CE - 110010328000202200030001SENTENCIA20230126155220

Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2022-00030-00 (acumulado1) Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero Miguel Hernán Cifuentes Daza Demandado: Alexander Guarín Silva - representante a la Cámara por el departamento del Guainía, período 2022 - 2026 Tema: Inhabilidad del ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad electoral contra el acto de elección de Alexander Guarín Silva como representante a la Cámara por el departamento del Guainía, para el período 2022 - 2026. I. ANTECEDENTES 1. Las demandas y fundamentos fácticos 1.1. Expediente 2022-00030-00 1. El 25 de marzo de 20222, Oscar Andrés Lemus Forero, actuando en nombre propio, solicitó la nulidad del acto de elección del demandado como representante a la Cámara por el departamento del Guainía. Fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos: a) El 15 de enero de 2021, el demandado se posesionó como gobernador del cabildo del resguardo indígena el Paujil-Limonar. b) El 28 de enero de 2021, el accionado en nombre propio suscribió contrato de prestación de servicios nro. 116 con el departamento del Guainía, cuyo objeto era la «prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento en el diseño y formulación de proyectos, enfocados a la 1 Con

2021, el accionado en nombre propio suscribió contrato de prestación de servicios nro. 116 con el departamento del Guainía, cuyo objeto era la «prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento en el diseño y formulación de proyectos, enfocados a la 1 Con el expediente 11001-03-28-000-2022-0060-00. 2 Índice 10 Samai. La que fue subsanada el 7 de abril de 2022. Aportó el E-26 CAM requerido.Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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población indígena del departamento del Guainía y de los recursos de las asignaciones especiales del sistema general de participaciones para resguardos indígenas AESGPRI3, en la secretaría de asuntos indígenas departamental». El plazo de ejecución contractual fue de 7 meses, por un valor de $15.142.918. El 20 de agosto de ese mismo año, se adicionó en la suma de $7.571.459 y se prorrogó por 3 meses más. c) El 9 de septiembre de 2021, el demandado, en representación4 del cabildo del resguardo indígena el Paujil-Limonar, celebró el contrato de administración nro. 396 con el municipio de Inírida para la «administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas», cuyo plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre de ese año y por un valor de $228.254.260. 1.2. Expediente 2022-00060-00 2. El 2 de mayo de 20215, Miguel Hernán Cifuentes Daza, mediante apoderado judicial, solicitó la nulidad del acto de elección del demandado como representante a la Cámara por el departamento del Guainía. Como fundamento de sus pretensiones señaló que: a) Alexander Guarín Silva se inscribió a pesar de estar inhabilitado. En su opinión, previo a las elecciones, fue gobernador del resguardo indígena el Paujil-Limonar, es decir, representante legal de una entidad que manejaba dineros provenientes de los tributos del Estado. Dicha actividad la desarrolló dentro de los 6 meses anteriores a la celebración de los comicios democráticos. b) El 28 de enero de 2021, el accionado suscribió el contrato de prestación de servicios nro. 116, con el departamento del Guainía, cuyo objeto era «la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento en el diseño

los comicios democráticos. b) El 28 de enero de 2021, el accionado suscribió el contrato de prestación de servicios nro. 116, con el departamento del Guainía, cuyo objeto era «la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento en el diseño y formulación de proyectos enfocados en la población indígena del departamento del Guainía y de los recursos de las asignaciones especiales del sistema general de participaciones para resguardos indígenas AESGPRI»6. c) Dicho contrato inicialmente se celebró por un valor de $15.142.918. Sin embargo, el 20 de agosto de 2021 se prorrogó por 3 meses y 15 días -desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 15 de diciembre del mismo añoy se adicionó en $7.571.429. d) El demandado como representante legal7 del resguardo suscribió el contrato nro. 396 de 9 de septiembre de 2021, a través del cual se le entregó la 3 Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas. 4 En su condición de gobernador indígena. 5 Índice 16 Samai. Subsanada el 12 de mayo de 2022. 6 Ver pie de página 3. 7 En su condición de gobernador indígena del resguardo Paujil-Limonar.Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones, para la realización de unos proyectos allí definidos. 2. Normas y su concepto de la violación 2.1. Expediente 2022-00030-00 3. Para el accionante el acto acusado desconoció la inhabilidad establecida en el ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política8, en concordancia con la causal 5a9 de anulación electoral del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10. A su juicio, las disposiciones citadas fueron vulneradas por cuanto: a) El 9 de septiembre del 2021, el demandado firmó contrato nro. 396 con el municipio de Inírida (Guainía) para la administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas, el cual se ejecutó en el resguardo indígena el Paujil-Limonar donde se destinaron los recursos al mejoramiento de las viviendas. b) Adicionalmente, afirmó que el accionado realizó las inversiones contratadas tres meses antes de las elecciones, lo que le permitió, pese a ser su primera elección, obtener un número importante de votos y una curul en la cámara de Representantes. Por tanto, en su opinión, los electores fueron engañados pues se ejecutaron obras con dineros públicos para determinar a los votantes en su favor y lograr ser electo. 2.2. Expediente 2022-00060-00 4. Como normas violadas indicó el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 40, 179.3 y 258 de la Constitución Política, 1, 8 y 28 de la Ley 1475 de 2011, 279 y 280.3 de la Ley 5 de 1992. Lo anterior, por cuanto: a) El contrato de prestación de servicios que el accionado celebró con la

179.3 y 258 de la Constitución Política, 1, 8 y 28 de la Ley 1475 de 2011, 279 y 280.3 de la Ley 5 de 1992. Lo anterior, por cuanto: a) El contrato de prestación de servicios que el accionado celebró con la gobernación del Guainía el 28 de enero de 2021, inicialmente por 7 meses, el 20 de agosto de ese año, se adicionó en su valor y se prorrogó por 3 meses y 15 días, es decir -del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2021-, por lo que afirmó que «(…) labor enunciada la realizó en un amplio tiempo después

8 «No podrán ser congresistas: (…) Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección». 9 «Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad». 10 En adelante CPACA.Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

de su inscripción como candidato y en todo caso dentro de los seis meses anteriores a la jornada electoral del 13 de diciembre (sic) de 2022»11. b) Como representante del resguardo indígena el Paujil-Limonar, el demandado suscribió el contrato nro. 396 de 9 de septiembre de 2021, en el que se le otorgó la administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones hasta el 30 de noviembre de 2021, es decir, dentro de los 6 meses anteriores a su elección. c) En ese mismo sentido, sostiene que si bien el contrato fue suscrito 6 meses y 4 días antes de la fecha de elección (13 de marzo de 2022), es relevante que, a los efectos de la inhabilidad, se tenga en cuenta que el accionado intervino en la celebración del contrato en interés de terceros, interés que se extiende más allá a la firma de este, a su ejecución. d) Al subsanar la demanda12 afirmó que el demandado ostentó la calidad de representante legal de entidades que administran tributos o contribuciones parafiscales, ello dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, pues como gobernador del resguardo indígena el Paujil-Limonar. 3. Trámite 5. El trámite de las demandas fue el siguiente: 6. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00: a) El 1 de abril de 202213, la demanda se inadmitió para que se aportara el acto definitivo que se cuestiona, esto es, el E-26 CAM que declaró la elección de Alexander Guarín Silva, como representante a la Cámara por el departamento del Guainía. b) Luego de la corrección14, el 29 de abril de 202215, se admitió la demanda porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó notificar y comunicar

declaró la elección de Alexander Guarín Silva, como representante a la Cámara por el departamento del Guainía. b) Luego de la corrección14, el 29 de abril de 202215, se admitió la demanda porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó notificar y comunicar la decisión al demandado, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público, al actor y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. c) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor y allegadas la contestación del demandado e intervenciones de la Registraduría Nacional del 11 Índice 16 Samai. Conforme a la subsanación de la demanda. 12 Índice 16 Samai. 13 Índice 5 Samai. 14 Índice 10 Samai. El demandante informó que solicitó el documento al CNE y a la RNEC, sin que le fuera entregado. Índice 12 Samai. Con auto del 21 de abril de 2022, se requirió dicho documento. 15 Índice 19 Samai.Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, el 8 de julio de 202216 se remitió el proceso a la secretaría para el estudio de una eventual acumulación. d) El 8 de agosto de 202217, se decretó la acumulación de los expedientes 11001-03-28-000-2022-00030-00 y 11001-03-28-000-2022-00060-00, de acuerdo con el artículo 282 del CPACA. A su vez, se citó a la diligencia de sorteo con el fin de definir el magistrado ponente. e) El 19 de agosto de 202218, se realizó el sorteo y, según el resultado, el conocimiento del proceso acumulado correspondió al hoy ponente. 7. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00060-0019: a) El 3 de mayo de 202220, la demanda se inadmitió para que i) se individualizara el acto demandado en las pretensiones y demás apartados del caso; ii) se expusiera de forma clara el concepto de violación y la causal respecto a todas las normas violadas y iii) explicara el concepto de la violación frente al contrato nro. 116 de 2021 y reseñar cómo dicho acuerdo de voluntades incide en el acto de elección. b) Luego de la subsanación21, el 24 de mayo de 202222, se admitió la demanda porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó notificar y comunicar la decisión al demandado, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, al actor y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. c) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor, y allegadas la contestación del demandado e intervención del Consejo Nacional Electoral, el 18 de julio de 202223 se remitió el proceso a la secretaría para el estudio de una eventual acumulación. d) El 29 de julio de 202224, la Secretaría de la Sección registró el cambio

rigor, y allegadas la contestación del demandado e intervención del Consejo Nacional Electoral, el 18 de julio de 202223 se remitió el proceso a la secretaría para el estudio de una eventual acumulación. d) El 29 de julio de 202224, la Secretaría de la Sección registró el cambio de ponente, como consecuencia de la acumulación que se ordenó en el radicado 11001-03-28-000-2022-00030-00. 4. Intervenciones 8. Según los informes secretariales de cada expediente, las contestaciones se surtieron así: 16 Índice 41 Samai. 17 Índice 47 Samai. 18 Índice 55 Samai. 19 Magistrada ponente Rocío Araújo Oñate. 20 Índice 9 Samai. 21 Índice 16 Samai. 22 Índice 20 Samai. 23 Índice 36 Samai. 24 Índice 40 Samai.Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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9. El demandado25, mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda al no configurase la inhabilidad alegada, esto es, la del ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política, por la celebración de contratos dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Así, cita jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que se ha indicado26: “La causal de inhabilidad en comento prevé varias hipótesis que pueden dar lugar a su configuración, así: i) La intervención en la gestión de negocios ante cualquier entidad pública. ii) La celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. iii) Haber sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales. Adicionalmente para que se estructure la causal, la norma constitucional consagra dos elementos adicionales, a saber: a) que la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos por parte del candidato que resulta elegido sea en interés propio o de terceros y, b) añade un elemento temporal, que aquella haya tenido ocurrencia dentro de los seis meses anteriores a la elección.” (Comillas, cursiva y negrilla del original). 10. De acuerdo con lo anterior, sostuvo: a) Respecto a los contratos alegados en las demandas para fundamentar la inhabilidad alegada, presenta el siguiente cuadro evidenciar que no se cumple con el elemento temporal, así27: Contrato nro. 116 Celebración del contrato 28 de enero de 2021 6 meses 28 de julio de 2021 Fecha de las elecciones 13 de marzo de 2022 Contrato nro. 396 Celebración del contrato 9 de septiembre de 2021 6 meses 9 de marzo de 2022 Fecha de las elecciones 13 de marzo de 2022 b) Por tanto, quedó demostrado que el demandado no incurrió en causal de inhabilidad, ya que la

Contrato nro. 396 Celebración del contrato 9 de septiembre de 2021 6 meses 9 de marzo de 2022 Fecha de las elecciones 13 de marzo de 2022 b) Por tanto, quedó demostrado que el demandado no incurrió en causal de inhabilidad, ya que la celebración del contrato fue en un lapso mayor a los 6 meses señalados por la norma que invoca los accionantes.

25 Índice 29 Samai (exp. 2022-00030). Índice 28 Samai (exp. 2022-00060). 26 «Consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, en sentencia con Radicación número: 11001-03-28000-2006-00011-00 (3944-3957) del 13 de agosto de 2009». 27 Tomados de las contestaciones de las demandas.Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

c) De igual manera, señaló que de acuerdo con el precedente del Consejo de Estado28 y la jurisprudencia de la Sección Quinta, los actos de ejecución, adición y liquidación de los contratos estatales no configuran la inhabilidad endilgada en la demanda. d) Así las cosas, insistió que el demandado no celebró contratos ni intervino en la gestión de negocios durante el período inhabilitante, toda vez que la ejecución se realizó hasta el 31 diciembre de 2021, actividad que difiere, a la luz de lo dicho jurisprudencialmente, pues el término de la inhabilidad referida en este caso se debe computar desde la fecha de la suscripción del contrato sin que el tiempo de su ejecución sea relevante, toda vez que las causales de inhabilidad son taxativas y de interpretación restrictiva, razón por la cual no es viable interpretarlas de manera extensiva o analógica, como lo pretenden los accionantes. e) Luego, puso de presente la naturaleza especial de los cabildos indígenas, ya que no pueden ser considerados sus gobernadores y cabildantes como servidores públicos, así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-508 de 1997, al sostener que: […] en estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de un régimen excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta entidad, pues la naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de servidores públicos prevista en el artículo 123 constitucional, dado que no son miembros de una corporación pública, ni empleados o trabajadores del Estado y, por lo demás el legislador no ha establecido ninguna otra clasificación respecto de ellos, en uso de las facultades del artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho de calificarse el Cabildo como entidad pública no tiene por virtud transformar las atribuciones de los gobernadores de Cabildo y cabildantes en públicas y darles a estos la calidad de servidores públicos. f)

en uso de las facultades del artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho de calificarse el Cabildo como entidad pública no tiene por virtud transformar las atribuciones de los gobernadores de Cabildo y cabildantes en públicas y darles a estos la calidad de servidores públicos. f) Finalmente, propuso como excepción previa la ineptitud sustantiva de la demanda. La que fue negada mediante auto del 22 de junio de 202229 dentro del expediente 11001-03-28-000-2022-00030-00 y con providencia del 19 de septiembre de 202230 en radicado 11001-03-28-000-2022-00060-00. 11. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil31 afirmó que es una entidad de carácter técnico e imparcial frente al proceso electoral, por lo tanto, no puede hacer pronunciamiento sustancial respecto de las pretensiones de la demanda. En ese sentido, propuso como excepción previa la falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual se declaró con auto del 22 de junio de 202232. 28 «CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN QUINTA, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, No radicado, 50001-23-33-000-202000013-01, de fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021)». 29 Índice 36 Samai. 30 Índice 57 Samai del proceso acumulado. 31 Índice 30 Samai (exp. 2022-00030). 32 Índice 36 Samai

(exp. 2022-00030).Demandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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12. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral33 solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda vez que estudiada la inhabilidad alegada (ordinal 3º del artículo 179 de la CP) y conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado34, esta no se configura. Lo anterior, por cuanto no está presente el elemento temporal de esta. 5. Trámite de sentencia anticipada 13. El 25 de octubre de 202235, con fundamento en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, se ordenó el trámite de sentencia anticipada, se dispuso tener como pruebas documentales las aportadas por las partes, fijó el litigio36 (en los términos indicados en las consideraciones de esta sentencia) y dispuso correr traslado para alegar y al Ministerio Público para conceptuar. 6. Alegatos de conclusión 14. Dentro del término otorgado se presentaron los siguientes escritos de alegatos finales: 15. El demandado37, a través de apoderado judicial, reiteró los argumentos dados a lo largo del proceso para negar las pretensiones de la acción. Insistió en que los contratos se celebraron antes del período inhabilitante (13 de septiembre de 2021 al 13 de marzo de 2022), por cuanto los negocios jurídicos nro.116 se dio el 28 de enero de 2021 y el nro. 396 el 9 de septiembre de 2021, respectivamente. Ahora, lo anterior, independientemente de su ejecución y liquidación, como lo ha fijado la jurisprudencia del Consejo de Estado38. Finalmente, explicó la naturaleza especial de los cabildos indígenas, para sostener que su gobernador no tiene la calidad de servidor público39. 33 Índice 31 Samai (exp. 2022-00030). Índice 30 Samai (exp. 2022-00060). 34 «Consejo de EstadoSección Quinta. Sentencia

para sostener que su gobernador no tiene la calidad de servidor público39. 33 Índice 31 Samai (exp. 2022-00030). Índice 30 Samai (exp. 2022-00060). 34 «Consejo de EstadoSección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500». 35 Índice 63 Samai. 36 Contra el cual el demandante Miguel Hernán Cifuentes Daza interpuso recurso de reposición (índice 67 Samai), pues consideró que deben incluirse dos problemas jurídicos adicionales, a saber, a) la decisión que debe adoptarse frente a los votos del demandado en caso de anularse la elección y b) en caso de exclusión de los sufragios, si proceden nuevos escrutinios. El 22 de noviembre de 2022 se negó el recurso por cuando en la fijación del litigio no era necesario incluir los dos problemas jurídicos adicionales como lo propone el recurrente, toda vez que, las consecuencias de la anulación del acto de elección están reguladas en el artículo 288 del CPACA, sin que sea necesario integrarlas a las cuestiones jurídicas a resolver (índice 74 Samai). 37 Índice 83 Samai. 38 Citó apartes de la sentencia del 30 de mayo de 2019 del «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-33-000-2018-00417-01. M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro». 39 Conforme a la sentencia C-508 de 1997, de

la que citó: «Según la definición reglamentaria transcrita, el cabildo indígena es una entidad atípica, que cumple las funciones previstas en la Constitución y en las leyes. Respecto de las entidades de carácter especial ha dicho la Corte Constitucional: "Si bien por razones técnicas y sistemáticas toda organización administrativa debería concebirse sobre la base de tipos definidos de entidades, la dinámica y las cada vez más crecientes y diversas necesidades del Estado no hacen posible la aplicación de esquemas deDemandantes: Oscar Andrés Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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16. El demandante, Miguel Hernán Cifuentes Daza40, mediante apoderado judicial, reafirmó los argumentos dados en la demanda para solicitar la nulidad del acto de elección demandado, al indicar: a) El candidato inhabilitado Alexander Guarín Silva, en su condición de gobernador de cabildo del resguardo Paujil – Limonar, suscribió el contrato nro. 396 del 9 de septiembre de 2021 con la alcaldía de Inírida, siendo el objeto contractual la administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, en esa relación contractual el demandado actúo e intervino en dicho contrato como representante legal del resguardo indígena que administraba y manejaba dineros de la Nación procedentes de la tributación. La condición de gobernador indígena la ostentó hasta el día 12 de diciembre de 2021. Como se desprende de los informes y actas de dicho contrato que se firmaban, el candidato seguía actuando como su representante legal y en ese tiempo entregó combustibles, cemento, tejas, maquinas, tanques para población indígena de la ciudad de Inírida y del departamento del Guainía. b) Con fundamento en lo anterior, afirmó que con «la suscripción de este contrato y con el desarrollo del mismo, se configura plenamente la primera causal de inhabilidad invocada de haber sido representante legal de una Entidad que manejaba dineros provenientes de los tributos del Estado Colombiano dentro de los seis meses anteriores a la jornada electoral», por lo tanto, se debe declarar la nulidad de la elección. c) También insistió que se cumplen con los presupuestos de la inhabilidad alegada se configura, toda vez que el contrato nro. 116 celebrado con el departamento del Guainía el 28 de enero de 2021 se adicionó en su valor inicial, el 20 de agosto de ese mismo

la elección. c) También insistió que se cumplen con los presupuestos de la inhabilidad alegada se configura, toda vez que el contrato nro. 116 celebrado con el departamento del Guainía el 28 de enero de 2021 se adicionó en su valor inicial, el 20 de agosto de ese mismo año y se prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2021, a partir de lo cual sostuvo que «la labor enunciada la realizó en un amplio tiempo después de su inscripción como candidato y en todo caso dentro de los seis meses anteriores a la jornada electoral del 13 de diciembre (sic) de 2022». organización estrictamente rígidos; en ciertas circunstancias surge la necesidad de crear entidades con características especiales que no corresponden a ningún tipo tradicional¿” (sic). En estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de un régimen excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta entidad, pues la naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de servidores públicos prevista en el artículo 123 constitucional, dado que no son miembros de una corporación pública, ni empleados o trabajadores del Estado y, por lo demás el legislador no ha establecido ninguna otra clasificación respecto de ellos, en uso de las facultades del artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho de calificarse el Cabildo como entidad pública no tiene por virtud transformar las atribuciones de los gobernadores de Cabildo y cabildantes en públicas y darles a estos la calidad de servidores públicos”». Cursiva y énfasis del original. 40 Índices 82, 92 y 93 Samai.Demandantes: Oscar Andrés

Lemus Forero y otro Demandado: Alexander Guarín Silva, representante a la Cámara por el departamento del Guainía (2022 – 2026) Radicado: 11001-03-28-000-2022-00030-00 11001-03-28-000-2022-00060-00

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7. Concepto del Ministerio Público 17. Para la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado41 se deben negar las pretensiones de los accionantes, por los siguientes motivos: a) Respecto a la causal invocada de celebración de contratos, explicó que el demandado celebró el contrato nro. 116 con el departamento del Guainía el 28 de enero de 202142, como el acuerdo de voluntades nro. 396, el 9 de septiembre de 2021, obrando como gobernador del cabildo resguardo el Paujil-Limonar con la Alcaldía de Inírida; esto es, ambos por fuera del período que lo inhabilitaba para presentarse como candidato al Congreso. Por lo que no estaba inmerso en la restricción fijada por el constituyente para acceder al ejercicio parlamentario en los términos del artículo 179-3 de la Constitución. b) Finalmente, uno de los demandantes sostuvo que el demandado como gobernador de un resguardo indígena administró tributos y contribuciones parafiscales, frente a lo cual, la agente del Ministerio Público afirmó que dichas entidades tienen un carácter especial43 y no tienen a su cargo la administración de aquellos, pues en el plenario no se encuentra probada dicha circunstancia ni tampoco se advierte disposición legal que así lo determine. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 18. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar en única instancia las demandas de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de Alexander Guarín Silva, como r