CE - 110010315000202303445011SENTENCIA20231018171835

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: JORGE RAMÍREZ VEGA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia const itucional, pa ra que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ – No se cumple en este caso, dado que transcurrieron más de seis meses entre la notificación de la sentencia cuestionada y la interposición de la demanda de tutela.

La Sala decide la im pugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 3 de agosto de 2023 , proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado , que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 27 de junio de 2023 1, el señor Jorge Ramírez Vega interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga , por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proc eso y de acce so a la administración de justicia , con ocasión de la s

contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga , por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proc eso y de acce so a la administración de justicia , con ocasión de la s providencias proferidas el 28 de mayo de 2021 y el 21 de octubre de 2022 en el trámite del proceso de reparación directa con radicado 68001-33-33-011-202100090-01. Formuló las siguientes pretensiones:

1 La Sala advierte que , el 21 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERO: PROTEGER MIS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA consagrados en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política y la aplicación del PRINCIPIO PRO ACTIONE, vulnerados por el JUZGADO O NCE ADMINISTR ATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, quienes incurrieron en defecto sustantivo y fáctico al RECHAZAR la demanda de REPARACIÓN DIRECTA incoada mediante apoderada por JORGE RAMÍREZ VEGA y OTROS contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, al declarar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, al declarar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia de fecha 21 de octubre 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, a través del M. P.

Dr. IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA, radicado 680013333011 -2021-00090-01, que confirmó la decisión del 28 de mayo de 2021 del JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE B UCARAMANGA que rechazó la demanda por el fenómeno jurídico de la caducidad. En su lugar, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la decisión de primera instancia del 28 de mayo de 2021 proferida por el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en este proveído.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Del escrito de tutela y de l expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El 31 de julio de 2020, el señor Jorge Ramírez Vega y su núcleo familiar interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga, con el objeto de que se les declarara administrativa y

interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga, con el objeto de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños morales y materiales causados al señor Ramírez Vega con ocasión del acoso l aboral que su frió cuando se desempeñaba como Asistente Social – Grado 1 en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga.

Narra la demanda que el entonces demandante se desempeñó como Asistente Social – Grado 1 en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramang a, entre el 17 de septiembre de 2009 y el 28 de marzo de 2016, fecha en la que fue desvinculado, ilegalmente, del cargo que ocupaba.

Aduce que, durante el término de su vinculación con la Rama Judicial en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga fue v íctima de aco so laboral en susRadicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

modalidades de persecución, discriminación e inequidad laboral, situación que sólo cesó hasta el momento en el que fue declarado insubsistente.

El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga, el que , mediante auto del 28 de mayo de 2021, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad, en aquella oportunidad, el juez de instancia sostuvo que los hechos constitutivos de acoso laboral cesaron

Bucaramanga, el que , mediante auto del 28 de mayo de 2021, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad, en aquella oportunidad, el juez de instancia sostuvo que los hechos constitutivos de acoso laboral cesaron cuando el accionante fue desvi nculado del c argo que desempeñaba, es decir, el 28 de marzo de 2016, y que desde ese momento debía contarse el término para la interposición oportuna de la demanda; sin embargo, el libelo introductorio sólo fue radicado hasta el 31 de julio de 2020, es dec ir extemporáneamente.

La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por la parte demandante y , mediante auto del 21 de octubre de 2022 , el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la providencia recurrida , con fundamento en los mismos argu mentos expuestos por el a quo.

Con fundamento en lo anterior, el señor Ramírez Vega alegó que las providencias dictadas por el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia .

Señaló que las decisiones acusadas incurrieron en un defecto fáctico porque se omitió la valoración probatoria de la totalidad de las pruebas aportadas al proceso con la demanda, las que permití an determina r, en primer lugar , que el acoso laboral es una conducta continuad a, en segundo lugar, que la Junta de Calificación de Invalidez Nacional sólo confirmó el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del demandante hasta el 22 de marzo de 2019 y, por último, que no se tuvo en cuenta que, previo a demandar ante la Jurisdicción de lo

Calificación de Invalidez Nacional sólo confirmó el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del demandante hasta el 22 de marzo de 2019 y, por último, que no se tuvo en cuenta que, previo a demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tuvo que iniciar un proceso especial de fuero sindical para desvirtuar la presunción de legalidad del acto que ordenó su desvinculación.

En tal sentido, adujo que el término de caducidad debió contabilizarse desde el 19 de marzo de 2018, fecha en la que se profirió sentencia definitiva en el trámite del proceso especial de fuero sindical.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por último, expresó que las providencias acusada s desconocieron los parámetros fijados por esta Corporación en asuntos fáctica y jurídicamente similares al que fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales demandadas.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 4 de julio de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó notificar a (i) los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander; y (ii) al juez Once Administrativo de Bucaramanga, en calidad de autoridades judiciales demandadas , así como iii) a los s eñores Dorys Janne th Bernal Castellanos, Jorge Andrés Ramírez Bernal, Andrés Fernando Ramírez Bernal, a la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de

Castellanos, Jorge Andrés Ramírez Bernal, Andrés Fernando Ramírez Bernal, a la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga , como terceros con interés.

2.2. El Tribunal Administrativo de Santander se limitó a informar que el expediente con el proceso con radicado 68001-33-33-011-2021-00090-01 fue devuelto al juzgado de origen el 17 de noviembre de 2022.

2.3 La Dirección Ejecutiva de Administración Judic ial de Bucaramanga solicitó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo por no haberse interpuesto en un plazo razonable posterior a la notificación de la providencia acusada.

2.4 Los demás intervinientes guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 3 de agosto de 2023 , la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de inmediatez. Al respecto , indicó que la providencia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Admini strativo de Santander, se notificó a través de correo electrónico el 24 de octubre de 2022 , mientras que la solicitud de amparo se interpuso el 27 de junio de 2023 , esto es, por fuera del término de seis mesesRadicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

considerado como razonable p ara ejercer la acc ión de tutela contra providencias judiciales.

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

considerado como razonable p ara ejercer la acc ión de tutela contra providencias judiciales.

De igual modo, sostuvo que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez, toda vez que , «la parte actora no justificó la tardanza de la interposición de la acción constitucional».

4. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de tutela, para lo cual expuso los siguientes argumentos relevantes (se transcribe textualmente):

1. Como se afirmó en la demanda de tutela y se probó con suficiencia en el expediente administrativo, el accionante es un sujeto de especial protección constitucional. Por lo demás, esta condición del demandante, nunca fue controvertida por las autoridades judiciales demandadas.

2. El accionante agotó los mecanismos administrativos y judiciales que tenía a su a lcance para s olicitar la protección requerida y no se adoptó ninguna medida preventiva o correctiva y/o su pretensión fue resuelta desfavorablemente.

3. El accionante presenta una situación de indefensión con respecto a las autoridades judiciales demandadas, pues es la m isma Administración de Justicia quien tiene la potestad legal para resolver su caso.

En este sentido, el último recurso legal que tiene el accionante para que se acceda al estudio y resolución en derecho de su situación de vulneración de derechos fundamentales es la ACCIÓN DE TUTELA, antes de acudir a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se

acceda al estudio y resolución en derecho de su situación de vulneración de derechos fundamentales es la ACCIÓN DE TUTELA, antes de acudir a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se hace necesaria e imprescindible la intervención del juez constitucional.

4. Además, no puede perderse de vista que al tratarse d e un derecho a la salud, la afectación del mismo tiene carácter actual, lo que incide necesariamente en la evaluación del requisito de inmediatez

Con el escrito de impugnación, el demandante aportó un certificado de atención médica del 3 de agosto de 2023.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión deRadicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetra do, siempre q ue esté acreditada la razón para

proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetra do, siempre q ue esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 2012, cambió su postur a, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues lo s principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten su revisión permanente y a perpetuidad.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales, el juez de t utela debe ve rificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judici ales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de

mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En relación con este últim o requisito g eneral, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la s olicitud de a mparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segund o, por su par te, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error

de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, ( vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. D ecisión sin m otivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar laRadicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y susten tar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que e s necesario q ue el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitu cional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar sí confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia, dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Jorge Ramírez Vega contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo de Santander , por considerar que no cumpl ió con el requisito de inmediatez.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la a cción de tutela contra providencias judiciales esRadicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

la inmediatez con que se interponga la acción de tutela. Con base en este requisito, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se interpuso en un plazo razonable.

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la decisión judicial que se aduc e como violat oria de los derechos fundamentales del

las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la decisión judicial que se aduc e como violat oria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es razonable, pues «de perm itir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre qu e las desdibu jaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos ».

Además, como lo señaló la misma Corporación, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irraz onable»; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos ».

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente ».

Para esta Subsección, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la

partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente ».

Para esta Subsección, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cu anto es a par tir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De igual forma , esta Sala h a expresado que, excepcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión , en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuesti ona por vía d e tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante.

En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del

momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante.

En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acu dir de forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el am paro represente una seria afectación a la seguridad jurídica.

Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy antiguo» respecto de la present ación de la tutela, y (ii) que la especial situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al juez.

3.1.2 Análisis de la inmediatez en el caso concreto

El señor Jorge Ramírez Vega alegó que la autoridad judicial accionada vu lneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al rechazar la demanda de reparación directa en virtud de la que pretendía la indemnización de los perjuicios que le fueron causados con ocasión de l acosoRadicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

laboral sistemático del que fue víctima mientras laboró en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga.

De entrada , al igual que el a quo , la Sala advierte que la solicitud de amparo deviene improcedente porque no cumple con el requisito de inmed iatez. Como s e sabe, dicha consecuencia emerge cuando el interesado no presenta el mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia atacada, según el caso.

En el presente asunto no existe ningun a razón que j ustifique que el plazo de los seis meses se contabilice desde una fecha distinta a la de notificación de l auto que confirmó el rechazo de la demanda . Así, se tiene que dicha providencia fue proferida el 21 de octubre 2022 por el Tribunal Admin istrativo de Santander y se notificó a las partes por correo electrónico el 24 de octubre posterior, mientras que la tutela se radicó el 27 de junio , esto es , 8 meses después, lo que indica que se ejerció por fuera del plazo razonable.

Cabe mencionar que, si bien en l a sentencia de C -543 de 1992 la Corte Constitucional declaró inexequible, entre otros, el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, según el cual «la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencia s judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente», lo

1991, según el cual «la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencia s judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente», lo cierto es que esa misma Corporación ha sostenido que el hecho de que no exista un término de caducidad no significa que la tutela no deba inter ponerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo que debe ser considerado en cada caso concreto.

Ahora, a pesar de que la Corte no ha fijado un plazo determinado que se considere razonable para interponer la acción de tutela, sí ha con firmado, en se de de revisión, sentencias dictadas por las diferentes secciones de esta Corporación, en las que se ha acogido el criterio fijado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que estableció como regla general el plazo de seis meses, contado desde la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Así lo señaló, por ejemplo, en la sentencia SU -090 de 2018:Radicación: 11001-03-15-000-2023-03445-01

Demandante: Jorge Ramírez Vega Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Estudiados los requisitos establecidos p or la jurisprudencia constitucional, esta Corte evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo

esta Corte evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de motivación y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Pl