CE - 110010315000202304657011SENTENCIA20231026151449

Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04657-01

Demandante: EVER ORLANDO PERDOMO TOLEDO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEXTA DE

DECISIÓN.

Temas:

Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia constitucional. Reconocimiento y pago de sanción moratoria en materia de cesantías de docentes. Revoca decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia del 14 de septiembre de 2023, en virtud de la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la petición de amparo del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado a través de la ventanilla virtual el 25 de agosto de 2023,

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado a través de la ventanilla virtual el 25 de agosto de 2023, el señor Ever Orlando Perdomo Toledo , actuando por conducto de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis , seguridad jurídica, y al desconocimiento de precedente judicial vertical.»

2. En criterio del accionante, la vulneración de las citadas garantías constitucionales se materializó en la sentencia del 20 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila al interior del proceso ordinario 41001-3333-002-2022-00245-00/01, la cual, a su turno, confirmó la decisión de primeraDemandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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instancia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

3. Dicho asunto versó sobre la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Perdomo Toledo contra la Nación, Ministerio de Educación,

instancia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

3. Dicho asunto versó sobre la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Perdomo Toledo contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Huila, referente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no realizar oportunamente la consignación de las cesantías en los términos que establece la Ley 50 de 1990.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/20/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220024501, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A

LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONS TITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por

razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Perdomo Toledo se encuentra vinculad o como docente del municipio de Neiva y, por ende, tiene derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías bajo el esquema anualizado.

6. Narró que el 15 de febrero de 2021 no recibió el pago de las cesantías causadas en el año inmediatamente anterior, circunstancia por la cual presentó el

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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19 de agosto de 2021 una petición ante el Ministerio de Educación en la que solicitó el cumplimiento de la obligación y el reconocimiento de la sanción moratoria conforme lo establece el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

7. Aseveró que nunca recibió una respuesta por parte de la citada cartera ministerial, dado que ésta se limitó únicamente a dar traslado de la solicitud a la Fiduciaria La Previsora SA como vocera del Fomag, entidad que a su turno guardó silencio.

8. Con ocasión del acto administrativo ficto producido como consecuencia de la falta de respuesta dada a la petición, se promovió, por conducto de apoderado judicial, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

9. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, bajo el radicado 41001-33-33-002-2022-00245-00/01, autoridad que clausuró la primera instancia con fallo del 16 de diciembre de 2022, en el que negó las pretensiones de la demanda2.

10. La anterior decisión fue confirmada en su integridad por el Tribunal

autoridad que clausuró la primera instancia con fallo del 16 de diciembre de 2022, en el que negó las pretensiones de la demanda2.

10. La anterior decisión fue confirmada en su integridad por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante fallo proferido el 20 de junio de 2023, para lo cual, reiteró los argumentos que fundamentaron la sentencia del a quo.

11. Dicha providencia se notificó vía correo electrónico el 12 de julio de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

12. Refirió como, desde su punto de vista, se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para lo cual puntualizó que el asunto goza de relevancia constitucional, entre la ejecutoria del fallo reproch ado y la interposición del amparo no han transcurrido más de seis meses, la decisión no es susceptible de otro medio ordinario o extraordinario de defensa, y, por último, no es una providencia proferida en un trámite de tutela.

13. Explicó que en el presente caso se configuraron los defectos sustantivo, violación directa a la Constitución y desconocimiento del precedente.

14. Frente al primer cargo, explicó las disposiciones legales que regulan la prestación económica del auxilio de cesantía y el tratamiento legal que tiene est e

2 En la decisión se lee lo siguiente: «Teniendo en cuenta lo anterior y lo señalado en los acápites precedentes, para el Despacho es claro que al actor no le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria por la consignación extemporánea o falta de consignación de sus cesantías del año 2020, así como al pago de la indemnización

para el Despacho es claro que al actor no le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria por la consignación extemporánea o falta de consignación de sus cesantías del año 2020, así como al pago de la indemnización por el pago tardío de los intereses de dicho auxilio, en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como pudo apreciarse, el demandante está afiliado al Fomag desde 1998 y le es aplicable el régimen excepcional de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989, el cual, rige para los docentes afiliados al Fomag y que no establece el reconocimient o y pago de la sanción moratoria alguna por falta de consignación de las cesantías y los intereses de las mismas..»Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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en el ordenamiento jurídico. Lo anterior, para precisar que la sanción moratoria por el pago tardío de este rubro tiene cabida en el caso concreto. En tal sentido, precisó:

A los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se expidieran en el futuro, pues así lo determinó la ley 91 de 1989 de la que tanto insisten las entidades demandas, como es el caso de la ley 50 de 1990 y la ley

expidieran en el futuro, pues así lo determinó la ley 91 de 1989 de la que tanto insisten las entidades demandas, como es el caso de la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996, que son expresas en afirmar esta la obligación del patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

15. Respecto al segundo cargo, puntualizó: «i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que

desarrollan, el régi men de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.»

16. Por último, referente al argumento por desconoci miento del precedente, trajo a colación decisiones tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en las cuales se ha accedido al reconocimiento y pago de la prestación económica mencionada. Al respecto, se tienen las siguientes:

A. Corte Constitucional.

• SU 098 de 2018 - SU 332 de 2019 - SU 041 de 2020

B. Consejo de Estado

• 08001-23-33-000-2013-00666-01 del 6 de agosto de 2020 - 76001-23-31-000-2009-00867-01 del 24 de enero de 2019 - 08001-23-33-000-2014-00208-01 del 10 de junio de 2020

• 76001-23-31-000-2009-00867-01 del 24 de enero de 2019 - 08001-23-33-000-2014-00208-01 del 10 de junio de 2020 - 08001-23-33-000-2014-00173-01 del 2 de diciembre de 2019 - 08001-23-31-000-2014-00254-01 del 22 de octubre de 2020 - 08001-23-33-000-2014-00132-01 del 12 de noviembre de 2020 - 08001-23-31-000-2014-00815-01 del 17 de junio de 2021 - 08001-23-33-000-2015-00331-01 del 27 de junio de 2021 - 19001-23-33-000-2015-00445-02 del 4 de noviembre de 2021 - 08001-23-33-000-2014-01127-01 del 25 de noviembre de 2021 - 40001-23-40-000-2017-00134-01 del 25 de noviembre de 2021 - 08001-23-40-000-2015-90008-01 del 11 de noviembre de 2021 - 08001-23-40-000-2014-90022-01 del 11 de noviembre de 2021 - 08001-23-33-000-2017-00931-01 del 20 de enero de 2022 - 08001-23-33-000-2015-00075-01 del 3 de marzo de 2022 - 76001-23-33-000-2013-00756-01 del 28 de abril de 2022 - 08001-23-40-000-2017-00795-01 del 9 de mayo de 2022

• 76001-23-33-000-2013-00756-01 del 28 de abril de 2022 - 08001-23-40-000-2017-00795-01 del 9 de mayo de 2022 - 47001-23-33-000-2019-00359-01 del 19 de mayo de 2022 - 47001-23-33-000-2019-00376-01 del 1 de julio de 2022 - 08001-23-33-000-2015-00509-01 del 22 de agosto de 2022Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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• 08001-23-33-000-2015-90124-01 del 22 de septiembre de 2022.

17. Finalmente, en el esc rito de amparo se hizo una relación de sentencia s proferidas por varios juzgados administrativos del territorio colombiano.

1.5. Trámite de la acción de tutela

18. La magistrada ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 29 de agosto de 2023, avocó conocimiento de la solicitud de amparo; ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada; y vinculó como terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, al departamento del Huila y a la Nación , Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio.

1.6. Intervenciones

19. La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en

del Huila y a la Nación , Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.6. Intervenciones

19. La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigido s a los sujetos procesales y en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1.6.1. Fiduprevisora SA

20. Luego de explicar el procedimiento para la realización del pago de las cesantías para los docentes a nivel nacional, a través del principio de unidad de caja, en el cual no existen cuentas individuales para cada una de las personas .

Indicó que en el caso concreto no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

21. Solicitó, conforme lo anterior, que se declare la improcedencia de la acción de tutela del asunto. De manera coetánea, pidió la desvinculación del trámite, por cuanto carece de legitimación en causa por pasiva.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

22. Precisó que en el presente asunto no es viable acceder a las pretensiones de la demanda, en la medida que el asunto carece de relevancia constitucional por cuanto se pretende una tercera instancia a través del presente mecanismo.

23. Adicionalmente, resaltó que las providencias judiciales cuentan con una sólida motivación en la que se explicó con creces las razones con base en las cuales no era procedente acceder a las pretensiones del demandante.

24. Por otro lado, advirtió que muchas de las decisiones que expuso la parte en

sólida motivación en la que se explicó con creces las razones con base en las cuales no era procedente acceder a las pretensiones del demandante.

24. Por otro lado, advirtió que muchas de las decisiones que expuso la parte en su escrito de amparo en esencia no constituyen un precedente judicial vinculante.

25. Las demás autoridades vinculadas al presente asunto, pese a haber sido notificadas en debida forma, guardaron silencio.Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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1.7. Sentencia de primera instancia

26. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia el 14 de septiembre de 2023 en la que negó las pretensiones invocadas en el escrito de tutela.

27. Para arribar a la anterior conclusión, el a quo estimó que la autoridad judicial convocada hizo un correcto análisis desde el punto de vista legal y jurisprudencial en torno al tema de la sanción moratoria de cesantías de docentes.

28. La anterior decisión se notificó a través de correo electrónico remitido el 22 de septiembre de 2023.

1.8. Impugnación

29. Con escrito radicado ante la Secretaría General de la Corporación del 29 de septiembre de 2023, el apoderado judicial del señor Perdomo Toledo presentó impugnación a la decisión de primera instancia.

29. Con escrito radicado ante la Secretaría General de la Corporación del 29 de septiembre de 2023, el apoderado judicial del señor Perdomo Toledo presentó impugnación a la decisión de primera instancia.

30. En concreto, explicó que el asunto gozaba de relevancia constitucional por cuanto la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos de similares características ha dado trámite a las solicitudes de amparo.

31. Adicionalmente, desde su punto de vista, considera que la s olicitud de amparo explica con suficiencia las razones por las cuales la pretensión invocada en esta instancia debe ser resuelta de manera favorable.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer de impugnación al fallo de tutela proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado.

33. En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir una decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.

2.2. Cuestión previa.

34. Fomag solicitó la desvinculación del presente asunto, por cuanto alegó que no tenía legitimación en causa por pasiva, para soportar la pretensión invocada por

el accionante.Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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35. Frente a tal pedimento, se indica que se negará este, toda vez que el llamado realizado a esta entidad se hizo en atención a que fungió como demandada al interior del proceso ordinario en el que se profirieron las sentencias reprochadas en sede de tutela y, en ese sentido, cuenta con un interés legitimo para participar en el proceso.

2.3. Problema jurídico

36. Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver

el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

37. En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasión de la sentencia del 20 de junio de 2023, proferida al interior del proceso ordinario 41001-33-33-002-202200245-00/01?

38. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y iii) análisis del caso en concreto.

temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y iii) análisis del caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

40. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requis itos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “ DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo

5 Se dijo en la mencionada sentencia “ DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

41. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, correspo nderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

42. Es necesario manifestar que esta acción constituciona l no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

43. El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

43. El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, con la acción de tutela no se erige una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentenc ia SU 215 de 20226, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este requisito de relevancia constitucional.

44. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a co sa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar u n control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órga no de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

45. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la

uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

45. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento co mo una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o

6 M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

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formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

46. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes

finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).

47. De ese modo, expu so que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 8; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”9

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente leg al y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal .”10 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”11

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

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“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”11

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en efecto

7 Sentencia SU-573 de 2019. 8 Sentencia SU-103 de 2022. 9 Sentencia SU-103 de 2022. 10 Sentencia SU-103 de 2022. 11 Sentencia SU-128 de 2021. 12 Sentencia SU-573 de 2019.Demandante: Ever Orlando Perdomo Toledo Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04657-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria d e los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal13. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

48. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo constitucional y las pruebas incorporadas al trámite , la Sala colige que acción de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

constitucional y las pruebas incorporadas al trámite , la Sala colige que acción de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

49. La controversia propuesta por el señor Perdomo Toledo no tiene relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial que resultó desfavorable a sus intereses.

50. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo