CE - 110010315000202304775011SENTENCIA20231204103707
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202304775011SENTENCIA20231204103707
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
Demandante: MARGOTH PALOMINO MUÑOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de inmediatez / REGLA DE INMEDIATEZ – La demanda se presentó pasados 6 meses desde que se conoció la decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, razón por la cual se excedió el plazo razonable adoptado por esta Corporación.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 5 de octubre de 2023, p roferida por la Sección Cuarta de l Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 31 de agosto de la presente anualidad1, la señora Margoth Palomino Muñ oz interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Décimo Administrat ivo de Cali, por considerar vulnerad o sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Décimo Administrat ivo de Cali, por considerar vulnerad o sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. – Que se prot ejan los DERECHOS AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO DE DEFENSA , Y AL DERECH O A LA IG UALDAD vulnerados con las providencias judiciales emitidas el día 26 de enero de 2023 emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, y sentencia del 13 de diciembre de 2018 emitida por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO
DE CALI – VALLE.
SEGUNDA. – Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al
1 Se advierte que, el 20 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
Demandante: Margoth Palomino Muñoz Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de tutela de segunda instancia
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA emitir una nueva providencia judicial en la que se analicen los argumentos expuestos de ACTOS DE EJECUCIÓN, ACTOS DEFINITIVOS Y ACTOS PRESUNTOS O FICTOS, garantizando el debido proceso de la accionante.
1.2. Hechos
De la solicitud de am paro y de las pruebas aporta das se extr aen los siguientes
FICTOS, garantizando el debido proceso de la accionante.
1.2. Hechos
De la solicitud de am paro y de las pruebas aporta das se extr aen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
La accionante laboró como docente de la Secretaría de Educación Municipal de Palmira del Valle del Cauca en la Institución Educativa «La Milagrosa» y, mediante la Resolución 798 del 19 de junio de 2012, fue tras ladada de sede , para la Institución Educativa «Mercedes Arango».
Inconforme con la anterior decisión, pres entó recurso de reposición y, en sub sidio de apelación, los cuales fueron resueltos desfa vorablemente. La señora Pal omino Muñoz incumplió la orden de traslado y no se presentó a trabajar en la nu eva sede educativa.
La Secretaría de Educación de P almira, con funda mento en el Decreto 1737 de 2009, excluyó de la nómina a la aquí accionante, por no prestar sus servi cios en la nueva institución educativa y suspendió el pago de su salario desde el 1° de noviembre de 2012. Esa misma autoridad prese ntó queja disciplinaria en su contra ante la Procuraduría General de la Nación.
En primera instancia, la Personería Municipal de Palmira , mediante acto administrativo del 6 de mayo de 201 3 la destituyó e inh abilitó por el término de 10 años. Decisión que fue recurrida por la actora. Mediante Resolución 026 del 18 de diciembre de 2013, la Procuraduría Regional d el Valle del Cauca declaró la nulidad de lo actuado, por considerar que en la primera instancia se desconoció el
diciembre de 2013, la Procuraduría Regional d el Valle del Cauca declaró la nulidad de lo actuado, por considerar que en la primera instancia se desconoció el derecho fundamental al debido proceso.
La señora Margoth Palomino, el 14 de enero de 2014 , le pidió a la Secretaría de Educación de Palmira su reintegro a la nómina y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 29 de septiembre de 2012, porque la sanción impuesta no se encontraba en firme y el acto administrativo que dispuso su exclusión había quedado sin fundamento legal. La Secretaría de Educación de Palmira guardó silencio.
Por lo anterior, ejerció el medio de control de nul idad y restablecimie nto del derecho contra el acto administrativo ficto «que surgió como consecu encia delRadicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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silencio por parte de la administración frente a la solicitud de reintegro a la nómina de do centes, y el pago de los salarios y prestaciones dejad os de percibir ». En sentencia del 13 de diciembre de 2 018, el Juzgado 10 Administrativo de Cali declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda , por lo que se inhibió y no se pronunció de fondo sobre las pretensiones de la demanda. Consideró que como no se deman dó el acto adminis trativo def initivo no se cumplían con los requisitos formales de la demanda , y que si se tenía como acto
inhibió y no se pronunció de fondo sobre las pretensiones de la demanda. Consideró que como no se deman dó el acto adminis trativo def initivo no se cumplían con los requisitos formales de la demanda , y que si se tenía como acto definitivo el Oficio del 18 de marzo de 201 4 «la oportunidad de demandar ese acto ya se encontraba caducada».
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 26 de enero de 2023, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la de manda, por considerar que el acto administrativo en el que se ordenó la exclusión de la demandante de la nómina de esa entidad no guarda rel ación con el proceso disciplinario. Así pues, sostuvo que se debió demandar ese acto administrativo si lo pretendido era que se analizara la legalidad de la decisión que la excluyó de la nómina de docentes . De manera qu e no advertí a causal de nulidad algun a que invalidara el acto administrativo ficto que se con figuró por la falta de contestación de la solicitud de reintegro a la nómina de docentes y pago de los salarios.
Para efectos de notificac ión de la a nterior decisi ón, el 27 de enero de 2023 , el Tribunal envió el correspondiente mensaje de datos.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto por exceso ritual manif iesto, puesto que, si bien es cierto no se cuestionó la legalidad del acto administrativo que la excluyó de la nó mina, sí lo es que la administración no emitió un acto definitivo que resolviera su s olicitud
no se cuestionó la legalidad del acto administrativo que la excluyó de la nó mina, sí lo es que la administración no emitió un acto definitivo que resolviera su s olicitud de reintegro , de ahí que el oficio al que se hizo referencia en las providencias demandadas no es espe cífico, pues s ólo se limita a señalar los reparos de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso disciplinario . En su criterio, acoger criterios restrictivos de interpretación para acceder a la administración de justicia no sólo vulnera el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad, sino que también desconoce el principio pro dam nato, vulnerándose de paso la garantía al debido proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante a uto de l 5 de septiembre de 2023 , la magistrada su stanciadora en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juz gado 10 Administrativo de Cali, como parte demandada, y a la Secretaría de Educación del Municipio de Palmira, como tercera con interés.
2.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se declarara improcedente la tutela por incum plimiento del requisito de inmediatez, por cuanto la tutela se presentó por fuera de los seis meses dispuestos para la procedencia del estudio de fondo de una tutela contra providencias judiciales. Asimismo, manifestó que la providencia censurada contiene el razonamiento fáctico y jurídico
la tutela se presentó por fuera de los seis meses dispuestos para la procedencia del estudio de fondo de una tutela contra providencias judiciales. Asimismo, manifestó que la providencia censurada contiene el razonamiento fáctico y jurídico en virtud del c ual se concluyó que debían negarse las pretensiones de la demanda.
2.2. El Juz gado 10 Administrativo de Cali mani festó que las decisiones cuestionadas estuvieron fundamentadas en la normativa y jurisprudencia aplicable para la resolución del caso y que, de ninguna manera, se incurrió en exceso ritual manifiesto, sino que más bien es evidente que el propósito con el que se presentó la tutela radica en la inconformidad con el sentido de la decisión que resultó adverso a las pretensiones de la accionante.
De igual modo, precisó que el resultado del proceso fue la consecuencia de la inactividad de la parte actora al no haber demandado en tiempo la legalidad del acto administrativo que la excluyó de la nómina de doc entes. Por todo lo anterior, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
2.3. La Secretaría de Educación Municipa l de Palmira pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
3. Fallo impugnado
En sentencia del 5 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estad o declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requis ito de inmediatez. Para tal efecto, sostuvo que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 26 de enero de 2023, y notificad a mediante correo electrón ico el 27
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requis ito de inmediatez. Para tal efecto, sostuvo que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 26 de enero de 2023, y notificad a mediante correo electrón ico el 27 de enero siguiente, y, según lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2 022, la notificación se entiende realizada el 31 de enero de 2023 . Que, como la tutela se radicó el 31 de agosto de la presente anualidad, transcurrieron 7 meses desdeRadicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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que el actor tuvo conocimiento de la decisión, por lo que quedaba desvirtuad a la urgencia y necesidad de intervención del juez constitucional.
4. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó y argumentó que el término de inmediatez se debe contabilizar a partir d el 11 de mayo de 2023, por ser esa la fecha en la que s e tuvo conocimiento por parte del accionante del fallo de segunda in stancia, al haberse devuelto el proceso al juzgado de origen.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 5 de octubre de 2023, p roferida por la Sección Cuarta de l Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitu d de amparo. Para tal efec to, se
sentencia del 5 de octubre de 2023, p roferida por la Sección Cuarta de l Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitu d de amparo. Para tal efec to, se determinará si la solicitud de amparo cump le los requisito s genera les de la tut ela contra providencia judicial, especialmente el de inm ediatez. Sólo en el evento de que se cumplan, se abor dará el estudio de fondo, con el fin d e es tablecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró o no los derechos fundamentales de la señora Margoth Palomino Muñoz.
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la inmediatez
El requisito de la inmediatez protege los derech os de terceros « que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable» 2 ; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella 3; y previene el abuso del derec ho, al « evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»4.
2 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T -905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T -692 de 2006, T -1009 de 2006, T -299 de 2009, T-691 de 2009, T -883 de 2009, entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»5.
Para esta Subsección 6 , s e debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede adv ertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o vario s de los defectos q ue hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
conoce la decisión que se puede adv ertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o vario s de los defectos q ue hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
De igual forma, esta Sala ha expresado que, exc epcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión , en los casos que se h ubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fal lo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sen tencia o, incluso, una solicit ud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamie ntos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podría n tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tant o, e n principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
Al examinar la solicitud de amparo , la Sala encuentra que no se acr edita el cumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto la providenci a cuestionada, esta es, la proferida e l 26 de en ero de 2023 por el Tribuna l Administrativo del Valle del Cauca , que revocó la de primer grado y negó las pretensiones de la demanda, fue remitida por correo electrónico el 2 7 de enero siguiente, por lo que la notificación se entien de realizada el 31 de enero de ese mismo mes y año ; sin embargo, la parte demandante presentó la acción de tutela el 31 de agosto de la presente anualidad, esto es, pasados más de seis meses desde que conoció l a decisión. Dicho término no resulta razonable.
El demandante pidió que se rev ocara el fallo de tutela de primer grado, en tanto
presente anualidad, esto es, pasados más de seis meses desde que conoció l a decisión. Dicho término no resulta razonable.
El demandante pidió que se rev ocara el fallo de tutela de primer grado, en tanto que, a su juicio, el término de in mediatez deb e contabilizarse sólo a partir de la fecha en que el expediente ordinari o fue devuelto al juzgado a quo , esto es, a partir del 11 de mayo de 2023 , por cuanto en ese momento que tuvo conocimiento de la providencia que le vulneró sus derechos fundamentales .
5 Consejo de Estado. S ala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abr il de 2019, M.P. Mart a Nubia Vel ásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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La Sala considera que el anterior argumento no está llamado a prosperar , dado que, como quedó expuesto en las consideraciones sobre este requisito, el término de inmediatez se debe contabilizar a partir de la notificación o la ejecutoria, según el caso, y de ninguna manera desde que el expediente se devuelva a la autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera instancia .
Además, no es cierto que la demandante s ólo tuvo conocimiento de la sentencia
el caso, y de ninguna manera desde que el expediente se devuelva a la autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera instancia .
Además, no es cierto que la demandante s ólo tuvo conocimiento de la sentencia cuestionada a partir del 11 de ma yo de 2023, pues quedó acreditado en el presente proceso que el 27 de enero de la presente anualidad, le fue puesto en conocimiento el contenido de la provid encia del 26 de enero de e sta mis ma anualidad, dado que el correo electrónic o remitido por el secretario del Tribunal Administrativo del Valle se envió a la dirección electrónica que la aquí accionante suministró, a través del apoderado judicial, con el qu e actuó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró.
En el presente asunto, la Sala no puede tener como parámetro para iniciar l a contabilización del término de in mediatez la fecha en la que se devolvió el expediente ordinario al juzgado, dado que, para esa fecha, se insiste, el accionante ya tenía conocimiento de la providencia censurada . Desde el 31 de enero de 2023, la señora Pal omino Muñoz pudo conoc er y adv ertir la supuesta vulneración a sus derechos fundamentales y, por esa razón, no es posible tener como cierto que la misma solo pudo conocer de la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y rest ablecimiento del derecho cuando se devolvió el expediente al juzgado.
Finalmente, frente a los crit erios valorativos de la inme diatez, debe ad vertirse que no está acreditado en el expediente: (i) que la s eñora Margoth Palomino Muñ oz
expediente al juzgado.
Finalmente, frente a los crit erios valorativos de la inme diatez, debe ad vertirse que no está acreditado en el expediente: (i) que la s eñora Margoth Palomino Muñ oz pertenezca a un grupo vulnerable que justifique concretamente la tardanz a, (ii) la existencia de especiales circunstancia s que impidieran acudir al ju ez de tutela, (iii) el aislam iento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica , (v) la afectació n d e derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solic itud de a mparo por parte del acc ionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
Cabe mencionar que, si bien en la s entencia de C -543 de 1992 l a Corte Constitucional declaró inexequible, entre otro s, el artículo 11 del Decreto 2591 d e 1991, que señalab a «la acción de tutela podrá ejercerse e n todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la prov idencia correspondiente», lo cierto es que esa misma Co rporación ha sostenido que el hecho de q ue no existaRadicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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un término de caducidad n o significa que la tutela no deba interpon erse dentro de un plazo raz onable, oportuno y j usto que de be ser considerado en c ada caso
Sentencia de tutela de segunda instancia
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un término de caducidad n o significa que la tutela no deba interpon erse dentro de un plazo raz onable, oportuno y j usto que de be ser considerado en c ada caso concreto.
A pesar de que la Corte no ha fija do un plazo determinado que se co nsidere razonable para interponer la acción de tutela, sí ha confirmado, en sede de revisión, sentencias dictadas por las diferentes secciones de esta Corporac ión, en las que se ha acogido el cri terio fijado por la Sala Ple na de lo Contencioso Administrativo, que estableció como regla general el plazo de 6 meses, contado desde la notificació n o ejecutoria de la senten cia, según el caso, para determ inar si la acción de tutela contra providencias ju diciales se ejerce oportunamente. Así lo señaló, por ejemplo, en la sentencia SU-090 de 2018:
Estudiados los requisitos establecidos por la jurisp rudencia constitucional, esta Corte evidenció que el accionante no cumpl ió con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende impugnar, aleg ando que el fallo desconoció el pre cedente jurisprudencial, ca reció de moti vación y violó directamente la Constitución.
A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas por el accion ante no se
promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas por el accion ante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código de Procedim iento Civil. Es ta circunstancia no justifica enton ces la inactividad del acto r para interp oner la acción de tutela, toda v ez que la nulidad formulada fue oste nsiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de ener var el requisito de inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el incidente de nulidad procesal, el accionante d emoró seis (6) meses y siete (7) día s para plantear su pretensió n, sin cumplir con un plazo razon able para presentar el amparo constit ucional, toda v ez que se superó sin justificación válida el término prudencial para la oportuna formulación de la acción de tutela.
En conclusión, el actor no acudió con inmediatez a l a jurisdicción constitucional en busca del amparo invocada, sin razón que justificara su tardanza.
Así pues, la carga d e acudir oportunamente al j uez cons titucional no resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está ac reditado que la parte accionante se encontrara en una situación especial, máx ime si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo no r equiere de forma lidades para su presentació n. De modo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo po r i ncumplimiento del requisito de inmediatez.
que la solicitud de amparo no r equiere de forma lidades para su presentació n. De modo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo po r i ncumplimiento del requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Esta do, en Sala de lo Con tencioso Administrativo, Sección Tercera, Su bsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,Radicación: 11001-03-15-000-2023-04775-01
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FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tute la a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta provid encia fue di scutida en Sal a de la fech a del encabezado y firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integrid ad de su
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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