CE - 110010315000202304037011SENTENCIA20231124163525

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04037-01

Accionante: Laura Alejandra Cruz Silva

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derech o, en la que se confirmó la decisión de n egar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a docente oficial afiliad a al

FOMAG.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 31 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

La se ñora Laura Alejandra Cruz Silva promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la

ANTECEDENTES

La se ñora Laura Alejandra Cruz Silva promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y los principios de favorabilidad , seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, los cuales consider ó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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HECHOS

La señora Laura Alejandra Cruz Silva afirmó que labora con la entidad territorial certificada en Educación de Neiva con posterioridad a 1990 , por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pa go de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

Que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajadora del Estado.

Que el 27 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realizada la respect iva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Que mediante el Acto Administrativo BOY2021EE029455 del 29 de agosto de

de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Que mediante el Acto Administrativo BOY2021EE029455 del 29 de agosto de 2021 expedido por el señor Marco Antonio Fonseca Sánchez , profesional universitario de liquidación y nómina de Educación de Boyacá , le negaron el reconocimiento y pago de la sanción reclamada y la indemnización por el pa go tardío de los intereses a las cesantías.

Que presentó dem anda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 6 de diciembre de 202 2 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones.

Que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia , al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción , conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y cont encioso administrativo. Además, refirió que el 9 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión recurrida.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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Consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad socia l, igualdad, acceso a la administración d e justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis , porque su decisión no es acorde a la abundante

fundamentales al debido proceso, seguridad socia l, igualdad, acceso a la administración d e justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis , porque su decisión no es acorde a la abundante jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado sobre el derecho qu e le asiste a la sanción moratoria.

Para el efecto, sostuvo, en primer lugar, que se superan todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la sentencia de la autoridad judicial accionada, especialmente, el de releva ncia constitucional, y , en segundo lugar, se configuró una violación directa de la Constitución Política, por la no aplicación del artículo 53 superior, esto es, el principio de favorabilidad , y un defecto sustantivo.

Posteriormente, aseguró que la interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria genera un trato desigual de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, a pesar de que aquellos tienen la condición de empleados públicos.

Además, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al

reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo sentido, en atención al principio de seguridad jurídica; no obs tante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 2014 -Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014 -00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de

junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de novie mbre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2 017-00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2 022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022, 2015 -90124-01 (2394 -2020); 19 de enero de 2023, 2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17 , SU098/18,

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17 , SU098/18, SU332/19 y SU041/20 . Sobre el particul ar, añadió que en los tribunales administrativos del país también existen precedentes judiciales, en los que se ha reconocido el derecho a la sanción moratoria a docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesa ntías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las sentencias con las siguientes fechas y radicados: 21 de julio de 2022, 201800097-00; 24 de enero de 2023, 2019 -00046-01; 31 de mayo de 2019, 201300734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distintos juzgados: 23 de junio de 2022, 2022 -00020-00; 9 de septiembre de 2002, 202200115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022-00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de

2022, 2022 -00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera mi nisterial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse los recursos —, y, segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

Que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres errores, comoquiera que para saber si existió o no mora en la consignación de las cesantías es necesario que el Ministerio de Educación Nacional conozca previamente el fondo al que está afiliado su empleado ; la posición de aquel implica desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente

que el Ministerio de Educación Nacional conozca previamente el fondo al que está afiliado su empleado ; la posición de aquel implica desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción morat oria, sin que la Nación se hubiese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

Que la conclusión del Tribunal Administrativo de Boyacá consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantías en debida forma de los docentes que ya se encuentra n afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 9 de mayo de 2023 en el proceso que ella promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobr e el tema edificó el máximo tribunal constitucional en la s sentencias SU098/18, SU332/19 y SU041/20 y laRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

tribunal constitucional en la s sentencias SU098/18, SU332/19 y SU041/20 y laRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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Sección Segunda de esta corporación , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 1.° de agosto de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante proveído, en el que se ordenó notifica r al Tribunal Administrativo de Boyacá , como accionado; al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y al departamento de Boyacá, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá , por conducto de l magistrado ponente de la decisión cuestionada, indicó que con la Sentencia SU573/19 la Corte Constitucional varió la posición que expuso en la Sentenci a SU098/18, la cual es el sustento princi pal de la parte actora, en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias en las que se niega el reconocimiento de la sanción mora toria para los docentes oficiales, postur a que ha sido acogida por diferentes secciones del Consejo de Estado.

relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias en las que se niega el reconocimiento de la sanción mora toria para los docentes oficiales, postur a que ha sido acogida por diferentes secciones del Consejo de Estado.

Que el presente asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y económicas, pues los conceptos reclamados no tienen una relación direc ta con un derecho fundamental y fueron an alizados por la jurisdicción correspondiente . En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la tutela o, en su defecto, negar las pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiduprevisora S.A. , mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela paraRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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discutir providencias judiciales , porque aquella e stá siendo utilizada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que

administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se constituye el men cionado fondo conforman el patrimonio aut ónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario, por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

Que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas indi viduales para los docentes afiliados al F OMAG se extiende a la consignación de cesantías, razón por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Además, precisó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que aquellas hayan inobservado los precedentes judiciales sobre la materia objeto de la demanda o vulnerado las garantías fundamentales d e la accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularlo, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El departamento de Boyacá , a través de apod erado, solicitó desestimar las pretensiones de la accionante, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales conculcados.

Precisó las actuaciones que adelantó ante la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el ar tículo 99 de la Ley 50 de 1990 por parte de la accionante y refirió que realizó el proceso de liquidación oportunamente y de

Precisó las actuaciones que adelantó ante la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el ar tículo 99 de la Ley 50 de 1990 por parte de la accionante y refirió que realizó el proceso de liquidación oportunamente y de manera diligente la remitió al FOMAG, por ser de su competencia.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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Aseguró que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 d e la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados a FOMAG, pues están amparados por un régimen jurídico especial en materia de cesantías que no la contempla. Igualmente, esclareció que en la Sentencia SU098/18 la Corte Constitucional decidió un caso de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG, por lo cual no resulta vinculante en el presente asunto, en tanto no guarda identidad fáctica o jurídica con lo aquí debatido.

Adujo que no resulta factible que se emita un n uevo pronunciamiento de fondo sobre los h echos discutidos dado que no existe una sentencia de unificación por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en el proceso ordinario se garantizó el debido proceso a todos lo s intervinientes y se emitió una sentenci a perfectamente soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas dentro del proceso.

el proceso ordinario se garantizó el debido proceso a todos lo s intervinientes y se emitió una sentenci a perfectamente soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas dentro del proceso.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja , por intermedio de su titular, informó acerca de las actuacione s que se adelantaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta acción y afirmó que el medio de control se desarrolló de acuerdo con las etapas previstas en el ordenamiento procesal y que se preservaron las garantías del debido proceso.

Que ratifica las razones expue stas en la providencia del 6 de diciembre de 2022 adoptada en el curso del proceso ordinario, puesto que, a juicio de ese despacho, no se cumplen los presupuestos de hecho previstos en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la sanción moratoria.

OPOSICIÓN A LAS CONTESTACIONES

La señora Laura Alejandra Cruz Silva allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta, en tanto deben respetarse, de un lado, ci ertos límites en la interpretación y apli cación de la ley y, de otro, el precedente judicial, pues de lo contrario se prescindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correcto funcionamiento de la administración de justicia. En esa medida, debe prevalecer la aplicación del pr incipio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica en las actuaciones judiciales.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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Expuso la necesidad de que se analice el presente asunto, ante la copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le pres tan servicios al país y el reconocimiento de la sanción moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Mencionó que la sanción moratoria está consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual se extendió a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, lo cual incluye necesariamente a los docentes ofici ales conforme se ha señalado en las sente ncias C741/12, C486/16, SU336/17 y SU098/18 dictadas por la Corte Constitucional y la proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2014 -00580-01, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, estimó que la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 implica la transgresión al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonam iento de la Fiduprevisora S.A. sobre el i ncumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonam iento de la Fiduprevisora S.A. sobre el i ncumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Indicó que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 21 sentencias en los 2 últimos años, en las que ha sostenido que a los docentes afilia dos al FOMAG les es aplicable la Ley 50 d e 1990, por lo cual la solicitud es que se otorgue un trato igualitario, razón por la que no puede aceptarse la interpretación restrictiva del Tribunal Administrativo de Boyacá, en cuanto a la existencia de un régim en especial para dichos docentes.

Además, puso de presente que sí se configuró una violación directa de la Constitución por la no aplicación del principio de favorabilidad, lo cual constituye un aspecto de especial relevancia constitucional, en consonanci a con la abundante jurisprudencia en el caso específico de los docentes.

Agregó que han existido ocasiones en las que la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas amparadas bajo uno especial, sin que ello conlleveRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como h a sido la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de estas, en las sentencias C741/12,

C486/16, SU336/17 y SU098/18.

la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de estas, en las sentencias C741/12,

C486/16, SU336/17 y SU098/18.

Adujo que la tesis de que existe un régim en especial de cesantías debe ser superado por parte del operador jurídico y merece un especial pronunciamiento del despacho, máxime si se tiene presente que el Tribunal Administrativo de Boyacá, concluyó erróneamente que los docentes se encontraban exclui dos de la sanción moratoria y que la única diferencia con los demás empleados del país es que el valor de los intereses de las cesantías se paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 31 de agosto de 2023 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado , puesto que consideró que la autoridad judicial accionada argumentó las razones por las que no eran aplicables las disposiciones, cuya aplicación se pretendía, y en el caso existían algunas particularidades que no se presentaban en la tesis que había utilizado la Sala para el reconocimiento de la sanción moratoria , como el hecho de que la actora estaba vinculada al servicio docente desde el 2010, afil iada al FOMAG y es beneficiaria del régim en anual de cesantías.

Que la jurisprudencia sobre la materia no ha sido pacífica y la Corte Constitucional, en la Sentencia SU573/19, aclaró que el precedente contenido en la SU098/18 no resultaba vinculante cuand o se trataba de docentes afiliados al FOMAG, por lo cual el Tribunal accionado coligió que no existe precedente en relación con el asunto.

IMPUGNACIÓN

la SU098/18 no resultaba vinculante cuand o se trataba de docentes afiliados al FOMAG, por lo cual el Tribunal accionado coligió que no existe precedente en relación con el asunto.

IMPUGNACIÓN

El accionante interpuso recurso de impugnación en contra de la sentencia de tutela de primera insta ncia, para lo cual insistió en los argume ntos iniciales y , adicionalmente, afirmó que no es de recibo que no exista una posición unificadaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial , pues esta ha sido decantada desde el 2019 hasta la fecha, como se evidencia d el recuento jurisprudencial efectuado en el escrito de tutela.

Así mismo, adujo que la postura anterior sigue siendo acogida por el Consejo de Estado, lo que resulta evidente si se tiene presente que en el interregno en que se instauró la acción de tutel a y la actualidad se profirió la sentencia del 19 de enero de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se empleó aquella.

Por último, iteró que existe un precedente unificado en la Corte Constitucional, esto es, la Sentencia SU098/18 y que fue acogido por el Consejo de Estado, de acuerdo con los prin cipios de igualdad e indubio pro operario y la Ley 224 de 1995.

esto es, la Sentencia SU098/18 y que fue acogido por el Consejo de Estado, de acuerdo con los prin cipios de igualdad e indubio pro operario y la Ley 224 de 1995.

Solicitó revocar el fallo de tutela recurrido y, en su lugar, am parar los derechos fundamentales reclamados en protección y dejar sin efectos la sentencia objeto de esta acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acc ión de tutela contra decisiones judiciale s y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcion al, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en

Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carg a de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tan to ordinarios como extraordinarios, de qu e disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción d e tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacr ifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido d e la decisión a la cual se atribuye la vi olación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afecta dos, y que hubiere alegado tal circunstan cia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamenta les; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04037 -01

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“b. Defecto procedi mental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del