sig uientes contestaciones:

1.4.1. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del magistrado que emitió el auto objeto de controversia, solicitó que se deniegue la acción de tutela por cuanto no se lesionaron los derechos fundamentales invocados. Precisó que la decisión de estimar bien denegado el recurso de ap elación instaurado por la parte actora contra el fallo de primera instancia, se adoptó con fundamento en la normativa aplicable y en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Agregó que los tutelantes no precisaron las razones por las cuales se incurrió en algún defecto, y que se pretende reabrir el debate surtido en el proceso

normativa aplicable y en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Agregó que los tutelantes no precisaron las razones por las cuales se incurrió en algún defecto, y que se pretende reabrir el debate surtido en el proceso ordinario, en tanto los argumentos de la tutela corresponden a los esgrimidos en el recurso de queja.

1.4.2. El juez Doce A dministrativo del Circuito de Ibagué pidió que se deniegue la acción de tutela porque no se lesionó el debido proceso de la parte actora, ya que se tuvieron en cuenta las normas sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones , según las cuales es obligación tanto de la jurisdicción como de los usuarios el uso de las direcciones para notificaciones y para recepción de memoriales.

Puso de presente que si bien pueden existir varios correos electrónicos en las entidades, esto se realiza con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio y los principios de celeridad y economía procesal, pues el envío de diversos memoriales a todos los canales generaría caos, además que la remisión de escritos a distintos canales digitales puede ocasionar consecuencias jurídicas para las partes al no us ar los medios informados públicamente por los despachos y dispuestos de forma concreta para la recepción de memoriales.

1.4.3. La Nación - Fiscalía General de la Nación, por conducto de la profesion al especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Entidad, sostuvo que no tuvo injerencia alguna en las actuaciones judiciales objeto de controversia, por lo que no lesionó los derechos invocados por los tutelantes.

1.5. Sentencia de primera instancia

tuvo injerencia alguna en las actuaciones judiciales objeto de controversia, por lo que no lesionó los derechos invocados por los tutelantes.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Es tado, a través de fallo deDemandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 4 de agosto de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso de los señores José Gregorio Sánchez Gutiérrez, José Noraldo Mendieta, Myriam Edith Ortiz Sánchez y Ma ría Yamiles Villanueva Barreto, y dejó sin efectos el auto de 15 de febrero de 2023 emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que resolvió el recurso de queja contra el auto de 12 de agosto de 2022, a través del cual decidió no conceder la apelación contra la sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001 -3333-012-2018-000162-00.

Como sustento de la decisión, consideró que si bien en el sitio web de la Rama Judicial se encuentra publicad o el protocolo para dirigir documentos al Juzgado Doce Adm inistrativo del Circuito de Ibagué, en el que se indicó que el correo para tal efecto es correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co, también lo es que el memorial enviado a l co rreo

Doce Adm inistrativo del Circuito de Ibagué, en el que se indicó que el correo para tal efecto es correspondenciaj12admiba@cendoj.ramajudicial.gov.co, también lo es que el memorial enviado a l co rreo adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co sí fue recibido por el despacho , de manera que era deber del juez tramitar el recurso de apelación instaurado contra el fallo de primera instancia pro ferido en el medio de control objeto de controversia, en los términos del artículo 109 del Código General del Proceso.

Argumentó que al no concederse la apelación de que se trata so pretexto de haberse enviado a un correo electrónico que no estaba habilitado para tal efecto, se desconoció el principio de prevale ncia del derecho sustancial y, por ende, impidió a los actores acceder a la segunda instancia, lo que vulneró su derecho al debido proceso.

Aclaró que si bien en asuntos similares se ha dicho que l os memoriales no enviados a direcciones electrónicas estab lecidas para tal efecto no se pueden tener como presentados, tal supuesto se aplica cuando no se tiene certeza de que sus destinatarios lo hayan recibido, situación distinta al presente caso en el cual el recurso de apelación sí fue recepcionado por el jue z accionado, pero no le dio trámite por un tema formal fijado en un protocolo.

1.6. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 15 de agosto del año en curso, el Tribunal Administrativo del Tolima impugnó el fallo de primera instancia, con base en lo siguiente:

Manifestó que pese a que presentó la contestación a la acción de tutela en tiempo, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado no la tuvo en

con base en lo siguiente:

Manifestó que pese a que presentó la contestación a la acción de tutela en tiempo, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado no la tuvo en cuenta y constató, en el fallo impugnado, que se había guardado silencio.

En relación con la sentencia de primera instancia, advirtió que el auto de 15 de febrero de 2023, mediante el cual resolvió el recurso de queja en el sentido de estimar bien denegada la apelación co ntra el fallo emitido por el juez administrativo, concluyó de forma adecuada que el envío del escrito de alzada fue realizado a un correo no habilitado para tal efecto, tesis que se ajustó a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado.

Señaló que la solicitud de amparo preten de discutir criterios de interpretación deDemandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 normas legales y de la jurisprudencia, por lo que recordó el carácter subsidiario de la acción de tutela, cuyo fin es el de garantizar las competencias nat urales de las distintas autoridades y los principios de autonomía e independencia judicial.

Puso de presente que la parte actora no planteó de forma clara la configuración de algún defecto, pues insistió en la lesión de sus derechos fundamentales pero

las distintas autoridades y los principios de autonomía e independencia judicial.

Puso de presente que la parte actora no planteó de forma clara la configuración de algún defecto, pues insistió en la lesión de sus derechos fundamentales pero no expuso las irregularidades en las que presuntamente incurr ió e l auto cuestionado, y si bien planteó la existencia de un error en la notificación de este para dar a entender que es viable una irregularidad en la utilización de la tecnología, se observa que dicha situación no condujo a vulnerar derecho fundamental alguno porque se realizó la notificación, una vez superada la inconsistencia y porque ello no conlleva a que se configure algún defecto.

Arguyó que las justificaciones dadas en la acción de tutela son los mismos planteamientos del escrito de queja, por lo que se pretende reabrir un debate ya zanjado por el juez natural, lo que hace que esta sea improcedente.

Especificó que si se admitiera que la solicitud de amparo es procedente, de todas formas debe concluirse que no existió lesión a los derechos fundamentales invocados, puesto que la “sede judicial electrónica” debe entenderse como aquel canal digital o dirección establecida oficialmente por el operador judicial, tal y como ha sido reiterado por el Consejo de Estado.

Hizo énfasis en que si bien existen criterios disímiles sobre el presente asunto al interior del Consejo de Estado, ello no significa que la conclusión respecto de que no se admitía la apelación en este caso por haber sido enviada a u n correo no autorizado no desconoce derecho alguno, pues d e lo contrario se permitiría a los sujetos procesales remitir a cualquier correo institucional los escritos dirigidos al juzgado y conllevaría a que los operadores judiciales tuvieran que asumir la

no autorizado no desconoce derecho alguno, pues d e lo contrario se permitiría a los sujetos procesales remitir a cualquier correo institucional los escritos dirigidos al juzgado y conllevaría a que los operadores judiciales tuvieran que asumir la carga de remitir al competente, lo que también desconocerí a la obligación que tienen los usuarios de remitir los memoriales a los correos establecidos para ese efecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo del Tolima contra la sentencia de 4 de agosto de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B accedió al amparo deprecado, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe establecer si se lesionaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.Demandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 contradicción, y demás conexos de la parte actora, con ocasión de los autos de 12 de agosto de 2022, mediante el cual no se dio trámite al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de junio de 2021, y de 15 de febrero de 2023 que lo estimó bien denegado, proferidos por el juzgado y el tribunal accionados dentro del expediente 73001 -33-33-004-2021-00164-00, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimi ento del derecho instaurado por los tutelantes en contra de la NaciónFiscalía General de la Nación.

Para resolver tales cuestionamientos, se observarán los siguientes aspectos: i) legitimación en la causa por activa; ii) la postura de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra pro videncias y actuaciones de los jueces de tutela ; iii) análisis sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iv) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela co ntra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso

procedencia de la acción de tutela co ntra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos q ue las distintas Secciones que la componen, antes y despué s de l pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criteri o ra dical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabi do es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos

estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabi do es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede

2 Sala Plena del Consejo de Estado , rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. 3 Ibídem.Demandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha refe rido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo – procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutel a con tra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos

presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutel a con tra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con un o de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los arg umentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Caso concreto

Como viene de explicarse, los tutelantes controvierten el auto a través del cual no se concedió el recurso de apelación contra la sentencia de pr imera instancia emitida por el juez Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, así como el proveído con el que , por vía de queja, el Tribunal Administrativo del Tolima estimó bien denegado el recurso; lo anterior, en el marco del medio de control de

emitida por el juez Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, así como el proveído con el que , por vía de queja, el Tribunal Administrativo del Tolima estimó bien denegado el recurso; lo anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por los actores, contra la NaciónFiscalía General de la Nación.

En primera instancia, el a quo accedió al amparo tras considerar que el memorial de la apelación objeto de controversia sí fue recibido por el despacho, por lo cual debía tramitarse dicho recurso; además, al no haber sido concedido este, so pretexto de haberse enviado a un correo electrónico que no estaba habilitado para tal efecto, se desconoció el principio de prevalencia del derecho sustancial.

Con la impugnación, el Tribunal Administrativo del Tolima p uso de presente que las justificaciones dadas en la acción de tutela son los mismos planteamientos del escrito de queja, por lo que se pr etende reabrir un debate ya zanjado por el

4 Entre otras, en las sentencias T -949 de 16 de octubre de 2003, T -774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandantes: José Gregorio Sánchez Gutiérrez y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03234-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 juez natural, lo que hace que esta sea improcedente.

Especificó que si se admitiera que la solicitud de amparo es procedente, de

www.consejodeestado.gov.co 9 juez natural, lo que hace que esta sea improcedente.

Especificó que si se admitiera que la solicitud de amparo es procedente, de todas formas debe concluirse que no existió lesión a los derechos fundamentales invocados, puesto que la “sede judicial electrónica” debe en tenderse como aquel canal digital o dirección establecida oficialmente por el operador judicial, tal y como ha sido reiterado por el Consejo de Estado.

Además, que si bien existen criterios disímile s sobre el presente asunto al interior de tal corporación, ello no significa que la conclusión respecto de que no se admitía la apelación en este caso por haber sido enviada a un correo no autorizado no desconoce derecho alguno, pues de lo contrario se permitiría a los sujetos procesales remitir a cualquier corr eo institucional los escritos dirigidos al juzgado y conllevaría a que los operadores judiciales tuvieran que asumir la carga de remitir al competente, lo que también desconocería la obligación q