CE - 110010324000201100456001SENTENCIA20230712112133

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

Demandante: Marpal S.A. Administração e Participações

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Repuestos Colombianos S.A. y Fábrica Nacional de

Autopartes S.A. – Fanalca S.A.

Temas: Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

Comparación entre un signo mixto y una marca nominativa. Expresiones de uso común.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Marpal S .A. Administração e Participações contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Marpal S .A. Administração e Participações1, en adelante parte demandante , presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

1. Marpal S .A. Administração e Participações1, en adelante parte demandante , presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]” 4, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 3 a 32 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “por el cual se reforma el Código Contenciosos Administrativo” 4Esta Resolución: i) Revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010; y ii) negó el registro como marca del signo mixto ECO, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.2

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ECO, para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5:

para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 036653 del 6 de julio de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 09 146.629, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 66720 de 30 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintiv os y por lo tanto negó el registro de la marca “ECO” (Mixta) clase 12 para identificar “LLANTAS PARA REMONTAR EL NEUMÁTICO, LLANTAS PREFORMATEADAS, LLANTAS, LLANTAS PARA VEHÍCULOS, CAMELBACK (LLANTAS PLANAS) LLANTAS Y NEUMÁTICOS” a la sociedad MARPAL SA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES de Porto Alegre, Río Grande Do Sul, Brasil.

2.2. Consecuentemente a título de Restablecimiento del Derecho, solicito se confirme lo dispuesto en la Resolución No. 66720 de 30 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad RESPUESTOS COLOMBIANO S.A., y que concedió el registro de la marca “ECO” (Mixta) clase 12

para distinguir “LLANTAS PARA REMONTAR EL NEUMÁTICO, LLANTAS

COLOMBIANO S.A., y que concedió el registro de la marca “ECO” (Mixta) clase 12

para distinguir “LLANTAS PARA REMONTAR EL NEUMÁTICO, LLANTAS

PREFORMATEADAS, LLANTAS, LLANTAS PARA VEHÍCULOS, CAMELBACK

(LLANTAS PLANAS) LLANTAS Y NEUMÁTICOS”, a favor de la sociedad MARPAL SA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES de Porto Alegre, Río Grande Do Sul, Brasil, y que se confirme lo dispuesto en la Resolución No. 004018 de 31 de enero de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 66720 de 30 de noviembre de 2010 proferida por la misma funcionaria […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4.1. Solicitó, el 22 de diciembre de 2009, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto ECO para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 19 de julio de 20 10, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 618, la cual fue objeto de oposición por Repuestos Colombianos S.A. , con fundamento en su marca mixta RECO que distingue productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

5 Cfr. Folios 4 y 53

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

5 Cfr. Folios 4 y 53

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

4.3. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010, declaró infundada la oposición presentada por Repuestos Colombianos S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto ECO para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Repuestos Colombianos S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010.

4.5. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 4018 de 31 de enero de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010 y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011 , resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar el ordinal segundo de la Resolución núm. 66720 de 30 de noviembre de 2010 y, en su lugar, negar el registro como marca del signo mixto ECO, en razón a una comparación realizada de forma oficiosa con la marca previamente registrada ECO 100, también para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

ECO, en razón a una comparación realizada de forma oficiosa con la marca previamente registrada ECO 100, también para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134, literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, en delante, Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Indicó que el signo mixto ECO contaba con distintividad intrínseca por no ser exclusivamente descriptivo, genérico ni de uso común y extrínseca, en tanto que, al analizar este frente a la marca nominativa previamente registrada, ECO 100, no eran confundibles, por cuanto: i) la expresión ECO e ra de uso común en la clase 12, comoquiera que se usaba en una multiplicidad de marcas de diferentes titulares,

6 “Régimen Común de Propiedad Industrial”4

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

y ii) al excluirse dicho elemento del cotejo, existían elementos adicionales que la dotaban de distintividad7.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.2. Indicó que la expresión ECO por sí sol a no era suficiente para llegar a la

dotaban de distintividad7.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.2. Indicó que la expresión ECO por sí sol a no era suficiente para llegar a la conclusión de que el signo mixto y la marca previamente registrada , so n similarmente confundibles, en tanto que los elementos adicionales las dotaban de suficientes diferencias desde el punto de vista fonético, ortográfico y gráfico 8, especialmente, en el entendido que , la estructura ortográfica de la marca previamente registrada incluye el número 100 que hace que el signo y la marca fueran diferentes desde el punto de vista auditivo, y por lo tanto no confundibles9.

6.3. Precisó que: i) el signo mixto solicitado se componía de dos silabas mientras que la marca previamente registrada se componía de cuatro; ii) el signo y la marca no compartían la misma secuencia vocálica, y esta última contaba con dos vocales adicionales, i y e de la lectura de la expresión 100, que hacía parte de la marca que sustentó la negación; iii) la falta de coincidencia vocálica y silábica, daban una clara diferenciación en cuanto a la precepción gráfica ; y iv) conceptualmente, el signo y la marca previamente registrada no deberían comparase por ser cuanto la expresión ECO es de uso común10.

6.4. Reiteró que quien es titular de una marca compuesta por expresiones de uso común, no puede evitar que terceros usen en la composición de sus marcas dicho término.

6.5. Expresó que existían muchas marcas registradas de diferentes titulares que contuvieran la expresión ECO para identificar productos de la Clase 12

común, no puede evitar que terceros usen en la composición de sus marcas dicho término.

6.5. Expresó que existían muchas marcas registradas de diferentes titulares que contuvieran la expresión ECO para identificar productos de la Clase 12 internacional, lo que permitía concluir que no la expresión ECO no implicaba confundibilidad y en ese sentido el signo mixto ECO y la marca nominativa ECO 100 para identificar productos de la Clase 12, no eran confundibles, comoquiera que los elementos adicionales a las marcas enunciadas las hacía diferentes y por lo tanto no confundibles11.

6.6. Indicó que el signo mixto y la marca previamente registrada , pese a pertenecer a la Clase 12 internacional, no amparan los mismos productos, ya que, mientras el signo mixto ECO pretende distinguir: “llantas para remontar el

7 Cfr. Folio 12 8 Cfr. Folio 14 9 Cfr. Folio 15 10 Cfr. Folios 19 y 20 11 Cfr. Folio 275

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neumático, llantas preformateadas, llantas, llantas para vehículos, camelback (llantas planas) llantas y neumáticos”; la marca registrada nominativa ECO 100 ampara “motocicletas y vehículos terrestres12, máxime, cuando dichos productos van dirigidos a un consumidor especializado, con lo que no existiría el riesgo de confundibilidad.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

van dirigidos a un consumidor especializado, con lo que no existiría el riesgo de confundibilidad.

Contestaciones de la demanda

La parte demandada

7. La parte demandada 13 contestó la demanda 14 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

7.1. Resaltó que la marca nominativa previamente registrada, ECO 100, fue reproducida en el signo mixto ECO15, y que, en ese sentido, el acto acusado, no era nulo y, por el contrario, se ajustaba a la legalidad16.

7.2. Por último, propuso la excepción denominada “[…] Caducidad de la acción incoada por la apoderada de la sociedad MARPAL S.A. […]”17, que fundamentó en que: i) la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo término de caducidad era de (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto ; ii) la Resolución demandada fue notificada mediante listado informativo núm. 112 que se fijó el 15 de julio de 2011 y se desfijó el 29 de julio de 2011 ; y iii) la acción se radicó en la secretaría de esta sección el 5 de diciembre de 2011. Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. La Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso 18, contestó la demanda 19 y se opuso a las

pretensiones formuladas, así:

8. La Fábrica Nacional de Autopartes S.A. – Fanalca S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso 18, contestó la demanda 19 y se opuso a las

pretensiones formuladas, así:

8.1. Sostuvo que la pronunciación del signo mixto y la marca previamente registrada confrontadas era idéntica20 y que el usuario de los productos de la Clase

12 Ibidem 13 Por medio de apoderada. Cfr. Folio 110 14 Cfr. Folios 97 a 109 15 Cfr. Folio 107 16 Cfr. Folio 109 17 Cfr. Folio 99 18 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 88 19 Cfr. Folios 73 a 87 20 Cfr. Folio 846

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

12, podría llegar a confundirse pensando que se trataba de los mismos productos21, comoquiera que el signo so licitado y la marca previamente registrada no presentaban diferencias ortográficas ni fonéticas22.

8.2. Precisó, respecto de la conexidad competitiva , que los productos que se pretendía amparar con el signo y aquellos amparados por la marca previamente registrada pertenecían a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y que era indudable que estos se destina ban al mismo sector de los consumidore s y utilizaban exactamente los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo23.

8.3. Concluyó, indicando que existía riesgo de confundibilidad y, por lo tanto, el

utilizaban exactamente los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo23.

8.3. Concluyó, indicando que existía riesgo de confundibilidad y, por lo tanto, el signo ECO no era apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio24.

Repuestos Colombianos S.A. , tercero con interés directo en las resultas del proceso

9. Repuestos Colombianos S.A., t ercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma 25, no contestó la demanda.

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 13 de diciembre de 201726, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias aplicables.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 99-IP-2018 el 7 de septiembre de 201827, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la cual se indicó:

“[…] 1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Procede la interpretación del artículo 136 literal a) por ser materia controvertida.

21 Ibidem 22 Ibidem 23 Ibidem 24 Cfr. Folio 86 25 Cfr. Folio 71. 26 Cfr. Folio 119 27 Cfr. Folios 127 a 1327

21 Ibidem 22 Ibidem 23 Ibidem 24 Cfr. Folio 86 25 Cfr. Folio 71. 26 Cfr. Folio 119 27 Cfr. Folios 127 a 1327

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

3. No procede la interpretación del artículo 134 al no analizarse los requisitos generales para el registro de una marca, tampoco el artículo 135 literal b) al no referirse el caso a falta de distintividad intrínseca […]”28.

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y auto de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 29 de marzo de 201929, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 20 2030, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

15. Durante el término legal, la s partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma.

traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

15. Durante el término legal, la s partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma.

16. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) sobre la caducidad de la acción ; iii) el acto administrativo acusado; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v i) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi i) la Interpretación Prejudicial 99-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018; viii) el marco normativo sobre

28 Cfr. Folio 128 29Ibidem 30 Cfr. Folios 168 y 1698

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el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo31, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 32, sobre el régimen de

la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 32, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Sobre la caducidad de la acción

20. Visto el numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sobre caducidad de las acciones, en virtud del cual la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

21. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca a los cuatro (4) meses, contados desde la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011 , “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó, mediante listado núm. 112 de 2011 , desfijado el 29 de

Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 2011 , “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó, mediante listado núm. 112 de 2011 , desfijado el 29 de julio de 201134; y iv) la demanda se presentó el 29 de noviembre de 201135, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado supra.

22. La Sala considera que la demanda fue presentada dentro del término de cuatro (4) meses, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

31 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 33 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado 34 Cfr. Folios 46 y 47 35 Cfr. Folio 329

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

El acto administrativo acusado

23. El acto administrativo acusado es el siguiente:

23.1. La Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 201 1, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar el ordinal segundo de la Resolución núm. 66720 de 6 de julio de 2011 y, en su lugar, neg ar el registro como marca del signo mixto

apelación en el sentido de revocar el ordinal segundo de la Resolución núm. 66720 de 6 de julio de 2011 y, en su lugar, neg ar el registro como marca del signo mixto ECO, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

24. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma y la Interpretación Prejudicial, determinar:

24.1. Si la Resolución núm. 36653 de 6 de julio de 20 11, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cua l se negó el registro como marca del signo mixto ECO, para distinguir “Llantas para remontar el neumático, llantas preformateadas, llantas para vehículos, camelback (llantas planas) llantas y neumáticos”, servicios de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, vulnera los artículos 134, 135 literal b) y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

24.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa ECO 100 identificada con el registro marcario núm. 283414, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado en el proceso.

24.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 99-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, en la cual

24.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 99-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar los artículos 134 y 135 literal b) ibidem.

24.4. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización10

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena36, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200037 de la Comisión de la Comunidad Andina38.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40.

27. El Tribunal de Justic ia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir

Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40.

27. El Tribunal de Justic ia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

36 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comu nidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, ce lebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigier on algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,

y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 38 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 39 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucio nal, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 40 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

Núm. único de radicación: 11001032400020110045600

de la Comunidad Andina, las cuales obl igan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el t